A dos días de que la Comisión de Comunicación apruebe el informe para segundo debate, las críticas al texto persisten



El Consejo de Comunicación contenido en el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación quedó integrado por siete miembros: dos del Ejecutivo, un delegado de los Consejos de Igualdad, que será designado por el Consejo de Participación Ciudadana; uno por las Facultades y Escuelas de Comunicación públicas y privadas; y tres en representación de la ciudadanía, elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana.

Según asambleístas de la oposición, que forman parte de la indicada Comisión Ocasional, como Fausto Cobo, César Montúfar, Lourdes Tibán y Jimmy Pinoargote, esta integración del Consejo dará al Ejecutivo el control del mismo, pues consideran que el Consejo de Participación no es independiente y designará personas cercanas al Gobierno.

Durante el enlace sabatino del presidente Rafael Correa, realizado el  pasado 19 de junio, se defendió la participación del Ejecutivo en el Consejo, al mencionar cinco países donde estos organismos cuentan con delegados presidenciales: Francia, Reino Unido, EEUU, Chile y Colombia.

Al respecto, cabe indicar que los organismos de los países indicados regulan a la radio y la televisión ya que ocupan frecuencias del espacio radioeléctrico que son asignadas por el Estado, que es el propietario.

Por ejemplo, en el caso  de Francia, el Consejo Superior Audiovisual (CSA) está integrado por nueve miembros: tres representan al presidente, tres al Senado y tres a la Asamblea; está facultado para  asignar las frecuencias a los diferentes operadores, supervisar el espectro  frecuencia y controlar los contenidos que se emiten en la radio y televisión.

Los Consejos de los países indicados tienen similares características; en cambio, en la normativa aprobada por la Asamblea Nacional, las regulaciones del Consejo ecuatoriano no solo comprenderán a los medios que utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico, sino también a los medios de comunicación escritos: "Se auditará el tiraje (prensa) y los índices de audiencia...", señala el literal g del artículo 43.

Otros aspectos críticos son: La eliminación de la reserva de fuente, la renovación de frecuencias entre otros. (SH)

Consejo de Comunicación

La conformación de un Consejo de Comunicación aprobada por la mayoría de Alianza País (AP) de la Comisión Ocasional de Comunicación, no es el problema central para Juan Carlos Solines, ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), él sostiene que el problema radica en las funciones que este organismo vaya a cumplir. "En el debate se ha querido darle dos funciones al Consejo de Comunicación: la de un órgano regulador que dicte políticas públicas y las de un Consejo de Prensa".

El ex funcionario cree que si en el segundo debate, la Asamblea lograra determinar que ese organismo se constituya como un Consejo de Prensa, allí "el Ejecutivo no tendría  ni un solo representante, sería imparcial, apolítico e independiente", porque no dictaría políticas. Añadió que tal como está el proyecto podría aprobarse una Ley "ambigua por la falta de precisiones".

Renovación de frecuencias

Uno de los artículos aprobados por la Comisión Ocasional de Comunicación  establece que  las frecuencias de radio y televisión se otorgarán para un periodo de 10 años, con la posibilidad de renovarlas una o más veces, siempre que el concesionario no incumpla la ley. Ese proceso se cumplirá previo un informe del Consejo de Comunicación, que a decir de Miguel Rivadeneira, director de noticias de radio Quito, pone en riesgo la renovación, ya que "no solo con este Gobierno, sino con todos los de turno habrá miembros con vinculación directa con el Ejecutivo, lo que les convierte en  jueces y parte de la asignación de frecuencias". Agregó  q    ue tal como se prevé conformar dicho organismo se inobserva el artículo 232 de la Constitución que especifica qué funcionarios o miembros no pueden formar parte de este tipo de organismos.

Eliminan la reserva de fuente

El artículo 61, literal g, del proyecto de Ley de Comunicación establece como causal de sanción escrita a los medios "el omitir la procedencia de la noticia o comentario cuando no sea responsabilidad directa de la estación o la mención de la naturaleza ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter". Al respecto, el asambleísta César Muntúfar (CND) señala que esto elimina el derecho del periodista a mantener la reserva de la fuente. Para Paúl Mena Erazo, catedrático y periodista, la forma en que está redactado el texto "establece una norma peligrosa que entorpecerá el ejercicio periodístico y que servirá como una herramienta para perseguir a los medios de comunicación". Así advierte que los más afectados serán "quienes revelan información bajo el derecho de la reserva de fuente".

Oposición prepara proyecto

Para mañana está previsto que los representantes de las bancadas de oposición de la Asamblea, conformada por los asambleístas, Cynthia Viteria (MG), Jorge Escala (MPD), Paco Moncayo (MM), César Montúfar (CND), Jimmy Pinoargote (Independiente), Fausto Cobo (PSP) entre otros, inicien la redacción de un nuevo proyecto de Ley de Comunicación "en consenso", según dijo ayer el legislador Pinoargote.

La sesión que está convocada para las 15:00 tratará, entre otros puntos críticos, el artículo 10, la gestión de las frecuencias, las multas, las transitorias, la conformación del Consejo de Comunicación... De esta forma, dijo Pinoargote, este sector ya no presentará un informe de minoría como contrapropuesta al que fue elaborado por AP, sino que habrá otro proyecto de ley.
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