Quito. 28.02.94. Dos aparecen como los aspectos más debatidos en
torno a la ejecución de un programa de modernización con el que
llegó a la presidencia Sixto Durán Ballén: la dimensión que se
quiere dar a una propuesta modernizadora y el ritmo con que se
cumple.
En cuanto a lo primero, diversos analistas han señalado que la
modernización no puede reducirse a un esquema económico de corte
liberal y una reducción del Estado, sino que implica profundas
transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad; al
respecto, el propio CONAM ha venido trabajando en una propuesta
de descentralización de la gestión pública, para enriquecer el
ámbito del programa modernizador. Y se conoció que los nuevos
nombrados para dirigir el CONAM preparan una propuesta para abrir
el abanico de intereses del programa.
En cuanto a lo segundo, el ritmo del proceso es excesivamente
lento y corre el riesgo de frustrarse por las limitaciones
políticas del régimen para establecer consensos amplios e
impulsar cambios de enormes consecuencias. La lentitud comenzó
por el tratamiento dado por el Congreso al proyecto de Ley de
Modernización y continuó después entre las manos del gobierno,
que no ha sabido dar al CONSAM estabilidad y coherencia.
Para el CEA, consultado por diario HOY, las tareas inmediatistas
y la coyuntura electoral significarán que no se impulse lo
necesario en el futuro, la aplicación de la Ley de Modernización
nuevo reto para el Ecuador.
Centro de Estudios y Análisis CEA
El Ecuador y la modernización
Una rápida visión de los hechos fundamentales ocurridos en 1993
en materia de reformas económicas, lamentablemente arroja un
saldo realmente pobre de los avances con tan importante materia.
En efecto, si bien a partir del 13 de enero del año anterior, el
nuevo Reglamento a la inversión extranjera amplió la
participación de capital extranjero a todos los sectores
económicos y eliminó muchos pasos burocráticos, el país no ha
sido agraciado con mayor flujo de inversiones, pues los capitales
se afincan en donde se dan facilidades de infraestructura y el
marco jurídico general es coherente y estable. El país más bien
acumula desventajas comparativas con servicios públicos básicos
caros (electricidad) o deficientes (teléfonos) al mantener
intocados el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la
sindicalización del sector público; y de sistemas centralizados y
politizados en las administraciones de justicia, tributaria,
aduanera y portuaria.
La Ley de Mercado de Valores vigente desde el 28 de mayo y que
apenas comenzaba a producir incipientes efectos, fue deformada al
expedirse la ley 51 de 31 de diciembre, eliminándose los
incentivos e incluso creando un tratamiento discriminatorio al
inversionista extranjero en materia tributaria. Estos aspectos
tratarían de ser corregidos en una nueva Ley reformatoria a la de
Régimen Tributario Interno, pero el país ha comenzado a perder
credibilidad en la permanencia de sus instituciones jurídicas.
Un tercer avance se dio con las reformas a la Ley de
Hidrocarburos dictadas prácticamente a fines del año anterior,
desmonopolizándose del Estado el transporte, refinación,
almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y creándose un
sistema contractual más ágil y sencillo por el cual la empresa
privada asume todas las responsabilidades y costos exploratorios
o de explotación y el Estado participa en un porcentaje
predefinido de la producción, con lo cual terminarán los
problemas de la auditoría de costos los contratos de riesgo. Por
último, el 31 de diciembre se dictó la ley de Modernización del
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por
parte de la Iniciativa Privada, una vez que el Congreso se allanó
al veto parcial que había dado el presidente en su oportunidad.
Lamentablemente tanto los reglamentos a la Ley de Mercado de
Valores cuanto los reglamentos y acciones concretas que pueden
derivarse de la Ley de Modernización del Estado no han sido aún
ejecutados, en buena medida por las incidencias que comienza a
tener el proceso eleccionario que se avecina y la distracción del
Gobierno hacia tareas más inmediatistas.
Siguen por consiguiente, en carpeta leyes trascendentales como la
Ley Agraria, de Servicio Aduanero, Régimen Portuario, de
Instituciones Financieras y, en general, reformas estructurales y
de fondo al sistema laboral y administrativo.
Los indicadores macroeconómicos
Nadie puede discutir que hay logros fundamentales en el régimen
inflacionario, pues de un 60,2% se ha reducido al 31%; el déficit
fiscal bajó del -1.8% del PIB al -0,5%; la reserva monetaria de
755 millones sube a 1.284 millones de dólares al 31 de diciembre.
Sin embargo, preocupa que a pesar de que el medio circulante en
1993 creció en el 54.5 % es decir más de 10 puntos porcentuales
de la inflación promedio del año (44%), las tasas de interés para
clientes generales siguen siendo elevadas y el diferencial entre
tasas activas y pasivas que en promedio es del 16.6% en el sector
bancario, 14% en el financiero y 9% en las mutualistas, sigue
castigando a los ahorristas por un lado y a los deudores, por
otro.
En cuanto a la inflación, a nivel latinoamericano, el Ecuador
está con una inflación media alta, sobre todo considerando que la
meta de todos los países es acercarse a inflaciones del 2%, 3% y
4% porque solo a base de la estabilidad se logra un crecimiento
efectivo y la disminución de la pobreza.
Conclusiones
Mientras más tiempo demore la adopción de medidas para modernizar
el país, el contraste entre el desarrollo ecuatoriano y el de los
demás países comienza a ser preocupante, sobre todo porque se
pierden oportunidades de inversión ya que los capitales fluyen a
escenarios en donde se confieren garantías, seguridad y
rentabilidad,
El tamaño del sector público ecuatoriano no cambia por el simple
achicamiento del número de servidores públicos, mientras
paralelamente crecen las remuneraciones de los demás a cifras
inverosímiles como ha ocurrido en Petroecuador o se concentren
funciones y recursos en el sector público, aspecto que se refleja
en un indicador que crece consistente y peligrosamente y es la
distribución de los medios de pago que mientras en la década
pasada reportó para el Gobierno porcentajes del 13% y un 87% para
la ciudadanía; al 31 de diciembre pasado subió al 37% para el
Estado y bajó al 63% para el sector privado.
Si la experiencia de los milagros económicos en otros países se
ha dado a través de la desmonopolización y desregulación, como
única alternativa a la inmoralidad y corrupción administrativas,
es lamentable que en el Ecuador no se den pasos concretos en tal
línea porque surgen nuevas versiones de estatismo alrededor de
los municipios, que vienen asumiendo tareas empresariales ya sea
en el expendio de alimentos o ya también en el transporte masivo
interno. Parte del diálogo tripartito que se está proponiendo
para arribar a un pacto social es, necesariamente, el análisis
del proceso estadista en el Ecuador y la resistencia al cambio.
El Ecuador en desventaja frente al desarrollo del resto
latinoamericano
Nadie puede discutir que hay logros fundamentales en el régimen
inflacionario, pues de un 60,2% se ha reducido al 31%; el déficit
fiscal bajó del -1.8% del PIB al -0,5%, y la reserva monetaria de
755 millones subió a 1.284 millones de dólares el 31 de
diciembre. Sin embargo, preocupa que a pesar de que el medio
circulante en 1993 creció en el 54.5 % -es decir más de 10 puntos
porcentuales de la inflación promedio del año (44%)-, las tasas
de interés para clientes generales siguen siendo elevadas y el
diferencial entre tasas activas y pasivas -que en promedio es del
16.6 por ciento en el sector bancario, del 14 por ciento en el
financiero y del 9 por ciento en las mutualistas- sigue
castigando a los ahorristas por un lado y a los deudores, por
otro.
En cuanto a la inflación, a nivel latinoamericano, el Ecuador
está con una inflación media alta, sobre todo considerando que la
meta de todos los países es acercarse a inflaciones del 2, 3 y 4
por ciento, porque solo a base de la estabilidad se logra un
crecimiento efectivo y la disminución de la pobreza.
"Mientras más tiempo demore la adopción de medidas para
modernizar el país, el contraste entre el desarrollo ecuatoriano
y el de los demás países comienza a ser preocupante -afirma el
CEA-, sobre todo porque se pierden oportunidades de inversión, ya
que los capitales fluyen a escenarios en donde se confieren
garantías, seguridad y rentabilidad".
El tamaño del sector público ecuatoriano no cambia por el simple
achicamiento del número de servidores públicos, mientras
paralelamente crecen las remuneraciones de los demás a cifras
inverosímiles -como ha ocurrido en Petroecuador- o se concentren
funciones y recursos en el sector público. Este aspecto se
refleja -según el Centro de Estudios y Análisis- en un indicador
que crece consistente y peligrosamente y que es la distribución
de los medios de pago, que mientras en la década pasada reportó
para el Gobierno porcentajes del 13 por ciento y un 87 por ciento
para la ciudadanía; el 31 de diciembre pasado subió al 37 por
ciento para el Estado y bajó al 63 por ciento para el sector
privado.
"Si la experiencia de los milagros económicos en otros países se
ha dado a través de la desmonopolización y desregulación, como
única alternativa a la inmoralidad y corrupción administrativas,
es lamentable que en el Ecuador no se den pasos concretos en tal
línea porque surgen nuevas versiones de estatismo alrededor de
los municipios, que vienen asumiendo tareas empresariales ya sea
en el expendio de alimentos o ya también en el transporte masivo
interno. Parte del diálogo tripartito que se está proponiendo
para arribar a un pacto social es, necesariamente, el análisis
del proceso estadista en el Ecuador y la resistencia al cambio",
concluye el CEA. (3A)
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