Quito. 20 nov 2001. (Editorial) Los procesos de privatización se
iniciaron hace 30 años en Gran Bretaña y en Chile, con el propósito de
mejorar la producción de bienes y servicios públicos, disminuir la carga
que representaban para el Presupuesto del Estado y obtener nuevos
recursos, entre otros objetivos.
En los países en desarrollo se ha vuelto un imperativo acudir a esta
fórmula, tomando en consideración que, de los tres factores de
crecimiento, el capital, el trabajo y la tecnología, por lo menos de dos
se carece: del capital y la tecnología. El camino del endeudamiento debe
ser descartado en el Ecuador porque es uno de los países más
sobreendeudados en el mundo.
El ahorro interno es así mismo insuficiente. Las estadísticas de los
organismos internacionales confirman que el Ecuador tiene un índice
inferior al promedio de América Latina.
La única vía que resta para atender los requerimientos de desarrollo es
la inversión externa y se debe acudir a ella, como lo han hecho otros
países del mundo.
Los artículos 249 y 250 de la Constitución permiten la venta de la
propiedad accionaria de las empresas públicas y algunas leyes tienen
disposiciones expresas para privatizar estos servicios.
La CFI calcula que, entre 1988 y 1993, se efectuaron, en 99 países, 2 345
operaciones de venta de empresas públicas por un valor de $271 000
millones.
A raíz del colapso del comunismo en Europa del Este, se privatizaron
miles de empresas, especialmente en Hungría, Polonia, Alemania del Este,
Rusia...
Según un estudio de la Cámara de Comercio de Quito, se requieren $22 473
millones para cubrir el déficit de inversiones en la infraestructura
básica del Ecuador, suma que obviamente se encuentra fuera del alcance de
la capacidad financiera del Estado. Es evidente que debe acudirse a la
inversión extranjera porque de lo contrario, el país continuará rezagado
en competitividad, eficiencia y modernización.
En la década de los setenta, en América Latina las privatizaciones fueron
lideradas por Chile , país en el que ya concluyó este proceso, que ha
continuado con igual o mayor intensidad en Brasil, Bolivia, México,
Argentina, Venezuela, República Dominicana, Centroamérica, etc., con
resultados exitosos en el crecimiento del PIB y la disminución de la
pobreza. Estas operaciones se han realizado especialmente en el área de
las telecomunicaciones, energía, agua y transporte.
Las modalidades de venta de las empresas públicas varían de acuerdo con
los países. En algunos casos se ha preferido la venta total del
patrimonio; en otros, la venta parcial o la concesión o, como en el caso
de Bolivia, con una modalidad diferente como es la capitalización, que se
asemeja más a la formación de empresas mixtas.
En los años noventa las privatizaciones en América Latina superaron los
$100 000 millones, con resultados igualmente positivos, como sucedió en
Europa y Asia, para lo cual se contó con el apoyo técnico y financiero de
los organismos internacionales.
Contrasta esta situación con lo acontecido en el Ecuador, donde
lamentablemente se registra un retraso de por lo menos diez años por la
falta de decisión política y la oposición del sindicalismo público y de
ciertos grupos políticos a las reformas estructurales, a pesar de que la
Ley de Modernización del Estado se expidió en diciembre de 1993, para
racionalizar la estructura administrativa y económica del sector público,
desmonopolizar y privatizar los servicios públicos. Han transcurrido ocho
años y en este país no ha pasado nada, y los ciudadanos seguimos
atrapados por la irracionalidad de la estructura del sector público.
(Diario HOY)
iniciaron hace 30 años en Gran Bretaña y en Chile, con el propósito de
mejorar la producción de bienes y servicios públicos, disminuir la carga
que representaban para el Presupuesto del Estado y obtener nuevos
recursos, entre otros objetivos.
En los países en desarrollo se ha vuelto un imperativo acudir a esta
fórmula, tomando en consideración que, de los tres factores de
crecimiento, el capital, el trabajo y la tecnología, por lo menos de dos
se carece: del capital y la tecnología. El camino del endeudamiento debe
ser descartado en el Ecuador porque es uno de los países más
sobreendeudados en el mundo.
El ahorro interno es así mismo insuficiente. Las estadísticas de los
organismos internacionales confirman que el Ecuador tiene un índice
inferior al promedio de América Latina.
La única vía que resta para atender los requerimientos de desarrollo es
la inversión externa y se debe acudir a ella, como lo han hecho otros
países del mundo.
Los artículos 249 y 250 de la Constitución permiten la venta de la
propiedad accionaria de las empresas públicas y algunas leyes tienen
disposiciones expresas para privatizar estos servicios.
La CFI calcula que, entre 1988 y 1993, se efectuaron, en 99 países, 2 345
operaciones de venta de empresas públicas por un valor de $271 000
millones.
A raíz del colapso del comunismo en Europa del Este, se privatizaron
miles de empresas, especialmente en Hungría, Polonia, Alemania del Este,
Rusia...
Según un estudio de la Cámara de Comercio de Quito, se requieren $22 473
millones para cubrir el déficit de inversiones en la infraestructura
básica del Ecuador, suma que obviamente se encuentra fuera del alcance de
la capacidad financiera del Estado. Es evidente que debe acudirse a la
inversión extranjera porque de lo contrario, el país continuará rezagado
en competitividad, eficiencia y modernización.
En la década de los setenta, en América Latina las privatizaciones fueron
lideradas por Chile , país en el que ya concluyó este proceso, que ha
continuado con igual o mayor intensidad en Brasil, Bolivia, México,
Argentina, Venezuela, República Dominicana, Centroamérica, etc., con
resultados exitosos en el crecimiento del PIB y la disminución de la
pobreza. Estas operaciones se han realizado especialmente en el área de
las telecomunicaciones, energía, agua y transporte.
Las modalidades de venta de las empresas públicas varían de acuerdo con
los países. En algunos casos se ha preferido la venta total del
patrimonio; en otros, la venta parcial o la concesión o, como en el caso
de Bolivia, con una modalidad diferente como es la capitalización, que se
asemeja más a la formación de empresas mixtas.
En los años noventa las privatizaciones en América Latina superaron los
$100 000 millones, con resultados igualmente positivos, como sucedió en
Europa y Asia, para lo cual se contó con el apoyo técnico y financiero de
los organismos internacionales.
Contrasta esta situación con lo acontecido en el Ecuador, donde
lamentablemente se registra un retraso de por lo menos diez años por la
falta de decisión política y la oposición del sindicalismo público y de
ciertos grupos políticos a las reformas estructurales, a pesar de que la
Ley de Modernización del Estado se expidió en diciembre de 1993, para
racionalizar la estructura administrativa y económica del sector público,
desmonopolizar y privatizar los servicios públicos. Han transcurrido ocho
años y en este país no ha pasado nada, y los ciudadanos seguimos
atrapados por la irracionalidad de la estructura del sector público.
(Diario HOY)
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