El ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, opinó hoy que la demanda de unos abogados colombianos contra el jefe de Estado, Rafael Correa, es una "acción política" en respuesta a los actos de la justicia local contra el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos.
Un grupo de abogados presentó ayer ante la Fiscalía de Colombia una demanda contra Correa por los presuntos nexos de su Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunciaron que pedirán que sea denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de "terrorismo internacional".
El jurista Abelardo de la Espriella dijo a la televisión colombiana que la denuncia también incluye al ex ministro ecuatoriano Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvín, para quienes solicitan procesos por el mismo delito.
"Creo que estas son acciones políticas de reacción a la actuación del juez de Sucumbíos", dijo Carvajal en la televisión Teleamazonas al recordar que se dictó una orden de detención contra Santos, imputado en el caso por el bombardeo a un campamento que las FARC habían instalado en este país.
Carvajal recordó que en ese bombardeo, ocurrido el 1 de marzo de 2008, murieron 26 personas y ocurrió en territorio ecuatoriano, por lo cual defendió que sean las autoridades ecuatorianas las que investiguen el caso.
"Para nosotros este es un proceso que se ha desarrollado en el ámbito judicial no en el ámbito político. Creemos que el juez y el fiscal han actuado en derecho", señaló al reiterar que no se trata de una agresión contra el pueblo de Colombia, con el que -subrayó- Ecuador ha sido "solidario".
Indicó que el proceso que se ha desarrollado en la provincia amazónica de Sucumbíos (fronteriza con Colombia) tiene que ser respondido por los sindicados en derecho y no políticamente.
Carvajal criticó lo que llamó una "actuación autoritaria que pretende que en Ecuador no se puede aplicar la ley cuando se trata de autoridades colombianas aún cuando violenten las leyes ecuatorianas".
"Hay una actuación de un grupo de abogados que, además, tienen relaciones con el Gobierno colombiano, para involucrar al presidente Correa y a funcionarios ecuatorianos nuevamente en supuestas relaciones con las FARC basándose en informaciones absolutamente cuestionadas por las propias autoridades policiales", dijo.
Se refirió a las informaciones que al parecer se obtuvieron de los computadores que presuntamente se rescataron del campamento bombardeado del 1 de marzo, en el que murió el portavoz internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes".
El ministro pidió "respeto" para las autoridades políticas y judiciales ecuatorianas y expresó su esperanza de que no se deterioren más las relaciones entre Ecuador y Colombia.
El presidente ecuatoriano consideró que el traspaso, sin autorización, de la frontera para atacar el campamento de las FARC fue una violación a la soberanía de su país, por lo que rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá el 3 de marzo de 2008 y estas aún no se han restablecido. (EFE)
Un grupo de abogados presentó ayer ante la Fiscalía de Colombia una demanda contra Correa por los presuntos nexos de su Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunciaron que pedirán que sea denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de "terrorismo internacional".
El jurista Abelardo de la Espriella dijo a la televisión colombiana que la denuncia también incluye al ex ministro ecuatoriano Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvín, para quienes solicitan procesos por el mismo delito.
"Creo que estas son acciones políticas de reacción a la actuación del juez de Sucumbíos", dijo Carvajal en la televisión Teleamazonas al recordar que se dictó una orden de detención contra Santos, imputado en el caso por el bombardeo a un campamento que las FARC habían instalado en este país.
Carvajal recordó que en ese bombardeo, ocurrido el 1 de marzo de 2008, murieron 26 personas y ocurrió en territorio ecuatoriano, por lo cual defendió que sean las autoridades ecuatorianas las que investiguen el caso.
"Para nosotros este es un proceso que se ha desarrollado en el ámbito judicial no en el ámbito político. Creemos que el juez y el fiscal han actuado en derecho", señaló al reiterar que no se trata de una agresión contra el pueblo de Colombia, con el que -subrayó- Ecuador ha sido "solidario".
Indicó que el proceso que se ha desarrollado en la provincia amazónica de Sucumbíos (fronteriza con Colombia) tiene que ser respondido por los sindicados en derecho y no políticamente.
Carvajal criticó lo que llamó una "actuación autoritaria que pretende que en Ecuador no se puede aplicar la ley cuando se trata de autoridades colombianas aún cuando violenten las leyes ecuatorianas".
"Hay una actuación de un grupo de abogados que, además, tienen relaciones con el Gobierno colombiano, para involucrar al presidente Correa y a funcionarios ecuatorianos nuevamente en supuestas relaciones con las FARC basándose en informaciones absolutamente cuestionadas por las propias autoridades policiales", dijo.
Se refirió a las informaciones que al parecer se obtuvieron de los computadores que presuntamente se rescataron del campamento bombardeado del 1 de marzo, en el que murió el portavoz internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes".
El ministro pidió "respeto" para las autoridades políticas y judiciales ecuatorianas y expresó su esperanza de que no se deterioren más las relaciones entre Ecuador y Colombia.
El presidente ecuatoriano consideró que el traspaso, sin autorización, de la frontera para atacar el campamento de las FARC fue una violación a la soberanía de su país, por lo que rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá el 3 de marzo de 2008 y estas aún no se han restablecido. (EFE)
Más en el