Quito. 2 oct 2000. El Ejecutivo espera que el Congreso trate con
responsabilidad los temas nacionales
El segundo y definitivo debate para aprobar el paquete de reformas al
proyecto enviado por el Ejecutivo con el fin de modificar la Ley para la
Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (Trole 2), espera al
pleno del Congreso, durante esta semana.
Los informes de minoría (PSC) y de mayoría (PRE-ID-Pachakutik) recogen
observaciones a los 29 artículos del documento original, que se proponen
al presidente de la República, quien deberá enviar al Legislativo un
nuevo proyecto de reforma al sector hidrocarburífero, en cuanto tiene que
ver con los contratos de gestión compartida y puntos polémicos tales como
la eliminación de la línea base para los contratos compartidos y la
suspensión del cobro del Impuesto a la Circulación de Capitales.
Algunos de estos temas son conflictivos, pues hay quienes sostienen que
con la supresión de la curva, el Estado percibiría un mínimo del 70% en
la la participación petrolera y las empresas privadas, el 30%.
La ley de Juntas Parroquiales también consta en el orden del día y a
pesar de la lentitud con que avanza el debate, los diputados esperan
evacuarla.
Para el frente económico es vital que se ponga en vigencia cuanto antes,
el programa de reestructuración, pues hace pocos días, en el palacio de
Congresos de Praga, durante la asamblea del Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, defendieron la evolución de las reformas
estructurales bajo la dolarización.
Ecuador es el país latinoamericano que ha sufrido el proceso de
empobrecimiento más acelerado de América Latina, frente a una fuerte
expansión económica del mundo desarrollado.
En la medida en que Ecuador consiguió eliminar su política monetaria y
condicionar el desarrollo económico al movimiento del capital extranjero,
las fases descendentes solo podrán equilibrarse a través de ajustes del
gasto público.
Existe el peligro, tal como lo demuestra la experiencia argentina, de que
las políticas sociales no se cumplan si es que la recesión y el
crecimiento comprometido en la carta de intención con el FMI, se
mantienen para el 2001.
El movimiento económico del país depende, irremediablemente, del flujo y
reflujo de divisas provenientes de capitales externos.
La apertura al capital privado de las telecomunicaciones, hidrocarburos,
energía eléctrica y concesión de servicios públicos, dependen de la
aprobación de la Trole 3, aún cuando los conflictos sociales están
latentes y a la espera de la menor incitación, en un país históricamente
violento y propenso a desenvolverse en climas de ingobernabilidad.
Las juntas parroquiales en expectativa
Fernando Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la
Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, en nombre de 575 Juntas
Parroquiales, condena los cambios que se pretenden implementar en el
Congreso Nacional, a propósito del debate y aprobación de la Ley Orgánica
de Juntas Parroquiales.
Rechaza lo que llama "cálculo político de ciertos grupos que no quieren
perder poder al promover la autonomía parroquial".
Explica que, con la anulación del quinto artículo de la ley, que fue
aprobada en la presidencia de Susana González, se suprimirían las
atribuciones de planificación y ordenamiento de las parroquias. Tampoco
se permitirá el control y la fiscalización sobre entidades de orden
público.
Analistas políticos también sostienen que las mismas leyes deben regir
para todas las parroquias, de acuerdo a la Constitución y reglamentos
especiales distritales.
Los representantes de las Juntas Parroquiales amenazaron con demandar el
cierre del Congreso si se conculcaban los derechos adquiridos por las
Juntas.
Hasta ahora, estos entes han venido trabajando sin ninguna ley que regule
sus funciones o que les provea un espacio físico donde reunirse.
Los vocales de las juntas se capacitan por cuenta propia o con la ayuda
de organizaciones no gubernamentales como "Diálogo 21", que les instruye
en temas de gestión y desarrollo local.
Sin embargo, "es indispensable que el Congreso elabore una ley que regule
nuestro trabajo", comenta Cecilia Sisa, vocal de la junta parroquial de
Santa Rosa, Ambato.
Los impuestos para la Junta aguardan revisión
Los impuestos en beneficio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil
causan polémica. Varios sectores rechazan la posición del Legislativo de
negarle esta posibilidad de financiar su trabajo.
En los cambios a la Ley Trole 2, propuestos por el Ejecutivo, se
contempla la creación de ciertos tributos que ayuden a esta institución
en su labor comunitaria.
El Congreso, en primera instancia, no acepta crear nuevos impuestos y
pide a los miembros de la junta ser creativos en la forma de financiar
sus servicios.
El analista José Baquerizo cree que los parlamentarios deben ser
sensibles y permitir esta ayuda para una entidad de la que se sirven las
familias más desposeídas de todo el país.
"Yo encuentro justo el pedido de la Junta de Beneficencia, y espero que
el Congreso revea su posición y en el segundo debate rectifique",
sostiene.
Al menos dos hospitales pasarían a manos del Estado si no se resuelve la
crisis de la institución. (NE)
Gobierno estudia el trabajo que realiza el Legislativo
La posición del Ejecutivo respecto a los cambios planteados en la Ley
para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Tole 2),
es clara.
Alfredo Negrete, secretario de Comunicación del régimen, sostiene que
están estudiando el trabajo legislativo, "porque todos los planteamientos
hechos en la Ley Modificatoria son requerimientos sociales".
"El Gobierno espera que no se dé ninguna distorsión de ciertos sectores
del Parlamento", destaca el funcionario, quien aspira a que el
Legislativo envíe su resolución en el tiempo establecido por la ley.
Negrete reconoce que es un derecho del Congreso hacer observaciones a los
planteamientos del Ejecutivo, pero espera que estos no se salgan de la
realidad.
"Lo que el Gobierno quiere es que este cuerpo legal vaya con el mayor
consenso posible y si los diputados pueden mejorar nuestra propuesta,
será bien acogida", destaca.
Sobre el tema de la Junta de Beneficencia, Negrete dice que esta no es
una causa local sino nacional, porque los usuarios de los servicios que
presta la entidad son de diferentes regiones del país.
"Si el Parlamento niega estos impuestos tendremos que buscar nuevas
formas de ayudar a la Junta", añade. (NE)
Socialcristianos van al plenario para protestar
Los diputados socialcristianos no quieren quedarse al margen de lo que
pasa en el Congreso Nacional. Antes de que finalice el primer debate de
la Ley Modificatoria a la Ley para la Promoción de la Inversión y
Participación Ciudadana, enviaron un informe de minoría que esperan sea
acogido.
Este bloque legislativo tiene varias observaciones para el texto, pero
apoya la creación de los impuestos en favor de la Junta de Beneficencia,
según indica la congresista Cynthia Viteri.
Los legisladores del PSC bajarán mañana a la sesión del plenario para
protestar por las últimas decisiones que ha tomado el organismo. "No es
posible que se entregue seis mil dólares a un diputado para que realice
cursos", destaca la legisladora.
Insiste en que su bloque es contrario a lo que sucede en esa función del
Estado. (NE)(Texto tomado de El Expreso)
responsabilidad los temas nacionales
El segundo y definitivo debate para aprobar el paquete de reformas al
proyecto enviado por el Ejecutivo con el fin de modificar la Ley para la
Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (Trole 2), espera al
pleno del Congreso, durante esta semana.
Los informes de minoría (PSC) y de mayoría (PRE-ID-Pachakutik) recogen
observaciones a los 29 artículos del documento original, que se proponen
al presidente de la República, quien deberá enviar al Legislativo un
nuevo proyecto de reforma al sector hidrocarburífero, en cuanto tiene que
ver con los contratos de gestión compartida y puntos polémicos tales como
la eliminación de la línea base para los contratos compartidos y la
suspensión del cobro del Impuesto a la Circulación de Capitales.
Algunos de estos temas son conflictivos, pues hay quienes sostienen que
con la supresión de la curva, el Estado percibiría un mínimo del 70% en
la la participación petrolera y las empresas privadas, el 30%.
La ley de Juntas Parroquiales también consta en el orden del día y a
pesar de la lentitud con que avanza el debate, los diputados esperan
evacuarla.
Para el frente económico es vital que se ponga en vigencia cuanto antes,
el programa de reestructuración, pues hace pocos días, en el palacio de
Congresos de Praga, durante la asamblea del Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, defendieron la evolución de las reformas
estructurales bajo la dolarización.
Ecuador es el país latinoamericano que ha sufrido el proceso de
empobrecimiento más acelerado de América Latina, frente a una fuerte
expansión económica del mundo desarrollado.
En la medida en que Ecuador consiguió eliminar su política monetaria y
condicionar el desarrollo económico al movimiento del capital extranjero,
las fases descendentes solo podrán equilibrarse a través de ajustes del
gasto público.
Existe el peligro, tal como lo demuestra la experiencia argentina, de que
las políticas sociales no se cumplan si es que la recesión y el
crecimiento comprometido en la carta de intención con el FMI, se
mantienen para el 2001.
El movimiento económico del país depende, irremediablemente, del flujo y
reflujo de divisas provenientes de capitales externos.
La apertura al capital privado de las telecomunicaciones, hidrocarburos,
energía eléctrica y concesión de servicios públicos, dependen de la
aprobación de la Trole 3, aún cuando los conflictos sociales están
latentes y a la espera de la menor incitación, en un país históricamente
violento y propenso a desenvolverse en climas de ingobernabilidad.
Las juntas parroquiales en expectativa
Fernando Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la
Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, en nombre de 575 Juntas
Parroquiales, condena los cambios que se pretenden implementar en el
Congreso Nacional, a propósito del debate y aprobación de la Ley Orgánica
de Juntas Parroquiales.
Rechaza lo que llama "cálculo político de ciertos grupos que no quieren
perder poder al promover la autonomía parroquial".
Explica que, con la anulación del quinto artículo de la ley, que fue
aprobada en la presidencia de Susana González, se suprimirían las
atribuciones de planificación y ordenamiento de las parroquias. Tampoco
se permitirá el control y la fiscalización sobre entidades de orden
público.
Analistas políticos también sostienen que las mismas leyes deben regir
para todas las parroquias, de acuerdo a la Constitución y reglamentos
especiales distritales.
Los representantes de las Juntas Parroquiales amenazaron con demandar el
cierre del Congreso si se conculcaban los derechos adquiridos por las
Juntas.
Hasta ahora, estos entes han venido trabajando sin ninguna ley que regule
sus funciones o que les provea un espacio físico donde reunirse.
Los vocales de las juntas se capacitan por cuenta propia o con la ayuda
de organizaciones no gubernamentales como "Diálogo 21", que les instruye
en temas de gestión y desarrollo local.
Sin embargo, "es indispensable que el Congreso elabore una ley que regule
nuestro trabajo", comenta Cecilia Sisa, vocal de la junta parroquial de
Santa Rosa, Ambato.
Los impuestos para la Junta aguardan revisión
Los impuestos en beneficio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil
causan polémica. Varios sectores rechazan la posición del Legislativo de
negarle esta posibilidad de financiar su trabajo.
En los cambios a la Ley Trole 2, propuestos por el Ejecutivo, se
contempla la creación de ciertos tributos que ayuden a esta institución
en su labor comunitaria.
El Congreso, en primera instancia, no acepta crear nuevos impuestos y
pide a los miembros de la junta ser creativos en la forma de financiar
sus servicios.
El analista José Baquerizo cree que los parlamentarios deben ser
sensibles y permitir esta ayuda para una entidad de la que se sirven las
familias más desposeídas de todo el país.
"Yo encuentro justo el pedido de la Junta de Beneficencia, y espero que
el Congreso revea su posición y en el segundo debate rectifique",
sostiene.
Al menos dos hospitales pasarían a manos del Estado si no se resuelve la
crisis de la institución. (NE)
Gobierno estudia el trabajo que realiza el Legislativo
La posición del Ejecutivo respecto a los cambios planteados en la Ley
para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Tole 2),
es clara.
Alfredo Negrete, secretario de Comunicación del régimen, sostiene que
están estudiando el trabajo legislativo, "porque todos los planteamientos
hechos en la Ley Modificatoria son requerimientos sociales".
"El Gobierno espera que no se dé ninguna distorsión de ciertos sectores
del Parlamento", destaca el funcionario, quien aspira a que el
Legislativo envíe su resolución en el tiempo establecido por la ley.
Negrete reconoce que es un derecho del Congreso hacer observaciones a los
planteamientos del Ejecutivo, pero espera que estos no se salgan de la
realidad.
"Lo que el Gobierno quiere es que este cuerpo legal vaya con el mayor
consenso posible y si los diputados pueden mejorar nuestra propuesta,
será bien acogida", destaca.
Sobre el tema de la Junta de Beneficencia, Negrete dice que esta no es
una causa local sino nacional, porque los usuarios de los servicios que
presta la entidad son de diferentes regiones del país.
"Si el Parlamento niega estos impuestos tendremos que buscar nuevas
formas de ayudar a la Junta", añade. (NE)
Socialcristianos van al plenario para protestar
Los diputados socialcristianos no quieren quedarse al margen de lo que
pasa en el Congreso Nacional. Antes de que finalice el primer debate de
la Ley Modificatoria a la Ley para la Promoción de la Inversión y
Participación Ciudadana, enviaron un informe de minoría que esperan sea
acogido.
Este bloque legislativo tiene varias observaciones para el texto, pero
apoya la creación de los impuestos en favor de la Junta de Beneficencia,
según indica la congresista Cynthia Viteri.
Los legisladores del PSC bajarán mañana a la sesión del plenario para
protestar por las últimas decisiones que ha tomado el organismo. "No es
posible que se entregue seis mil dólares a un diputado para que realice
cursos", destaca la legisladora.
Insiste en que su bloque es contrario a lo que sucede en esa función del
Estado. (NE)(Texto tomado de El Expreso)
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