Quito. 11 jun 97. La oposición a las medidas hizo subir la
meta de déficit del 2,5 al 3,0 por ciento. Al mismo tiempo se
espera lograr una inflación del 28%.

La pelea por reducir el hueco fiscal la van ganando los
cálculos políticos. El Gobierno, al parecer, para resguardar
su imagen decidió paliar el ajuste. Para ello aumentó la meta
del 2,5 por ciento de déficit prevista para este año.

El presidente de la República, Fabián Alarcón, al final de la
reunión que mantuvo el lunes con su frente económico dijo que
el déficit para 1997 rondaría el 3,0 por ciento y no el 2,5% ó
2,7% del que hablaba al inicio.

La nueva meta de déficit libera al Gobierno tener que
conseguir recursos, por aproximadamente 90 millones de
dólares.

A pesar de que el régimen aumenta su plan de déficit, las
autoridades monetarias barajan la posibilidad de reducir la
meta de inflación proyectada para 1997.

Según el gerente del Banco Central, Fidel Jaramillo, la
inflación de este año terminaría en el 28 por ciento, es
decir, dos puntos por debajo de lo previsto.

El optimismo de Jaramillo va más allá. En 1998 -dice- la tasa
de inflación rondará entre el 21 y el 22 por ciento.

Ese resultado permitirá disminuir el ritmo de devaluación a
partir de diciembre de este año. Esto se logrará con la
reducción de la pendiente de la banda cambiaria: se ubicaría
entre el 16 y el 18 por ciento.

El aumento de la meta del déficit tendría relación con el
rechazo que enfrentan a algunas medidas propuestas por las
autoridades económicas.

La última de ellas fue la que anunció el equipo económico la
semana pasada durante su intervención en el Consejo de las
Américas en Washington. Dijeron que a los servicios de
telefonía celular y TV cable se les aplicaría el ICE.

Esa medida no cuenta con el respaldo de las operadoras
celulares. El presidente de Conecel, Fernando Colunga, espera
que el Gobierno no la ponga en práctica.

Otras de las propuestas para atacar el déficit que puso en la
palestra el Gobierno fue la reducción de los márgenes de
comercialización de gas y de los combustibles. Con este
mecanismo tiene previsto aumentar sus ingresos en 54 millones
de dólares.

La oposición de las comercializadoras de gas a esa propuesta
ya se hizo sentir. No están dispuestas a aceptar la
disminución de sus ganancias. Las empresas se apoyan en un
argumento: el Gobierno no puede cambiar las reglas de juego en
cualquier momento.

A pesar de las protestas el ministro de Energía, Raúl Baca,
ayer dijo que el margen de comercialización del gas sería del
16 por ciento. El nuevo margen de los combustibles se sigue
estudiando.

El resto de los remedios propuestos por el Gobierno adolecen
del mismo problema de los márgenes de comercialización: no son
del todo seguros. El cobro de la deuda a Emelec, el incremento
de la recaudación tributaria y mayores ingresos por petróleo
son medidas difusas. El aumento del IVA y la eliminación de
las exenciones tributarias rendirían frutos inmediatos. Pero
para implementarlas se requiere la aprobación del Congreso.
Ante la debilidad que el Gobierno tiene en ese escenario
Alarcón prefirió descartar la adopción de ese tipo de medidas.


Lo único cierto es que las autoridades no pueden eludir el
problema del déficit fiscal. Tienen este compromiso con los
organismos multilaterales. Durante la visita que realizó al
país el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Enrique Iglesias, el equipo económico le garantizó que
bajarían la brecha fiscal.

Un escenario sin medidas

El anuncio del plan económico, tal cual están las cosas, no
prometería ser la solución para cubrir la brecha fiscal del
4,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el analista Alfredo Arízaga, los hechos muestran que no
existe voluntad política para enfrentar el desequilibrio
fiscal con medidas que permitan al Gobierno aumentar sus
ingresos. La otra vía, que sería bajar los gastos, enfrenta
también limitaciones, se viene la revisión salarial en julio,
entre un 10 y 15 por ciento, y hay que ver en cuánto han
crecido los compromisos gubernamentales que todavía no se han
pagado, señala.

Las medidas que se han tomado y se piensa seguir tomando son
heterodoxas y se practicaban hace más de 10 años. Se está
volviendo a controlar el precio de los combustibles, a
establecer impuestos para aumentar ingresos, el 8% a los
rendimientos financieros es un ejemplo, también a manejar el
encaje bancario como instrumento de política monetaria, a
establecer aranceles, etc. Todo ello para conseguir ingresos
sin un orden conceptual que guíe a la política económica del
país.

Así las cosas, Arízaga cree que el plan económico contemplaría
una reducción no más del 0,5 por ciento del déficit, por lo
que éste quedaría alrededor del 4 por ciento del PIB. Bajo un
escenario con estas características, la meta de inflación para
fines de año, entre el 28 y 30 por ciento, no será posible de
conseguir. Si el Gobierno quiere mantener la meta de inflación
tendría que acudir a un endeudamiento interno. Ello
representaría realizar emisiones de deuda interna que
provocaría un incremento en las tasas de interés con el
consecuente efecto en las actividades productivas.

¿ Y la deuda de Emelec?

El objetivo del Gobierno de cobrar la deuda de 57 millones de
dólares a Emelec no tiene un camino fácil. El Ministerio de
Energía y Emelec no concluyen el estudio de los estados
financieros de 1996. De acuerdo al acta transaccional de
agosto 29 de 1995, el servicio de distribución debe ser
concesionado mediante licitación pública y para eso antes
Emelec debe ponerse de acuerdo con Inecel sobre el valor de
sus activos.

En los estados financieros, la compañía eléctrica señala el
valor que debe ser entregado por el Estado correspondiente al
9,5 por ciento de rentabilidad neta garantizada, así como el
reconocimiento de las pérdidas, que si son aprobadas, el
Gobierno debe fijar una tarifa que le permita una operación
normal, según el decreto supremo 580.

Miguel Calahorrano, gerente general de Inecel, explica que la
demora se debió a la huelga de Emelec. Además, el análisis de
la información económica, realizada por el Ministerio de
Energía, el 29 de abril de este año, debía el 29 del mes
pasado. Ambas partes acordaron posponerlo dada la
circunstancia de la huelga. Calahorrano no se compromete con
una fecha precisa. El avance se podría demorar más si se
considera que con la constitución del Consejo Nacional
Eléctrico (Conelec), Emelec tiene hasta 180 días para negociar
una nueva concesión. (Fuente: El Comercio)
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