ASUNCIÓN. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, tiene luz verde para desplegar tropas del Ejército contra un grupo armado que mantiene en vilo el norte del país, tras la aprobación hoy en el Congreso del estado de excepción por 30 días.
Si bien la medida regirá en las provincias Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, del centro y norte del país, la persecución se centrará en la primera, en cuyas regiones boscosas el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de izquierda, se hizo fuerte en los últimos años.
El titular del Congreso, el senador opositor Miguel Carrizosa, dijo que el jefe de Estado ha recibido "las herramientas" para "neutralizar al EPP, que tanto daño está causando" en el norte del país, en donde, según el legislador, "hay temor, la gente no sabe quién va a ser la próxima víctima".
El Gobierno, que ha puesto precio a las cabezas de los líderes ilegales, responsabiliza a ese grupo de cuatro sonados casos de secuestro perpetrados en los últimos diez años, siguiendo tácticas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El EPP, una escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL) también está acusado de asesinatos de policías, militares y civiles, así como de ataques a haciendas ganaderas y agrícolas en San Pedro (centro) y Concepción (noreste), en la frontera con Brasil, al amparo de un casi nulo control en una extensa región donde además proliferan los cultivos de marihuana.
La muerte de un policía, dos peones y un guardia en una emboscada registrada el miércoles último en una finca de Arroyito, distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción, obligó a Lugo a pedir el estado de excepción al día siguiente.
Uno de los fiscales que llegaron al lugar consideró el hecho como una masacre al señalar que el agente y los empleados de la hacienda, que se habían internado en la selva detrás de posibles ladrones de ganado, fueron ametrallados por los atacantes.
Tres peones que sobrevivieron al ataque rehusaron hablar con periodistas desplazados a la zona ante el temor que hay en el área, en la que la Policía halló tres campamentos, con un panel solar, enseres abandonados, lubricantes para armas, así como un lugar para prácticas de tiro.
Según los investigadores, en una de las chozas fue mantenido Luis Lindstron, un conocido ganadero de San Pedro, que fue secuestrado el 31 de agosto de 2008 y liberado tras 43 días de cautiverio y el pago de un rescate de $300 000.
El EPP también está acusado del secuestro y asesinato, en 2005, de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), pese al pago de $300 000, y del plagio, en 2001, de Edith de Debernardi, esposa de un acaudalado empresario.
El estado de excepción, una herramienta empleada con frecuencia durante la pasada dictadura, no fue bien recibido por organizaciones sociales y en el propio Congreso, de mayoría opositora, en el que los detractores de Lugo cuestionaron su aplicación. (EFE)
Si bien la medida regirá en las provincias Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, del centro y norte del país, la persecución se centrará en la primera, en cuyas regiones boscosas el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de izquierda, se hizo fuerte en los últimos años.
El titular del Congreso, el senador opositor Miguel Carrizosa, dijo que el jefe de Estado ha recibido "las herramientas" para "neutralizar al EPP, que tanto daño está causando" en el norte del país, en donde, según el legislador, "hay temor, la gente no sabe quién va a ser la próxima víctima".
El Gobierno, que ha puesto precio a las cabezas de los líderes ilegales, responsabiliza a ese grupo de cuatro sonados casos de secuestro perpetrados en los últimos diez años, siguiendo tácticas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El EPP, una escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL) también está acusado de asesinatos de policías, militares y civiles, así como de ataques a haciendas ganaderas y agrícolas en San Pedro (centro) y Concepción (noreste), en la frontera con Brasil, al amparo de un casi nulo control en una extensa región donde además proliferan los cultivos de marihuana.
La muerte de un policía, dos peones y un guardia en una emboscada registrada el miércoles último en una finca de Arroyito, distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción, obligó a Lugo a pedir el estado de excepción al día siguiente.
Uno de los fiscales que llegaron al lugar consideró el hecho como una masacre al señalar que el agente y los empleados de la hacienda, que se habían internado en la selva detrás de posibles ladrones de ganado, fueron ametrallados por los atacantes.
Tres peones que sobrevivieron al ataque rehusaron hablar con periodistas desplazados a la zona ante el temor que hay en el área, en la que la Policía halló tres campamentos, con un panel solar, enseres abandonados, lubricantes para armas, así como un lugar para prácticas de tiro.
Según los investigadores, en una de las chozas fue mantenido Luis Lindstron, un conocido ganadero de San Pedro, que fue secuestrado el 31 de agosto de 2008 y liberado tras 43 días de cautiverio y el pago de un rescate de $300 000.
El EPP también está acusado del secuestro y asesinato, en 2005, de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), pese al pago de $300 000, y del plagio, en 2001, de Edith de Debernardi, esposa de un acaudalado empresario.
El estado de excepción, una herramienta empleada con frecuencia durante la pasada dictadura, no fue bien recibido por organizaciones sociales y en el propio Congreso, de mayoría opositora, en el que los detractores de Lugo cuestionaron su aplicación. (EFE)
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