Los vuelos impunes de los acreedores de Cabrera


Publicado el 22/Abril/2006 | 00:00

PASAJEROS DE LOS aviones militares admiten haber ido a Machala para buscar su plata.

Fiscal de El Oro dice que no es peculado usar aviones militares para recoger plata del "chulco".

TRAS LA RESOLUCIÓN fueron liberadas 15 personas, entre militares y civiles, que fueron a Machala con el fin de recuperar sus "inversiones".

El fiscal distrital de El Oro (e), René Ormaza, se abstuvo de acusar de peculado a 15 personas, entre militares y civiles, quienes se trasladaron a Machala en aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el 11, 12 y 14 de noviembre de 2005.

Varios viajaron con la intención de retirar miles de dólares depositados en las oficinas del fallecido notario José Cabrera Román.

Ormaza emitió su dictamen el 2 de marzo de este año. Con esa decisión, el 18 de ese mes recobraron su libertad todos los imputados.

Ellos permanecían detenidos en la villa Avión y en varios departamentos de la Base Aérea Mariscal Sucre de Quito, desde finales de noviembre.

Según el dictamen, “no existe infracción penal” para continuar el enjuiciamiento de Oswaldo Espinoza, Carlos Córdova, Iván Bolaños, Carlos Sánchez, Byron Pardo, Germania Padilla, Manuel Córdova, Fabián Duque, Ana Gómez de Duque, César Rivas, Kléber Sanmartín, Jorge Icaza, Wilson Romero, Marco Pérez y Mauricio Paredes o Mauricio Moreira Paredes.

Tras destaparse el escándalo sobre el uso indebido de los aviones, el ex comandante de la FAE, Edmundo Baquero, no solo admitió los hechos sino que entregó a la prensa las listas de los pasajeros; también anunció relevos, y sanciones. Lo mismo hizo el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Según dijo Baquero por esos días, alrededor de 6.000 militares tenían depósitos donde Cabrera. Los vuelos se hicieron con el fin de recuperar al menos una parte del dinero que tenían allí los miembros de las Fuerzas Armadas, cerca del 20% del total del personal.

El alto mando militar consideró muy grave la utilización de las aeronaves, por lo que ofreció juzgar militarmente a los involucrados por haber atentado al prestigio institucional y por el mal uso de esos bienes del Estado. Todo esto, sin perjuicio de las acciones penales por parte de la justicia civil.

Luego de tres meses y medio de investigaciones, el fiscal de El Oro se abstuvo de acusar de peculado a 15 involucrados en estos hechos. Sus pruebas lo habrían convencido que los vuelos tenían las autorizaciones de las instancias correspondientes para desviarse de las rutas originales y aterrizar en Machala.

La Contraloría tampoco emitió un informe sobre peculado. En todo caso, los imputados reconocieron haber viajado porque tenían depositados miles de dólares en las oficinas del extinto notario. (AA/MCV)

Todas las vías conducen a un mismo destino final

A BORDO IBAN un teniente coronel, dos mayores, cinco tenientes, dos sargentos, un cabo y cuatro empleados.

Los aviones Sabreliner y Twin Otter de la FAE viajaron a Machala el 11, 12 y 14 de noviembre con personal militar y civil de las Fuerzas Armadas.

El primer vuelo lo realizó el Sabreliner el viernes 11, a las 15:36 y cubrió la ruta Quito-Machala-Guayaquil-SalinasQuito, con ocho pasajeros. Al día siguiente lo hizo el Twin Otter con el recorrido Quito-Machala-Loja-Cuenca-Machala-Guayaquil. Iban 10 personas a bordo.

El lunes 14 nuevamente despegó el Sabreliner de la Base Aérea, esta vez el vuelo fue directamente a Machala. No llevó pasajeros de ida, pero regresó con ocho personas.

El entonces comandante de la Aviación, Edmundo Baquero, reveló que en los tres vuelos estuvieron el teniente coronel Pablo López; los mayores Oswaldo Espinoza y Fabián Duque; los tenientes Carlos Córdova, Iván Bolaños, Carlos Sánchez y Byron Pardo; el teniente Luis Pérez; los sargentos César Rivas y Kleber Sanmartín y el cabo primero Jorge Icaza.

También viajaron los empleados civiles Germania Padilla y Wilson Romero; Manuel Córdova (padre del teniente Córdova) y Ana Gómez de Duque, esposa del mayor Fabián Duque.
El ex comandante dijo haberse enterado de los sucesos 10 días después de que se realizara el primer vuelo. (AA)

Dos comandantes fueron acusados de peculado

LOS OTROS IMPUTADOS fueron reintegrados a sus puestos de trabajo en diferentes estamentos militares

El fiscal de El Oro absolvió a 15 imputados y, al mismo tiempo, acusó del delito de “peculado de uso” a dos oficiales de la Aviación.

Ellos son el coronel Óscar Alejandro Jácome Fraga, ex comandante del Ala 11 de la FAE y el teniente coronel Pablo López Chávez, ex comandante del Grupo de Transporte (Cotran) 111.

Ambos están acusados de haber utilizado indebidamente los aviones para trasladar al personal de Quito a Machala, con el propósito de retirar las acreencias de la Notaría.

Según una copia del informe del departamento de Inteligencia del Cotran, al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, Jácome y López autorizaron que se incluyera a Machala en las rutas de los vuelos realizados por el Sabreliner y el Twin Otter.

Actualmente, los dos se encuentran en el período de disponibilidad y se hallan a órdenes de la Comandancia General de la FAE, mientras se desarrollan las investigaciones en el ámbito militar.

De ser hallados culpables de “peculado de uso”, por la justicia civil, podrían enfrentar penas que van entre ocho y 16 años de reclusión.

En cambio, los absueltos por el fiscal Ormaza fueron reintegrados a sus puestos de trabajo, según confirmó el director de comunicación de la FAE, Juan Francisco Vivero. (AA/MCV)

La mayoría de viajeros admite que fue a buscar la plata dejada donde "Cabrerita"

SEGÚN DECLARARON en la Fiscalía, retornaron frustrados por no haber podido recuperar las acreencias. Todos afirman haber llegado solo hasta los alrededores de la Notaría Segunda.

La mayoría de los imputados que fueron absueltos por el fiscal Ormaza reconoció que tenía depósitos donde el notario José Cabrera Román.

El mayor Oswaldo Espinoza dijo que procuró embarcarse en el Sabreliner al conocer que en Machala se devolvían las acreencias depositadas donde Cabrera.

El imputado Carlos Córdova afirmó que fue a Machala el 11 de noviembre para visitar una tía, pero que su padre Manuel Córdova le pidió que lo llevara porque tenía unos negocios en esa ciudad. Tres días después se embarcaron de nuevo en el Sabreliner.

Iván Bolaños también viajó dos veces con la esperanza de recuperar el dinero.

Lo mismo hicieron Byron Pardo, Marco Pérez, Germania Padilla, Carlos Sánchez y César Rivas, quien viajó el sábado 12 de noviembre.

A diferencia de los anteriores, que no mencionaron los montos confiados a Cabrera, el imputado Jorge Icaza relató haber depositado $14 mil, que fueron obtenidos de créditos en tres entidades financieras.

Asimismo, Wilson Romero dijo al fiscal que contrajo una deuda en el Fondo de Cesantía de las FFAA y luego hizo un depósito en la financiera fantasma.

Kléber Sanmartín también solicitó un préstamo al Fondo de Cesantía, junto con otros militares. Actuó como cabeza de grupo y viajaba a Machala todos los meses para cobrar los intereses, que luego depositaba en las cuentas que mantenían sus compañeros en el Banco Rumiñahui.

Otros imputados reconocieron haber viajado pero negaron haber tenido depósitos. Eso sí, todos coincidieron en señalar que tenían los permisos correspondientes de sus jefes y que ellos no cometieron peculado porque no eran responsables de emitir los planes de vuelo.

Aunque efectivamente ellos no elaboraron las rutas, el comandante del Ala 11, Óscar Jácome Fraga, declaró haber modificado las órdenes de vuelo por presiones de cierto personal de la FAE que debía atender asuntos de “tipo personal” en Machala. También aseguró que él no tenía depósitos donde el extinto José Cabrera. (AA/MCV)

Comandantes de Ala 11 y del Grupo 111 tienen autorización superior para cambiar las rutas

Un documento enviado a la Fiscalía por el teniente de Estado Mayor Antonio Puga Dávila señala: "Si fuere necesario modificar la orden de vuelo el día de su cumplimiento las personas autorizadas para reformarla serán: el comandante del Grupo de Transportes 111 y/o el comandante de escuadrón previa autorización del comandante del Ala 11".

El comandante del Grupo 111 Pablo López (autorizó el cambio de ruta con el comandante del Ala 11), tenía depósitos donde José Cabrera. Si la decisión se tomó para beneficiar a los acreedores, ¿hubo uso doloso de bienes del Estado? Para el fiscal de El Oro los dos oficiales son culpables, no así los pasajeros que fueron a buscar su dinero en los aviones. (AA)

Baquero pide castigo para la "mala conducta"

EL COMANDANTE del Ala 11 pasó a la oficina de "asuntos internos" de la Comandancia General de la FAE.

El ex comandante de la FAE Edmundo Baquero pidió al Consejo de Oficiales Superiores juzgar la “mala conducta” de Óscar Jácome Fraga y Pablo López Chávez.

Así lo indicó el director de Comunicación de la FAE, Juan Francisco Vivero, tras explicar que la “mala conducta” lleva consigo la disponibilidad de los oficiales, es decir su salida de la Fuerza Aérea.

Durante esa etapa ellos se mantienen como oficiales en servicio activo, reciben sueldo durante seis meses y se hallan a las órdenes de la Comandancia de la FAE. En la instrucción fiscal consta que Jácome recibió el pase a la oficina de “Asuntos Internos e Institucionales”.

Asimismo, durante este tiempo ellos pueden presentar apelaciones hasta llegar a la instancia más alta: el Consejo Supremo.

Los pasajeros de los aviones Sabreliner y Twin Otter tendrían mejor suerte, porque solo pueden ser sancionados por sus respectivos jefes de reparto. Esto, en caso de que sus superiores encontraran alguna causal para hacerlo mediante la aplicación de sumarios administrativos.

Esta forma de juzgamiento es novedosa en las Fuerzas Armadas; fue incorporada en septiembre de 2005 por pedido del procurador general del Estado José María Borja.

Vivero dice que los ocupantes de los aviones podrían ser sancionados por haber abandonado los puestos de trabajo, aunque en la instrucción fiscal estos afirmaron que tenían los permisos de sus jefes o se hallaban en su tiempo libre. (AA/MCV)

Miembros de la Estación Colibrí, acusados de robo y de plagio a empleado de notaría.

LA FISCALÍA AÚN NO determina cuánta plata se llevaron los uniformados que participaron en el asalto a las oficinas de José Cabrera, perpetrado entre el 11 y 12 de noviembre pasados.

Así quedaron las instalaciones de la Notaría tras el "operativo" para recuperar las acreencias confiadas a la "financiera fantasma", organizado y protagonizado por un grupo de policías y militares, con la presunta autorización de sus jefes.

Entre el viernes 11 de noviembre y la madrugada del sábado 12, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional propiciaron y protagonizaron un atraco a la Notaría Segunda de Machala.

Con la presunta autorización del entonces comandante de la Brigada de El Oro, Luis Salvador Mena, y del ex jefe provincial de Policía, Milton Martínez, varios uniformados ingresaron la tarde del viernes a las oficinas de la Notaría para recuperar sus acreencias.

Las imágenes de televisión mostraron al país a uniformados escapando por los ventanales de las oficinas de José Cabrera. Los indignados acreedores lograron requisar a algunos de ellos y se vio que llevaban consigo dinero en los bolsillos, en la ropa interior, en los zapatos, en las medias, en gorras, mochilas, baldes.

En la nómina de acreedores figuran cuatro de los 11 uniformados identificados como autores materiales del asalto: mayor Nivardo Ochoa (invirtió $33 mil), capitán José Granda ($26 mil), Francisco Moreno ($14 mil) y sargento primero Ariosto Rivera ($6 050).

El ex jefe del Comando Conjunto, Manuel Zapater, informó que también participaron los tenientes coroneles Patricio Enríquez y Mario Miño; los mayores Fausto Rosas, Luis Llerena y Richard Espín; el capitán Alfonso Espín y el suboficial Ángel Zumba.

Cinco meses después de la incursión, las FFAA han revelado la existencia de otros participantes. Ellos son miembros de la estación de radar Colibrí, acantonada en Machala.

Cuatro militares de esa unidad fueron imputados en la instrucción fiscal 29-2005. El director de Comunicación Social de la FAE, Juan Francisco Vivero, dijo a BLANCO Y NEGRO que es investigado el comandante del Centro de Operaciones Sectoriales (COS 1), del que depende la estación Colibrí, coronel José Cobos. Otros implicados son el mayor Wagner Villafuerte, y los capitanes Lucio Salas y Leonardo Mata.

Todos están acusados del presunto delito de robo agravado por haber dispuesto personal y utilizado vehículos militares de propiedad del Estado, para realizar el “operativo” de recuperación de las acreencias depositadas donde Cabrera.

También están acusados de haber plagiado al empleado de la Notaría, Óscar Granja, quien declaró que lo habían obligado, a punta de pistola, a devolverles los recursos. La Fiscalía aún no determina cuánta plata se habrían llevado los militares en este atraco que empezó el viernes 11 al mediodía y terminó el sábado 12 de noviembre del año pasado. (AA/MCV)

Dos oficiales imputados por incursión comparecen ante los Consejos de Disciplina.

El mayor Wagner Villafuerte, quien era el segundo oficial de la estación Colibrí fue juzgado por "mala conducta", por el Consejo de Oficiales Superiores, que pidió su disponibilidad. El oficial ha pedido que se reconsiderara la sanción y comparecerá el próximo jueves ante el organismo.

A su vez, el ex comandante del Centro de Operaciones Sectoriales (COS) 1, José Cobos, compareció el jueves pasado ante los miembros del Comando Conjunto de las FFAA de Guayaquil, luego de haber sido sometido al Consejo de Disciplina. Si las resoluciones de los organismos no son favorables, ambos oficiales pueden recurrir al Consejo Supremo. (MCV/AA)

PUNTO DE VISTA

Dónde no hay delito no hay culpa

Y ahora resulta que nadie será responsable de los escandalosos hechos de noviembre de 2005, cuando algunos militares fueron detenidos como delincuentes comunes por la gente de la calle, por los confiados depositantes del ex notario José Cabrera,en las afueras de su oficina, en Machala.

Pronto se supo que llegaron a recuperar la plata confiada al "chulco" y utilizaron, con tal objetivo, aviones de la FAE, es decir, recursos públicos para tratar de solucionar problemas de índole personal.

Ahora resulta que el fiscal distrital de El Oro ha decidido que ninguna de las 15 personas que utilizaron los recursos del Estado (aviones de la FAE) para reclamar el dinero confiado a un "chulquero" son culpables. No, ellos son inocentes,”no existe infracción penal”, porque los vuelos “tenían las autorizaciones de las instancias correspondientes”.

Es decir, que si mañana un policía saca un patrullero con autorización de sus superiores y sus ocupantes van a asaltar una gasolinera, el juez, siguiendo el razonamiento del fiscal de El Oro, debería absolver a quienes cometieron el delito, porque tenían autorizaciones de las instancias correspondientes.

El caso del notario Cabrera reveló un país absurdo, desinstitucionalizado. Las Fuerzas Armadas, que siempre han gozado de amplia credibilidad entre los ecuatorianos, están obligadas a preservar su peso moral. Para recuperar la autoridad, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín tuvo que salir al paso y asegurar que los militares involucrados en los bochornosos incidentes de Machala serían sancionados.

Pero conforme el escándalo del notario Cabrera fue saliendo de la escena, de las primeras páginas de los periódicos y de los espacios privilegiados de la televisión, aquellos militares vuelven a su rutina, porque un fiscal decide que no es delito usar recursos públicos (de todos los ecuatorianos) para solucionar problemas privados (recuperar dinero confiado a un "chulquero"), y donde no hay delito, no hay culpa ni pena. (Blanco y Negro)

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