Guayaquil. 06 ago 2000. Violada, manipulada, interpretada bajo
diversos cristales. A la Constitución de la República que se
preveía sólida después de la última Asamblea de 1998 que la
renovó se le ha buscado resquicios de acuerdo a las conveniencias
del momento de los partidos políticos.
¿Elección, imposición o textos legales arreglados a la
conveniencia del momento? Es la pregunta que surge luego de los
últimos incidentes registrados en el Congreso Nacional, que
reeditan viejos conflictos al interior del mismo recinto
parlamentario.
Los resquicios que dejan los textos constitucionales han sido
utilizados, en su momento, por diferentes agrupaciones políticas
para justificar una medida, desde la suspensión de un ministro
hasta el derrocamiento de un presidente constitucional de la
República.
Y es que en el Parlamento no solamente se juegan los intereses de
la aplicación de la ley, sino también intereses que se esconden
detrás de esas interpretaciones, según lo analiza el jurista Luis
Antonio Arzube, quien reflexiona con una pregunta: ¿qué puede
más: el interés personal, el interés de grupo o el interés
general? Cada cual escoge su interés para guiarse por ese camino.
Arzube destaca que en la última elección del Congreso no están
comprometidos los intereses del bien común.
En absoluto lo están, al parecer, sino fundamentalmente el
interés de los diputados en participar o no en las comisiones,
porque esos son los diputados de primera categoría, en cambio los
legisladores que no participan son los de segunda categoría. Cada
cual busca estar en la primera, destaca el jurista.
Vacíos
Sobre la aplicación del Art. 129 de la Constitución (el de la
nominación del Presidente del Congreso), Arzube resalta que en
este caso no está en juego la calidad de los diputados, sino más
bien de ciertos vacíos en la redacción de la norma, ya que todo
autor de textos literarios o legales puede incurrir en faltas de
previsión.
Por eso, añade, quienes aplican las leyes, tanto como jueces o
como diputados, deben completarlas haciéndolas compatibles con
otros textos y fijar el bien más alto y sacrificar el bien menor.
En este caso no se trata de suficiencia o insuficiencia de la
ley, sino de esta manera muy especial de entenderla, enfatiza el
constitucionalista, quien destaca que si se aísla la obligación
que tienen los congresistas de votar y solo se queda con la
propuesta de un bloque se puede llegar al extremo de interpretar
que se impone la elección, por lo que ya no habría selección sino
imposición.
Entre nominación y votación se debe llegar al bien superior. Si
el nominado es rechazado se debe elegir a otro que pertenezca al
mismo bando, tal como lo dice la reforma hecha por el mismo
Congreso a la Ley de Elecciones, agrega Arzube.
Enredos legales
Para el ex vicepresidente Eduardo Peña Triviño, la misma clase
política es la que busca enredar los textos legales para dar paso
a sus apetitos y componendas y a todo lo que siempre han
usufructuado y que significa poder, influencia y dinero.
Cita como ejemplo la reforma constitucional que envió en 1995 al
Congreso el entonces presidente Sixto Durán-Ballén, que se
refería a que cuando el presidente de la República sale del país
no deja de ser presidente y por lo tanto no tenía que encargar la
presidencia, sino solamente el despacho al vicepresidente de la
República.
Pero mañosamente en el Congreso Nacional califica Peña esa
reforma se la tramitó de una manera incompleta y se produjo un
vacío legal porque no se explicó, en el texto reformado, que en
caso de falta definitiva del presidente asume automáticamente el
vicepresidente como sí consta ahora.
Eso dio lugar a que se cayeran unas palabras del texto legal y el
Congreso entonces, cuando destituyó a Abdalá Bucaram, eligió como
presidente de la República interino a Fabián Alarcón Rivera,
cuando según la histórica costumbre constitucional del Ecuador le
tocaba asumir a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, explica.
El otro ejemplo que cita Peña es la reciente elección del titular
del Congreso Nacional.
El artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso señala que la
persona que designe el bloque puede haber sido afiliada a ese
bloque aunque actualmente no lo sea, y eso dio lugar a la
candidatura de Susana González y a que se inobserve el texto
constitucional que es claro cuando señala que quien tiene que
proponer el nombre al Congreso es el bloque legislativo que
obtuvo la segunda mayoría.
Peña enfatiza que todas estas actuaciones desacreditan a la
Función Legislativa porque los textos legales quedan amarrados a
interpretaciones demasiado subjetivas. Los intereses de la
partidocracia no dan lugar a la claridad de los textos legales ni
a una vida política segura y se introduce este elemento nocivo en
el país que es la inseguridad jurídica.
Omisiones constitucionales
Para el analista Jaime Damerval Martínez, las dos últimas
constituciones del Ecuador adolecen de omisiones que han
permitido a los diputados hacer interpretaciones que han
desembocado en continuas crisis o pugnas entre poderes.
La calidad de los autores de los textos constitucionales es la
primera de las fallas precisa Damerval, quien resalta que la
Constitución de 1979 fue redactada por comisionados nombrados por
la Junta Militar, que ese año gobernaba al país. Algo igual a lo
que ocurrió con la de 1998.
Eran gente sin conocimientos legales. Si las constituciones son
textos científicos debieran ser elaboradas por abogados, por
sociólogos, por políticos, pero no cabe que incursionen personas
ajenas a esas ciencias, subraya.
Mala fe al redactar la Constitución e injusticia por la
disposición de asignar automáticamente la presidencia del
Parlamento a los dos partidos ganadores de las elecciones son
otras de las críticas que hace Damerval a quienes elaboraron la
actual Carta Magna.
La norma (Art. 129 de la Constitución) es injusta, porque la
presidencia del Congreso debe decidirla la mayoría de los
diputados.
Esta ocurrencia, aparentemente legal para sus autores, es la que
tiene sumido al Ecuador en la crisis. Antes la mayoría de
diputados elegían, como es en todo el mundo, a la persona que
consideraban que tenía más mérito o más fuerza política dentro
del recinto parlamentario, sostiene Damerval.
Bucaram: No hay vacíos
Bajo la óptica del ex presidente de la República, Abdalá Bucaram
Ortiz, no hay vacíos en la actual Constitución, en cuanto se
refiere a la elección del presidente y vicepresidentes del
Congreso Nacional.
Sin embargo, Bucaram recuerda que se rompió la Constitución en
1997, cuando fue depuesto y los diputados eligieron presidente a
Fabián Alarcón.
El ex mandatario recalca que fue constitucional la reciente
elección de Susana González como presidenta del Parlamento y que
lo inconstitucional hubiera sido designar a Xavier Neira, ya que
la Constitución ordena que el Congreso tendrá que elegir a su
presidente, no dice que lo tendrá que elegir Jaime Nebot ni
Febres-Cordero.
Trujillo: La aplanadora tiene la culpa
La propuesta de elegir presidente del Congreso, para un segundo
período de dos años, a un diputado del partido que hubiese
obtenido la segunda mayoría de votos en las elecciones
nacionales, surgió de la alianza conformada por los partidos
Social Cristiano (PSC) y Democracia Popular (DP), en la Asamblea
Constitucional de 1998.
La aplanadora también incluyó una norma para que en los dos
primeros años la presidencia recaiga en un legislador
perteneciente al partido que obtuviere el mayor número de
congresistas. Esto se cumplió durante el período legislativo
1998-2000, pero ¿por qué no fue posible que la Constitución
funcionara en esta ocasión?
El ex asambleísta Julio César Trujillo considera que el pacto
PSC-DP empezó a desmoronarse luego de las elecciones, pues los
políticos ecuatorianos no son capaces de formar acuerdos de largo
aliento sino de integrar mayorías coyunturales.
¿Usted apoyó esa propuesta?
Quienes no formábamos parte de la aplanadora nos opusimos a esa
norma porque la considerábamos antidemocrática, ya que establecía
una discriminación entre diputados de primera, segunda, tercera,
y el estado llano. También colocaba al Congreso en la situación
de tener que elegir, necesariamente, a los diputados de esos
partidos.
¿Con qué argumento se impuso la aplanadora?
Primero, querían evitar que el Congreso diera espectáculos
bochornosos al elegir a sus dignatarios; en segundo lugar decían
que había que fortalecer a los partidos y evitar la deserción de
los diputados.
¿La DP y el PSC tenían un acuerdo de largo aliento?
Fue una alianza coyuntural. Se preveía que esas dos fuerzas
ganarían las elecciones, por tanto consideraron conveniente
repartirse las dignidades.
Finalmente nos vemos ante hechos bochornosos.
Esto sucede porque el comportamiento del político ecuatoriano es
inmediatista, una vez satisfecho el interés electoral quedan
exentos de cumplir sus compromisos.
¿La nueva Constitución da salidas al empantanamiento del
Congreso?
El Tribunal Constitucional (TC) tiene competencia para resolver
las pugnas de poder.
¿Y la mediación del Ejecutivo?
El problema es complejo porque difícilmente se podrá pedir a
Susana González que ceda el cargo al que con tanta dificultad ha
llegado. Además, las mujeres han hecho una causa de género y me
parece que lo sensato sería admitir que ella siga en la
presidencia.
¿Qué pasó con la Asamblea?
La Constitución Política aprobada en 1998 por la Asamblea
Nacional Constituyente fue calificada, en su momento, como la
garantía para evitar conflictos de poder. Pero dos años más tarde
es motivo de enfrentamientos entre grupos de diputados (algunos
ex asambleístas) por captar la presidencia del Congreso.
La aplicación de la Carta Magna en el Parlamento, a propósito de
los incidentes generados en la elección de dignidades del pasado
1 de agosto, ha generado criterios contrapuestos en varios ex
asambleístas.
Mientras César Rohón (PSC), afirma que los hechos acontecidos en
el Parlamento son fruto de una violación constitucional, Alfredo
Vera (ID) sostiene que el problema se produce por la falta de
claridad de la norma que fue impuesta en la Asamblea por una
mayoría de derecha.
Rohón considera que la reforma constitucional que realizó la
Asamblea se dirigió a evitar el bochorno, los incidentes, el
paquetazo y el hombre del maletín en el Congreso, pero
lamentablemente, sostiene, los diputados no cumplen sus deberes.
Subraya que la Constitución es muy clara, tanto para la sucesión
presidencial como para las elecciones del Congreso, ya que el
artículo 129 de la Carta Magna determina con precisión cómo
elegir a los dignatarios.
Mientras tanto, Alfredo Vera cuestiona las reformas
constitucionales efectuadas por la Asamblea, ya que fueron
aprobadas por una mayoría coyuntural de derecha, ante un supuesto
de asegurar la gobernabilidad de Jamil Mahuad. Según su criterio
el país debe saber que, mientras más democracia existe, hay mayor
gobernabilidad.
En este contexto, repudia la actitud del PSC que no acepta la
designación mayoritaria de Susana González a la presidencia del
Congreso.
Aclaró además que la norma constitucional contenida en el
artículo 129 es precisa y se cumplió en la elección de
dignidades, en virtud de que González llegó al Congreso como
parte del bloque socialcristiano.
Más que un hecho aislado
Según Teodoro Bustamante, investigador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, los acontecimientos
ocurridos esta semana en el Congreso son mucho más que un
incidente aislado.
Se trata de algo más profundo: es el fracaso del intento de
racionalización del sistema, que se introdujo al elaborar esta
última Constitución, opinó.
La pregunta es: ¿por qué no funciona ningún mecanismo de
racionalización?, cuestionó el analista.
Según Bustamante, las disposiciones establecidas en la norma
constitucional van en contra de algo que es parte esencial del
funcionamiento del sistema político ecuatoriano: la necesidad de
negociación entre los actores.
La lógica de la imposición de la voluntad de la mayoría va en
contra de este sistema y de la misma cultura política
ecuatoriana, dijo. (Texto tomado de El Universo)
diversos cristales. A la Constitución de la República que se
preveía sólida después de la última Asamblea de 1998 que la
renovó se le ha buscado resquicios de acuerdo a las conveniencias
del momento de los partidos políticos.
¿Elección, imposición o textos legales arreglados a la
conveniencia del momento? Es la pregunta que surge luego de los
últimos incidentes registrados en el Congreso Nacional, que
reeditan viejos conflictos al interior del mismo recinto
parlamentario.
Los resquicios que dejan los textos constitucionales han sido
utilizados, en su momento, por diferentes agrupaciones políticas
para justificar una medida, desde la suspensión de un ministro
hasta el derrocamiento de un presidente constitucional de la
República.
Y es que en el Parlamento no solamente se juegan los intereses de
la aplicación de la ley, sino también intereses que se esconden
detrás de esas interpretaciones, según lo analiza el jurista Luis
Antonio Arzube, quien reflexiona con una pregunta: ¿qué puede
más: el interés personal, el interés de grupo o el interés
general? Cada cual escoge su interés para guiarse por ese camino.
Arzube destaca que en la última elección del Congreso no están
comprometidos los intereses del bien común.
En absoluto lo están, al parecer, sino fundamentalmente el
interés de los diputados en participar o no en las comisiones,
porque esos son los diputados de primera categoría, en cambio los
legisladores que no participan son los de segunda categoría. Cada
cual busca estar en la primera, destaca el jurista.
Vacíos
Sobre la aplicación del Art. 129 de la Constitución (el de la
nominación del Presidente del Congreso), Arzube resalta que en
este caso no está en juego la calidad de los diputados, sino más
bien de ciertos vacíos en la redacción de la norma, ya que todo
autor de textos literarios o legales puede incurrir en faltas de
previsión.
Por eso, añade, quienes aplican las leyes, tanto como jueces o
como diputados, deben completarlas haciéndolas compatibles con
otros textos y fijar el bien más alto y sacrificar el bien menor.
En este caso no se trata de suficiencia o insuficiencia de la
ley, sino de esta manera muy especial de entenderla, enfatiza el
constitucionalista, quien destaca que si se aísla la obligación
que tienen los congresistas de votar y solo se queda con la
propuesta de un bloque se puede llegar al extremo de interpretar
que se impone la elección, por lo que ya no habría selección sino
imposición.
Entre nominación y votación se debe llegar al bien superior. Si
el nominado es rechazado se debe elegir a otro que pertenezca al
mismo bando, tal como lo dice la reforma hecha por el mismo
Congreso a la Ley de Elecciones, agrega Arzube.
Enredos legales
Para el ex vicepresidente Eduardo Peña Triviño, la misma clase
política es la que busca enredar los textos legales para dar paso
a sus apetitos y componendas y a todo lo que siempre han
usufructuado y que significa poder, influencia y dinero.
Cita como ejemplo la reforma constitucional que envió en 1995 al
Congreso el entonces presidente Sixto Durán-Ballén, que se
refería a que cuando el presidente de la República sale del país
no deja de ser presidente y por lo tanto no tenía que encargar la
presidencia, sino solamente el despacho al vicepresidente de la
República.
Pero mañosamente en el Congreso Nacional califica Peña esa
reforma se la tramitó de una manera incompleta y se produjo un
vacío legal porque no se explicó, en el texto reformado, que en
caso de falta definitiva del presidente asume automáticamente el
vicepresidente como sí consta ahora.
Eso dio lugar a que se cayeran unas palabras del texto legal y el
Congreso entonces, cuando destituyó a Abdalá Bucaram, eligió como
presidente de la República interino a Fabián Alarcón Rivera,
cuando según la histórica costumbre constitucional del Ecuador le
tocaba asumir a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, explica.
El otro ejemplo que cita Peña es la reciente elección del titular
del Congreso Nacional.
El artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso señala que la
persona que designe el bloque puede haber sido afiliada a ese
bloque aunque actualmente no lo sea, y eso dio lugar a la
candidatura de Susana González y a que se inobserve el texto
constitucional que es claro cuando señala que quien tiene que
proponer el nombre al Congreso es el bloque legislativo que
obtuvo la segunda mayoría.
Peña enfatiza que todas estas actuaciones desacreditan a la
Función Legislativa porque los textos legales quedan amarrados a
interpretaciones demasiado subjetivas. Los intereses de la
partidocracia no dan lugar a la claridad de los textos legales ni
a una vida política segura y se introduce este elemento nocivo en
el país que es la inseguridad jurídica.
Omisiones constitucionales
Para el analista Jaime Damerval Martínez, las dos últimas
constituciones del Ecuador adolecen de omisiones que han
permitido a los diputados hacer interpretaciones que han
desembocado en continuas crisis o pugnas entre poderes.
La calidad de los autores de los textos constitucionales es la
primera de las fallas precisa Damerval, quien resalta que la
Constitución de 1979 fue redactada por comisionados nombrados por
la Junta Militar, que ese año gobernaba al país. Algo igual a lo
que ocurrió con la de 1998.
Eran gente sin conocimientos legales. Si las constituciones son
textos científicos debieran ser elaboradas por abogados, por
sociólogos, por políticos, pero no cabe que incursionen personas
ajenas a esas ciencias, subraya.
Mala fe al redactar la Constitución e injusticia por la
disposición de asignar automáticamente la presidencia del
Parlamento a los dos partidos ganadores de las elecciones son
otras de las críticas que hace Damerval a quienes elaboraron la
actual Carta Magna.
La norma (Art. 129 de la Constitución) es injusta, porque la
presidencia del Congreso debe decidirla la mayoría de los
diputados.
Esta ocurrencia, aparentemente legal para sus autores, es la que
tiene sumido al Ecuador en la crisis. Antes la mayoría de
diputados elegían, como es en todo el mundo, a la persona que
consideraban que tenía más mérito o más fuerza política dentro
del recinto parlamentario, sostiene Damerval.
Bucaram: No hay vacíos
Bajo la óptica del ex presidente de la República, Abdalá Bucaram
Ortiz, no hay vacíos en la actual Constitución, en cuanto se
refiere a la elección del presidente y vicepresidentes del
Congreso Nacional.
Sin embargo, Bucaram recuerda que se rompió la Constitución en
1997, cuando fue depuesto y los diputados eligieron presidente a
Fabián Alarcón.
El ex mandatario recalca que fue constitucional la reciente
elección de Susana González como presidenta del Parlamento y que
lo inconstitucional hubiera sido designar a Xavier Neira, ya que
la Constitución ordena que el Congreso tendrá que elegir a su
presidente, no dice que lo tendrá que elegir Jaime Nebot ni
Febres-Cordero.
Trujillo: La aplanadora tiene la culpa
La propuesta de elegir presidente del Congreso, para un segundo
período de dos años, a un diputado del partido que hubiese
obtenido la segunda mayoría de votos en las elecciones
nacionales, surgió de la alianza conformada por los partidos
Social Cristiano (PSC) y Democracia Popular (DP), en la Asamblea
Constitucional de 1998.
La aplanadora también incluyó una norma para que en los dos
primeros años la presidencia recaiga en un legislador
perteneciente al partido que obtuviere el mayor número de
congresistas. Esto se cumplió durante el período legislativo
1998-2000, pero ¿por qué no fue posible que la Constitución
funcionara en esta ocasión?
El ex asambleísta Julio César Trujillo considera que el pacto
PSC-DP empezó a desmoronarse luego de las elecciones, pues los
políticos ecuatorianos no son capaces de formar acuerdos de largo
aliento sino de integrar mayorías coyunturales.
¿Usted apoyó esa propuesta?
Quienes no formábamos parte de la aplanadora nos opusimos a esa
norma porque la considerábamos antidemocrática, ya que establecía
una discriminación entre diputados de primera, segunda, tercera,
y el estado llano. También colocaba al Congreso en la situación
de tener que elegir, necesariamente, a los diputados de esos
partidos.
¿Con qué argumento se impuso la aplanadora?
Primero, querían evitar que el Congreso diera espectáculos
bochornosos al elegir a sus dignatarios; en segundo lugar decían
que había que fortalecer a los partidos y evitar la deserción de
los diputados.
¿La DP y el PSC tenían un acuerdo de largo aliento?
Fue una alianza coyuntural. Se preveía que esas dos fuerzas
ganarían las elecciones, por tanto consideraron conveniente
repartirse las dignidades.
Finalmente nos vemos ante hechos bochornosos.
Esto sucede porque el comportamiento del político ecuatoriano es
inmediatista, una vez satisfecho el interés electoral quedan
exentos de cumplir sus compromisos.
¿La nueva Constitución da salidas al empantanamiento del
Congreso?
El Tribunal Constitucional (TC) tiene competencia para resolver
las pugnas de poder.
¿Y la mediación del Ejecutivo?
El problema es complejo porque difícilmente se podrá pedir a
Susana González que ceda el cargo al que con tanta dificultad ha
llegado. Además, las mujeres han hecho una causa de género y me
parece que lo sensato sería admitir que ella siga en la
presidencia.
¿Qué pasó con la Asamblea?
La Constitución Política aprobada en 1998 por la Asamblea
Nacional Constituyente fue calificada, en su momento, como la
garantía para evitar conflictos de poder. Pero dos años más tarde
es motivo de enfrentamientos entre grupos de diputados (algunos
ex asambleístas) por captar la presidencia del Congreso.
La aplicación de la Carta Magna en el Parlamento, a propósito de
los incidentes generados en la elección de dignidades del pasado
1 de agosto, ha generado criterios contrapuestos en varios ex
asambleístas.
Mientras César Rohón (PSC), afirma que los hechos acontecidos en
el Parlamento son fruto de una violación constitucional, Alfredo
Vera (ID) sostiene que el problema se produce por la falta de
claridad de la norma que fue impuesta en la Asamblea por una
mayoría de derecha.
Rohón considera que la reforma constitucional que realizó la
Asamblea se dirigió a evitar el bochorno, los incidentes, el
paquetazo y el hombre del maletín en el Congreso, pero
lamentablemente, sostiene, los diputados no cumplen sus deberes.
Subraya que la Constitución es muy clara, tanto para la sucesión
presidencial como para las elecciones del Congreso, ya que el
artículo 129 de la Carta Magna determina con precisión cómo
elegir a los dignatarios.
Mientras tanto, Alfredo Vera cuestiona las reformas
constitucionales efectuadas por la Asamblea, ya que fueron
aprobadas por una mayoría coyuntural de derecha, ante un supuesto
de asegurar la gobernabilidad de Jamil Mahuad. Según su criterio
el país debe saber que, mientras más democracia existe, hay mayor
gobernabilidad.
En este contexto, repudia la actitud del PSC que no acepta la
designación mayoritaria de Susana González a la presidencia del
Congreso.
Aclaró además que la norma constitucional contenida en el
artículo 129 es precisa y se cumplió en la elección de
dignidades, en virtud de que González llegó al Congreso como
parte del bloque socialcristiano.
Más que un hecho aislado
Según Teodoro Bustamante, investigador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, los acontecimientos
ocurridos esta semana en el Congreso son mucho más que un
incidente aislado.
Se trata de algo más profundo: es el fracaso del intento de
racionalización del sistema, que se introdujo al elaborar esta
última Constitución, opinó.
La pregunta es: ¿por qué no funciona ningún mecanismo de
racionalización?, cuestionó el analista.
Según Bustamante, las disposiciones establecidas en la norma
constitucional van en contra de algo que es parte esencial del
funcionamiento del sistema político ecuatoriano: la necesidad de
negociación entre los actores.
La lógica de la imposición de la voluntad de la mayoría va en
contra de este sistema y de la misma cultura política
ecuatoriana, dijo. (Texto tomado de El Universo)
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