Dos guías pidieron que les permitan abonar la cuota en dos meses, el intermediario exigió el pago de contado, para renovar contrato.
Venta de puestos en centro penitenciario catalogado de "modelo"
Para recuperar el dinero de la inversión, los empleados habrían hecho del lugar una especie de mercado, donde se vende de todo
Las denuncias de dos guías del Centro de Rehabilitación de Ibarra, sobre el pedido de $700 y $800 para renovarles los contratos, destapa una red de corrupción en la que estarían involucradas autoridades de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
Aunque los funcionarios lo niegan, las denunciantes cuentan con nombres y apellidos quién les pedía la plata para repartirla en Quito. Los nombramientos los hace únicamente el director nacional de Rehabilitación, Ricardo Arteaga, cuya oficina está en la capital.
Al parecer, el pago a cambio de las contrataciones no sería nuevo en la cárcel de Ibarra, pues las afectadas no se negaron a pagar la tarifa, solo pidieron una concesión: la posibilidad de pagar en dos partes. Esto no fue aceptado por quien les exigía el dinero.
Desde entonces -según denunciaron- las guías fueron amenazadas, injuriadas (se quejan de trauma sicológico) y perseguidas por el chofer del centro carcelario. Nuestros compañeros nos advertían que nos cuidaramos porque podían hacer cualquier cosa en contra nuestra, señalaron.
La madre de una de ellas contó a BLANCO Y NEGRO que intentaron colocar droga en la cartera de su hija.
Incluso, el director de la prisión, Víctor Almeida, habría llegado a otorgar su pleno respaldo a dos internas a cambio de que agredieran a una de las denunciantes. Él lo negó.
No obstante, la versión de que a los guías se les exigiría dinero a cambio de renovarles los contratos, es extendida entre los internos de la prisión. Varios refirieron que para recuperar el dinero invertido en la obtención de los puestos, los guías venden alcohol, ropa, bisutería, droga, tarjetas de teléfonos, teléfonos celulares, comida... Es decir, dentro de las paredes del centro de rehabilitación habría una especie de mercado.
Otros reclusos relataron cómo, a cambio de dinero, fácilmente han conseguido certificados médicos, gracias a los cuales han podido ir a clínicas. Desde allí es muy fácil fugarse.
En esta prisión solo un patio separa los pabellones de hombres y mujeres. Un estudio estableció que hay un alto índice de abortos debido a la promiscuidad existente.
Para el director de la DNRS, la cárcel de Ibarra es un modelo de eficiencia y buen manejo por parte de su director, Víctor Almeida, quien lleva alrededor de 20 años en el cargo. (AA/SR)
Resumen de una grabación del careo efectuado hace un mes. Se asume que habrían participado el director de la cárcel de Ibarra, el chofer y dos guías de ese centro penitenciario
Hombre 1 (Chofer).- Usted tiene que aclarar con nombres y apellidos. Usted debería coger un abogado y que me diga en la puta cara, en la puta cara.
Mujer 1.- Yo también tengo derecho a coger abogado...
Hombre 2 (Licenciado).- Esta no es la manera de pagarle a uno, cuando se les dice: "así hay que hacer las cosas". Pero usted quiere hacerlas de otro modo.
Mujer 1.- Yo tengo la cara limpia, licenciado. La señora dice que vendo droga, quiero que ella me ponga delante a todas los internas a quienes vendo droga.
Mujer 2.- ¿A quién le he dicho eso? Nunca he hablado de eso.
Mujer 1.- Si no quiere trabajar, deje trabajar a los demás. De gana me mete en problemas.
Mujer 2.- Esas cosas no han salido de mi boca. Yo solo me ratifico en lo que dije y espero que esta señora diga a quién contó en Quito sobre la cantidad que cobran aquí.
Mujer 1.- Dígalo usted que tiene tiempo para averiguar las cosas en Quito; no soy tan ignorante para decir que he dado dinero...
Mujer 2.- Licenciado, yo le dije a usted que una mañana, temprano, escuché una conversación telefónica de la señora Miriam Morales (mujer 1), quien decía: "estos con mi plata no comen".
Mujer 1.- Te voy a demandar, yo no me aferro al trabajo.
Mujer 2.- Yo tampoco, pero sí me aferro a la dignidad de la persona.
Mujer 1.- La dignidad es estar con la boca callada; al final vas a seguir cobrando si te renuevan el contrato, sé inteligente
Hombre 1.- Licenciado, si ellas quieren regalar su plata, allá.
Mujer 2.- Yo he cometido dos pecados: uno, buscar ayuda; el segundo fue decirle al señor Terán: "por Dios espéreme, no me opongo a pagar de los dos meses". Aquí se han tergiversado las cosas, cómo voy a hacer algo que me perjudica si necesito el trabajo.
Hombre 1.- Si no, se le devuelve la plata.
Hombre 2.- A mí qué me importa si paga o no paga, cada quien debe dar la cara por sus actos.
Mujer 2.- Yo nunca he viajado a Quito, no he hablado con nadie.
Hombre 2.- Yo estoy aparte, a mí no me interesa el dinero. Usted puede pagar lo que sea, a mí no me interesa. Usted tiene que acostarse conmigo, para que le renueve el contrato.
Mujer 2.- Yo solo quiero trabajar licenciado, ayúdeme. Al señor Terán le he dicho que acá no tengo a nadie, por eso le he rogado. Cuando usted me reclamó yo recibí la llamada de la señora (mujer 1), no sabía qué pasaba, ahora me difaman. Tengo el derecho de aclarar las cosas y que me diga cuándo he dicho que ella vende drogas.
Hombre 2.- Usted da a entender que cobramos por los contratos.
Mujer 2.- Licenciado, ustedes saben que eso no es lo correcto, pero si esto se maneja así hay que callarse; cómo voy hacer caer a la persona que me ayuda. Entiendo que no solo yo iba a beneficiarme, porque a todos pedían, ¿sí o no? Esa es una verdad a gritos. (SR)
La tarifa para un cargo de guía en Ibarra es de $800
La empleada dijo que podía pagar en dos partes. Le respondieron: "En Quito no esperan... verás qué haces"
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, recibió hace una semana la denuncia de una guía de la cárcel de Ibarra.
Aunque tenemos una copia del documento, en el que consta su firma y el número de cédula de identidad, mantendremos su nombre en reserva por pedido de ella.
En lo fundamental, la guía manifiesta que la directora de personal del centro petinenciario le explicó que debía hablar con el chofer, Javier Terán, sobre la renovación de su contrato.
Entonces acudí a hablar con el señor Terán, quien me dijo que podía ayudarme, como a otros compañeros, ya que él tenía amigos en Quito que podían asegurarme la renovación de mi contrato. En la denuncia añade que el empleado le pidió $800 para lograr ese fin.
Días después, él exigió la plata, pero la guía le contestó que solo podía pagarle en dos partes. A lo que el chofer habría respondido: En Quito no esperan, ahí verás qué haces. Entonces empezaron el hostigamiento y las amenazas. (SR/AA)
"Aspirantes son escogidos vía concurso de oposición"
Antes de contratarlos los someten a pruebas psicológicas, físicas y conocimientos del Código Penal
La minería a cielo abierto es insostenible y totalmente degradante, manifiesta Rossana Manosalvas, de Ecociencia.
Los guías perciben un sueldo mensual de $700, manifiesta el director de Rehabilitación, Ricardo Arteaga.
Los aspirantes son sometidos a pruebas psicológicas, físicas, académicas y de conocimientos del Código Penal. Para esto, la Dirección Nacional de Rehabilitación convoca a concursos de merecimientos y oposición, añade el funcionario.
También señala que los guías son oriundos de las provincias donde funcionan las diferentes cárceles. En Ibarra trabajan 10 guías bajo la modalidad de contratos anuales, dice. (SR/AA)
Todos los contratos los firma director de la DNRS
Piden $700 a otra guía, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guías... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Así lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, Víctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guía denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habría replicado: En Quito no esperan.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guías cantidades similares, pero la mayoría prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guía ante dos internas, lo que puso en peligro mi integridad física, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una cárcel modelo. (SR/NST)
Piden $700 a otra guía, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guías... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Así lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, Víctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guía denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habría replicado: En Quito no esperan.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guías cantidades similares, pero la mayoría prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guía ante dos internas, lo que puso en peligro mi integridad física, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una cárcel modelo. (SR/NST)
Piden $700 a otra guía, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guías... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Así lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, Víctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guía denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habría replicado: En Quito no esperan.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guías cantidades similares, pero la mayoría prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guía ante dos internas, lo que puso en peligro mi integridad física, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una cárcel modelo. (SR/NST)
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
El centro de Rehabilitación de Ibarra funciona en el perímetro urbano, en una casa vieja ubicada en las calles Juan de Salinas y Eusebio Borrero, junto a una escuela de niñas.
El reclusorio alberga un total de 478 presos: 419 hombres y 59 mujeres. Existe sobrepoblación, pues la casa acondicionada para cárcel solo dispone de tres pabellones, en cada uno de los cuales deberían ser ubicados 60 internos como máximo.
Para cuidar a los reos hay 26 guías; 20 hombres y seis mujeres. Por concepto de rancho, el centro recibe $1 diario. (NST)
Director de rehabilitación duda de la validez de las denuncias y defiende a subalterno
La oficina de recursos humanos investigará la presunta venta de cargos e iniciará sumarios; la dependencia pone uno de los tres informes previos a la renovación de contratos
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, asegura que durante su gestión jamás ha recibido dinero por las renovaciones de contratos. Así replica a las denuncias, donde consta que la persona que pedía la plata decía: en Quito no esperan.
El funcionario confirma que las designaciones de guías, a escala nacional, corren de su cuenta. También los traslados de los empleados que piden ser transferidos a otras cárceles.
Así, dice no entender cómo en Ibarra les piden entre $700 y $800, si el director de ese centro no firma nada. ¡En todo caso deberían pagarme a mí, porque yo renuevo los contratos!, exclama, al reiterar que él no está involucrado en esos hechos.
El funcionario duda de la validez de las denuncias, al señalar que el CD con la conversación entre el supuesto director de la prisión, su presunto chofer y dos guías, podría tratarse de un montaje. En todo caso, ha ordenado una investigación la cual estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la DNRS.
Como señalamos anteriormente, esa Dirección pone uno de los tres informes previos a las renovaciones de cada uno de los contratos.
Los investigadores de recursos humanos determinarán si las denuncias tienen o no asidero. De ser ciertas, Arteaga iniciará sumarios administrativos en contra de los responsables. Estos son los pasos establecidos en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, explica.
Entre tanto, el director nacional destaca la labor del director de la cárcel de Ibarra, Víctor Almeida, pues durante los últimos cuatro años (tiempo que lleva en el cargo) la única novedad ha sido la fuga de un reo de una clínica de esa ciudad.
Añade que Almeida ha sido condecorado en Ibarra como el mejor funcionario. (SR)
"Acusaciones provienen de guías que han recibido sanciones por mal desempeño y son la respuesta a mi afán de mantener estabilidad dentro de la cárcel"
Para ingresar a la cárcel de Ibarra hay una condición: "solo puede pasar una persona". Por eso entra el reportero para entrevistar al director, Víctor Almeida, mientras el fotógrafo espera afuera.
En la cartelera de la oficina destaca una circular del director nacional de Rehabilitación Social, que prohíbe a los directores y empleados de las cárceles conversar con los medios de comunicación.
Almeida, un licenciado en comunicación social, hace una excepción a la norma, para negar las denuncias y atribuirlas al resentimiento de guías que han recibido sanciones por mal desempeño.
Sobre las denuncias presentadas en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), las cataloga como daño moral por lo que no dudará en emprender acciones legales para defenderse.
Almeida manifiesta que no le tiembla la mano a la hora de poner orden en la prisión y afirma que ese es el caso de una guía que fue separada por haber abandonado el puesto en horas laborables. BLANCO Y NEGRO tiene una copia del certificado médico que justifica la ausencia.
Con ese antecedente, considera que las denuncias son la respuesta a su afán de mantener la prisión estable, al punto que ha sido considerada un "ejemplo" de gestión.
Esto lo debe a sus 25 años en el sistema penitenciario, donde ha desempeñado varias funciones en Tulcán, Guayaquil e Ibarra, añade.
Según Almeida, no es cierto que en el interior del centro se venda licor y otras sustancias; dice que antes sucedía pero el problema ya está superado.
Pese a que asegura haber recibido amenazas y que su vida correría peligro, cuenta que solo lo acompaña un guía, que hace las funciones de chofer y le proporciona seguridad en horas no laborables. Ese empleado, como los demás, no pueden hablar por orden del director nacional. (NST/SR)
PUNTO DE VISTA
¿Una mancha más al tigre?
Cada vez que se difunde una encuesta sobre los principales problemas del país, aparece en los primeros lugares, cuando no liderando la lista de males, el flagelo de la corrupción. De hecho, de acuerdo con Transparencia Internacional (TI), quienes vivimos en el país calificamos la corrupción con un puntaje 2,3 sobre 10 (siendo 10 lo menos corrupto).
Y esta percepción no resulta tan descaminada cuando, según cifras oficiales, la falta de transparencia tanto en los negocios públicos como privados le cuestan al país alrededor de $2 000 millones cada año.
Por desgracia, las cárceles del país no se son ajenas a este problema. Un ejemplo de aquello son los hechos recientes en que un acusado por narcotráfico pretendía salir del ex Penal García Moreno escoltado nada más y nada menos que por miembros de la Policía (12 de noviembre pasado).
O la extraña fuga de cuatro reclusos del pabellón de máxima seguridad del mismo centro carcelario, el 3 de diciembre anterior, cuando dicho recinto era custodiado por integrantes de la misma organización.
Además no resultan desconocidas las informaciones sobre continuas requisas dentro de las cárceles, en las que se encuentra licor, drogas y armas de todo tipo, sin que las autoridades del llamado sistema de rehabilitación social sepan explicar el modo en que dichas sustancias y objetos llegan a poder de los internos.
Por ello, prácticamente no causa sorpresa el caso que relata la presente edición de BLANCO Y NEGRO: acusaciones de guías de la cárcel de Ibarra, quienes afirman que las autoridades exigen dinero a cambio de la renovación de sus contratos de trabajo.
Las acusaciones, como sucede en estos casos, son negadas por los involucrados, incluido el director nacional de Rehabilitación Social, hasta quien salpica el escándalo.
Sin embargo, esas denuncias requieren ser adecuadamente aclaradas. (LAG)(Blanco y Negro)
Venta de puestos en centro penitenciario catalogado de "modelo"
Para recuperar el dinero de la inversión, los empleados habrían hecho del lugar una especie de mercado, donde se vende de todo
Las denuncias de dos guías del Centro de Rehabilitación de Ibarra, sobre el pedido de $700 y $800 para renovarles los contratos, destapa una red de corrupción en la que estarían involucradas autoridades de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
Aunque los funcionarios lo niegan, las denunciantes cuentan con nombres y apellidos quién les pedía la plata para repartirla en Quito. Los nombramientos los hace únicamente el director nacional de Rehabilitación, Ricardo Arteaga, cuya oficina está en la capital.
Al parecer, el pago a cambio de las contrataciones no sería nuevo en la cárcel de Ibarra, pues las afectadas no se negaron a pagar la tarifa, solo pidieron una concesión: la posibilidad de pagar en dos partes. Esto no fue aceptado por quien les exigía el dinero.
Desde entonces -según denunciaron- las guías fueron amenazadas, injuriadas (se quejan de trauma sicológico) y perseguidas por el chofer del centro carcelario. Nuestros compañeros nos advertían que nos cuidaramos porque podían hacer cualquier cosa en contra nuestra, señalaron.
La madre de una de ellas contó a BLANCO Y NEGRO que intentaron colocar droga en la cartera de su hija.
Incluso, el director de la prisión, Víctor Almeida, habría llegado a otorgar su pleno respaldo a dos internas a cambio de que agredieran a una de las denunciantes. Él lo negó.
No obstante, la versión de que a los guías se les exigiría dinero a cambio de renovarles los contratos, es extendida entre los internos de la prisión. Varios refirieron que para recuperar el dinero invertido en la obtención de los puestos, los guías venden alcohol, ropa, bisutería, droga, tarjetas de teléfonos, teléfonos celulares, comida... Es decir, dentro de las paredes del centro de rehabilitación habría una especie de mercado.
Otros reclusos relataron cómo, a cambio de dinero, fácilmente han conseguido certificados médicos, gracias a los cuales han podido ir a clínicas. Desde allí es muy fácil fugarse.
En esta prisión solo un patio separa los pabellones de hombres y mujeres. Un estudio estableció que hay un alto índice de abortos debido a la promiscuidad existente.
Para el director de la DNRS, la cárcel de Ibarra es un modelo de eficiencia y buen manejo por parte de su director, Víctor Almeida, quien lleva alrededor de 20 años en el cargo. (AA/SR)
Resumen de una grabación del careo efectuado hace un mes. Se asume que habrían participado el director de la cárcel de Ibarra, el chofer y dos guías de ese centro penitenciario
Hombre 1 (Chofer).- Usted tiene que aclarar con nombres y apellidos. Usted debería coger un abogado y que me diga en la puta cara, en la puta cara.
Mujer 1.- Yo también tengo derecho a coger abogado...
Hombre 2 (Licenciado).- Esta no es la manera de pagarle a uno, cuando se les dice: "así hay que hacer las cosas". Pero usted quiere hacerlas de otro modo.
Mujer 1.- Yo tengo la cara limpia, licenciado. La señora dice que vendo droga, quiero que ella me ponga delante a todas los internas a quienes vendo droga.
Mujer 2.- ¿A quién le he dicho eso? Nunca he hablado de eso.
Mujer 1.- Si no quiere trabajar, deje trabajar a los demás. De gana me mete en problemas.
Mujer 2.- Esas cosas no han salido de mi boca. Yo solo me ratifico en lo que dije y espero que esta señora diga a quién contó en Quito sobre la cantidad que cobran aquí.
Mujer 1.- Dígalo usted que tiene tiempo para averiguar las cosas en Quito; no soy tan ignorante para decir que he dado dinero...
Mujer 2.- Licenciado, yo le dije a usted que una mañana, temprano, escuché una conversación telefónica de la señora Miriam Morales (mujer 1), quien decía: "estos con mi plata no comen".
Mujer 1.- Te voy a demandar, yo no me aferro al trabajo.
Mujer 2.- Yo tampoco, pero sí me aferro a la dignidad de la persona.
Mujer 1.- La dignidad es estar con la boca callada; al final vas a seguir cobrando si te renuevan el contrato, sé inteligente
Hombre 1.- Licenciado, si ellas quieren regalar su plata, allá.
Mujer 2.- Yo he cometido dos pecados: uno, buscar ayuda; el segundo fue decirle al señor Terán: "por Dios espéreme, no me opongo a pagar de los dos meses". Aquí se han tergiversado las cosas, cómo voy a hacer algo que me perjudica si necesito el trabajo.
Hombre 1.- Si no, se le devuelve la plata.
Hombre 2.- A mí qué me importa si paga o no paga, cada quien debe dar la cara por sus actos.
Mujer 2.- Yo nunca he viajado a Quito, no he hablado con nadie.
Hombre 2.- Yo estoy aparte, a mí no me interesa el dinero. Usted puede pagar lo que sea, a mí no me interesa. Usted tiene que acostarse conmigo, para que le renueve el contrato.
Mujer 2.- Yo solo quiero trabajar licenciado, ayúdeme. Al señor Terán le he dicho que acá no tengo a nadie, por eso le he rogado. Cuando usted me reclamó yo recibí la llamada de la señora (mujer 1), no sabía qué pasaba, ahora me difaman. Tengo el derecho de aclarar las cosas y que me diga cuándo he dicho que ella vende drogas.
Hombre 2.- Usted da a entender que cobramos por los contratos.
Mujer 2.- Licenciado, ustedes saben que eso no es lo correcto, pero si esto se maneja así hay que callarse; cómo voy hacer caer a la persona que me ayuda. Entiendo que no solo yo iba a beneficiarme, porque a todos pedían, ¿sí o no? Esa es una verdad a gritos. (SR)
La tarifa para un cargo de guía en Ibarra es de $800
La empleada dijo que podía pagar en dos partes. Le respondieron: "En Quito no esperan... verás qué haces"
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, recibió hace una semana la denuncia de una guía de la cárcel de Ibarra.
Aunque tenemos una copia del documento, en el que consta su firma y el número de cédula de identidad, mantendremos su nombre en reserva por pedido de ella.
En lo fundamental, la guía manifiesta que la directora de personal del centro petinenciario le explicó que debía hablar con el chofer, Javier Terán, sobre la renovación de su contrato.
Entonces acudí a hablar con el señor Terán, quien me dijo que podía ayudarme, como a otros compañeros, ya que él tenía amigos en Quito que podían asegurarme la renovación de mi contrato. En la denuncia añade que el empleado le pidió $800 para lograr ese fin.
Días después, él exigió la plata, pero la guía le contestó que solo podía pagarle en dos partes. A lo que el chofer habría respondido: En Quito no esperan, ahí verás qué haces. Entonces empezaron el hostigamiento y las amenazas. (SR/AA)
"Aspirantes son escogidos vía concurso de oposición"
Antes de contratarlos los someten a pruebas psicológicas, físicas y conocimientos del Código Penal
La minería a cielo abierto es insostenible y totalmente degradante, manifiesta Rossana Manosalvas, de Ecociencia.
Los guías perciben un sueldo mensual de $700, manifiesta el director de Rehabilitación, Ricardo Arteaga.
Los aspirantes son sometidos a pruebas psicológicas, físicas, académicas y de conocimientos del Código Penal. Para esto, la Dirección Nacional de Rehabilitación convoca a concursos de merecimientos y oposición, añade el funcionario.
También señala que los guías son oriundos de las provincias donde funcionan las diferentes cárceles. En Ibarra trabajan 10 guías bajo la modalidad de contratos anuales, dice. (SR/AA)
Todos los contratos los firma director de la DNRS
Piden $700 a otra guía, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guías... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Así lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, Víctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guía denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habría replicado: En Quito no esperan.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guías cantidades similares, pero la mayoría prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guía ante dos internas, lo que puso en peligro mi integridad física, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una cárcel modelo. (SR/NST)
Piden $700 a otra guía, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guías... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Así lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, Víctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guía denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habría replicado: En Quito no esperan.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guías cantidades similares, pero la mayoría prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guía ante dos internas, lo que puso en peligro mi integridad física, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una cárcel modelo. (SR/NST)
Piden $700 a otra guía, mientras sus compañeros deciden callar para evitar represalias de las autoridades
Los contratos, las renovaciones, los traslados de los guías... Todo lo firma el director nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Ricardo Arteaga.
Esto lo hace con los informes previos de los jefes de personal de las cárceles, los directores de las prisiones y del jefe nacional de recursos humanos de la DNRS. Así lo explica el director del centro penitenciario de Ibarra, Víctor Almeida.
Mientras él negaba los cobros por los puestos, otra guía denunció ante la DNRS que el chofer de la cárcel le pidió $700 para el trámite de renovación del contrato. Ella se comprometió a pagarle en dos partes, pero él habría replicado: En Quito no esperan.
En su denuncia asegura que el empleado pidió a los otros guías cantidades similares, pero la mayoría prefiere callar por temor a represalias.
Almeida restó autoridad a la guía ante dos internas, lo que puso en peligro mi integridad física, añade la denunciante.
El director de la prisión lo niega y dice que la suya es una cárcel modelo. (SR/NST)
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
La prisión funciona junto a una escuela de niñas
El centro de Rehabilitación de Ibarra funciona en el perímetro urbano, en una casa vieja ubicada en las calles Juan de Salinas y Eusebio Borrero, junto a una escuela de niñas.
El reclusorio alberga un total de 478 presos: 419 hombres y 59 mujeres. Existe sobrepoblación, pues la casa acondicionada para cárcel solo dispone de tres pabellones, en cada uno de los cuales deberían ser ubicados 60 internos como máximo.
Para cuidar a los reos hay 26 guías; 20 hombres y seis mujeres. Por concepto de rancho, el centro recibe $1 diario. (NST)
Director de rehabilitación duda de la validez de las denuncias y defiende a subalterno
La oficina de recursos humanos investigará la presunta venta de cargos e iniciará sumarios; la dependencia pone uno de los tres informes previos a la renovación de contratos
El director nacional de Rehabilitación Social, Ricardo Arteaga, asegura que durante su gestión jamás ha recibido dinero por las renovaciones de contratos. Así replica a las denuncias, donde consta que la persona que pedía la plata decía: en Quito no esperan.
El funcionario confirma que las designaciones de guías, a escala nacional, corren de su cuenta. También los traslados de los empleados que piden ser transferidos a otras cárceles.
Así, dice no entender cómo en Ibarra les piden entre $700 y $800, si el director de ese centro no firma nada. ¡En todo caso deberían pagarme a mí, porque yo renuevo los contratos!, exclama, al reiterar que él no está involucrado en esos hechos.
El funcionario duda de la validez de las denuncias, al señalar que el CD con la conversación entre el supuesto director de la prisión, su presunto chofer y dos guías, podría tratarse de un montaje. En todo caso, ha ordenado una investigación la cual estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la DNRS.
Como señalamos anteriormente, esa Dirección pone uno de los tres informes previos a las renovaciones de cada uno de los contratos.
Los investigadores de recursos humanos determinarán si las denuncias tienen o no asidero. De ser ciertas, Arteaga iniciará sumarios administrativos en contra de los responsables. Estos son los pasos establecidos en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, explica.
Entre tanto, el director nacional destaca la labor del director de la cárcel de Ibarra, Víctor Almeida, pues durante los últimos cuatro años (tiempo que lleva en el cargo) la única novedad ha sido la fuga de un reo de una clínica de esa ciudad.
Añade que Almeida ha sido condecorado en Ibarra como el mejor funcionario. (SR)
"Acusaciones provienen de guías que han recibido sanciones por mal desempeño y son la respuesta a mi afán de mantener estabilidad dentro de la cárcel"
Para ingresar a la cárcel de Ibarra hay una condición: "solo puede pasar una persona". Por eso entra el reportero para entrevistar al director, Víctor Almeida, mientras el fotógrafo espera afuera.
En la cartelera de la oficina destaca una circular del director nacional de Rehabilitación Social, que prohíbe a los directores y empleados de las cárceles conversar con los medios de comunicación.
Almeida, un licenciado en comunicación social, hace una excepción a la norma, para negar las denuncias y atribuirlas al resentimiento de guías que han recibido sanciones por mal desempeño.
Sobre las denuncias presentadas en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), las cataloga como daño moral por lo que no dudará en emprender acciones legales para defenderse.
Almeida manifiesta que no le tiembla la mano a la hora de poner orden en la prisión y afirma que ese es el caso de una guía que fue separada por haber abandonado el puesto en horas laborables. BLANCO Y NEGRO tiene una copia del certificado médico que justifica la ausencia.
Con ese antecedente, considera que las denuncias son la respuesta a su afán de mantener la prisión estable, al punto que ha sido considerada un "ejemplo" de gestión.
Esto lo debe a sus 25 años en el sistema penitenciario, donde ha desempeñado varias funciones en Tulcán, Guayaquil e Ibarra, añade.
Según Almeida, no es cierto que en el interior del centro se venda licor y otras sustancias; dice que antes sucedía pero el problema ya está superado.
Pese a que asegura haber recibido amenazas y que su vida correría peligro, cuenta que solo lo acompaña un guía, que hace las funciones de chofer y le proporciona seguridad en horas no laborables. Ese empleado, como los demás, no pueden hablar por orden del director nacional. (NST/SR)
PUNTO DE VISTA
¿Una mancha más al tigre?
Cada vez que se difunde una encuesta sobre los principales problemas del país, aparece en los primeros lugares, cuando no liderando la lista de males, el flagelo de la corrupción. De hecho, de acuerdo con Transparencia Internacional (TI), quienes vivimos en el país calificamos la corrupción con un puntaje 2,3 sobre 10 (siendo 10 lo menos corrupto).
Y esta percepción no resulta tan descaminada cuando, según cifras oficiales, la falta de transparencia tanto en los negocios públicos como privados le cuestan al país alrededor de $2 000 millones cada año.
Por desgracia, las cárceles del país no se son ajenas a este problema. Un ejemplo de aquello son los hechos recientes en que un acusado por narcotráfico pretendía salir del ex Penal García Moreno escoltado nada más y nada menos que por miembros de la Policía (12 de noviembre pasado).
O la extraña fuga de cuatro reclusos del pabellón de máxima seguridad del mismo centro carcelario, el 3 de diciembre anterior, cuando dicho recinto era custodiado por integrantes de la misma organización.
Además no resultan desconocidas las informaciones sobre continuas requisas dentro de las cárceles, en las que se encuentra licor, drogas y armas de todo tipo, sin que las autoridades del llamado sistema de rehabilitación social sepan explicar el modo en que dichas sustancias y objetos llegan a poder de los internos.
Por ello, prácticamente no causa sorpresa el caso que relata la presente edición de BLANCO Y NEGRO: acusaciones de guías de la cárcel de Ibarra, quienes afirman que las autoridades exigen dinero a cambio de la renovación de sus contratos de trabajo.
Las acusaciones, como sucede en estos casos, son negadas por los involucrados, incluido el director nacional de Rehabilitación Social, hasta quien salpica el escándalo.
Sin embargo, esas denuncias requieren ser adecuadamente aclaradas. (LAG)(Blanco y Negro)
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