Quito.12.12.94. El paro de la provincia de Chimborazo y el que
anuncian las autoridades de Cotopaxi, responde a únicamente a
intereses partidistas, dijo a HOY el Secretario General de la
Administración, Carlos Larreátegui, al comentar los
acontecimientos de esa región del país, afectada por expresiones
de insatisfacción frente a las rentas que reciben del Gobierno.
El Ejecutivo se sentará a la mesa de diálogo con las autoridades
de Chimborazo, una vez que ellas hayan suspendido el paro de
actividades, enfatizó Larreátegui.
El Gobierno de ninguna manera ha cedido a las presiones de las
autoridades de Chimborazo que promovieron el paro de actividades
en esa provincia, puntualizó.
Se ha hablado de una tregua, pero el Gobierno no puede aceptar
una condición de esa naturaleza, porque esta es una lucha
política ilegítima, puesto que en ella se defiende únicamente los
intereses del MPD, al que pertenecen el alcalde de esa ciudad,
Carlos Castro, y la ex-diputada, María Eugenia Lima, agregó.
El objetivo final del paro es recuperar las partidas que asignó a
esa provincia la diputada María Eugenia Lima y eso es
inaceptable, reiteró.
Según el portavoz presidencial, todo lo que piden los dirigentes
del paro de chimborazo está en vias de solución.
El alcalde de Riobamba está exigiendo más fondos cuando tiene
recursos por 4.200 millones que no ha sabido utilizar por razones
que no me atrevería a calificar, señaló Larreátegui.
En todo caso, expresó, la negligencia del municipio de Riobamba
ha hecho que los dineros duerman, sin utilización alguna, lo cual
es inconsistente con la demanda de más dinero, afirmó.
El Secretario de la Administración aclaró que el Gobierno no ha
conversado con los dirigentes del paro, sino con el obispo de
Riobamba y otros miembros de un grupo de mediación, para
explicarle las acciones del Gobierno.
Larreátegui subrayó que con las autoridades de Riobamba,
promotoras del paro, no habrá conversaciones el próximo martes,
mientras no hayan dispuesto la conclusión del paro.
Sin embargo, dijo que el Gobierno esta dispuesto a tener
contactos con personas de buena voluntad como el obispo de
Riobamba y otras personas que interponen sus buenos oficios.
Al referirse a la amenaza de otro paro en Cotopaxi, manifestó que
esa provincia y la alcadía de Latacunga han sido atendidas como
en ningún otro gobierno.
A su juicio de Larreátegui, el problema de Cotopaxi radica en que
el alcalde de Latacunga ha reaccionado en forma violenta a la
decisión del Gobierno de construir el coliseo de esa ciudad a
través de DINADER y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y no
del municipio de esa ciudad.
Según el Secretario de la Administración, la actual actitud de la
primera autoridad de Latacunga se produce a pesar de que en la
sesión solemne del aniversario de la capital de Cotopaxi, afirmó
que no importaba quien construyera el coliseo.
Dijo que el Gobierno está en conversaciones con otras autoridades
de Cotopaxi y subrayó en que este movimiento también hay
motivaciones políticas "muy claras del alcalde de Latacunga",
aunque dijo creer que el paro anunciado, finalmente no llegará a
concretarse.
En el caso de la provincia de Sucumbíos, tampoco habrá ningún
paro, porque hemos estado dialogando intensamente con algunas
autoridades, aseguró.
Resaltó que en esa zona se están construyendo obras importantes
como la pavimentación y ampliación de los accesos a Lago Agrio y
la Vía Interoceánica, y se han entregado asignaciones importantes
a los municipios y al consejo provincial de esa región.
También esa provincia, en comparación con el pasado, ha sido
privilegiada por esta adminisitración, dijo.
DESCENTRALIZAR ES LA SOLUCION
Larreátegui sostuvo que hay causas estructurales en los paros que
se han producido en el país en las últimas semanas, pero anotó
que ellos han sido la "receta en los últimos 15 años" de
regímenes constitucionales.
Reconocemos que las necesidades de las provincias son infinitas y
no pueden ser satisfechas solo con la acción de este gobierno,
pero dentro de las limitaciones actuales hemos hecho todo lo que
está a nuestro alcance, agregó.
Esperamos que en el futuro, con un esquema mucho más racional,
las provincias administren sus recursos y desaparezcan la
dependencia que nos lleva a estos conflictos permanentes, dijo,
al sostener que la descentralización será una solución a largo
plazo.
En el futuro, si se aprueba un esquema de descentralización, no
habrá este tipo de problemas, porque cada provincia será
responsable de lo suyo, caso contrario el drama de estos días se
prolongará por años.
Tras remarcar las razones que le llevaron al Gobierno a vetar el
proyecto que sobre la materia le envió el Congreso, Larreátegui
reiteró que el presidente de la República, a su retorno al país,
convocará a una comisión mixta integrada además por
representantes del Consorcio de Consejos Provinciales y los
municipios del país para buscar un proyecto de consenso.
Precisó que de parte del Gobierno no existen condiciones previas,
"salvo las necesarias de concepto", para elaborar ese proyecto,
agregó.
Al referirse a las responsabilidades que, a juicio del Gobierno
deberían estar a cargo de las administraciones seccionales,
Larreátegui dijo que ellas serían salud, educación, vialidad, que
podrían cumplirlas en forma más eficiente que el gobierno
central.
Para ello hay que adecuar las rentas para que cumplan con esos
objetivos y crear un esquema para que les permita a los gobiernos
seccionales reaccionar con rapidez y eficacia ante las
necesidades locales.
Precisó que la transferencia de fondos a municipios y consejos
provinciales sería directamente proporcional a las
responsabilidades que cumplan en el futuro y aclaró que el
Gobierno es partidario de buscar una alternativa para definir
cuales serían los ingresos que podrían ser transferidos, buscando
un equilibrio y en un esquema de consenso.
EJECUTIVO VETO PROYECTO ENVIADO POR PARLAMENTO
De otro lado, el Secretario de la administración informó que el
Ejecutivo vetó parcialmente una Ley de Reactivación del Austro,
que le envió el viernes el Parlamento.
Dijo que se trata de un proyecto que crea una serie de incentivos
tributarios, fiscales y de inversión para las empresas que
sufrieron daños como consecuencia del deslave en La Josefina.
El criterio del Gobierno es reconocer que esos incentivos son
necesarios, pero con su veto parcial lo que ha hecho es
asegurarse que esos beneficios vayan directamente a los
perjudicados y de eso no se aprovechen terceros, agregó.
Desgraciadamente en el proyecto original habia una redacción vaga
que posibilitaba que se introduzcan en los beneficios de él,
personas ajenas a la tragedia, explicó.
Agregó que el Ejecutivo también vetó la Ley de Desarrollo de la
Provincia de El Oro (FONDORO), para redistribuir las rentas en
una forma más equitativa, beneficiando particularmente a los
municipios pequeños.
El esquema del congreso era el siguiente: 55% para todos los
municipios, 20% para el municipio de Machala, exclusivamente; 25
por ciento para el consejo Provincial.
Nosotros hemos propuesto, agregó, el 60 por ciento para todos los
consejos municipales, un 20 por ciento para el Consejo Provincial
y un 20 por ciento para los consejo municipales, en función de la
población.
En cambio promulgó el Ejecutivo la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Manta, la autorización para que el ministerio
de Salud venda a la fundación Natura el predio Pilopata y una
ley que establece procedimientos especiales para la construccion
de carreteras en Guayas y Manabí. (8A)
anuncian las autoridades de Cotopaxi, responde a únicamente a
intereses partidistas, dijo a HOY el Secretario General de la
Administración, Carlos Larreátegui, al comentar los
acontecimientos de esa región del país, afectada por expresiones
de insatisfacción frente a las rentas que reciben del Gobierno.
El Ejecutivo se sentará a la mesa de diálogo con las autoridades
de Chimborazo, una vez que ellas hayan suspendido el paro de
actividades, enfatizó Larreátegui.
El Gobierno de ninguna manera ha cedido a las presiones de las
autoridades de Chimborazo que promovieron el paro de actividades
en esa provincia, puntualizó.
Se ha hablado de una tregua, pero el Gobierno no puede aceptar
una condición de esa naturaleza, porque esta es una lucha
política ilegítima, puesto que en ella se defiende únicamente los
intereses del MPD, al que pertenecen el alcalde de esa ciudad,
Carlos Castro, y la ex-diputada, María Eugenia Lima, agregó.
El objetivo final del paro es recuperar las partidas que asignó a
esa provincia la diputada María Eugenia Lima y eso es
inaceptable, reiteró.
Según el portavoz presidencial, todo lo que piden los dirigentes
del paro de chimborazo está en vias de solución.
El alcalde de Riobamba está exigiendo más fondos cuando tiene
recursos por 4.200 millones que no ha sabido utilizar por razones
que no me atrevería a calificar, señaló Larreátegui.
En todo caso, expresó, la negligencia del municipio de Riobamba
ha hecho que los dineros duerman, sin utilización alguna, lo cual
es inconsistente con la demanda de más dinero, afirmó.
El Secretario de la Administración aclaró que el Gobierno no ha
conversado con los dirigentes del paro, sino con el obispo de
Riobamba y otros miembros de un grupo de mediación, para
explicarle las acciones del Gobierno.
Larreátegui subrayó que con las autoridades de Riobamba,
promotoras del paro, no habrá conversaciones el próximo martes,
mientras no hayan dispuesto la conclusión del paro.
Sin embargo, dijo que el Gobierno esta dispuesto a tener
contactos con personas de buena voluntad como el obispo de
Riobamba y otras personas que interponen sus buenos oficios.
Al referirse a la amenaza de otro paro en Cotopaxi, manifestó que
esa provincia y la alcadía de Latacunga han sido atendidas como
en ningún otro gobierno.
A su juicio de Larreátegui, el problema de Cotopaxi radica en que
el alcalde de Latacunga ha reaccionado en forma violenta a la
decisión del Gobierno de construir el coliseo de esa ciudad a
través de DINADER y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y no
del municipio de esa ciudad.
Según el Secretario de la Administración, la actual actitud de la
primera autoridad de Latacunga se produce a pesar de que en la
sesión solemne del aniversario de la capital de Cotopaxi, afirmó
que no importaba quien construyera el coliseo.
Dijo que el Gobierno está en conversaciones con otras autoridades
de Cotopaxi y subrayó en que este movimiento también hay
motivaciones políticas "muy claras del alcalde de Latacunga",
aunque dijo creer que el paro anunciado, finalmente no llegará a
concretarse.
En el caso de la provincia de Sucumbíos, tampoco habrá ningún
paro, porque hemos estado dialogando intensamente con algunas
autoridades, aseguró.
Resaltó que en esa zona se están construyendo obras importantes
como la pavimentación y ampliación de los accesos a Lago Agrio y
la Vía Interoceánica, y se han entregado asignaciones importantes
a los municipios y al consejo provincial de esa región.
También esa provincia, en comparación con el pasado, ha sido
privilegiada por esta adminisitración, dijo.
DESCENTRALIZAR ES LA SOLUCION
Larreátegui sostuvo que hay causas estructurales en los paros que
se han producido en el país en las últimas semanas, pero anotó
que ellos han sido la "receta en los últimos 15 años" de
regímenes constitucionales.
Reconocemos que las necesidades de las provincias son infinitas y
no pueden ser satisfechas solo con la acción de este gobierno,
pero dentro de las limitaciones actuales hemos hecho todo lo que
está a nuestro alcance, agregó.
Esperamos que en el futuro, con un esquema mucho más racional,
las provincias administren sus recursos y desaparezcan la
dependencia que nos lleva a estos conflictos permanentes, dijo,
al sostener que la descentralización será una solución a largo
plazo.
En el futuro, si se aprueba un esquema de descentralización, no
habrá este tipo de problemas, porque cada provincia será
responsable de lo suyo, caso contrario el drama de estos días se
prolongará por años.
Tras remarcar las razones que le llevaron al Gobierno a vetar el
proyecto que sobre la materia le envió el Congreso, Larreátegui
reiteró que el presidente de la República, a su retorno al país,
convocará a una comisión mixta integrada además por
representantes del Consorcio de Consejos Provinciales y los
municipios del país para buscar un proyecto de consenso.
Precisó que de parte del Gobierno no existen condiciones previas,
"salvo las necesarias de concepto", para elaborar ese proyecto,
agregó.
Al referirse a las responsabilidades que, a juicio del Gobierno
deberían estar a cargo de las administraciones seccionales,
Larreátegui dijo que ellas serían salud, educación, vialidad, que
podrían cumplirlas en forma más eficiente que el gobierno
central.
Para ello hay que adecuar las rentas para que cumplan con esos
objetivos y crear un esquema para que les permita a los gobiernos
seccionales reaccionar con rapidez y eficacia ante las
necesidades locales.
Precisó que la transferencia de fondos a municipios y consejos
provinciales sería directamente proporcional a las
responsabilidades que cumplan en el futuro y aclaró que el
Gobierno es partidario de buscar una alternativa para definir
cuales serían los ingresos que podrían ser transferidos, buscando
un equilibrio y en un esquema de consenso.
EJECUTIVO VETO PROYECTO ENVIADO POR PARLAMENTO
De otro lado, el Secretario de la administración informó que el
Ejecutivo vetó parcialmente una Ley de Reactivación del Austro,
que le envió el viernes el Parlamento.
Dijo que se trata de un proyecto que crea una serie de incentivos
tributarios, fiscales y de inversión para las empresas que
sufrieron daños como consecuencia del deslave en La Josefina.
El criterio del Gobierno es reconocer que esos incentivos son
necesarios, pero con su veto parcial lo que ha hecho es
asegurarse que esos beneficios vayan directamente a los
perjudicados y de eso no se aprovechen terceros, agregó.
Desgraciadamente en el proyecto original habia una redacción vaga
que posibilitaba que se introduzcan en los beneficios de él,
personas ajenas a la tragedia, explicó.
Agregó que el Ejecutivo también vetó la Ley de Desarrollo de la
Provincia de El Oro (FONDORO), para redistribuir las rentas en
una forma más equitativa, beneficiando particularmente a los
municipios pequeños.
El esquema del congreso era el siguiente: 55% para todos los
municipios, 20% para el municipio de Machala, exclusivamente; 25
por ciento para el consejo Provincial.
Nosotros hemos propuesto, agregó, el 60 por ciento para todos los
consejos municipales, un 20 por ciento para el Consejo Provincial
y un 20 por ciento para los consejo municipales, en función de la
población.
En cambio promulgó el Ejecutivo la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Manta, la autorización para que el ministerio
de Salud venda a la fundación Natura el predio Pilopata y una
ley que establece procedimientos especiales para la construccion
de carreteras en Guayas y Manabí. (8A)
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