El acercamiento de las elecciones seccionales de octubre de 2004 podría triplicar las denuncias de supuestos actos de corrupción, según advierte Leonardo Viteri, presidente de la Asociación de Municipalidades (AME), pues dice que estas revelaciones tienen un componente político. En un informe de la Comisión Anticorrupción, el mayor porcentaje de denuncias corresponde a gobiernos locales
¿Los gobiernos seccionales son los "malos de la película" dentro de la gestión pública? El último informe de labores de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) los registra con el porcentaje más alto (12%) del total de 646 denuncias tramitadas por esa instancia de fiscalización, del año 1997 al 2003.
Según el reporte de la Comisión, lo que pasa en los gobiernos locales, de forma particular en los Municipios, sería solo comparable en materia de corrupción con lo que sucede en la Función Judicial (11%), en donde (ver notas adjuntas) han terminado de desvanecerse las denuncias contra los organismos seccionales, que revelan las más variadas formas de "malos manejos".
Pero ¿qué explica que exista un alto nivel de deterioro institucional cuando por otro lado se destaca que la tarea de ciertos municipios, como los de Guayaquil y Quito, podría en algún momento relegar a la gestión del gobierno central?
Por lo pronto, existe una explicación a partir de las desigualdades que existen entre los municipios de las ciudades pequeñas con respecto de los grandes centros urbanos que tienen mayores ingresos y posibilidades de inversión.
Para César Montúfar, de Participación Ciudadana, esto es una realidad inobjetable de los últimos 10 años al registrarse un cambio dramático en el Estado, cuando se registra un crecimiento en inversión, a través de los municipios, del 20% al 50%, debido a un proceso de descentralización acelerado.
No obstante, ese cambio tiene sus desniveles, por cuanto no todos los municipios han asimilado ese proceso, sobre todo en gobiernos locales pequeños o aquellos sometidos a fuertes presiones políticas. Municipios que serían víctimas de sus propias ineficiencias y se verían abocados a las urgencias, pago de sueldos y planillas atrasadas, a manejos económicos y financieros por el filo de la ley y, eventualmente, a traspasar esos límites cuando existen recursos no presupuestados, como sucedió en 2001, cuando se denunció el manejo de "partidas extras" con el ministro Carlos Julio Emanuel.
Según Montúfar, esos cambios dramáticos proponen dos retos: promover el crecimiento administrativo de los organismos seccionales y fortalecer la capacidad de regulación. A eso llama el surgimiento de una cultura de administración pública diferente, no centralista, que combine espacios de control y participación ciudadana.
Leonardo Viteri, presidente de la Asociación de Municipalidades (AME), admite las posibilidades de "malos manejos" en la administración local, aunque cuestiona la validez de los informes de la CCCC, al señalar que la mayoría tiene motivaciones políticas. "Las ciudades pequeñas son los mejores sensores de lo que pasa con los recursos, puesto que son espacios reducidos, todo el mundo se conoce y sabe de las responsabilidades de las autoridades: la transferencia de fondos es acontecimiento público", dice.
En último caso, para Viteri, los problemas en los gobiernos locales deben ser entendidos desde una perspectiva del cometimiento de "errores administrativos", no tanto de la acción dolosa premeditada, lo que puede explicar varias de las denuncias en la CCCC.
De ser así, se explicarían también las conductas asistencialistas que hacen que el rol de municipios como los de Guayaquil y Quito sean la excepción, no la regla: depender de las rentas del Gobierno central. Esto ha quedado de manifiesto en las paralizaciones de las últimas semanas, que obligarán al Ministerio de Economía a echar algunas cartas para frenar las presiones ante la falta de liquidez y cumplir con las transferencias.
Los problemas permitieron a esa Cartera delatar a los "municipios morosos" en la entrega oportuna de sus justificativos, un trámite obligatorio como lo establece la Ley de Transparencia Fiscal.
Un informe de la Tesorería de la Nación sobre las transferencias para municipios de los fondos señalados en la Ley del 15%, cortado al 20 de enero de 2004, muestra que 37 municipios no presentaron los justificativos, ante lo cual se retuvieron los recursos. La mayoría incumplió el reporte de diciembre de 2003, pero hay casos, como del cantón Huaca (Carchi) que experimentaba retrasos de ocho meses, o el de Sucumbíos, con seis meses sin entregar los balances económicos.
Esa falla administrativa fue elocuente con la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por parte de la AME en contra de la Ley de Transparencia Fiscal, que esteblece que los reportes deben realizarse hasta 15 días después de la fecha establecida. El Tribunal Constitucional (TC) negó ese pedido la semana pasada.
Para algunos analistas, las amenazas de paralización están motivadas (legítimamente o no) por la necesidad de dar atención a compromisos de pagos pendientes, como sueldos y planillas (una demora histórica), y las urgencias de obra pública de final de período; este es un punto clave a la hora de afrontar las elecciones seccionales, que en este caso se realizarán en octubre.
Y las expectativas son muy importantes: según informes provenientes de la propia AME, existe la intención de al menos 150 alcaldes, de un total de 219 de todo el país, de ir a la reelección.
Para los municipios fuertes, la promoción no es preocupación mayor, pues varios proyectos están en la última fase, lo que alimenta la proyección electoral. El problema de armar una propuesta política con déficit de obra pública y atrasos en pagos es para los alcaldes de cantones pequeños.
Algunos sectores se pusieron a buen recaudo para asegurarse recursos u obra directa que les sirvan como apoyo en tiempos de campaña. El caso más evidente es el plan de vivienda popular promovido por el ex diputado roldosista Víctor Hugo Sicouret y el ministro de la Vivienda, Bruno Poggi (militante activo del PRE).
Esta propuesta fue recibida con regocijo por muchos alcaldes bucaramistas. (LB)
Los burgomaestres enjuiciados quieren ser reelegidos este año
La mayoría de infracciones investigadas tienen que ver con el mal uso de fondos públicoss
Ninguno de los cuestionamientos de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) a la labor de varios alcaldes ha tenido sanción o pena de las autoridades, en tanto muchos de ellos anuncian su reelección.
Contra el alcalde de Buena Fe, Los Ríos, Patricio Mendoza, pesa la orden de prisión dictada por la Segunda Sala de la Corte de Justicia de Babahoyo, que acogió un informe de la CCCC. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito.
Mendoza aparece como propietario de 19 inmuebles valorados en $3 775 000; de 15 vehículos con un costo de $535 mil; tiene una cuenta bancaria con depósitos por $4 225 700 y una de ahorros con un saldo de $422 965. No hizo la declaración patrimonial juramentada. Atribuye las acusaciones a una persecución del Movimiento Popular Democrático. Apeló la orden de prisión dictada por los jueces de Babahoyo.
En igual situación se encuentran los alcaldes de los cantones manabitas Jipijapa (Víctor Lucio), Puerto López (Víctor Plúa), Montecristi (Washington Andrade), Olmedo (Vicente Mieles) y Rocafuerte (Pacífico Zambrano).
En la administración de Gustavo Noboa, el ministro de Salud, Patricio Jamriska, entregó $3 millones a esos alcaldes para realizar "fumigaciones". La Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en contra de los imputados y remitió el expediente a la Fiscalía. La ministra fiscal en Manabí, Genoveva Cevallos, inició la indagación el 16 de enero de 2003, pero por no haber mérito desestimó la denuncia de la Contraloría y pidió a la Corte Superior de Justicia archivar la causa. El 4 de marzo de 2004, Luis Gencón, director regional de la Contraloría en Manabí, solicitó la reapertura de la indagatoria a la Fiscalía.
En Quinindé, Esmeraldas, el Municipio afronta ocho juicios civiles administrativos, por deudas pendientes y por pago con cheques sin fondos. Los acreedores acusan al alcalde Patricio López Reasco. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia a favor de tres acreedores, y ordenó el pago de $45 mil de las alícuotas que recibe el Municipio por asignaciones del Estado.
Al alcalde de Chone, Eliécer Bravo Andrade, la CCCC, el 5 de noviembre de 2003, lo acusó de adjudicar ilícitamente contratos de varias obras y burlar los procedimientos legales. El juicio penal fue archivado por el presidente de la Corte de Justicia de Portoviejo, Abel Alava, el 14 de abril de 2004, por pedido de la ministra fiscal distrital de Manabí, Genoveva Cevallos. Ella consideró que en el proceso se cumplieron las normas legales.
El alcalde de Atacames, Galo Sánchez, enfrenta un juicio penal. La CCCC lo acusa de vender terrenos municipales sin el consentimiento del Concejo. (AM)
"No puedo poner las manos al fuego por los 219 alcaldes"
Leonardo Viteri defiende la gestión de los municipios. Dice que en las denuncias de la CCCC hay tintes políticos
La mayoría de denuncias en la CCCC son de municipios. ¿Qué dice el gremio?
Si hay un espacio democrático y transparente de administración pública, son los municipios. No puedo meter las manos al fuego por los 219 alcaldes del país. En las comunidades pequeñas todo se sabe: cuando llegan fondos, todos se enteran. Además, porque eso dinamiza la economía local.
Y ¿cuál es el problema?
La CCCC debe analizar el origen de las denuncias y no dar respuestas ambiguas como ha hecho en muchos casos; comete errores, aceptando y legalizando temas que por lo general vienen de descalificados. Las pasiones políticas en pueblos pequeños hacen que cualquier persona se crea con derecho a denunciar. Este año se podrían triplicar los casos.
¿Los informes de la CCCC tienen tinte político?
Sí. Tal como lo hace la Contraloría, la CCCC debería hacer una profilaxis. La idea no es que sancione, sino que ayude a prevenir. Celebro que haya productos que transparentan los procesos de contratación. El Contratanet es uno.
¿Y qué aportan a eso los municipios?
Los alcaldes nos hemos convertido en tecnopolíticos, con capacitación permanente. Además, rendimos cuentas en público; en mi caso, semestral y anualmente.
¿Cuántas alcaldías acogieron el convenio AME-CCCC para crear veedurías?
La mayoría. Es más, la AME ha iniciado con la CCCC, la Contraloría y Transparencia Internacional un trabajo para transparentar el accionar.
¿El desconocimiento justifica que se cometan errores o irregularidades?
Eso no exime de pecado. En muchas ocasiones, quienes cometen errores son los jefes de departamentales. Y puede haber ineficiencia y negligencia.
En días del ministro Emanuel se dijo que se especializó la corrupción...
Si se hubiera cumplido con el 15%, tenga la certeza de que hubiera sido más difícil cometer un acto de corrupción marco como se hizo entonces. (LB)
LA FICHA
Médico de profesión. Alcalde del cantón Sucre (Bahía de Caráquez), provincia de Manabí. Presidente de la Asociación de Municipalidades (AME).
El triángulo perfecto es: fuente, administrador y tramitadores
El modus operandi para la consecución de recursos se repite en la acción de varios cabildos
Los municipios se han puesto en el centro de la atención no solo por el número de casos de actos de corrupción y abusos, sino por las formas más variadas e "imaginativas" del manejo local. Un hecho emblemático se vivió en 2001 cuando se transfirieron a varios cabildos fondos extrapresupuestarios por más de $200 millones, durante la gestión del ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel.
Se dijo mucho sobre los malos manejos, pero hasta hoy no hay un fallo judicial que ratificara esas denuncias.
A escala local, la situación es más compleja, como admitió una fuente de la Comisión Anticorrupción, pues los recursos se manejaron con "total discreción". Por ejemplo, la existencia de un sistema especializado en corrupción, pero no reconocido.
Esta operación consistía en una triangulación entre el administrador local, el tramitador de la partida con influencia política (diputado u otro agente) y la fuente (el Ministerio de Economía). Para eludir la responsabilidad por tráfico de influencias, el administrador local solicitaba la partida de manera directa y se contrataban varias obras con contratistas privados. Ellos se encargaban de comprar los materiales y alquilar maquinaria en tiendas vinculadas con el tramitador. El beneficio económico radicaba en la diferencia entre el precio real y esos gastos, excesivamente sobrevalorados.
Generalmente, "la partida extra" se dividía en varios proyectos con costos inferiores a $110 mil, con lo cual se eludían los procesos de licitación. Así, el adoquinado de una cuadra costó hasta $75 mil.
Otro hecho considerado emblemático es la denuncia de la Contraloría por la transferencia de fondos públicos municipales de Tena a favor de la Unidad Educativa Particular Amazónica, regentada por la Fundación Amazónica, durante el período 1996-2000.
El análisis final del organismo de control determinó la presentación de documentos adulterados de nóminas de maestros y nombres de estudiantes inexistentes, con lo cual se legalizó a ese centro educativo. Según la Contraloría, en los cuatro años se transfirieron más de 4 mil millones de sucres. El caso está en manos de la Fiscalía: se investiga al ex alcalde Alex Hurtado, quien alegó que el informe fue fraguado con intereses políticos, lo que revierte la acusación a Contraloría.
Otro hecho curioso en la gestión seccional es el descubierto por la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, que habla de la supuesta venta de calles en el balneario de Tonsupa, en el cantón Atacames, lo que ha generado un litigio entre varios propietarios que reclaman como suyos los mismos espacios públicos. (LB)
GOBIERNOS SECCIONALES EN APUROS
5 de octubre de 2000.- La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) entregó la documentación a la Fiscalía por una presunta adquisición irregular de bienes por parte del Municipio de Muisne y se cuestionó al alcalde Fernando Buchelli, quien -durante varios meses- despachó desde fuera de la municipalidad, ante la presión de un sector de la población que pedía su salida.
13 de diciembre de 2000.- La CCCC pidió a la Fiscalía que ejerciera la acción penal contra el ex alcalde de Pedro Vicente Maldonado, Héctor Borja Burbano, al hallar indicios de concusión en la suscripción de siete contratos para el lastrado de los caminos vecinales.
28 de diciembre de 2000.- La Procuraduría señaló el incumplimiento de los requisitos legales en el convenio entre el Municipio de Tena, en la administración de Alex Hurtado Borbúa, y la Fundación Amazónica (Funama), que permitió la entrega de recursos del Fondo de Solidaridad a un centro escolar privado. La CCCC denunció el abuso de fondos. La Fiscalía indaga actualmente al ex alcalde por la transferencia de fondos en el período 1996-2000.
15 de febrero de 2001.- La CCCC encontró indicios de adjudicación ilegal de un terreno municipal por parte del ex alcalde de Atacames, Dóvier Aparicio y otros. Este es el único caso tramitado por la CCCC, sobre organismos seccionales, que llegó a juicio y a una etapa de sentencia. Pero el fallo final favoreció con la absolución a los implicados.
10 de mayo de 2001.- La CCCC pidió iniciar acciones administrativas en contra del alcalde de Macas, Washington Vallejo, por existir un juicio en su contra por estafa y supuestas irregularidades cuando fue jefe del Registro Civil.
21 de junio de 2001.- La Contraloría recibió el reporte del incremento excesivo de personal en el Municipio de Portoviejo. Se responsabilizó de un posible "piponazgo" al ex alcalde, Guido Alava, y al actual, Alberto Lara.
22 de agosto de 2002.- La CCCC ubicó responsabilidades de personeros de Municipio de Salinas en la adjudicación y el remate de un terreno de la empresa Petrópolis. El caso se ventila en los juzgados civiles de la provincia de Guayas, dentro de un juicio por supuesto delito de colusión.
Fines de 2002.- En la Corte de Justicia de Tena se dictó el sobreseimiento definitivo en favor del prefecto de Orellana, Daniel Lozada. Con eso, el funcionario dejó la clandestinidad que mantuvo meses antes, luego del informe acusatorio del fiscal y de una orden de prisión preventiva. La acusación fue presentada por la Contraloría tras las denuncias de un diputado por el supuesto abuso de fondos de la Prefectura. Actualmente, al prefecto de Sucumbíos, Luis Bermeo, se le sigue una causa por un supuesto manejo irregular de fondos.
10 de junio de 2003.- El destino del Prefecto de Chimborazo, Alfonso Burbano, es incierto, luego de la orden de prisión preventiva dictada por el presidente de la Corte Superior de Riobamba, en un proceso iniciado por supuestas compras fraudulentas realizadas por esa entidad. El problema fue detectado por la Contraloría.
6 de abril de 2004.- Una turba incendió la casa del alcalde de Arajuno, Ventura Calapucha, quien es acusado por Contraloría de un supuesto peculado. Antes el Ministerio envió un interventor. (BLANCO Y NEGRO)
¿Los gobiernos seccionales son los "malos de la película" dentro de la gestión pública? El último informe de labores de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) los registra con el porcentaje más alto (12%) del total de 646 denuncias tramitadas por esa instancia de fiscalización, del año 1997 al 2003.
Según el reporte de la Comisión, lo que pasa en los gobiernos locales, de forma particular en los Municipios, sería solo comparable en materia de corrupción con lo que sucede en la Función Judicial (11%), en donde (ver notas adjuntas) han terminado de desvanecerse las denuncias contra los organismos seccionales, que revelan las más variadas formas de "malos manejos".
Pero ¿qué explica que exista un alto nivel de deterioro institucional cuando por otro lado se destaca que la tarea de ciertos municipios, como los de Guayaquil y Quito, podría en algún momento relegar a la gestión del gobierno central?
Por lo pronto, existe una explicación a partir de las desigualdades que existen entre los municipios de las ciudades pequeñas con respecto de los grandes centros urbanos que tienen mayores ingresos y posibilidades de inversión.
Para César Montúfar, de Participación Ciudadana, esto es una realidad inobjetable de los últimos 10 años al registrarse un cambio dramático en el Estado, cuando se registra un crecimiento en inversión, a través de los municipios, del 20% al 50%, debido a un proceso de descentralización acelerado.
No obstante, ese cambio tiene sus desniveles, por cuanto no todos los municipios han asimilado ese proceso, sobre todo en gobiernos locales pequeños o aquellos sometidos a fuertes presiones políticas. Municipios que serían víctimas de sus propias ineficiencias y se verían abocados a las urgencias, pago de sueldos y planillas atrasadas, a manejos económicos y financieros por el filo de la ley y, eventualmente, a traspasar esos límites cuando existen recursos no presupuestados, como sucedió en 2001, cuando se denunció el manejo de "partidas extras" con el ministro Carlos Julio Emanuel.
Según Montúfar, esos cambios dramáticos proponen dos retos: promover el crecimiento administrativo de los organismos seccionales y fortalecer la capacidad de regulación. A eso llama el surgimiento de una cultura de administración pública diferente, no centralista, que combine espacios de control y participación ciudadana.
Leonardo Viteri, presidente de la Asociación de Municipalidades (AME), admite las posibilidades de "malos manejos" en la administración local, aunque cuestiona la validez de los informes de la CCCC, al señalar que la mayoría tiene motivaciones políticas. "Las ciudades pequeñas son los mejores sensores de lo que pasa con los recursos, puesto que son espacios reducidos, todo el mundo se conoce y sabe de las responsabilidades de las autoridades: la transferencia de fondos es acontecimiento público", dice.
En último caso, para Viteri, los problemas en los gobiernos locales deben ser entendidos desde una perspectiva del cometimiento de "errores administrativos", no tanto de la acción dolosa premeditada, lo que puede explicar varias de las denuncias en la CCCC.
De ser así, se explicarían también las conductas asistencialistas que hacen que el rol de municipios como los de Guayaquil y Quito sean la excepción, no la regla: depender de las rentas del Gobierno central. Esto ha quedado de manifiesto en las paralizaciones de las últimas semanas, que obligarán al Ministerio de Economía a echar algunas cartas para frenar las presiones ante la falta de liquidez y cumplir con las transferencias.
Los problemas permitieron a esa Cartera delatar a los "municipios morosos" en la entrega oportuna de sus justificativos, un trámite obligatorio como lo establece la Ley de Transparencia Fiscal.
Un informe de la Tesorería de la Nación sobre las transferencias para municipios de los fondos señalados en la Ley del 15%, cortado al 20 de enero de 2004, muestra que 37 municipios no presentaron los justificativos, ante lo cual se retuvieron los recursos. La mayoría incumplió el reporte de diciembre de 2003, pero hay casos, como del cantón Huaca (Carchi) que experimentaba retrasos de ocho meses, o el de Sucumbíos, con seis meses sin entregar los balances económicos.
Esa falla administrativa fue elocuente con la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por parte de la AME en contra de la Ley de Transparencia Fiscal, que esteblece que los reportes deben realizarse hasta 15 días después de la fecha establecida. El Tribunal Constitucional (TC) negó ese pedido la semana pasada.
Para algunos analistas, las amenazas de paralización están motivadas (legítimamente o no) por la necesidad de dar atención a compromisos de pagos pendientes, como sueldos y planillas (una demora histórica), y las urgencias de obra pública de final de período; este es un punto clave a la hora de afrontar las elecciones seccionales, que en este caso se realizarán en octubre.
Y las expectativas son muy importantes: según informes provenientes de la propia AME, existe la intención de al menos 150 alcaldes, de un total de 219 de todo el país, de ir a la reelección.
Para los municipios fuertes, la promoción no es preocupación mayor, pues varios proyectos están en la última fase, lo que alimenta la proyección electoral. El problema de armar una propuesta política con déficit de obra pública y atrasos en pagos es para los alcaldes de cantones pequeños.
Algunos sectores se pusieron a buen recaudo para asegurarse recursos u obra directa que les sirvan como apoyo en tiempos de campaña. El caso más evidente es el plan de vivienda popular promovido por el ex diputado roldosista Víctor Hugo Sicouret y el ministro de la Vivienda, Bruno Poggi (militante activo del PRE).
Esta propuesta fue recibida con regocijo por muchos alcaldes bucaramistas. (LB)
Los burgomaestres enjuiciados quieren ser reelegidos este año
La mayoría de infracciones investigadas tienen que ver con el mal uso de fondos públicoss
Ninguno de los cuestionamientos de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) a la labor de varios alcaldes ha tenido sanción o pena de las autoridades, en tanto muchos de ellos anuncian su reelección.
Contra el alcalde de Buena Fe, Los Ríos, Patricio Mendoza, pesa la orden de prisión dictada por la Segunda Sala de la Corte de Justicia de Babahoyo, que acogió un informe de la CCCC. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito.
Mendoza aparece como propietario de 19 inmuebles valorados en $3 775 000; de 15 vehículos con un costo de $535 mil; tiene una cuenta bancaria con depósitos por $4 225 700 y una de ahorros con un saldo de $422 965. No hizo la declaración patrimonial juramentada. Atribuye las acusaciones a una persecución del Movimiento Popular Democrático. Apeló la orden de prisión dictada por los jueces de Babahoyo.
En igual situación se encuentran los alcaldes de los cantones manabitas Jipijapa (Víctor Lucio), Puerto López (Víctor Plúa), Montecristi (Washington Andrade), Olmedo (Vicente Mieles) y Rocafuerte (Pacífico Zambrano).
En la administración de Gustavo Noboa, el ministro de Salud, Patricio Jamriska, entregó $3 millones a esos alcaldes para realizar "fumigaciones". La Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en contra de los imputados y remitió el expediente a la Fiscalía. La ministra fiscal en Manabí, Genoveva Cevallos, inició la indagación el 16 de enero de 2003, pero por no haber mérito desestimó la denuncia de la Contraloría y pidió a la Corte Superior de Justicia archivar la causa. El 4 de marzo de 2004, Luis Gencón, director regional de la Contraloría en Manabí, solicitó la reapertura de la indagatoria a la Fiscalía.
En Quinindé, Esmeraldas, el Municipio afronta ocho juicios civiles administrativos, por deudas pendientes y por pago con cheques sin fondos. Los acreedores acusan al alcalde Patricio López Reasco. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia a favor de tres acreedores, y ordenó el pago de $45 mil de las alícuotas que recibe el Municipio por asignaciones del Estado.
Al alcalde de Chone, Eliécer Bravo Andrade, la CCCC, el 5 de noviembre de 2003, lo acusó de adjudicar ilícitamente contratos de varias obras y burlar los procedimientos legales. El juicio penal fue archivado por el presidente de la Corte de Justicia de Portoviejo, Abel Alava, el 14 de abril de 2004, por pedido de la ministra fiscal distrital de Manabí, Genoveva Cevallos. Ella consideró que en el proceso se cumplieron las normas legales.
El alcalde de Atacames, Galo Sánchez, enfrenta un juicio penal. La CCCC lo acusa de vender terrenos municipales sin el consentimiento del Concejo. (AM)
"No puedo poner las manos al fuego por los 219 alcaldes"
Leonardo Viteri defiende la gestión de los municipios. Dice que en las denuncias de la CCCC hay tintes políticos
La mayoría de denuncias en la CCCC son de municipios. ¿Qué dice el gremio?
Si hay un espacio democrático y transparente de administración pública, son los municipios. No puedo meter las manos al fuego por los 219 alcaldes del país. En las comunidades pequeñas todo se sabe: cuando llegan fondos, todos se enteran. Además, porque eso dinamiza la economía local.
Y ¿cuál es el problema?
La CCCC debe analizar el origen de las denuncias y no dar respuestas ambiguas como ha hecho en muchos casos; comete errores, aceptando y legalizando temas que por lo general vienen de descalificados. Las pasiones políticas en pueblos pequeños hacen que cualquier persona se crea con derecho a denunciar. Este año se podrían triplicar los casos.
¿Los informes de la CCCC tienen tinte político?
Sí. Tal como lo hace la Contraloría, la CCCC debería hacer una profilaxis. La idea no es que sancione, sino que ayude a prevenir. Celebro que haya productos que transparentan los procesos de contratación. El Contratanet es uno.
¿Y qué aportan a eso los municipios?
Los alcaldes nos hemos convertido en tecnopolíticos, con capacitación permanente. Además, rendimos cuentas en público; en mi caso, semestral y anualmente.
¿Cuántas alcaldías acogieron el convenio AME-CCCC para crear veedurías?
La mayoría. Es más, la AME ha iniciado con la CCCC, la Contraloría y Transparencia Internacional un trabajo para transparentar el accionar.
¿El desconocimiento justifica que se cometan errores o irregularidades?
Eso no exime de pecado. En muchas ocasiones, quienes cometen errores son los jefes de departamentales. Y puede haber ineficiencia y negligencia.
En días del ministro Emanuel se dijo que se especializó la corrupción...
Si se hubiera cumplido con el 15%, tenga la certeza de que hubiera sido más difícil cometer un acto de corrupción marco como se hizo entonces. (LB)
LA FICHA
Médico de profesión. Alcalde del cantón Sucre (Bahía de Caráquez), provincia de Manabí. Presidente de la Asociación de Municipalidades (AME).
El triángulo perfecto es: fuente, administrador y tramitadores
El modus operandi para la consecución de recursos se repite en la acción de varios cabildos
Los municipios se han puesto en el centro de la atención no solo por el número de casos de actos de corrupción y abusos, sino por las formas más variadas e "imaginativas" del manejo local. Un hecho emblemático se vivió en 2001 cuando se transfirieron a varios cabildos fondos extrapresupuestarios por más de $200 millones, durante la gestión del ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel.
Se dijo mucho sobre los malos manejos, pero hasta hoy no hay un fallo judicial que ratificara esas denuncias.
A escala local, la situación es más compleja, como admitió una fuente de la Comisión Anticorrupción, pues los recursos se manejaron con "total discreción". Por ejemplo, la existencia de un sistema especializado en corrupción, pero no reconocido.
Esta operación consistía en una triangulación entre el administrador local, el tramitador de la partida con influencia política (diputado u otro agente) y la fuente (el Ministerio de Economía). Para eludir la responsabilidad por tráfico de influencias, el administrador local solicitaba la partida de manera directa y se contrataban varias obras con contratistas privados. Ellos se encargaban de comprar los materiales y alquilar maquinaria en tiendas vinculadas con el tramitador. El beneficio económico radicaba en la diferencia entre el precio real y esos gastos, excesivamente sobrevalorados.
Generalmente, "la partida extra" se dividía en varios proyectos con costos inferiores a $110 mil, con lo cual se eludían los procesos de licitación. Así, el adoquinado de una cuadra costó hasta $75 mil.
Otro hecho considerado emblemático es la denuncia de la Contraloría por la transferencia de fondos públicos municipales de Tena a favor de la Unidad Educativa Particular Amazónica, regentada por la Fundación Amazónica, durante el período 1996-2000.
El análisis final del organismo de control determinó la presentación de documentos adulterados de nóminas de maestros y nombres de estudiantes inexistentes, con lo cual se legalizó a ese centro educativo. Según la Contraloría, en los cuatro años se transfirieron más de 4 mil millones de sucres. El caso está en manos de la Fiscalía: se investiga al ex alcalde Alex Hurtado, quien alegó que el informe fue fraguado con intereses políticos, lo que revierte la acusación a Contraloría.
Otro hecho curioso en la gestión seccional es el descubierto por la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, que habla de la supuesta venta de calles en el balneario de Tonsupa, en el cantón Atacames, lo que ha generado un litigio entre varios propietarios que reclaman como suyos los mismos espacios públicos. (LB)
GOBIERNOS SECCIONALES EN APUROS
5 de octubre de 2000.- La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) entregó la documentación a la Fiscalía por una presunta adquisición irregular de bienes por parte del Municipio de Muisne y se cuestionó al alcalde Fernando Buchelli, quien -durante varios meses- despachó desde fuera de la municipalidad, ante la presión de un sector de la población que pedía su salida.
13 de diciembre de 2000.- La CCCC pidió a la Fiscalía que ejerciera la acción penal contra el ex alcalde de Pedro Vicente Maldonado, Héctor Borja Burbano, al hallar indicios de concusión en la suscripción de siete contratos para el lastrado de los caminos vecinales.
28 de diciembre de 2000.- La Procuraduría señaló el incumplimiento de los requisitos legales en el convenio entre el Municipio de Tena, en la administración de Alex Hurtado Borbúa, y la Fundación Amazónica (Funama), que permitió la entrega de recursos del Fondo de Solidaridad a un centro escolar privado. La CCCC denunció el abuso de fondos. La Fiscalía indaga actualmente al ex alcalde por la transferencia de fondos en el período 1996-2000.
15 de febrero de 2001.- La CCCC encontró indicios de adjudicación ilegal de un terreno municipal por parte del ex alcalde de Atacames, Dóvier Aparicio y otros. Este es el único caso tramitado por la CCCC, sobre organismos seccionales, que llegó a juicio y a una etapa de sentencia. Pero el fallo final favoreció con la absolución a los implicados.
10 de mayo de 2001.- La CCCC pidió iniciar acciones administrativas en contra del alcalde de Macas, Washington Vallejo, por existir un juicio en su contra por estafa y supuestas irregularidades cuando fue jefe del Registro Civil.
21 de junio de 2001.- La Contraloría recibió el reporte del incremento excesivo de personal en el Municipio de Portoviejo. Se responsabilizó de un posible "piponazgo" al ex alcalde, Guido Alava, y al actual, Alberto Lara.
22 de agosto de 2002.- La CCCC ubicó responsabilidades de personeros de Municipio de Salinas en la adjudicación y el remate de un terreno de la empresa Petrópolis. El caso se ventila en los juzgados civiles de la provincia de Guayas, dentro de un juicio por supuesto delito de colusión.
Fines de 2002.- En la Corte de Justicia de Tena se dictó el sobreseimiento definitivo en favor del prefecto de Orellana, Daniel Lozada. Con eso, el funcionario dejó la clandestinidad que mantuvo meses antes, luego del informe acusatorio del fiscal y de una orden de prisión preventiva. La acusación fue presentada por la Contraloría tras las denuncias de un diputado por el supuesto abuso de fondos de la Prefectura. Actualmente, al prefecto de Sucumbíos, Luis Bermeo, se le sigue una causa por un supuesto manejo irregular de fondos.
10 de junio de 2003.- El destino del Prefecto de Chimborazo, Alfonso Burbano, es incierto, luego de la orden de prisión preventiva dictada por el presidente de la Corte Superior de Riobamba, en un proceso iniciado por supuestas compras fraudulentas realizadas por esa entidad. El problema fue detectado por la Contraloría.
6 de abril de 2004.- Una turba incendió la casa del alcalde de Arajuno, Ventura Calapucha, quien es acusado por Contraloría de un supuesto peculado. Antes el Ministerio envió un interventor. (BLANCO Y NEGRO)
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