El Fondo de Solidaridad autoriza a siete empresas eléctricas del Fondo de Solidaridad a suscribir los contratos de compra venta de energía, seia días antes de que finalizara el plazo para la presentación de ofertas en el marco del concurso convocado para el efecto.
El 27 de mayo de 2003, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de la primera disposición transitoria del reglamento sobre Control de Abusos de Posiciones Monopólicas en el Sector Eléctrico, dictado por el ex presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano.
Esta señalaba que las regulaciones antimonopólicas, que exigen concursos públicos para la compra venta de energía, no serían aplicables a las empresas en del Fondo de Solidaridad, con lo cual la reglamentación quedaba sin sustento práctico.
Así se establecieron "diferencias que contrarían el espíritu del sistema de economía social de mercado, previsto en el artículo 244 de la Constitución y en el artículo 26 de la Ley del Sector Eléctrico", según el TC.
La vigencia de esa norma permitió firmar contratos de compra venta de energía entre la compañía generadora Termoriente y siete empresas de distribución eléctrica pertenecientes al Fondo de Solidaridad: Cotopaxi, Manabí, Santo Domingo, Guayas-Los Ríos, Sucumbíos, Santa Elena y El Oro, cuya legalidad está en entredicho, de acuerdo con la resolución del Tribunal, la cual, pese a establecer la inconstitucionalidad de la transitoria, no causa efecto retroactivo.
Los contratos aseguran la compra de energía por 10 años (entre 2004 y 2014) a la generadora privada Termoriente, que utiliza como combustible residuos de petróleo, una energía más cara que la hidroeléctrica, señalaron ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional.
¿Cómo se desarrolló el proceso? El decreto de Noboa entró en vigencia el 10 de septiembre de 2001 y 14 días después las distribuidoras convocaron a un concurso privado (las bases decían que era público) de compra venta de energía, para la provisión de 2 119 767 megavatios-hora (mW/h) anuales, cantidad que Termoriente había ofertado a estas empresas en comunicaciones de 22 y 24 de mayo de ese año.
Para el 13 de julio, las siete compradoras se dirigieron al entonces gerente del Fondo de Solidaridad, Luis Burbano, planteando la adquisición de energía a Termoriente.
Aunque también se cursaron invitaciones a otras empresas, estas estaban incapacitadas de participar porque tienen comprometida la totalidad de su energía en contratos de largo plazo, pero no se llamó a Machala Power ni a otras firmas que se han comprometido a desarrollar plantas de generación mediante la entrega de garantías; tampoco se convocó a generadores de Colombia y Perú, señalaba en enero de 2002 el ministro de Energía de esa época, Pablo Terán.
A todas las convocadas se les concedieron nueve días de plazo para manifestar su interés por participar en el concurso. Una de ellas, Electroquil, contestó que no era un tiempo suficiente. Así fue como únicamente se presentó Termoriente, cuya razón social en ese tiempo era Wartsila Development and Financial Service Inc. (WDFS).
En los términos de referencia del concurso constaba como fecha límite para la presentación de propuestas el 29 de noviembre de 2001, a las 15:00, luego una comisión técnica tenía que analizarlas y este resultado debía ser conocido por las juntas generales de socios de las empresas compradoras, que, a su vez, tenían tres días para adjudicar.
Un mes antes de que se cumpliera el procedimiento señalado, el Directorio de la Empresa Eléctrica Cotopaxi emitió la resolución 058-2001 que autorizaba al gerente a suscribir el contrato con Termoriente. Luego, el 14 de noviembre (15 días antes de que se venciera el plazo de presentación de ofertas) aprobó que se firmara la compra venta de energía con la indicada generadora.
Adicionalmente, el Directorio del Fondo de Solidaridad, en sesión del 20 de noviembre (aún no finalizaba el plazo de presentación de ofertas), autorizó a suscribir contratos con Termoriente a las eléctricas El Oro, Sucumbíos, Santo Domingo, Manabí, Guayas-Los Ríos, Santa Elena y Cotopaxi. Esto se cumplió el 23 de noviembre de 2001, cuando se hallaba vigente el período de entrega de propuestas.
Terán cuestiona contratos
En una presentación efectuada el 4 de enero de 2002 ante el entonces vicepresidente de la República, Pedro Pinto, el ministro de Energía, Pablo Terán, señalaba que "el volumen de energía contratada es 6% superior a la comprometida por Termoriente en su contrato de concesión".
Puntualizaba que la energía contratada "representa el 71,75% de la demandada por las siete distribuidoras en 2004 y el 53% de la demandada en 2010", e incluía varias observaciones al proceso precontractual.
Esto obligó a variar los términos de los contratos, que se firmaron definitivamente entre el 2 y 4 de febrero de 2002, sin que a juicio del Ministerio de Energía los cambios hayan sido sustanciales, como se indicará más adelante. (AA)
Primero se constituye y luego obtiene la licencia
La autorización fue otorgada varios días después de la delegación
La compañía Termoriente C. Ltda. tiene como antecesoras a Wartsila Power Development, que luego cambió su nombre a Wartsila NSD Power Development Inc. y finalmente a Wartsila Development and Financial Services Inc. (WDFS).
En un decreto publicado el 10 de agosto de 1996, durante el último día de Gobierno de Sixto Durán Ballén, se concedió a Wartsila un permiso "para que proceda a instalar y operar una planta de generación termoeléctrica con un promedio anual de capacidad de hasta 270 mW, que será ubicada en Shushufindi, provincia de Sucumbíos...".
El 19 de abril de 1999, Wartsila firmó un contrato de concesión con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), para diseñar, financiar, construir, poseer, operar y mantener una línea de 69 kW que interconecta la planta y la subestación de Jivino y una línea de 230 kW, que interconecta la planta y la subestación de Santa Rosa, al sur de Quito.
El 27 de abril del mismo año, Wartsila firmó un contrato de suministro de combustible con Petroecuador, para la generación termoeléctrica.
Cuando se convocó al concurso para la compra de energía (septiembre de 2001), se hallaba vigente Wartsila Development and Financial Services Inc. (WDFS), la cual, el 8 de octubre de 2001, cedió su contrato de concesión con el Conelec a Termoriente C. Ltda.
Esto se hizo sin la autorización previa del Conelec, que aprobó la transferencia el 15 de octubre, siete días después del traspaso de Wartsila a Termoriente, aunque el artículo 87 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del Servicio de Energía Eléctrica señala: "La transferencia o cesión del contrato de concesión, permiso o licencia, deberá ser aprobada previamente por el Conelec, de lo contrario será nula". (AA)
Cuestionan precio acordado con generadora
Estudios de varios ingenieros dicen que no fue una oferta conveniente
Un análisis elaborado por varios ingenieros eléctricos que estudiaron el precio de la energía contratada, concluye que este "es muy alto, entre 38% y 77% superior al esperado para el período 2006-2010 y es superior entre 25% y 60% al precio de mercado actual".
En la cláusula 9.1.8 del contrato, las partes establecen un precio proyectado de 4,887 centavos de dólar por kilovatio hora (kW/h), de acuerdo con el precio referencial del Cenace, "identificado para cuatro años", de 5,466 centavos de dólar.
Sobre esa base concluyen que durante el plazo del contrato (10 años), "el precio de Termoriente no excederá el precio referencial del Cenace, asumiendo que este se mantenga vigente durante el plazo".
No obstante, el estudio indica que, según tarifas reguladas reales, las distribuidoras disponen actualmente de 5,29 ctv$/kW/h y dispondrían en el futuro de 4,79 ctv$/kW/h para comprar energía a Termoriente, "a la cual tendrán que pagar no menos de 6,59 y probablemente 8,46 ctv$/kW/h".
A manera de ejemplo, sostiene que la Empresa Eléctrica Cotopaxi, que comprará el 75% de su demanda a Termoriente, no podrá pagar toda la facturación de esa generadora, "ni siquiera si utiliza todos los fondos destinados a la compra de energía y potencia que recaude de sus clientes".
El documento, de 57 páginas, que desmenuza amplias fórmulas de cálculo del precio incluidas en el contrato y las proyecta en cuatro escenarios diferentes, concluye que no hay un precio tope, pues las eléctricas al haber asumido riesgos que no le corresponden, como reajustes de precio por la tasa de interés que Termoriente negocie para sus préstamos, "perdieron control sobre el precio que realmente pagarán por comprar la energía a la generadora..." (AA)
La cláusula 9.1.5 del contrato establece que se constituirán dos fideicomisos: uno local y otro en Nueva York (EEUU), los cuales se alimentarían con el 100% de lo que recaudaran las siete distribuidoras por los pagos de energía eléctrica que realicen los consumidores finales, esto es, los usuarios.
Ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional consultados, explican que esto significa que toda la recaudación se destinaría a un solo generador, pero las indicadas empresas también deberán comprar a otras generadoras distintas, a las que no podrían pagar por el producto recibido.
Actualmente todas las empresas de distribución elécrica del Fondo de Solidaridad, incluidas las siete que firman el contrato, están obligadas a depositar las recaudaciones por venta de energía en fideicomisos, aunque en el contrato no queda claro si los nuevos se superpondrán o suprimirán los que están vigentes.
Estado garantizará pago a fideicomiso extranjero
Uno de ellos se constituyó en Nueva York, Estados Unidos
El fideicomiso extranjero estará sujeto a las leyes de Nueva York, según lo estipulado en la página 2 de ese documento. También establece que su monto de reserva deberá completarse hasta 180 días antes de la fecha de operación comercial.
El monto inicial de reserva de los siete contratos suma $48 051 078 y equivale a 5,1 meses de compra adelantada de energía, y Termoriente tiene el derecho a suspender la entrega si la reserva bajara a tres meses. Adicionalmente, la constitución del monto está respaldada por una garantía del Gobierno ecuatoriano, según consta en la página 3 del fideicomiso extranjero.
De esta forma, conjuntamente con el contrato de fideicomiso debe suscribirse la garantía del Gobierno Nacional, por la cual este garantiza el pago completo, oportuno y adecuado de todas las obligaciones de los distribuidores. (AA)
ENTREVISTA
Termoriente: "El contrato no fue otorgado a dedo"
Rosa María Fabara, abogada de Termoriente C. Ltda, empresa filial del holding Wartsila Development and Financial Services, Inc.
Los contratos se firmaron antes de que finalizara el plazo para recibir ofertas.
El proceso fue transparente, no hubo irregularidades y así lo ha señalado la Contraloría.
¿Termoriente participó con ventaja en el concurso?
No, porque fueron invitadas todas las concesionarias para la generación de energía, inscritas en el Conelec. La única que manifestó su interés positivo por ofertar fue Wartsila y tres días antes de que venciera el plazo notificó que esa propuesta ya había presentado a las distribuidoras el 22 y el 24 de mayo de 2001.
¿Se ofertó de antemano a las distribuidoras?
En enero Wartsila ofreció a esas empresas, al Conam y a todas las demás, la energía que el Conelec le autorizó a generar. Esto lo hace cualquier empresa en el legítimo derecho de negociar.
¿Luego estas pidieron al Fondo de Solidaridad contratar con Wartsila?
Así es, entonces el Fondo les pidió que hicieran el concurso para plantear la misma opción al resto de empresas generadoras.
¿Fue un contrato otorgado "a dedo"?
Es un absurdo pensarlo.
¿Qué costo tiene el proyecto?
Se calcula que el proyecto global requerirá una inversión de alrededor de $400 millones.
¿Por qué se constituyó un fideicomiso en Nueva York?
Los fideicomisos de firmaron en julio pasado. Las leyes ecuatorianas facultan a las compañías privadas a manejar una operación mercantil a una legislación extranjera y a un fiduciario extranjero.
También hay un fideicomiso ecuatoriano.
El nacional es de flujo de garantía y el extranjero es de reserva, este último no es fijo ya que depende del monto de las facturas de pago de las compañías, se trata de un saldo mínimo para garantizar que en caso de que no haya dinero en el fideicomiso ecuatoriano para pagarle a Termoriente, el monto de la reserva sea destinado para cubrir esa factura.
¿A esto iría el 100% de las recaudaciones?
Sí, pero el 100% de la recaudación no es el 100% del fideicomiso, porque allí están impuestos y una serie de valores que no corresponden a los que no están fideicomitidos, los cuales regresarán automáticamente a las distribuidoras.
¿Para esto se pide el aval del Estado?
Aunque las compañías de distribución son privadas, como lo manda la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, están sujetas a vaivenes políticos, por esto el Estado, mientras continúe siendo dueño de la mayoría del capital accionario de esas compañías, tiene que garantizar que este esquema fiduciario garantice el pago a Termoriente.
¿Hay el compromiso del Ministerio de Economía?
Lo está analizando.
¿Cómo se calculó el precio de la energía?
Hay una fórmula contemplada en el anexo 2 de los contratos y un anexo 7 que la aplica al escenario actual. Ambas demuestran que el precio sería de un centavo menos por kilovatio hora, que lo que se vende este momento en el Ecuador.
¿Y las notas de crédito?
Termoriente emitirá dos notas de crédito distintas a favor de las distribuidoras. La una es por la diferencia del precio de la energía despachada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y el precio calculado por Termoriente, y es el pago por la potencia remunerada que le reconoce el Cenace a Termoriente, esto será reconocido por Termoriente a las compañías de distribución. (AA)
ENTREVISTA
"Contrato con cero riesgo para el inversionista"
Pablo Terán Rivadeneira, ex ministro de Energía y Minas
¿Por qué califica de "leonino" al contrato?
Termoriente firmó siete contratos iguales, no negociaron con cada una de las empresas, se les impuso desde el Fondo de Solidaridad.
¿Hay más "novedades"?
Termoriente demorará tres años en construir la planta, pero desde ya las distribuidoras tienen que facturar para crear un fondo de $48 millones y depositarlos en un fideicomiso en Nueva York, esto equivale a cinco meses de venta anticipada de energía.
¿Toda la plata irá allá?
Sí, por eso me pregunto cómo harán las distribuidoras para pagar la energía que compran actualmente a las otras generadoras.
¿Conoce el precio total del contrato?
Es difícil cuantificarlo en los contratos PPA, pero en este caso específico casi parece un arrendamiento de la planta en lugar de un contrato de compra venta.
¿Por qué?
Porque Termoriente está cubierta por todo lado: si sube el petróleo, paga el Estado; si baja el petróleo, paga el Estado; si sube la tarifa, paga el Estado. Todo paga el Estado.
Dicen $1 500 millones.
El Ministerio de Energía contrató a la firma Analysis Group/Economics, especializada en este campo. La conclusión principal refiere: "Los precios de los contratos parecen estar sobre el mercado bajo la mayor parte de circunstancias... El precio será inferior al del Mercado Eléctrico Mayorista, los años en los cuales los niveles de agua son sumamente bajos... Sin embargo, en el promedio esperaríamos que los precios de Termoriente fueran más altos que los del mercado".
¿Qué significa esto ?
Esto ejercería presión financiera sobre las distribuidoras, que tendrán que golpear la puerta del Conelec para pedir alza de tarifas. Este contrato tiene cero riesgo para el inversionista.
¿Qué cambió en los contratos, tras sus denuncias?
En lo sustancial, en lo de fondo, nada. (AA)
ENTREVISTA
"Termoriente no pagará impuestos de ninguna naturaleza"
Cecilia Calderón, ex diputada de la Izquierda Democrática
¿Por qué demandó la inconstitucionalidad del decreto de Noboa?
Porque permitó que se abusara de los dineros del pueblo, al firmarse un contrato por cerca de $1 500 millones, sin un concurso público.
Pero la cuantía es "indeterminada".
Al desarrollar la fórmula del contrato, nos damos cuenta de que, en el mejor escenario el precio de la energía sería 20% más alto que la actual.
¿Qué significa el "mejor escenario"?
Un cálculo conservador: cero :inflación, el euro sin modificaciones en relación con el dólar, que Termoriente no pague impuestos de ninguna naturaleza...
¿Ha denunciado todo esto al actual Gobierno?
Tras increparme por mi oposición al contrato, el secretario de la Producción, Patricio Johnson, organizó un encuentro al que asistieron funcionarios del régimen y representantes de Termoriente.
¿Quiénes podrían vender la energía?
Hidro-Paute, Hidro-Nación, Agoyán, Electroquil, Machala Power.
Si hay supuestas ilegalidades, debe haber grandes ´padrinos´.
Desde 1996 habrían estado detrás de esto la hija de un ex presidente, la madre política de otro, ex ministros, hermanos de ex presidentes y ahora dicen que hay altos funcionarios del régimen.
Se la acusa de ser "madrina" de otras empresas.
Me endilgan que apoyo a Machala Power porque mi suegro es de El Oro, pero no por ello represento a las empresas de esa provincia.
¿Por qué desconfía de Termoriente?
Su antecesora, Wartsila, incumplió un contrato con la Empresa Eléctrica Quito y otro con el Conelec, pero no le ejecutaron garantías. (AA)
ANALISIS
Un caso para la Contraloría del Estado
El caso de Termoriente podía haber sido ya resuelto en el país, si la Contraloría General del Estado hubiera entregado el informe definitivo, tras haber estudiado por largo tiempo el tema denunciado.
El borrador que ya presentó la Contraloría haría serios reparos; pero el informe final aún no llega.
En cambio, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), del pasado 27 de mayo, fue contundente. Pero solo tiene la fuerza moral para evitar que se lo ejecute, puesto que, haber declarando inconstitucional una disposición del reglamento no tiene carácter retroactivo.
En ese orden, Termoriente es, para el país, un caso más de la triste historia de la contratación pública, donde confluyen todos los problemas: denuncias, réplicas y contrarréplicas; sospechas sobre la actuación de funcionarios que reciben sueldos del Estado, pero que parecen servir más a las empresas privadas. Pero también toda la gama de reparos que suelen hacerse para detener las obras que se planifican.
Pero también Termoriente es diferente a los demás contratos que ha suscrito el Estado, porque ni siquiera fue necesario un concurso público para adjudicarlo, lo que de por sí despertó sospechas y hasta pronunciamientos que aseguraban que se "trabajó" para entregar a esa empresa. También es diferente porque los mayores reparos provinieron del interior mismo del Gobierno que lo firmó; esto es, el de Gustavo Noboa.
Y es que no se pueden desestimar estudios de profesionales independientes que dan cuenta, por ejemplo, de que el costo final de la energía que proporcionará Termoriente podría llevar a la quiebra de las siete distribuidoras. Tampoco se puede dejar de lado el criterio de la firma Analysis Group/Economics, que, en 2002, hizo un informe por pedido del Ministerio de Energía y Minas, y que sostiene: "Los precios de los contratos suscritos por Termoriente con siete compañías de distribución eléctrica parecen estar sobre el mercado bajo la mayor parte de circunstancias".
La verdad es que el tema es delicado. Por eso mismo, cualquier decisión que vaya a tomar el Gobierno de Lucio Gutiérrez respecto de Termoriente debe estar fundamentada en el informe final de la Contraloría, aunque se deba esperar por el nuevo titular de la institución. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
El 27 de mayo de 2003, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de la primera disposición transitoria del reglamento sobre Control de Abusos de Posiciones Monopólicas en el Sector Eléctrico, dictado por el ex presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano.
Esta señalaba que las regulaciones antimonopólicas, que exigen concursos públicos para la compra venta de energía, no serían aplicables a las empresas en del Fondo de Solidaridad, con lo cual la reglamentación quedaba sin sustento práctico.
Así se establecieron "diferencias que contrarían el espíritu del sistema de economía social de mercado, previsto en el artículo 244 de la Constitución y en el artículo 26 de la Ley del Sector Eléctrico", según el TC.
La vigencia de esa norma permitió firmar contratos de compra venta de energía entre la compañía generadora Termoriente y siete empresas de distribución eléctrica pertenecientes al Fondo de Solidaridad: Cotopaxi, Manabí, Santo Domingo, Guayas-Los Ríos, Sucumbíos, Santa Elena y El Oro, cuya legalidad está en entredicho, de acuerdo con la resolución del Tribunal, la cual, pese a establecer la inconstitucionalidad de la transitoria, no causa efecto retroactivo.
Los contratos aseguran la compra de energía por 10 años (entre 2004 y 2014) a la generadora privada Termoriente, que utiliza como combustible residuos de petróleo, una energía más cara que la hidroeléctrica, señalaron ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional.
¿Cómo se desarrolló el proceso? El decreto de Noboa entró en vigencia el 10 de septiembre de 2001 y 14 días después las distribuidoras convocaron a un concurso privado (las bases decían que era público) de compra venta de energía, para la provisión de 2 119 767 megavatios-hora (mW/h) anuales, cantidad que Termoriente había ofertado a estas empresas en comunicaciones de 22 y 24 de mayo de ese año.
Para el 13 de julio, las siete compradoras se dirigieron al entonces gerente del Fondo de Solidaridad, Luis Burbano, planteando la adquisición de energía a Termoriente.
Aunque también se cursaron invitaciones a otras empresas, estas estaban incapacitadas de participar porque tienen comprometida la totalidad de su energía en contratos de largo plazo, pero no se llamó a Machala Power ni a otras firmas que se han comprometido a desarrollar plantas de generación mediante la entrega de garantías; tampoco se convocó a generadores de Colombia y Perú, señalaba en enero de 2002 el ministro de Energía de esa época, Pablo Terán.
A todas las convocadas se les concedieron nueve días de plazo para manifestar su interés por participar en el concurso. Una de ellas, Electroquil, contestó que no era un tiempo suficiente. Así fue como únicamente se presentó Termoriente, cuya razón social en ese tiempo era Wartsila Development and Financial Service Inc. (WDFS).
En los términos de referencia del concurso constaba como fecha límite para la presentación de propuestas el 29 de noviembre de 2001, a las 15:00, luego una comisión técnica tenía que analizarlas y este resultado debía ser conocido por las juntas generales de socios de las empresas compradoras, que, a su vez, tenían tres días para adjudicar.
Un mes antes de que se cumpliera el procedimiento señalado, el Directorio de la Empresa Eléctrica Cotopaxi emitió la resolución 058-2001 que autorizaba al gerente a suscribir el contrato con Termoriente. Luego, el 14 de noviembre (15 días antes de que se venciera el plazo de presentación de ofertas) aprobó que se firmara la compra venta de energía con la indicada generadora.
Adicionalmente, el Directorio del Fondo de Solidaridad, en sesión del 20 de noviembre (aún no finalizaba el plazo de presentación de ofertas), autorizó a suscribir contratos con Termoriente a las eléctricas El Oro, Sucumbíos, Santo Domingo, Manabí, Guayas-Los Ríos, Santa Elena y Cotopaxi. Esto se cumplió el 23 de noviembre de 2001, cuando se hallaba vigente el período de entrega de propuestas.
Terán cuestiona contratos
En una presentación efectuada el 4 de enero de 2002 ante el entonces vicepresidente de la República, Pedro Pinto, el ministro de Energía, Pablo Terán, señalaba que "el volumen de energía contratada es 6% superior a la comprometida por Termoriente en su contrato de concesión".
Puntualizaba que la energía contratada "representa el 71,75% de la demandada por las siete distribuidoras en 2004 y el 53% de la demandada en 2010", e incluía varias observaciones al proceso precontractual.
Esto obligó a variar los términos de los contratos, que se firmaron definitivamente entre el 2 y 4 de febrero de 2002, sin que a juicio del Ministerio de Energía los cambios hayan sido sustanciales, como se indicará más adelante. (AA)
Primero se constituye y luego obtiene la licencia
La autorización fue otorgada varios días después de la delegación
La compañía Termoriente C. Ltda. tiene como antecesoras a Wartsila Power Development, que luego cambió su nombre a Wartsila NSD Power Development Inc. y finalmente a Wartsila Development and Financial Services Inc. (WDFS).
En un decreto publicado el 10 de agosto de 1996, durante el último día de Gobierno de Sixto Durán Ballén, se concedió a Wartsila un permiso "para que proceda a instalar y operar una planta de generación termoeléctrica con un promedio anual de capacidad de hasta 270 mW, que será ubicada en Shushufindi, provincia de Sucumbíos...".
El 19 de abril de 1999, Wartsila firmó un contrato de concesión con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), para diseñar, financiar, construir, poseer, operar y mantener una línea de 69 kW que interconecta la planta y la subestación de Jivino y una línea de 230 kW, que interconecta la planta y la subestación de Santa Rosa, al sur de Quito.
El 27 de abril del mismo año, Wartsila firmó un contrato de suministro de combustible con Petroecuador, para la generación termoeléctrica.
Cuando se convocó al concurso para la compra de energía (septiembre de 2001), se hallaba vigente Wartsila Development and Financial Services Inc. (WDFS), la cual, el 8 de octubre de 2001, cedió su contrato de concesión con el Conelec a Termoriente C. Ltda.
Esto se hizo sin la autorización previa del Conelec, que aprobó la transferencia el 15 de octubre, siete días después del traspaso de Wartsila a Termoriente, aunque el artículo 87 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del Servicio de Energía Eléctrica señala: "La transferencia o cesión del contrato de concesión, permiso o licencia, deberá ser aprobada previamente por el Conelec, de lo contrario será nula". (AA)
Cuestionan precio acordado con generadora
Estudios de varios ingenieros dicen que no fue una oferta conveniente
Un análisis elaborado por varios ingenieros eléctricos que estudiaron el precio de la energía contratada, concluye que este "es muy alto, entre 38% y 77% superior al esperado para el período 2006-2010 y es superior entre 25% y 60% al precio de mercado actual".
En la cláusula 9.1.8 del contrato, las partes establecen un precio proyectado de 4,887 centavos de dólar por kilovatio hora (kW/h), de acuerdo con el precio referencial del Cenace, "identificado para cuatro años", de 5,466 centavos de dólar.
Sobre esa base concluyen que durante el plazo del contrato (10 años), "el precio de Termoriente no excederá el precio referencial del Cenace, asumiendo que este se mantenga vigente durante el plazo".
No obstante, el estudio indica que, según tarifas reguladas reales, las distribuidoras disponen actualmente de 5,29 ctv$/kW/h y dispondrían en el futuro de 4,79 ctv$/kW/h para comprar energía a Termoriente, "a la cual tendrán que pagar no menos de 6,59 y probablemente 8,46 ctv$/kW/h".
A manera de ejemplo, sostiene que la Empresa Eléctrica Cotopaxi, que comprará el 75% de su demanda a Termoriente, no podrá pagar toda la facturación de esa generadora, "ni siquiera si utiliza todos los fondos destinados a la compra de energía y potencia que recaude de sus clientes".
El documento, de 57 páginas, que desmenuza amplias fórmulas de cálculo del precio incluidas en el contrato y las proyecta en cuatro escenarios diferentes, concluye que no hay un precio tope, pues las eléctricas al haber asumido riesgos que no le corresponden, como reajustes de precio por la tasa de interés que Termoriente negocie para sus préstamos, "perdieron control sobre el precio que realmente pagarán por comprar la energía a la generadora..." (AA)
La cláusula 9.1.5 del contrato establece que se constituirán dos fideicomisos: uno local y otro en Nueva York (EEUU), los cuales se alimentarían con el 100% de lo que recaudaran las siete distribuidoras por los pagos de energía eléctrica que realicen los consumidores finales, esto es, los usuarios.
Ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional consultados, explican que esto significa que toda la recaudación se destinaría a un solo generador, pero las indicadas empresas también deberán comprar a otras generadoras distintas, a las que no podrían pagar por el producto recibido.
Actualmente todas las empresas de distribución elécrica del Fondo de Solidaridad, incluidas las siete que firman el contrato, están obligadas a depositar las recaudaciones por venta de energía en fideicomisos, aunque en el contrato no queda claro si los nuevos se superpondrán o suprimirán los que están vigentes.
Estado garantizará pago a fideicomiso extranjero
Uno de ellos se constituyó en Nueva York, Estados Unidos
El fideicomiso extranjero estará sujeto a las leyes de Nueva York, según lo estipulado en la página 2 de ese documento. También establece que su monto de reserva deberá completarse hasta 180 días antes de la fecha de operación comercial.
El monto inicial de reserva de los siete contratos suma $48 051 078 y equivale a 5,1 meses de compra adelantada de energía, y Termoriente tiene el derecho a suspender la entrega si la reserva bajara a tres meses. Adicionalmente, la constitución del monto está respaldada por una garantía del Gobierno ecuatoriano, según consta en la página 3 del fideicomiso extranjero.
De esta forma, conjuntamente con el contrato de fideicomiso debe suscribirse la garantía del Gobierno Nacional, por la cual este garantiza el pago completo, oportuno y adecuado de todas las obligaciones de los distribuidores. (AA)
ENTREVISTA
Termoriente: "El contrato no fue otorgado a dedo"
Rosa María Fabara, abogada de Termoriente C. Ltda, empresa filial del holding Wartsila Development and Financial Services, Inc.
Los contratos se firmaron antes de que finalizara el plazo para recibir ofertas.
El proceso fue transparente, no hubo irregularidades y así lo ha señalado la Contraloría.
¿Termoriente participó con ventaja en el concurso?
No, porque fueron invitadas todas las concesionarias para la generación de energía, inscritas en el Conelec. La única que manifestó su interés positivo por ofertar fue Wartsila y tres días antes de que venciera el plazo notificó que esa propuesta ya había presentado a las distribuidoras el 22 y el 24 de mayo de 2001.
¿Se ofertó de antemano a las distribuidoras?
En enero Wartsila ofreció a esas empresas, al Conam y a todas las demás, la energía que el Conelec le autorizó a generar. Esto lo hace cualquier empresa en el legítimo derecho de negociar.
¿Luego estas pidieron al Fondo de Solidaridad contratar con Wartsila?
Así es, entonces el Fondo les pidió que hicieran el concurso para plantear la misma opción al resto de empresas generadoras.
¿Fue un contrato otorgado "a dedo"?
Es un absurdo pensarlo.
¿Qué costo tiene el proyecto?
Se calcula que el proyecto global requerirá una inversión de alrededor de $400 millones.
¿Por qué se constituyó un fideicomiso en Nueva York?
Los fideicomisos de firmaron en julio pasado. Las leyes ecuatorianas facultan a las compañías privadas a manejar una operación mercantil a una legislación extranjera y a un fiduciario extranjero.
También hay un fideicomiso ecuatoriano.
El nacional es de flujo de garantía y el extranjero es de reserva, este último no es fijo ya que depende del monto de las facturas de pago de las compañías, se trata de un saldo mínimo para garantizar que en caso de que no haya dinero en el fideicomiso ecuatoriano para pagarle a Termoriente, el monto de la reserva sea destinado para cubrir esa factura.
¿A esto iría el 100% de las recaudaciones?
Sí, pero el 100% de la recaudación no es el 100% del fideicomiso, porque allí están impuestos y una serie de valores que no corresponden a los que no están fideicomitidos, los cuales regresarán automáticamente a las distribuidoras.
¿Para esto se pide el aval del Estado?
Aunque las compañías de distribución son privadas, como lo manda la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, están sujetas a vaivenes políticos, por esto el Estado, mientras continúe siendo dueño de la mayoría del capital accionario de esas compañías, tiene que garantizar que este esquema fiduciario garantice el pago a Termoriente.
¿Hay el compromiso del Ministerio de Economía?
Lo está analizando.
¿Cómo se calculó el precio de la energía?
Hay una fórmula contemplada en el anexo 2 de los contratos y un anexo 7 que la aplica al escenario actual. Ambas demuestran que el precio sería de un centavo menos por kilovatio hora, que lo que se vende este momento en el Ecuador.
¿Y las notas de crédito?
Termoriente emitirá dos notas de crédito distintas a favor de las distribuidoras. La una es por la diferencia del precio de la energía despachada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y el precio calculado por Termoriente, y es el pago por la potencia remunerada que le reconoce el Cenace a Termoriente, esto será reconocido por Termoriente a las compañías de distribución. (AA)
ENTREVISTA
"Contrato con cero riesgo para el inversionista"
Pablo Terán Rivadeneira, ex ministro de Energía y Minas
¿Por qué califica de "leonino" al contrato?
Termoriente firmó siete contratos iguales, no negociaron con cada una de las empresas, se les impuso desde el Fondo de Solidaridad.
¿Hay más "novedades"?
Termoriente demorará tres años en construir la planta, pero desde ya las distribuidoras tienen que facturar para crear un fondo de $48 millones y depositarlos en un fideicomiso en Nueva York, esto equivale a cinco meses de venta anticipada de energía.
¿Toda la plata irá allá?
Sí, por eso me pregunto cómo harán las distribuidoras para pagar la energía que compran actualmente a las otras generadoras.
¿Conoce el precio total del contrato?
Es difícil cuantificarlo en los contratos PPA, pero en este caso específico casi parece un arrendamiento de la planta en lugar de un contrato de compra venta.
¿Por qué?
Porque Termoriente está cubierta por todo lado: si sube el petróleo, paga el Estado; si baja el petróleo, paga el Estado; si sube la tarifa, paga el Estado. Todo paga el Estado.
Dicen $1 500 millones.
El Ministerio de Energía contrató a la firma Analysis Group/Economics, especializada en este campo. La conclusión principal refiere: "Los precios de los contratos parecen estar sobre el mercado bajo la mayor parte de circunstancias... El precio será inferior al del Mercado Eléctrico Mayorista, los años en los cuales los niveles de agua son sumamente bajos... Sin embargo, en el promedio esperaríamos que los precios de Termoriente fueran más altos que los del mercado".
¿Qué significa esto ?
Esto ejercería presión financiera sobre las distribuidoras, que tendrán que golpear la puerta del Conelec para pedir alza de tarifas. Este contrato tiene cero riesgo para el inversionista.
¿Qué cambió en los contratos, tras sus denuncias?
En lo sustancial, en lo de fondo, nada. (AA)
ENTREVISTA
"Termoriente no pagará impuestos de ninguna naturaleza"
Cecilia Calderón, ex diputada de la Izquierda Democrática
¿Por qué demandó la inconstitucionalidad del decreto de Noboa?
Porque permitó que se abusara de los dineros del pueblo, al firmarse un contrato por cerca de $1 500 millones, sin un concurso público.
Pero la cuantía es "indeterminada".
Al desarrollar la fórmula del contrato, nos damos cuenta de que, en el mejor escenario el precio de la energía sería 20% más alto que la actual.
¿Qué significa el "mejor escenario"?
Un cálculo conservador: cero :inflación, el euro sin modificaciones en relación con el dólar, que Termoriente no pague impuestos de ninguna naturaleza...
¿Ha denunciado todo esto al actual Gobierno?
Tras increparme por mi oposición al contrato, el secretario de la Producción, Patricio Johnson, organizó un encuentro al que asistieron funcionarios del régimen y representantes de Termoriente.
¿Quiénes podrían vender la energía?
Hidro-Paute, Hidro-Nación, Agoyán, Electroquil, Machala Power.
Si hay supuestas ilegalidades, debe haber grandes ´padrinos´.
Desde 1996 habrían estado detrás de esto la hija de un ex presidente, la madre política de otro, ex ministros, hermanos de ex presidentes y ahora dicen que hay altos funcionarios del régimen.
Se la acusa de ser "madrina" de otras empresas.
Me endilgan que apoyo a Machala Power porque mi suegro es de El Oro, pero no por ello represento a las empresas de esa provincia.
¿Por qué desconfía de Termoriente?
Su antecesora, Wartsila, incumplió un contrato con la Empresa Eléctrica Quito y otro con el Conelec, pero no le ejecutaron garantías. (AA)
ANALISIS
Un caso para la Contraloría del Estado
El caso de Termoriente podía haber sido ya resuelto en el país, si la Contraloría General del Estado hubiera entregado el informe definitivo, tras haber estudiado por largo tiempo el tema denunciado.
El borrador que ya presentó la Contraloría haría serios reparos; pero el informe final aún no llega.
En cambio, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), del pasado 27 de mayo, fue contundente. Pero solo tiene la fuerza moral para evitar que se lo ejecute, puesto que, haber declarando inconstitucional una disposición del reglamento no tiene carácter retroactivo.
En ese orden, Termoriente es, para el país, un caso más de la triste historia de la contratación pública, donde confluyen todos los problemas: denuncias, réplicas y contrarréplicas; sospechas sobre la actuación de funcionarios que reciben sueldos del Estado, pero que parecen servir más a las empresas privadas. Pero también toda la gama de reparos que suelen hacerse para detener las obras que se planifican.
Pero también Termoriente es diferente a los demás contratos que ha suscrito el Estado, porque ni siquiera fue necesario un concurso público para adjudicarlo, lo que de por sí despertó sospechas y hasta pronunciamientos que aseguraban que se "trabajó" para entregar a esa empresa. También es diferente porque los mayores reparos provinieron del interior mismo del Gobierno que lo firmó; esto es, el de Gustavo Noboa.
Y es que no se pueden desestimar estudios de profesionales independientes que dan cuenta, por ejemplo, de que el costo final de la energía que proporcionará Termoriente podría llevar a la quiebra de las siete distribuidoras. Tampoco se puede dejar de lado el criterio de la firma Analysis Group/Economics, que, en 2002, hizo un informe por pedido del Ministerio de Energía y Minas, y que sostiene: "Los precios de los contratos suscritos por Termoriente con siete compañías de distribución eléctrica parecen estar sobre el mercado bajo la mayor parte de circunstancias".
La verdad es que el tema es delicado. Por eso mismo, cualquier decisión que vaya a tomar el Gobierno de Lucio Gutiérrez respecto de Termoriente debe estar fundamentada en el informe final de la Contraloría, aunque se deba esperar por el nuevo titular de la institución. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
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