Quito. 24 nov 2000. La Pro forma deberá estar aprobada hasta el próximo
jueves. Las reasignaciones son para vialidad, organismos seccionales,
Casa de la Cultura, entre otros.

La redacción del informe de la Comisión de lo Tributario sobre la Pro
forma para el 2001 concluyó ayer. La Comisión tenía previsto entregarlo
en la tarde al titular del Congreso, Hugo Quevedo, para que lo ponga a
consideración del pleno el próximo martes. Al cierre de esta edición aún
no se había presentado.

El Parlamento tiene plazo hasta el 30 de este mes para aprobar o
modificar la Pro forma, que asciende a 4 932 millones de dólares. De ese
monto, 1 004.3 millones de dólares se destinan para amortización de la
deuda pública y 1 137.7 millones para intereses, dando un total de 2 136
millones, equivalente al 43 por ciento del presupuesto estatal.

Una de las principales conclusiones de la Comisión es que el Ejecutivo
presentó un presupuesto excesivamente optimista en cuanto a los ingresos,
basados en la venta de petróleo y no en ingresos permanentes.

"La norma aconseja presentar un presupuesto conservador y eso se da hasta
en los presupuestos familiares, para evitar un déficit, que si se produce
no se puede financiar en una economía dolarizada", advirtió Raúl Hurtado
(DP), miembro del organismo.

En el documento, además, se señala la importancia de que el país cuente
con un presupuesto equilibrado y eso se logra con una política fiscal
definida, pero eso no está reflejado en la Pro forma, concluyó.

La Comisión estima que al sustentarse el presupuesto en ingresos
coyunturales, como los petroleros, el riesgo de que se produzca un
déficit es serio, más aún cuando se calculó a 20 dólares por barril.

Por cada dólar que baje el precio de exportación de petróleo, los
ingresos del presupuesto disminuyen en 56.7 millones de dólares. Además,
si la producción de crudo se suspende por cualquier causa, también se
generarán pérdidas. Sin embargo, en la Pro forma constan como ingresos la
producción de petróleo durante los 365 días del año.

Otro punto que se observa es que si en el 2001 se elimina el Impuesto a
la Circulación de Capitales (ICC) ese ingreso deberá ser reemplazado por
otro de carácter permanente. Para Hurtado, los ingresos fijos solo
provienen de tres fuentes: los impuestos a la renta, valor agregado y
arancelarios.

Los comisionados, adicionalmente, cuestionan el hecho de que el Ejecutivo
anuncie una reforma tributaria para aumentar el IVA en tres puntos (de 12
a 15 por ciento), que arrojará unos 300 millones de dólares. "Si el
Gobierno dice que la Pro forma está debidamente financiada, no hay razón
para incrementar el IVA", dijo el diputado de la DP.

En la Pro forma solo está contemplado el alza de los precios de los
combustibles en un promedio de 20 por ciento, a partir de enero. Eso
representa 228 millones de dólares. Sin embargo, no está previsto obtener
ingresos adicionales por aumento del precio del gas de uso doméstico ni
del IVA u otro impuesto.

Por el lado de los egresos o gastos, se plantean modificaciones o
reasignaciones de varios rubros. A la Función Legislativa se plantea un
incremento de 3,9 millones de dólares al monto de 16,5 millones que
consta en la Pro forma, aunque no se establece de dónde se obtendrán esos
recursos.

Se reasignan 18,7 millones de la Presidencia de la República para obras
viales al Ministerio de Obras Públicas. 350 000 dólares, contemplados
para una Bolera de 12 pistas en Guayaquil, se transfieren para financiar
los juegos amazónicos.

En el sector Bienestar Social, el valor de 12 millones del Fondo de
Estabilización Petrolera pasan al régimen seccional para financiar
proyectos de desarrollo integral en Esmeraldas, Loja, El Oro y Galápagos.
Los montos de 1,9 millones para el financiamiento de las juntas
parroquiales y 2,2 millones de aportes a los municipios, pasan a
desarrollo seccional. El valor de 7 millones de dólares para financiar
microproyectos productivos de mujeres pobres y discapacitados asignados a
una unidad ejecutora se transfieren al Banco Nacional de Fomento (BNF)
para que los maneje con esa finalidad.

Asimismo, 5,7 millones que constan en sector Trabajo para proyectos a
pequeños productores, se sugiere pasarlos al sector agropecuario del BNF.

La Comisión también considera que se debe eliminar la asignación en el
sector desarrollo urbano y vivienda de 18 millones que estaban destinados
para obras del proyecto Malecón 2000 de Guayaquil.

En el sector otros organismos del Estado se incrementa en 200 mil dólares
la asignación al Tribunal Constitucional (TC) para que pueda asumir las
nuevas funciones de amparo constitucional y de hábeas data. En el sector
desarrollo seccional también se recomienda aumentar en 52 millones sus
ingresos para que el presupuesto de los organismos seccionales llegue al
13 por ciento del total nacional.

También se recomienda aumentar en 300 mil dólares la asignación para la
Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como 6 millones para mejoramiento de
la red vial de todo el país. El valor de 2,5 millones para becas
escolares serán reubicados en el sector de educación, ya que la Comisión
considera que ese monto no corresponde a ese rubro, por lo que debe
unificarse en una sola partida de 5 millones de dólares, en este caso del
Ministerio de Educación.

El informe, al cierre de esta edición, fue firmado por cinco de los siete
miembros de la Comisión. Guillermo Landázuri (ID) e Iván López (PRE)
todavía no suscribían el documento, aunque estaban de acuerdo con el
contenido de este.

De antemano se calcula que en el Pleno no se producirán mayores
observaciones ni modificaciones. No obstante, la discusión de la Pro
forma se calcula que tomará al menos tres sesiones consecutivas.

El debate se centrará principalmente en las reasignaciones, porque
constitucionalmente no puede modificar ni incrementar los ingresos y
egresos.

En tres meses desaparecen las sobretasas arancelarias

El Gobierno presupuestó USD 128 millones de ingresos en el 2001 por este
concepto. El sector productivo cree que los costos de importación caerán.

Hasta febrero del 2001 se eliminarán todas las salvaguardias o sobretasas
arancelarias que mantienen los productos importados. Eso, aunque la Pro
forma presupuestaria del próximo año tiene previsto recaudar USD 128
millones.

Según la Resolución N. 070 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones
(Comexi), este impuesto sobre arancelario del 2 al 10 por ciento
clasificado en cinco niveles según el producto, se eliminará en cuatro
fases, según el cronograma aprobado el 14 de noviembre.

La primera etapa arrancará el 30 de noviembre para los productos de
Argentina, Brasil, Cuba, México, Paraguay y Uruguay y los envíos de
socorro, donaciones e importaciones que realice el Estado y las
instituciones sin fines de lucro, excepto vehículos, automóviles y
camionetas. También féretros, muestras gratis, vehículos ortopédicos,
herramientas esenciales, materia prima para prótesis y otros equipos de
discapacitados.

La siguiente fase arranca el 31 de diciembre para los productos
importados con arancel del 0 y 3 por ciento. El 30 de enero del 2001,
comienza la tercera etapa, para bienes de derecho arancelario del 10 y 15
por ciento. La última fase termina con la eliminación del arancel de los
bienes gravados con el 5, 20 y 35 por ciento desde el 28 de febrero. Este
grupo incluye materias primas, equipos tecnológicos y vehículos
utilizados en la producción nacional para exportación.

La eliminación de las salvaguardias (sobretasas arancelarias que se
aplican a los bienes importados para proteger a la industria nacional y
obtener ingresos fiscales), a criterio de los empresarios, facilitará la
reactivación de los sectores productivos, pues reducirá el costo de la
importación en un 20 por ciento. También mejorará la competencia en el
exterior, al abaratar la materia prima de la producción nacional para
exportación.

En tanto, los sectores políticos están en desacuerdo. Consideran que se
abre una vía para exigir aumentos en otros tributos como el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) peor aún cuando no se diseña una fórmula para cubrir
el hueco fiscal.

Joaquín Zevallos, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil,
defendió la eliminación de las salvaguardias. "No generará un déficit.
Más bien, aumentarán las importaciones. La diferencia se cubrirá con
mejor recaudación".

Recordó el repunte de las recaudaciones con la eliminación de las
salvaguardias para la importación de electrodomésticos, partes
automotrices y bienes agrícolas. Un ejemplo es el de las lavadoras que de
USD 23 mil de importaciones del 10 de julio al 31 de agosto de 1999 se
disparó a USD 419 000 en el 2000.

Esa tendencia se repitió en los demás artículos sin aranceles. El único
inconveniente, anotó Zevallos, es que se dejó para la última fase las
materias primas, claves para la reactivación productiva.

Según los empresarios, el objetivo de las sobretasas arancelarias es
aumentar los ingresos fiscales. De ahí que provocó recesión en las
industrias que no podían cubrir los costos, que en muchos casos superaron
el 50 por ciento del costo del bien. La sobretasa, violó además los
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Texto tomado de
El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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