En el Ecuador, seis de cada 10 mujeres, de toda edad, son víctimas de algún tipo de violencia. Eso no parece importar mucho en el Congreso, pues han pasado 10 meses y las reformas al Código Penal, sobre este tema, siguen pendientes. Es más, al no producirse esos cambios legales, se favorece la corrupción en la Función Judicial. Un ex magistrado de la Corte Suprema de facto será enjuiciado por cambiar un cargo de violación por el de estupro.
Samanta, a merced de los jueces
Un juez de la Corte Suprema de Facto formó parte de un Tribunal que votó a favor de cambiar la acusación de violación por la de estupro. El padre de una joven manabita inició un juicio por prevaricato.
A las 20:00, del 4 de octubre de 2003, Samanta, una chica de 14 años, cuya identidad se guarda por su seguridad, asistió a una fiesta en la casa de uno de sus compañeros de colegio, en la que no se encontraban los dueños. La muchacha bebió una copa que le hizo perder casi de inmediato el conocimiento. En estado de inconsciencia, fue conducida a una habitación donde fue violada por otros tres jóvenes que también participaban de la fiesta.
Todo esto ocurrió en una ciudad de la provincia de Manabí, donde se inició la causa penal por violación, pero, al final, el Tribunal de la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Portoviejo determinó el delito como estupro. Los miembros de ese tribunal fueron Tito Livio Mendoza (quien luego formaría parte de la Corte Surema de facto, presidida por Guillermo Castro Dáger), Vicente Villacrés (conjuez permanente) y Oswaldo Bustamante, quien se reafirmó en llamamiento a juicio por violación.
Samanta despertó al sentir que alguien la movía y, desesperada, pidió entre lágrimas ser llevada a su domicilio. Mientras la conducían a su casa, fue amenazada de muerte por uno de sus agresores si denunciaba la violación. "Te voy a matar a cuchillazos", le habría dicho. Cerca de las 02:30, Samanta fue abandonada frente a la vivienda de sus abuelos.
Al siguiente día pasó dormida y sintió un fuerte dolor y ardor en sus genitales. Incluso, al verse en el espejo descubrió que le habían hecho dos "chupetes" en el cuello.
El 6 de octubre, dos jóvenes de su colegio le dieron un "encargo": una funda con dos pastillas, de parte de quienes la violaron, con la orden de que se las tomara inmediatamente. Al parecer, eran abortivas; luego uno de los padres de los muchachos dijo que se trató de una broma. En el proceso se indicó que las pastillas fueron compradas en la farmacia de un médico "colaborador de un tío de la supuesta agraviada".
El 29 de octubre, el padre de Samanta, al conocer el ultraje, lo denunció ante el agente fiscal de Manabí.
En la indagatoria, abierta el 30 de octubre, se dividió la causa en dos procesos porque dos de los presuntos atacantes eran menores de edad.
El 17 de noviembre se inició la instrucción fiscal, pues se concluyó que uno de los muchachos, el mayor de edad, había cometido violación, como lo señala el artículo 512, numeral segundo, delito sancionado por el artículo 513 del Código Penal.
Estos artículos indican que se comete violación "cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando, por enfermedad o por cualquier otra causa, no pudiera resistirse..." y que "el delito de violación será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años...; y, con reclusión mayor ordinaria de ocho a 12 años".
Recién el 2 de julio de 2004, el juez tercero de lo Penal de Manabí dictó el auto de llamamiento a juicio y la detención en contra del acusado. En esta misma fecha se ordenó el embargo de sus bienes hasta $50 mil. No obstante, el proceso fue suspendido, pues se esperó que el joven encausado se entregara voluntariamente o fuera capturado.
Al verse en esta situación, el acusado apeló ante la Corte Superior de Portoviejo. Se radicó, entonces, la competencia en el Tribunal de la Primera Sala Especializada de lo Penal.
Esta instancia confirmó el auto de llamamiento a juicio. Sin embargo, se definió la conducta y actos del encausado como delito de estupro del artículo 509 del Código Penal ("Llámase estupro la cópula con mujer honesta empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento") por dos votos contra uno, por lo que se evitó el juzgamiento por violación.
La pena por delito de estupro se castiga, según el artículo 510, con prisión de tres meses a tres años si la mujer es mayor de 14 y menor de 18. Si la mujer es menor de 14 y mayor de 12, se castiga con prisión de dos a cinco años.
Este juicio continúa hasta hoy. Cuando se cambió la figura legal, se desvaneció el delito de violación, se disminuyó el rango de penas y se cuestionó la conducta de la víctima (al señalar la posibilidad del consentimiento). Ante estos hechos, los abogados de Samanta plantearán un proceso de prevaricato en contra de los dos jueces. (OP-GGS)
ados de NN plantearán un proceso de prevaricato en contra de los dos jueces que definieron el delito como estupro.
UN CAMBIO DE LA CULTURA POLÍTICA
"LO ESENCIAL ES EL CAPITAL HUMANO"
Rocío Rosero es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu). Ella, con su equipo, trabaja en el seguimiento a las refomas al Código Penal, en el capítulo de los delitos sexuales. Además, Rosero investiga y documenta la situación legal y social de la mujer ecuatoriana a favor de la equidad y el respeto a sus derechos. En los últimos días han participado en la discusión legislativa para introducir cambios y frenar ciertos "aceleres" de los diputados.
¿Qué impide que las reformas al Código Penal sean técnicas, válidas, urgentes y prioritarias?
La falta de visión del país. Por tanto, una clase política y unos diputados que no entienden que parte esencial del capital del país es su integridad física, psicológica y sexual, que es lo que se intenta proteger a través de la ampliación de los delitos sexuales y otros tipos de delitos.
¿Una nueva reforma al Código Penal es suficiente para prevenir los delitos sexuales?
Primero hay que revisar bien el Código de Procedimiento Penal. También actualizar conocimientos y sensibilizar a todos los administradores de Justicia (no solo jueces, fiscales y funcionarios sino también y principalmente los policías). En todos sus niveles, debe haber un mayor conocimiento de esta doctrina de protección integral de derechos que posibilite el cumplimiento de esa protección del Estado en sus diferentes funciones. Además, debe ocurrir un cambio de cultura institucional que, en definitiva, es cultura democrática, basado en el respeto a la integridad de las personas.
¿Cómo evitar esa cultura de violencia hacia el otro y que la ley no la pueda sancionar?
Se debe trabajar en un cambio cultural que modifique, en lo sustantivo, la forma de relacionarse. El cambio debe darse desde la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en la calle, en el deporte, en el barrio, en todos los ámbitos de la vida tiene que empezar por respetarse la integridad personal y los derechos de cada una de las personas de conformidad con el mandato constitucional. Eso implica deberes y obligaciones para cada uno de los sectores, instituciones y personas también.
Pero la ciudadanía no es una entelequia ni una teoría abstracta.
A la ciudadanía la vemos como una cosa ajena que se construye allá, en Carondelet, en la Plaza de la Independencia o en los ministerios. Y eso no es así. La ciudadanía la construimos cotidianamente cuando ejercemos nuestros derechos, pero sobre todos nuestras obligaciones de velar por la libertad, igualdad, la no discriminación de los otros. Eso no solo se refleja en la familia, en la vida de pareja, en la escuela y en todos los ámbitos, sino también en la cultura política. Parte de la problemática que vive el país es justamente esa depredación del respeto a la dignidad y libertad de las personas. (OP)
La ley, enana ante la realidad
En las últimas semanas, en el Congreso Nacional se han producido problemas sobre las reformas al Código Penal, al punto que se canceló a un asesor por mutilar y transformar un informe de una Comisión
El Congreso Nacional inició el debate de las reformas al Código Penal, en el capítulo de delitos sexuales, en septiembre de 2004, pero no logra, hasta el momento, ponerse al día tras la crisis política y los malos entendidos entre los diputados.
Presionada por el escándalo del llamado caso "Burdet-Cedeño", la Legislatura se apuró en plantear varias reformas, en particular por la inexistencia, en el Código Penal, de un capítulo que defina y castigue los delitos de explotación sexual infantil y la trata de personas.
Al mismo tiempo, surgió el debate sobre la necesidad de redefinir los delitos de violación, estupro y acoso sexual. La razón: en la legislación actual existe una "victimización de la mujer", como señalan varias organizaciones, entre ellas Unicef y Conamu.
Con todo ello, llegaron a la Comisión de lo Civil y Penal 12 proyectos, que se armonizaron en uno solo y se conoció en primer debate en ese mes.
Luego vinieron los problemas. El principal: la crisis política. Los diputados se concentraron en medir fuerzar alrededor de Lucio Gutiérrez y los cambios en la Corte Suprema de Justicia, los tribunales Electoral y Constitucional.
Desde el 16 de marzo de este año, además, se cambió el informe para segundo debate por otro que nadie había elaborado, pero se acusa al asesor de la comisión de lo Civil, Iván Pérez, de ser el responsable de eliminar 41 páginas y cambiar algunos textos. Al funcionario se lo canceló y ahora se discute un documento final elaborado por la propia Comisión.
De lado y lado hay inculpaciones. Sandra Sandoval, titular de la Comisión, confiesa que hay dos problemas: mucho protagonismo de algunos legisladores y falta de atención y lectura para conocer el tema. En cambio, Cynthia Viteri, quien presidió la Comisión cuando se planteó el asunto en septiembre pasado, reconoce que se politizó la tarea por las disputas políticas a escala legislativa y porque los contenidos son muy complicados.
Por todo ello, Rocío Rosero, del Conamu, dice que existe demasiada irresponsabilidad para un asunto de carácter nacional y trascedental. (OP)
EL DATO
¿Por qué cambiar la legislación?
Los organismos de defensa de las mujeres y los niños dieron la alarma: hay un incremento y diversificación considerable de los delitos que atentan contra la libertad y la integridad sexual de las personas.
Además, la legislación actual tiene un grave defecto: en muchas ocasiones no se protege a todas las mujeres sino solo a aquellas que son "castas, honestas, doncellas, etc.", preocupándose "no tanto por el honor de la víctima como sí por el honor del varón, que tiene con ella una relación institucionalizada", dice el Conamu. En el caso de los niños y niñas, la ley no garantiza el sano desarrollo de su sexualidad y no se empata con las legislaciones modernas. (OP)a
"Verá, coleguita, que yo sí estuve en la sesión"
Los propios legisladores reconocen que no leyeron los informes para segundo debate. Algunos se quedan para hacer número a la hora de votar y luego se van
La sala del Pleno del Congreso Nacional está semi vacía. Son las 13:00, del martes 10 de mayo. El presidente pide votar un artículo de la reforma al Código Penal sobre la trata de personas, pero hay solo 50 diputados. El titular de la Legislatura, Wifrido Lucero, solicita integrarse a quienes deambulan por los pasillos. Con Cynthia Viteri hacen quórum y empieza la votación. Dos minutos después ingresan cinco legisladores más.
Sin saber de qué trata el tema, un grupo de diputados se ve desconcertado y entonces la legisladora socialcristiana Jackeline Silva, moviéndose de un lado a otro, dejando a un lado su celular y repitiendo de memoria los textos en debate, les dice: Voten, voten y algunos levantan la mano.
Como no se entiende el asunto en debate y hay confusión entre los votantes, Lucero increpa: Les ruego poner atención a los señores diputados. Vuelva a leer el texto y repita la votación, señor secretario. Al momento de votar hay 56 diputados y votan 46 a favor. Los 10 restantes siguen en sus lecturas y hablan por celular.
Superado el momento, la mayoría vuelve a sus ocupaciones. Ximena Bohórquez le niega a un periodista de televisión una entrevista para comentar sobre la situación de su marido. Kenet Carrera revisa la sección deportiva de Diario HOY. Omar Quintana entra y sale. Salvador Quishpe llega apresurado y pregunta: "¿En qué andan?". Silvana Larrea, muy concentrada, observa al resto de sus colegas con los ojos semiabiertos. Enrique Ayala escribe en su computadora portátil. Y, en una acalorada discusión sobre el veto presidencial a los cambios en la Corte Suprema de Justicia, se encuentran (de espaldas a la Presidencia) Alfredo Serrano, Alfonso Harb, Andrés Páez, Galo Ordóñez y Rolo Sanmartín.
Solo Sandra Sandoval, Jackeline Silva, Javier Sandoval y Ernesto Pazmiño participan activamente del debate: proponen, rechazan, piden aclaraciones y hacen consultas con sus asesores. Y cuando parece que todo está por tener un final de escándalo por las discrepancias entre Sandra Sandoval y Ernesto Pazmiño, el presidente Lucero da por terminada la sesión. Luego lo explica: hay demasiados textos y demasiados criterios sobre el tema. Pide a los legisladores reunirse al siguiente día para tratar la descalificación de los diputados del escándalo de Lima y sobre el veto presidencial. Y acota: Tienen toda la tarde para estudiar estos temas. Entonces algunos hacen planes para ir almorzar y otros para hacer compras. Solo los más interesados en el tema se quedan por 20 minutos más discutiendo sobre las reformas al Código Penal, en el capítulo de delitos sexuales.
Incluso, tres coidearios de Sandra Sandoval se justifican: "Verá, coleguita, nosotros estuvimos todo el tiempo aquí. Verá". Y ella reclama: "Sí, pero no participaron ni aportaron nada en el debate". Entonces recibe la respuesta que le provoca una mueca: "Es que el texto no lo hemos leído". (OP)
PUNTO DE VISTA
En la agenda política no cuenta la gente
Para los diputados es más rico, interesante y de rigor sancionar a cuatro colegas por un escándalo en Lima que dedicarse por entero a la reforma del Código Penal, en el capítulo sobre delitos sexuales. Lo prueba el presente informe. Y al mismo tiempo, hay un desentendimiento social por no presionar para que este tema se convierta en la prioridad de la agenda ecuatoriana.
¿Qué hace que un asunto que atraviesa a toda la sociedad quede en último lugar del orden del día de los legisladores? Tras la innumerable lista de violaciones a menores y el incremento del turismo y la pornografía sexual e infantil, ¿dónde quedaron los golpes de pecho de muchos políticos?
Parecería que nos conformamos con lanzar gritos cuando un escándalo nos avergüenza socialmente y luego nos olvidamos del asunto hasta que ocurra un hecho similar. Una posible explicación es la cultura inmediatista y cortoplacista. Otra: lo que no genera imagen y votos al futuro no es importante para los políticos.
Mientras tanto, las víctimas de una legislación deficiente y un sistema judicial corrupto crecen geométricamente en el Ecuador, como lo prueban las cifras publicadas.
Entonces, lo que para muchas personas es un drama cotidiano, para la clase política y para quienes hacen opinión pública no cuenta. ¿Hablamos de un país que piensa en el futuro y en el capital humano, que es el único que garantiza el anhelado desarrollo y progreso para las generaciones jóvenes presentes y futuras? (OP) (Blanco y Negro)
Samanta, a merced de los jueces
Un juez de la Corte Suprema de Facto formó parte de un Tribunal que votó a favor de cambiar la acusación de violación por la de estupro. El padre de una joven manabita inició un juicio por prevaricato.
A las 20:00, del 4 de octubre de 2003, Samanta, una chica de 14 años, cuya identidad se guarda por su seguridad, asistió a una fiesta en la casa de uno de sus compañeros de colegio, en la que no se encontraban los dueños. La muchacha bebió una copa que le hizo perder casi de inmediato el conocimiento. En estado de inconsciencia, fue conducida a una habitación donde fue violada por otros tres jóvenes que también participaban de la fiesta.
Todo esto ocurrió en una ciudad de la provincia de Manabí, donde se inició la causa penal por violación, pero, al final, el Tribunal de la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Portoviejo determinó el delito como estupro. Los miembros de ese tribunal fueron Tito Livio Mendoza (quien luego formaría parte de la Corte Surema de facto, presidida por Guillermo Castro Dáger), Vicente Villacrés (conjuez permanente) y Oswaldo Bustamante, quien se reafirmó en llamamiento a juicio por violación.
Samanta despertó al sentir que alguien la movía y, desesperada, pidió entre lágrimas ser llevada a su domicilio. Mientras la conducían a su casa, fue amenazada de muerte por uno de sus agresores si denunciaba la violación. "Te voy a matar a cuchillazos", le habría dicho. Cerca de las 02:30, Samanta fue abandonada frente a la vivienda de sus abuelos.
Al siguiente día pasó dormida y sintió un fuerte dolor y ardor en sus genitales. Incluso, al verse en el espejo descubrió que le habían hecho dos "chupetes" en el cuello.
El 6 de octubre, dos jóvenes de su colegio le dieron un "encargo": una funda con dos pastillas, de parte de quienes la violaron, con la orden de que se las tomara inmediatamente. Al parecer, eran abortivas; luego uno de los padres de los muchachos dijo que se trató de una broma. En el proceso se indicó que las pastillas fueron compradas en la farmacia de un médico "colaborador de un tío de la supuesta agraviada".
El 29 de octubre, el padre de Samanta, al conocer el ultraje, lo denunció ante el agente fiscal de Manabí.
En la indagatoria, abierta el 30 de octubre, se dividió la causa en dos procesos porque dos de los presuntos atacantes eran menores de edad.
El 17 de noviembre se inició la instrucción fiscal, pues se concluyó que uno de los muchachos, el mayor de edad, había cometido violación, como lo señala el artículo 512, numeral segundo, delito sancionado por el artículo 513 del Código Penal.
Estos artículos indican que se comete violación "cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando, por enfermedad o por cualquier otra causa, no pudiera resistirse..." y que "el delito de violación será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años...; y, con reclusión mayor ordinaria de ocho a 12 años".
Recién el 2 de julio de 2004, el juez tercero de lo Penal de Manabí dictó el auto de llamamiento a juicio y la detención en contra del acusado. En esta misma fecha se ordenó el embargo de sus bienes hasta $50 mil. No obstante, el proceso fue suspendido, pues se esperó que el joven encausado se entregara voluntariamente o fuera capturado.
Al verse en esta situación, el acusado apeló ante la Corte Superior de Portoviejo. Se radicó, entonces, la competencia en el Tribunal de la Primera Sala Especializada de lo Penal.
Esta instancia confirmó el auto de llamamiento a juicio. Sin embargo, se definió la conducta y actos del encausado como delito de estupro del artículo 509 del Código Penal ("Llámase estupro la cópula con mujer honesta empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento") por dos votos contra uno, por lo que se evitó el juzgamiento por violación.
La pena por delito de estupro se castiga, según el artículo 510, con prisión de tres meses a tres años si la mujer es mayor de 14 y menor de 18. Si la mujer es menor de 14 y mayor de 12, se castiga con prisión de dos a cinco años.
Este juicio continúa hasta hoy. Cuando se cambió la figura legal, se desvaneció el delito de violación, se disminuyó el rango de penas y se cuestionó la conducta de la víctima (al señalar la posibilidad del consentimiento). Ante estos hechos, los abogados de Samanta plantearán un proceso de prevaricato en contra de los dos jueces. (OP-GGS)
ados de NN plantearán un proceso de prevaricato en contra de los dos jueces que definieron el delito como estupro.
UN CAMBIO DE LA CULTURA POLÍTICA
"LO ESENCIAL ES EL CAPITAL HUMANO"
Rocío Rosero es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu). Ella, con su equipo, trabaja en el seguimiento a las refomas al Código Penal, en el capítulo de los delitos sexuales. Además, Rosero investiga y documenta la situación legal y social de la mujer ecuatoriana a favor de la equidad y el respeto a sus derechos. En los últimos días han participado en la discusión legislativa para introducir cambios y frenar ciertos "aceleres" de los diputados.
¿Qué impide que las reformas al Código Penal sean técnicas, válidas, urgentes y prioritarias?
La falta de visión del país. Por tanto, una clase política y unos diputados que no entienden que parte esencial del capital del país es su integridad física, psicológica y sexual, que es lo que se intenta proteger a través de la ampliación de los delitos sexuales y otros tipos de delitos.
¿Una nueva reforma al Código Penal es suficiente para prevenir los delitos sexuales?
Primero hay que revisar bien el Código de Procedimiento Penal. También actualizar conocimientos y sensibilizar a todos los administradores de Justicia (no solo jueces, fiscales y funcionarios sino también y principalmente los policías). En todos sus niveles, debe haber un mayor conocimiento de esta doctrina de protección integral de derechos que posibilite el cumplimiento de esa protección del Estado en sus diferentes funciones. Además, debe ocurrir un cambio de cultura institucional que, en definitiva, es cultura democrática, basado en el respeto a la integridad de las personas.
¿Cómo evitar esa cultura de violencia hacia el otro y que la ley no la pueda sancionar?
Se debe trabajar en un cambio cultural que modifique, en lo sustantivo, la forma de relacionarse. El cambio debe darse desde la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en la calle, en el deporte, en el barrio, en todos los ámbitos de la vida tiene que empezar por respetarse la integridad personal y los derechos de cada una de las personas de conformidad con el mandato constitucional. Eso implica deberes y obligaciones para cada uno de los sectores, instituciones y personas también.
Pero la ciudadanía no es una entelequia ni una teoría abstracta.
A la ciudadanía la vemos como una cosa ajena que se construye allá, en Carondelet, en la Plaza de la Independencia o en los ministerios. Y eso no es así. La ciudadanía la construimos cotidianamente cuando ejercemos nuestros derechos, pero sobre todos nuestras obligaciones de velar por la libertad, igualdad, la no discriminación de los otros. Eso no solo se refleja en la familia, en la vida de pareja, en la escuela y en todos los ámbitos, sino también en la cultura política. Parte de la problemática que vive el país es justamente esa depredación del respeto a la dignidad y libertad de las personas. (OP)
La ley, enana ante la realidad
En las últimas semanas, en el Congreso Nacional se han producido problemas sobre las reformas al Código Penal, al punto que se canceló a un asesor por mutilar y transformar un informe de una Comisión
El Congreso Nacional inició el debate de las reformas al Código Penal, en el capítulo de delitos sexuales, en septiembre de 2004, pero no logra, hasta el momento, ponerse al día tras la crisis política y los malos entendidos entre los diputados.
Presionada por el escándalo del llamado caso "Burdet-Cedeño", la Legislatura se apuró en plantear varias reformas, en particular por la inexistencia, en el Código Penal, de un capítulo que defina y castigue los delitos de explotación sexual infantil y la trata de personas.
Al mismo tiempo, surgió el debate sobre la necesidad de redefinir los delitos de violación, estupro y acoso sexual. La razón: en la legislación actual existe una "victimización de la mujer", como señalan varias organizaciones, entre ellas Unicef y Conamu.
Con todo ello, llegaron a la Comisión de lo Civil y Penal 12 proyectos, que se armonizaron en uno solo y se conoció en primer debate en ese mes.
Luego vinieron los problemas. El principal: la crisis política. Los diputados se concentraron en medir fuerzar alrededor de Lucio Gutiérrez y los cambios en la Corte Suprema de Justicia, los tribunales Electoral y Constitucional.
Desde el 16 de marzo de este año, además, se cambió el informe para segundo debate por otro que nadie había elaborado, pero se acusa al asesor de la comisión de lo Civil, Iván Pérez, de ser el responsable de eliminar 41 páginas y cambiar algunos textos. Al funcionario se lo canceló y ahora se discute un documento final elaborado por la propia Comisión.
De lado y lado hay inculpaciones. Sandra Sandoval, titular de la Comisión, confiesa que hay dos problemas: mucho protagonismo de algunos legisladores y falta de atención y lectura para conocer el tema. En cambio, Cynthia Viteri, quien presidió la Comisión cuando se planteó el asunto en septiembre pasado, reconoce que se politizó la tarea por las disputas políticas a escala legislativa y porque los contenidos son muy complicados.
Por todo ello, Rocío Rosero, del Conamu, dice que existe demasiada irresponsabilidad para un asunto de carácter nacional y trascedental. (OP)
EL DATO
¿Por qué cambiar la legislación?
Los organismos de defensa de las mujeres y los niños dieron la alarma: hay un incremento y diversificación considerable de los delitos que atentan contra la libertad y la integridad sexual de las personas.
Además, la legislación actual tiene un grave defecto: en muchas ocasiones no se protege a todas las mujeres sino solo a aquellas que son "castas, honestas, doncellas, etc.", preocupándose "no tanto por el honor de la víctima como sí por el honor del varón, que tiene con ella una relación institucionalizada", dice el Conamu. En el caso de los niños y niñas, la ley no garantiza el sano desarrollo de su sexualidad y no se empata con las legislaciones modernas. (OP)a
"Verá, coleguita, que yo sí estuve en la sesión"
Los propios legisladores reconocen que no leyeron los informes para segundo debate. Algunos se quedan para hacer número a la hora de votar y luego se van
La sala del Pleno del Congreso Nacional está semi vacía. Son las 13:00, del martes 10 de mayo. El presidente pide votar un artículo de la reforma al Código Penal sobre la trata de personas, pero hay solo 50 diputados. El titular de la Legislatura, Wifrido Lucero, solicita integrarse a quienes deambulan por los pasillos. Con Cynthia Viteri hacen quórum y empieza la votación. Dos minutos después ingresan cinco legisladores más.
Sin saber de qué trata el tema, un grupo de diputados se ve desconcertado y entonces la legisladora socialcristiana Jackeline Silva, moviéndose de un lado a otro, dejando a un lado su celular y repitiendo de memoria los textos en debate, les dice: Voten, voten y algunos levantan la mano.
Como no se entiende el asunto en debate y hay confusión entre los votantes, Lucero increpa: Les ruego poner atención a los señores diputados. Vuelva a leer el texto y repita la votación, señor secretario. Al momento de votar hay 56 diputados y votan 46 a favor. Los 10 restantes siguen en sus lecturas y hablan por celular.
Superado el momento, la mayoría vuelve a sus ocupaciones. Ximena Bohórquez le niega a un periodista de televisión una entrevista para comentar sobre la situación de su marido. Kenet Carrera revisa la sección deportiva de Diario HOY. Omar Quintana entra y sale. Salvador Quishpe llega apresurado y pregunta: "¿En qué andan?". Silvana Larrea, muy concentrada, observa al resto de sus colegas con los ojos semiabiertos. Enrique Ayala escribe en su computadora portátil. Y, en una acalorada discusión sobre el veto presidencial a los cambios en la Corte Suprema de Justicia, se encuentran (de espaldas a la Presidencia) Alfredo Serrano, Alfonso Harb, Andrés Páez, Galo Ordóñez y Rolo Sanmartín.
Solo Sandra Sandoval, Jackeline Silva, Javier Sandoval y Ernesto Pazmiño participan activamente del debate: proponen, rechazan, piden aclaraciones y hacen consultas con sus asesores. Y cuando parece que todo está por tener un final de escándalo por las discrepancias entre Sandra Sandoval y Ernesto Pazmiño, el presidente Lucero da por terminada la sesión. Luego lo explica: hay demasiados textos y demasiados criterios sobre el tema. Pide a los legisladores reunirse al siguiente día para tratar la descalificación de los diputados del escándalo de Lima y sobre el veto presidencial. Y acota: Tienen toda la tarde para estudiar estos temas. Entonces algunos hacen planes para ir almorzar y otros para hacer compras. Solo los más interesados en el tema se quedan por 20 minutos más discutiendo sobre las reformas al Código Penal, en el capítulo de delitos sexuales.
Incluso, tres coidearios de Sandra Sandoval se justifican: "Verá, coleguita, nosotros estuvimos todo el tiempo aquí. Verá". Y ella reclama: "Sí, pero no participaron ni aportaron nada en el debate". Entonces recibe la respuesta que le provoca una mueca: "Es que el texto no lo hemos leído". (OP)
PUNTO DE VISTA
En la agenda política no cuenta la gente
Para los diputados es más rico, interesante y de rigor sancionar a cuatro colegas por un escándalo en Lima que dedicarse por entero a la reforma del Código Penal, en el capítulo sobre delitos sexuales. Lo prueba el presente informe. Y al mismo tiempo, hay un desentendimiento social por no presionar para que este tema se convierta en la prioridad de la agenda ecuatoriana.
¿Qué hace que un asunto que atraviesa a toda la sociedad quede en último lugar del orden del día de los legisladores? Tras la innumerable lista de violaciones a menores y el incremento del turismo y la pornografía sexual e infantil, ¿dónde quedaron los golpes de pecho de muchos políticos?
Parecería que nos conformamos con lanzar gritos cuando un escándalo nos avergüenza socialmente y luego nos olvidamos del asunto hasta que ocurra un hecho similar. Una posible explicación es la cultura inmediatista y cortoplacista. Otra: lo que no genera imagen y votos al futuro no es importante para los políticos.
Mientras tanto, las víctimas de una legislación deficiente y un sistema judicial corrupto crecen geométricamente en el Ecuador, como lo prueban las cifras publicadas.
Entonces, lo que para muchas personas es un drama cotidiano, para la clase política y para quienes hacen opinión pública no cuenta. ¿Hablamos de un país que piensa en el futuro y en el capital humano, que es el único que garantiza el anhelado desarrollo y progreso para las generaciones jóvenes presentes y futuras? (OP) (Blanco y Negro)
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