Quito. 02 dic 96. Los dirigentes sindicales
recibirían al menos 500 millones de sucres.
Los gerentes son los que tendrían que pagar.
¿Cómo cancelar a los trabajadores
despedidos de Petroecuador y sus filiales,
sin que eso signifique el desembolso de
miles de millones de sucres? Esa es la
pregunta que se hacen y el reto que tienen
los asesores y los principales de Petróleos
del Ecuador.
Y para estar preocupados tienen razones.
Los argumentos patronales para la
separación de los trabajadores de sus
cargos no han sido claros como tampoco
los procedimientos que se han seguido en
los despidos y en el proceso para establecer
las indemnizaciones. De ahí que, según
denuncian los agraviados, se quiera hacer
trampas en el proceso legal de su separación
de la petrolera.
En caso de indemnizaciones por despido
intempestivo, los montos a pagar serán
elevados. Aunque hay hermetismo sobre las
cifras que reclaman los trabajadores, se
habla que, en el caso de los dirigentes
sindicales -Marcelo Román, Iván Narváez,
Henry Llanes y Olga Chamba- podrían
recibir por lo menos 500 millones de
sucres cada uno. Eso dependerá de las
cuentas que se realicen en base a los años
de servicio, el monto de los sueldos y lo
que dispone el contrato colectivo.
Al momento, hay por lo menos 95
despedidos (incluye las renuncias
firmadas supuestamente a la fuerza, con
agresión física y verbal) entre las tres
filiales, a nivel nacional. El abogado
laboral, Julio César Trujillo, -quien es
el representante de algunos de los
despedidos- explica los pasos que se
deben dar en el trámite legal.
"Normalmente, la terminación de la
relación laboral (a la fuerza o
intempestivamente) debe presentarse
ante el Comité Obrero-Patronal de la
empresa, para que se proceda a
establecer si la separación del trabajador
es legal o ilegal. Con esto se determina
si se procede al pago o no de
indemnizaciones, cuyo monto se
establece en base al contrato colectivo
y los valores no pagados por vacaciones
pendientes y demás beneficios laborales".
El comité está compuesto por
representantes de los trabajadores y de
los patronos. Esta figura está prevista
en el Código del Trabajo y en el
contrato colectivo y es el organismo
que, de ser posible, resuelve las
diferencias.
"Si en este organismo, continúa
Trujillo, no se llega a un acuerdo entre
las partes, el caso se ventila ante los
jueces del Trabajo, con un trámite que
puede durar entre dos y tres años".
Hay que agregar que las causas para
sacar a un trabajador de su puesto,
según el Art. 171 del Código del
Trabajo son: faltas repetidas e
injustificadas de puntualidad, falta
mayor a tres días consecutivos sin
justificación, indisciplina, injurias
graves al empleador y desacato de
las medidas de seguridad.
Si un trabajador incurre en alguna de
estas faltas su despido se debe tramitar
a través de un visto bueno. De lo que se
sabe, en Petroecuador no se ha usado
este recurso. Y aquí el tiro le puede
salir por la culata al ministro de Energía,
Alfredo Adum, quien ha sido el impulsor
de los despidos. Como éstos no fueron
tramitados por el proceso legal normal,
las acusaciones del Ministro a los
trabajadores -que no trabajan, que son
mafiosos o que han protagonizado robos
a las empresas- quedarían fuera del trámite
legal. Según Trujillo, el determinar si esto
es verdad no interesa en el trámite de las
indemnizaciones.
Pero, ¿qué ocurre con el proceso? Llanes,
explica que el Comité Obrero Patronal de
Petroecuador no se integró sino hasta
después de los despidos.
La parte patronal no envió su nómina
hasta el 19 de noviembre. Ese día se
convocó a una sesión extraordinaria de
ese organismo, para el 20 de noviembre,
a fin de tratar el cambio de dos de los
vocales (Llanes y Narváez, dejaron
vacantes sus cargos) de la parte obrera.
Esa notificación se hizo a los suplentes
y a un solo miembro principal de la parte
obrera. Sin embargo, la sesión no se dio
y se la volvió a convocar para el jueves
21 de noviembre.
El mismo 20 de noviembre, el Comité
Ejecutivo de la organización sindical de
los trabajadores dejó insubsistentes las
nominaciones de sus representantes
principales y suplentes en el Comité
Obrero Patronal, aduciendo que hay
continuas violaciones a la libertad
sindical y falta de garantías.
Los despidos se produjeron, en su mayor
parte, antes de esa fecha. Por eso los
agraviados presentaron las denuncias
respectivas ante el Ministerio del
Trabajo. Y solicitaron que un inspector
de este organismo presente un informe
sobre lo ocurrido en cada caso.
El resultado dio la razón a los trabajadores:
se despidió intempestivamente a Olga
Chamba y Henry Llanes. Según el
Ministerio de Trabajo no les permitieron
entran a sus sitios de trabajo ni firmar la
hoja de asistencia.
Justamente, debido a esta resolución
el ministro de Energía, Alfredo Adum,
se molestó con el Ministerio de
Trabajo y habría tratado de interferir en
el informe. De ahí la renuncia de la ex
titular de este portafolio, Guadalupe
León.
En Petroindustrial, en cambio, sí se
instaló el Comité Obrero-Patronal. Se
lo hizo luego de recibir una
comunicación del procurador,
Leonidas Plaza Verduga. En ella se
decía que, de acuerdo con la ley, los
valores que las empresas estatales
deban pagar por indemnizaciones por
despido intempestivo pueden ser
reclamados a los gerentes y directivos
de las empresas.
Pero, ¿no fue Adum quien ordenó los
despidos? Sí. Pero los representantes
legales de Petroecuador y sus filiales
y los que firmaron las órdenes de
despido son los gerentes. La misma
comunicación envió el Procurador a los
titulares de Petrocomercial y Petroecuador.
De ahí, explica Llanes, el apuro por
conformar los comités obreros
patronales en los últimos días.
Se busca anular los contratos colectivos
Alfredo Adum, ministro de Energía, es
quien ha impulsado los despidos, en
especial de los sindicalistas de
Petroecuador. Además ha dicho que va
a terminar con "la mafia" que supuestamente
está enquistada en la empresa estatal y sus
filiales. También ha encargado a los
máximos de Petroecuador y sus filiales
que se reduzca el personal de estos
organismos.
Esta política continuará. El propio Adum
lo reconoce, pero advierte que se buscará
los mecanismos legales y constitucionales
para hacerlo.
"No puedo seguir pagando sueldos a
personas que no trabajan. Eso es hacer
daño a la Patria y a la misma persona,
porque se acostumbran a eso. Ellos (los
empleados) tienen que cumplir con la
ley para que, después, la Contraloría no
los vaya a sancionar".
Además, anunció que pedirá al Congreso
Nacional que conforme una comisión
para que se revisen los contratos
colectivos firmados en las administraciones
anteriores e incluso el actual.
La intención, dice, es que se "vean que
atenta contra la Constitución, que son
ilegales y que no tienen el informe
favorable de Senda. En consecuencia,
todo lo actuado es nulo y carente de toda
validez". Este estudio es para obtener un
arma en la negociación laboral: probar la
nulidad del contrato colectivo y bajar el
monto de las indemnizaciones.
Adum insiste en que no se han producido
despidos intempestivos. "Se está hablando
con las personas y se se les hace entender
que están demás en la empresa, para que
presenten sus renuncias. Así como el
Estado los contrató de buena fe, de buena
fe el Estado no les puede seguir pagando".
En el caso de los dirigentes como Henry
Llanes, Marcelo Román, Olga Chamba y
de la empleada Sonia Palacios, el Ministro
argumenta que ellos "han cometido
irregularidades. Esos nunca trabajaron.
Ahí hay dolo. Ellos se van con juicio penal".
(FUENTE: EL COMERCIO)
recibirían al menos 500 millones de sucres.
Los gerentes son los que tendrían que pagar.
¿Cómo cancelar a los trabajadores
despedidos de Petroecuador y sus filiales,
sin que eso signifique el desembolso de
miles de millones de sucres? Esa es la
pregunta que se hacen y el reto que tienen
los asesores y los principales de Petróleos
del Ecuador.
Y para estar preocupados tienen razones.
Los argumentos patronales para la
separación de los trabajadores de sus
cargos no han sido claros como tampoco
los procedimientos que se han seguido en
los despidos y en el proceso para establecer
las indemnizaciones. De ahí que, según
denuncian los agraviados, se quiera hacer
trampas en el proceso legal de su separación
de la petrolera.
En caso de indemnizaciones por despido
intempestivo, los montos a pagar serán
elevados. Aunque hay hermetismo sobre las
cifras que reclaman los trabajadores, se
habla que, en el caso de los dirigentes
sindicales -Marcelo Román, Iván Narváez,
Henry Llanes y Olga Chamba- podrían
recibir por lo menos 500 millones de
sucres cada uno. Eso dependerá de las
cuentas que se realicen en base a los años
de servicio, el monto de los sueldos y lo
que dispone el contrato colectivo.
Al momento, hay por lo menos 95
despedidos (incluye las renuncias
firmadas supuestamente a la fuerza, con
agresión física y verbal) entre las tres
filiales, a nivel nacional. El abogado
laboral, Julio César Trujillo, -quien es
el representante de algunos de los
despedidos- explica los pasos que se
deben dar en el trámite legal.
"Normalmente, la terminación de la
relación laboral (a la fuerza o
intempestivamente) debe presentarse
ante el Comité Obrero-Patronal de la
empresa, para que se proceda a
establecer si la separación del trabajador
es legal o ilegal. Con esto se determina
si se procede al pago o no de
indemnizaciones, cuyo monto se
establece en base al contrato colectivo
y los valores no pagados por vacaciones
pendientes y demás beneficios laborales".
El comité está compuesto por
representantes de los trabajadores y de
los patronos. Esta figura está prevista
en el Código del Trabajo y en el
contrato colectivo y es el organismo
que, de ser posible, resuelve las
diferencias.
"Si en este organismo, continúa
Trujillo, no se llega a un acuerdo entre
las partes, el caso se ventila ante los
jueces del Trabajo, con un trámite que
puede durar entre dos y tres años".
Hay que agregar que las causas para
sacar a un trabajador de su puesto,
según el Art. 171 del Código del
Trabajo son: faltas repetidas e
injustificadas de puntualidad, falta
mayor a tres días consecutivos sin
justificación, indisciplina, injurias
graves al empleador y desacato de
las medidas de seguridad.
Si un trabajador incurre en alguna de
estas faltas su despido se debe tramitar
a través de un visto bueno. De lo que se
sabe, en Petroecuador no se ha usado
este recurso. Y aquí el tiro le puede
salir por la culata al ministro de Energía,
Alfredo Adum, quien ha sido el impulsor
de los despidos. Como éstos no fueron
tramitados por el proceso legal normal,
las acusaciones del Ministro a los
trabajadores -que no trabajan, que son
mafiosos o que han protagonizado robos
a las empresas- quedarían fuera del trámite
legal. Según Trujillo, el determinar si esto
es verdad no interesa en el trámite de las
indemnizaciones.
Pero, ¿qué ocurre con el proceso? Llanes,
explica que el Comité Obrero Patronal de
Petroecuador no se integró sino hasta
después de los despidos.
La parte patronal no envió su nómina
hasta el 19 de noviembre. Ese día se
convocó a una sesión extraordinaria de
ese organismo, para el 20 de noviembre,
a fin de tratar el cambio de dos de los
vocales (Llanes y Narváez, dejaron
vacantes sus cargos) de la parte obrera.
Esa notificación se hizo a los suplentes
y a un solo miembro principal de la parte
obrera. Sin embargo, la sesión no se dio
y se la volvió a convocar para el jueves
21 de noviembre.
El mismo 20 de noviembre, el Comité
Ejecutivo de la organización sindical de
los trabajadores dejó insubsistentes las
nominaciones de sus representantes
principales y suplentes en el Comité
Obrero Patronal, aduciendo que hay
continuas violaciones a la libertad
sindical y falta de garantías.
Los despidos se produjeron, en su mayor
parte, antes de esa fecha. Por eso los
agraviados presentaron las denuncias
respectivas ante el Ministerio del
Trabajo. Y solicitaron que un inspector
de este organismo presente un informe
sobre lo ocurrido en cada caso.
El resultado dio la razón a los trabajadores:
se despidió intempestivamente a Olga
Chamba y Henry Llanes. Según el
Ministerio de Trabajo no les permitieron
entran a sus sitios de trabajo ni firmar la
hoja de asistencia.
Justamente, debido a esta resolución
el ministro de Energía, Alfredo Adum,
se molestó con el Ministerio de
Trabajo y habría tratado de interferir en
el informe. De ahí la renuncia de la ex
titular de este portafolio, Guadalupe
León.
En Petroindustrial, en cambio, sí se
instaló el Comité Obrero-Patronal. Se
lo hizo luego de recibir una
comunicación del procurador,
Leonidas Plaza Verduga. En ella se
decía que, de acuerdo con la ley, los
valores que las empresas estatales
deban pagar por indemnizaciones por
despido intempestivo pueden ser
reclamados a los gerentes y directivos
de las empresas.
Pero, ¿no fue Adum quien ordenó los
despidos? Sí. Pero los representantes
legales de Petroecuador y sus filiales
y los que firmaron las órdenes de
despido son los gerentes. La misma
comunicación envió el Procurador a los
titulares de Petrocomercial y Petroecuador.
De ahí, explica Llanes, el apuro por
conformar los comités obreros
patronales en los últimos días.
Se busca anular los contratos colectivos
Alfredo Adum, ministro de Energía, es
quien ha impulsado los despidos, en
especial de los sindicalistas de
Petroecuador. Además ha dicho que va
a terminar con "la mafia" que supuestamente
está enquistada en la empresa estatal y sus
filiales. También ha encargado a los
máximos de Petroecuador y sus filiales
que se reduzca el personal de estos
organismos.
Esta política continuará. El propio Adum
lo reconoce, pero advierte que se buscará
los mecanismos legales y constitucionales
para hacerlo.
"No puedo seguir pagando sueldos a
personas que no trabajan. Eso es hacer
daño a la Patria y a la misma persona,
porque se acostumbran a eso. Ellos (los
empleados) tienen que cumplir con la
ley para que, después, la Contraloría no
los vaya a sancionar".
Además, anunció que pedirá al Congreso
Nacional que conforme una comisión
para que se revisen los contratos
colectivos firmados en las administraciones
anteriores e incluso el actual.
La intención, dice, es que se "vean que
atenta contra la Constitución, que son
ilegales y que no tienen el informe
favorable de Senda. En consecuencia,
todo lo actuado es nulo y carente de toda
validez". Este estudio es para obtener un
arma en la negociación laboral: probar la
nulidad del contrato colectivo y bajar el
monto de las indemnizaciones.
Adum insiste en que no se han producido
despidos intempestivos. "Se está hablando
con las personas y se se les hace entender
que están demás en la empresa, para que
presenten sus renuncias. Así como el
Estado los contrató de buena fe, de buena
fe el Estado no les puede seguir pagando".
En el caso de los dirigentes como Henry
Llanes, Marcelo Román, Olga Chamba y
de la empleada Sonia Palacios, el Ministro
argumenta que ellos "han cometido
irregularidades. Esos nunca trabajaron.
Ahí hay dolo. Ellos se van con juicio penal".
(FUENTE: EL COMERCIO)
Más en el