Quito. 03.08.93. En diciembre de 1984, el volcán Nevado del
Ruiz en Colombia empezó a emitir fumarolas a un ritmo cada vez
más acelerado y en sus alrededores la tierra comenzó a
temblar. El miedo en la cercana Manizales fue tan grande, que
cesó la venta de bienes raíces en esa ciudad.
Ante la presión de la ciudadanía, los técnicos colombianos
tuvieron que admitir en público el poco conocimiento que
tenían sobre el volcán y debatir cómo establecer pautas para
evaluar su creciente actividad. Se creó un Comité de Estudios
Volcánicos y se elaboró un mapa preliminar de riesgos. Este
documento iba a ser entregado formalmente el 14 de noviembre
de 1985. La víspera, el volcán produjo una erupción y una
avalancha de barro que arrasó con la ciudad de Armero y cuatro
poblaciones más. Murieron unas 20 mil personas, otras 400 mil
resultaron damnificadas y el desastre afectó la economía de
cinco departamentos.
"Colombia no estaba preparada para afrontar una emergencia de
tales proporciones", dice hoy el arquitecto colombiano
Mauricio Bustamante. Para enfrentar esta tremenda catástrofe
tuvo que improvisar una institución llamada RESURGIR e
invirtió cien millones de dólares en la solución de los
múltiples problemas que generó el evento.
La respuesta
Nunca se sabrá lo que realmente hubiesen hecho las
autoridades, de recibir los informes a tiempo. Sin embargo, la
terrible experiencia con el Nevado del Ruiz sí provocó una
respuesta. En 1988 se creó el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, del que Mauricio
Bustamante es jefe de programas nacionales.
Los principales objetivos de este sistema son mitigar los
efectos de las emergencias e incorporar la prevención de
desastres a la planificación del desarrollo. Este sistema
descentralizado, interinstitucional y participativo, en el
sentido que busca vincular a la comunidad en peligro o
afectada en las tareas de prevención y rehabilitación, todavía
tiene algunas fallas, pero el último desastre registrado en
Colombia el 17 y 18 de octubre de 1992 constituyó la prueba de
fuego y la pasó.
Dos terremotos en la zona limítrofe entre Antioquia y Chocó
afectaron a un área de 250 kilómetros cuadrados, dejaron a
cerca de 4.500 familias sin techo y daños por 20 millones de
dólares.
El sistema de atención inmediata fue tan eficiente que no hubo
necesidad de solicitar apoyo internacional para la emergencia.
Cuando se pidió ayuda para la reconstrucción, los organismos
competentes se negaron, porque consideraban que "no existió
desastre". Para Mauricio Bustamante una confirmación, aunque
absurda, de que el sistema funcionó.
Reforzar las instituciones
El sistema colombiano, objeto de admiración en el "Encuentro
latinoamericano de prevención de catástrofes" celebrado
recientemente en la Politécnica Nacional, pone un énfasis muy
especial en la estrategia de incluir en todo programa de
desarrollo un rubro para evaluación de riesgos y prevención de
desastres. Esta evaluación es similar a la del impacto
ambiental que hoy solicitan todas las entidades crediticias
para aceptar un proyecto. Ese es su fuerte.
En cambio el Sistema de Protección Civil de Chile, más antiguo
que el colombiano, aunque está muy al comienzo en lo relativo
a la prevención, le supera en cuanto a la organización.
Está integrado por los ministerios, gobernaciones,
municipalidades, intendencias, servicios e instituciones
públicas y privadas. No es un ente superpuesto ni paralelo. La
Defensa Civil propiamente dicha solamente actúa a nivel
operacional.
"Las situaciones de emergencia pueden generar un cierto grado
de confusión inicial, pero en ningún caso pueden considerarse
un caos social". Para Cristian Peña, del Ministerio del
Interior, que es el organismo planificador y coordinador del
sistema, "las situaciones de catástrofe no reducen la
capacidad de los individuos o de las estructuras sociales para
hacer frente a situaciones críticas, sino son la forma más
eficaz de solucionar los problemas generados por la
emergencia".
En otras palabras: cada uno tiene que hacer lo que hace
siempre, aunque lo haga bajo mayor presión. El sistema chileno
trabaja en forma descentralizada y pluralista. Para lograr más
eficiencia se persigue reforzar las instituciones existentes,
incluyendo las organizaciones privadas.
La OEA proporciona las herramientas
Desde 1960 hasta 1989, eventos naturales como terremotos,
huracanes, inundaciones, sequías y derrumbes en América Latina
y el Caribe han terminado con la vida de 180 mil personas,
afectado a otros cien millones y causado pérdidas por 54 mil
millones, solamente en daños a la propiedad.
Los países más pobres y los segmentos más débiles de la
población sufren los impactos más severos. Los índices de
destrucción aumentan de década en década.
Uno de estos en especial, las inundaciones provocadas por la
Corriente del Niño en 1982/83, que afectaron a varios países
latinoamericanos, motivó a la OEA a incorporar el manejo de
amenazas naturales en las propuestas de planificación del
desarrollo.
En diciembre de 1991, como aporte a la Década de la Reducción
de Desastres Naturales establecida para los años 90 por las
Naciones Unidas, publicó dos manuales sobre el tema.
Parte de la idea de que el daño causado por los eventos
naturales puede ser reducido, porque de todos los problemas
del medio ambiente los riesgos naturales son los más
manejables. Pueden ser identificados rápidamente, existen
medidas de mitigación y los beneficios al reducirlos son en
gran parte mayores a los costos.
Sin embargo, todavía más de un 90 por ciento de los fondos
internacionales destinados al manejo de desastres naturales se
emplean en actividades de auxilio y reconstrucción y solo un
diez por ciento en prevención.
Dos estrategias
Las estrategias de mitigación y prevención de desastres son de
dos tipos: Las estructurales, que incluyen códigos de
construcción y especificaciones de materiales,
reacondicionamiento de estructuras existentes y construcción
de mecanismos protectores, como diques, por ejemplo. Y las
medidas no estructurales, entre las que tienen especial
importancia la zonificación del uso de la tierra, reubicación
de residentes fuera del área de riesgo, programas de seguros,
etc., medidas que son generalmente más baratas que las
estructurales.
Juan Poveda presentó al foro estudios de riesgos
proporcionados por la OEA al Ecuador para el área agrícola y
energética. Existe una zonificación del uso de suelos, que no
es aplicada debidamente y hay algunos mapas de riesgos, uno de
ellos será entregado a fines de mes en Cuenca. Se trata de una
proyección del peligro de inundaciones a cargo de UNDRO.
Probablemente en el país, los campos de estudio más sólidos
son los de la actividad volcánica y sísmica. Sin embargo, los
técnicos reunidos en Quito coincidieron con Juan Murrier de
Venezuela en que las dificultades principales para adoptar
medidas de prevención "radican en la falta de interés de los
niveles decisorios, tanto públicos como privados".
Además de los técnicos venezolano, colombiano y chileno,
estuvieron representantes de organizaciones estatales y
particulares de Venezuela, Perú, Costa Rica y Estados Unidos.
"La tercera parte de los expertos latinoamericanos en este
novísimo tema", comentó alguno de los asistentes.
No encontraron en el coloquio ningún representante ecuatoriano
que hubiera podido presentar a su mismo nivel un sistema
similar de manejo y prevención de emergencias.
La Josefina constituye una oportunidad de reflexión, pero
-como lo formuló Othon Zevallos, el organizador del encuentro-
para ello hace falta en primer lugar una mayor autocrítica
constructiva por parte de las instituciones competentes.
En el encuentro se recomendó con insistencia que el Consejo de
Programación del Austro incluya en su plan de reconstrucción
una evaluación de riesgos y aplique medidas de mitigación
desde la formulación misma de los proyectos. Se considera que
éste podría ser un primer paso hacia un sistema nacional de
prevención.
Solamente pensando en las inundaciones provocadas todos los
años por el río Bulubulu se puede coincidir con el manual de
la OEA: "Enfrentar desastres naturales es sinónimo de
desarrollo". (12A)
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