Quito. 12 oct 2000. De cara al último trimestre del año, la agenda está
definida. Presupuesto, autonomías, OCP, privatizaciones, diálogo social y
reforma al sistema previsional, son las prioridades. Algunos de estos
temas deberán quedar resueltos de modo perentorio; otros recibirán un
decisivo impulso con miras al 2001. De su éxito depende la consolidación
del proceso de reactivación económica.
De cara al último trimestre del año, la agenda política del gobierno
tiende a coparse con una serie de temas cuyo tratamiento se torna
perentorio. A no dudarlo destacan: el presupuesto, las autonomías, el
oleoducto de crudos pesados, las privatizaciones, el diálogo social y la
reforma al sistema previsional.
De manera previa, el régimen ha resuelto otros problemas- como la
consolidación del modelo dolarizador, el ajuste económico y la
reestructuración de la deuda Brady y del Club de París, entre los
principales- que le permiten encarar estos retos con renovado brío y
sobre todo con un creciente respaldo de opinión pública.
¿Soledad política ?
Hay quienes consideran que su soledad política, esto es la falta de
respaldo formal de los partidos hegemónicos, dificulta la solución de los
señalados desafíos; sin embargo, tampoco está tan desamparado como se
piensa.
Tratándose de una administración teóricamente apolítica, que no compite
por espacios de poder con el partidismo tradicional con miras al futuro,
tiene la ventaja de no generar las posiciones excluyentes, de oposición
radical e intransigente, que tanto caracterizan el juego político
ecuatoriano.
Sin proponérselo- acaso por inercia- tiende a capitalizar el descrédito
de la clase dirigente cuyo paradigma emblemático no es otro sino el
Congreso Nacional, cuya disolución- según es ampliamente conocido- es
respaldada por el 93% de compatriotas.
Esta suerte de contraste perceptivo entre un gobierno que maneja el
discurso de ocuparse exclusivamente de los problemas del país, con
prescindencia de cualquier otro tipo de interés o cálculo, frente a una
partidocracia que carece de toda credibilidad para sostener una prédica
semejante, no hace sino afianzar la imagen del presidente Gustavo Noboa y
su régimen.
Todas las encuestas coinciden en destacar una evolución favorable de
dicha imagen. Según Informe Confidencial, en un sondeo realizado el 16 de
septiembre, la labor del jefe de Estado es aprobada por 72% de quiteños y
70% de guayaquileños, registrando un saldo favorable de opinión
(descontando el registro de impresiones negativas) de 49 y 44%,
respectivamente, lo cual constituye un balance muy auspicioso.
De ahí que la estrategia del gobierno sea llenar los vacíos de la falta
de respaldo meramente partidista, con el apoyo que le brinda la opinión
pública. Sin otro recurso a disposición, este lineamiento habrá de
prevalecer para llevar adelante aquellos temas que se imponen en su
agenda.
Presupuesto, autonomías y OCP
Respecto a la cuestión presupuestaria comienzan a surgir algunas dudas.
Se recela una sobrestimación de ingresos tributarios, favorecidos además
por una bonanza petrolera que podría ser- bien lo sabemos- momentánea.
En la vanguardia de la crítica se ha ubicado el ex-presidente Osvaldo
Hurtado, quien ha alertado sobre el carácter efímero de la" burbuja
(ilusión) petrolera."
Tampoco se ha dado una satisfacción con respecto al incremento desmedido
de los ingresos por concepto de venta interna de derivados del petróleo
que incrementaría de aproximadamente 100 a 500 millones de dólares.
Más allá de estas inquietudes- que deben ser aclaradas- resulta evidente
que el gobierno apunta a minimizar cualquier ajuste, que genera
expectativas en los agentes económicos así como inquietud social,
prevalido del alto precio del crudo que, según la proyección de los
mercados a futuro, difícilmente bajará de los 20 dólares presupuestados.
El debate de este tema ha quedado postergado, por lo pronto, debido a que
el Congreso está ocupado en el trámite de la Ley Trole III.
Al tiempo, la sucesión de consultas populares obliga a priorizar el
esquema de las autonomías provinciales. La suma de modelos con apoyo
plebiscitario que difieren entre sí- y que siguen sin contar con un
patrón nacional- no hace sino complicar la discusión futura de la
propuesta.
De ahí la necesidad de presionar al Congreso para que califique la
urgencia de la pregunta remitida por el Ejecutivo en abril pasado, y que
permitiría la convocatoria de una consulta de carácter nacional.
Mientras, haciendo caso omiso de una multimillonaria campaña publicitaria
dirigida a favorecer al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, CIE, en su
puja por el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, el gobierno dio una muestra
de autoridad y seriedad a la vez, al excluir la oferta del CIE
argumentando, con toda razón, que no cumplía con los requisitos que
establecía el reglamento correspondiente.
No haberlo hecho hubiera significado un nefasto precedente que habría
comprometido el conjunto de la política de apertura a la inversión
privada y capital extranjero que se pretende llevar adelante.
Lo malo está en que las propias instancias del Ejecutivo, dígase el
ministerio del Defensa y la comandancia general de la Fuerza Terrestre,
no pudieron evitar este paso en falso del CIE que fue secundado por una
variopinta comparsa donde aparecieron figuras del roldosismo, la
socialdemocracia, los indígenas y el sindicalismo público, por no citar
la presencia encubierta del poderoso lobbyng de las firmas brasileñas
interesadas.
Frustrados por la vana intentona, seguramente llevarán a efecto su
amenaza de enjuiciar políticamente al ministro de Energía y Minas, Pablo
Terán, que ha obrado con entereza, eficiencia e integridad no sólo en
éste sino también en otros asuntos.
Modernidad y privatizaciones
Sobre las privatizaciones queda mucho camino por andar, aunque el punto
de partida se ha visto despejado a raíz de la sucesión de las leyes
Trole. Resta por verse cómo quedará el tema de los joint venture o
contratos de gestión compartida que se ha convertido en el principal
punto de discrepancia de la mayoría parlamentaria progresista en torno a
la Trole III.
Sin embargo, en la pasada reunión de Gabinete ministerial, el
vicepresidente Pedro Pinto expuso muy claramente la situación del Fondo
de Solidaridad. Entre las empresas eléctricas y telefónicas de su
propiedad cuenta con activos en el orden de 6000 millones de dólares, a
pesar de lo cual sus beneficios- que serán destinados a la inversión
social- apenas significarán 20 millones de dólares durante el presente
año (la principal aportación al Fondo la constituyen 100 millones de
dólares producto de las licencias concedidas a dos empresas de telefonía
móvil durante la década pasada).
Bajo la hipótesis que se vendería el 51% de las empresas del Fondo,
equivalentes a 3000 millones de dólares en números redondos, este activo
monetario podría rendir a un modesto 10% tanto como 300 millones de
dólares anuales, suficiente para instrumentar una vigorosa política
social.
En cuanto al diálogo social no es menos importante y, por supuesto, debe
incluir no sólo a los indígenas y movimientos sociales, sino a todos los
sectores organizados.
Uno de los principales retos es cambiar la imagen tan negativa que se
tiene del país en el exterior, el más corrupto así como el menos
competitivo y atractivo para la inversión extranjera en América Latina. Y
para ello, hay que dar señales de que esta sociedad puede superar pugnas
y confrontaciones a fin de ir concertando políticas de Estado que sirvan
al objetivo del progreso, desarrollo y bienestar colectivos.
El principal problema es que en los albores del siglo XXI prevalecen
paradigmas ideológicos y radicalismos que impiden adoptar el reto del
mundo de la globalización, la tecnología y la competitividad que
trasciende con ímpetu las fronteras patrias, salvo el limitadísimo caso
de naciones como Cuba y Corea del Norte que continúan aferradas al
pasado.
En este marco de modernidad se inscribe además la reforma al sistema de
seguridad social, que sigue pendiente desde febrero del 99, según lo
establece la nueva Constitución.
Con miras a lo que resta del 2000, todos estos temas de agenda son
prioritarios. Unos quedarán resueltos de modo perentorio, otros deberán
recibir un impulso decisivo con miras al 2001. Pero en todos ellos, el
liderazgo del presidente Noboa será el factor determinante para
encausarlos en debida forma, a fin de lograr que se conviertan en los
instrumentos para consolidar la reactivación económica que ha iniciado.
(Texto tomado de Tiempos del Mundo)
definida. Presupuesto, autonomías, OCP, privatizaciones, diálogo social y
reforma al sistema previsional, son las prioridades. Algunos de estos
temas deberán quedar resueltos de modo perentorio; otros recibirán un
decisivo impulso con miras al 2001. De su éxito depende la consolidación
del proceso de reactivación económica.
De cara al último trimestre del año, la agenda política del gobierno
tiende a coparse con una serie de temas cuyo tratamiento se torna
perentorio. A no dudarlo destacan: el presupuesto, las autonomías, el
oleoducto de crudos pesados, las privatizaciones, el diálogo social y la
reforma al sistema previsional.
De manera previa, el régimen ha resuelto otros problemas- como la
consolidación del modelo dolarizador, el ajuste económico y la
reestructuración de la deuda Brady y del Club de París, entre los
principales- que le permiten encarar estos retos con renovado brío y
sobre todo con un creciente respaldo de opinión pública.
¿Soledad política ?
Hay quienes consideran que su soledad política, esto es la falta de
respaldo formal de los partidos hegemónicos, dificulta la solución de los
señalados desafíos; sin embargo, tampoco está tan desamparado como se
piensa.
Tratándose de una administración teóricamente apolítica, que no compite
por espacios de poder con el partidismo tradicional con miras al futuro,
tiene la ventaja de no generar las posiciones excluyentes, de oposición
radical e intransigente, que tanto caracterizan el juego político
ecuatoriano.
Sin proponérselo- acaso por inercia- tiende a capitalizar el descrédito
de la clase dirigente cuyo paradigma emblemático no es otro sino el
Congreso Nacional, cuya disolución- según es ampliamente conocido- es
respaldada por el 93% de compatriotas.
Esta suerte de contraste perceptivo entre un gobierno que maneja el
discurso de ocuparse exclusivamente de los problemas del país, con
prescindencia de cualquier otro tipo de interés o cálculo, frente a una
partidocracia que carece de toda credibilidad para sostener una prédica
semejante, no hace sino afianzar la imagen del presidente Gustavo Noboa y
su régimen.
Todas las encuestas coinciden en destacar una evolución favorable de
dicha imagen. Según Informe Confidencial, en un sondeo realizado el 16 de
septiembre, la labor del jefe de Estado es aprobada por 72% de quiteños y
70% de guayaquileños, registrando un saldo favorable de opinión
(descontando el registro de impresiones negativas) de 49 y 44%,
respectivamente, lo cual constituye un balance muy auspicioso.
De ahí que la estrategia del gobierno sea llenar los vacíos de la falta
de respaldo meramente partidista, con el apoyo que le brinda la opinión
pública. Sin otro recurso a disposición, este lineamiento habrá de
prevalecer para llevar adelante aquellos temas que se imponen en su
agenda.
Presupuesto, autonomías y OCP
Respecto a la cuestión presupuestaria comienzan a surgir algunas dudas.
Se recela una sobrestimación de ingresos tributarios, favorecidos además
por una bonanza petrolera que podría ser- bien lo sabemos- momentánea.
En la vanguardia de la crítica se ha ubicado el ex-presidente Osvaldo
Hurtado, quien ha alertado sobre el carácter efímero de la" burbuja
(ilusión) petrolera."
Tampoco se ha dado una satisfacción con respecto al incremento desmedido
de los ingresos por concepto de venta interna de derivados del petróleo
que incrementaría de aproximadamente 100 a 500 millones de dólares.
Más allá de estas inquietudes- que deben ser aclaradas- resulta evidente
que el gobierno apunta a minimizar cualquier ajuste, que genera
expectativas en los agentes económicos así como inquietud social,
prevalido del alto precio del crudo que, según la proyección de los
mercados a futuro, difícilmente bajará de los 20 dólares presupuestados.
El debate de este tema ha quedado postergado, por lo pronto, debido a que
el Congreso está ocupado en el trámite de la Ley Trole III.
Al tiempo, la sucesión de consultas populares obliga a priorizar el
esquema de las autonomías provinciales. La suma de modelos con apoyo
plebiscitario que difieren entre sí- y que siguen sin contar con un
patrón nacional- no hace sino complicar la discusión futura de la
propuesta.
De ahí la necesidad de presionar al Congreso para que califique la
urgencia de la pregunta remitida por el Ejecutivo en abril pasado, y que
permitiría la convocatoria de una consulta de carácter nacional.
Mientras, haciendo caso omiso de una multimillonaria campaña publicitaria
dirigida a favorecer al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, CIE, en su
puja por el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, el gobierno dio una muestra
de autoridad y seriedad a la vez, al excluir la oferta del CIE
argumentando, con toda razón, que no cumplía con los requisitos que
establecía el reglamento correspondiente.
No haberlo hecho hubiera significado un nefasto precedente que habría
comprometido el conjunto de la política de apertura a la inversión
privada y capital extranjero que se pretende llevar adelante.
Lo malo está en que las propias instancias del Ejecutivo, dígase el
ministerio del Defensa y la comandancia general de la Fuerza Terrestre,
no pudieron evitar este paso en falso del CIE que fue secundado por una
variopinta comparsa donde aparecieron figuras del roldosismo, la
socialdemocracia, los indígenas y el sindicalismo público, por no citar
la presencia encubierta del poderoso lobbyng de las firmas brasileñas
interesadas.
Frustrados por la vana intentona, seguramente llevarán a efecto su
amenaza de enjuiciar políticamente al ministro de Energía y Minas, Pablo
Terán, que ha obrado con entereza, eficiencia e integridad no sólo en
éste sino también en otros asuntos.
Modernidad y privatizaciones
Sobre las privatizaciones queda mucho camino por andar, aunque el punto
de partida se ha visto despejado a raíz de la sucesión de las leyes
Trole. Resta por verse cómo quedará el tema de los joint venture o
contratos de gestión compartida que se ha convertido en el principal
punto de discrepancia de la mayoría parlamentaria progresista en torno a
la Trole III.
Sin embargo, en la pasada reunión de Gabinete ministerial, el
vicepresidente Pedro Pinto expuso muy claramente la situación del Fondo
de Solidaridad. Entre las empresas eléctricas y telefónicas de su
propiedad cuenta con activos en el orden de 6000 millones de dólares, a
pesar de lo cual sus beneficios- que serán destinados a la inversión
social- apenas significarán 20 millones de dólares durante el presente
año (la principal aportación al Fondo la constituyen 100 millones de
dólares producto de las licencias concedidas a dos empresas de telefonía
móvil durante la década pasada).
Bajo la hipótesis que se vendería el 51% de las empresas del Fondo,
equivalentes a 3000 millones de dólares en números redondos, este activo
monetario podría rendir a un modesto 10% tanto como 300 millones de
dólares anuales, suficiente para instrumentar una vigorosa política
social.
En cuanto al diálogo social no es menos importante y, por supuesto, debe
incluir no sólo a los indígenas y movimientos sociales, sino a todos los
sectores organizados.
Uno de los principales retos es cambiar la imagen tan negativa que se
tiene del país en el exterior, el más corrupto así como el menos
competitivo y atractivo para la inversión extranjera en América Latina. Y
para ello, hay que dar señales de que esta sociedad puede superar pugnas
y confrontaciones a fin de ir concertando políticas de Estado que sirvan
al objetivo del progreso, desarrollo y bienestar colectivos.
El principal problema es que en los albores del siglo XXI prevalecen
paradigmas ideológicos y radicalismos que impiden adoptar el reto del
mundo de la globalización, la tecnología y la competitividad que
trasciende con ímpetu las fronteras patrias, salvo el limitadísimo caso
de naciones como Cuba y Corea del Norte que continúan aferradas al
pasado.
En este marco de modernidad se inscribe además la reforma al sistema de
seguridad social, que sigue pendiente desde febrero del 99, según lo
establece la nueva Constitución.
Con miras a lo que resta del 2000, todos estos temas de agenda son
prioritarios. Unos quedarán resueltos de modo perentorio, otros deberán
recibir un impulso decisivo con miras al 2001. Pero en todos ellos, el
liderazgo del presidente Noboa será el factor determinante para
encausarlos en debida forma, a fin de lograr que se conviertan en los
instrumentos para consolidar la reactivación económica que ha iniciado.
(Texto tomado de Tiempos del Mundo)
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