La pena capital no está contemplada en la legislación nacional; pero en la práctica seobservan hechos que configuran cuatro niveles de ejecuciones. El primero se atribuye al abuso de la autoridad por parte de miembros de la fuerza pública. El segundo tiene que ver con acciones predeterminadas por los miembros de las llamadas Juntas de Defensa del Campesinado, que tienen su base en la Sierra Central, pero operan en todo el país. El tercer nivel corresponde a la serie de ajusticiamientos populares espontáneos. El cuarto es el sicariato. Varios sectores admiten la situación y advierten sobre el riesgo de que las ejecuciones, 81 registradas solo por la CEDHU en cinco años, provoquen un resquebrajamiento mayor del Estado de derecho.
El operativo "Fybeca" reavivó un tema tabú en la sociedad ecuatoriana, el de la pena de muerte. Aunque la Constitución formalmente no la consagra, varios hechos suscitados en los últimos años permiten visualizar que esa práctica no solo que se aplica, sino que cobra dramatismo por los niveles de ejecución que van apareciendo, en actos aparentemente organizados y, en otros, espontáneos.
Las estadísticas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) revelan que en los últimos cinco años 81 personas fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales". La cifra toma relevancia debido a que todas esas muertes son atribuidas a varios agentes y no solo a la fuerza pública, como ha sido la tónica en la percepción ciudadana cuando se habla de violación de derechos humanos.
De hecho, la incidencia del abuso de la fuerza y la autoridad es aún predominante. Del total de las muertes reportadas ante ese organismo, la mayor parte es imputada a miembros de la Policía (71) y de las Fuerzas Armadas (4).
La novedad que preocupa es que cinco de las víctimas son atribuidas a la acción de las auto denominadas Juntas de Defensa del Campesinado, que nacieron en 1990 y tienen su base en el centro del país. La última víctima tiene que ver con un caso de ajusticiamiento "espontáneo", en el cual la autoridad local vio el hecho y no actuó. Los casos se manejan con sigilo para proteger a los testigos.
La interrogante es si las acciones de muerte, en particular en los seis últimos casos, expresan una conducta social en crecimiento o son hechos aislados. Fuentes de organismos derechos humanos aseguran que hay síntomas que reflejan una actitud favorable de un importante sector de la sociedad a que se castiguen los delitos graves con sanciones radicales. Lo que, por otro lado, también revela la espiral de violencia y la intolerancia que se vive en el país, señalan los expertos.
De mantenerse esta lógica de violencia, advierten, lo único que se provocaría es el rompimiento definitivo del Estado de derecho y el resurgimiento de la barbarie.
Un encuesta de la empresa Informe Confidencial señala que, en Quito y Guayaquil, el 69% de 800 personas consultadas está de acuerdo con que sean ajusticiados los "criminales peligrosos".
Pero estas estadísticas constituyen una muestra de lo que puede estar pasando en esta materia. En el caso del registro de ejecuciones extrajudiciales de la Cedhu se hace referencia únicamente a las denuncias presentadas formalmente, pues hay otros casos atribuidos a esos "grupos de defensa" y a otros ajusticiamientos espontáneos que no son registrados por "temor a represalias".
A primera vista, con los datos revelados por la Cedhu puede presumirse la existencia de "tres niveles" en la aplicación de la "pena de muerte" en el país, según la interpretación que hace Elsie Monge, directora de Cedhu, de las denuncias presentadas en esa organización.
En estos tres niveles, el agente se convierte en juez del supuesto delincuente e incluso en su verdugo, si la ejecución está en sus manos. En la ley ecuatoriana, ni el juez ni nadie tienen esas atribuciones.
Un cuarto nivel de ajusticiamiento está relacionado, de forma directa, con el crimen organizado y con un delito que parece crecer de forma dramática, el sicariato, aunque las autoridades policiales niegan su existencia y califican a los autores de este tipo de hechos como "delincuentes comunes con un contrato de trabajo", como lo dijo en mayo pasado el jefe de la Policía Judicial para explicar a BLANCO Y NEGRO varios asesinatos ocurridos en Quito en el último año.
Con esta práctica ilícita, las personas ejercen su justicia por "mano propia" a través de terceros. Pero en este terreno, lo que puede verse inicialmente como la ley del Talión del "ojo por ojo", también ha acarreado otras ejecuciones sin que medie un delito. Es decir, esa es una vía desmedida para aplicar retaliaciones, superar diferencias políticas o conflictos de intereses. Eso se explica, dice el activista Alexis Ponce, porque el sicariato tiene a la "muerte como el único símbolo de intercambio en la conflictividad, y en ese contexto, cualquiera puede ser condenado por sus ideas".
El caso más reciente es el del activista ambiental Angel Zhingre, quien fue abatido por supuestos sicarios. Las investigaciones no permiten aún identificar las causas del asesinato. Pero organizaciones de DDHH locales sospechan de una retaliación debido a la militancia antipetrolera del dirigente.
Zhingre fue asesinado en Orellana, una de las provincias en donde se presume que la práctica del sicarismo tiene fuerza, al igual que en la vecina Sucumbíos, en donde entre 2001 y 2002 fueron abatidos 17 taxistas. El posible "ajuste de cuentas" por parte de supuestos elementos irregulares de Colombia fue la muletilla usada por las autoridades locales para explicar algunas de esas muertes violentas. (LB)
LOS CASOS EMBLEMATICOS
Juan Fernando Hermosa, "el niño del terror", apareció en Sacha, el 27 de febrero de 1996, muerto con varios tiros y cortes de machete.
En El Oro, se reportó la muerte de cinco personas a manos de presuntos miembros de una de las Juntas de Defensa del Campesinado.
Cayambe, enero de 2003, Marcelo Quiñónez es sacado de un retén, golpeado y quemado por una turba. La Policía no pudo actuar.
Jaime Hurtado y sus dos acompañantes fueron baleados por un supuesto sicario, el 17 de febrero de 1999, un Miércoles de Ceniza.
LOS AJUSTICIAMIENTOS SE HAN VUELTO RECURRENTES
El 3 de octubre de 2000, cuatro presuntos delincuentes fueron acribillados tras un frustrado asalto a las oficinas de Quito Motors. Se acusó a un uniformado de "rematar" en el suelo a un involucrado.
El 18 de enero de 2002, Soraya Jurado, su esposo, Marco Jaramillo, una hija de la pareja, su empleada y el guardia fueron encontrados acribillados en el edificio Olimpo, al norte de Quito.
El 1 de marzo de 2003, el concejal de Santo Domingo Ramiro Gallo, fue asesinado con tres disparos cuando salía de la iglesia Rosa de Sarón. El autor fue un hombre que se bajó de un taxi.
El 12 de abril de 2003, dos guardias de la Cárcel 2 de Quito fueron asesinados por cinco hombres en un restaurante. Se acusó a un narcotraficante recluido en ese centro.
La APDH revela el aparecimiento de 71 cadáveres, entre 2001 y 2002, en la vía Perimetral y otras zonas de Guayaquil. La Cedhu señala que desde 1993 han aparecido en esa urbe un centenar de muertos, muchos amarrados de pies y manos.
En 1980 se registraban 6,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde 1894 ese índice subió a 14,8. El promedio de homicidios en los últimos años bordea los 200.
En 2000 se registraron 1998 asesinatos en el país. El 86,4% de ese total (1727) se produjeron en seis provincias: Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbíos y Manabí. (LB)
Ecuador consta entre los 112 países "abolicionistas"
Amnistía Internacional registra a Ecuador entre los 112 países que están por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y como parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
No obstante, el discurso oficial contrasta con el respeto a los derechos humanos. En el últmo informe anual de esa organización internacional sobre el país, se destacan aspectos de impunidad, pues señala que hasta el año 2002 "miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos seguían siendo investigados y juzgados por tribunales de la policía que no eran imparciales ni independientes".
Agrega que en "las pocas ocasiones en que se detuvo a miembros de las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones, los procesos legales avanzaron tan despacio que en muchos casos el acusado quedó en libertad provisional al cabo de un año, como establece la ley, y huyó a continuación".
La referencia tiene un antecedente. Los casos de ajusticiamientos cometidos en la ciudad de Guayaquil y que son atribuidos a varios miembros de la fuerza pública. (LB)
"Hay signos de una cultura a favor de la pena capital"
Los términos violentos van creando un escenario de mayor conflictividad: APDH
Alexis Ponce, vocero de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos (APDH), asegura que en el país hay signos evidentes de una cultura favorable a la pena de muerte.
Por un lado, dice, están las estadísticas, y por otro, los términos que, de a poco, se van acuñando en la comunidad como normales y "van legitimando conductas ilícitas de ciertas personas que ven en la muerte una forma de resolver los conflictos".
Ponce advierte del peligro que esto engendra. Recuerda que en Colombia, cuando se empezó a hablar de "limpieza social" la población lo fue asumiendo como la necesidad de matar a "los desechables": mendigos y delincuentes.
"En el país, no se ha llega a esos niveles, pero hay códigos que deben suprimirse". Entre los más comunes están "justicia por mano propia" o "ajuste de cuentas". Este último para referirse a las venganzas entre delincuentes.
"Hoy por hoy, este término equivale a problemas entre delincuentes que no valen la pena desentrañarlos. ¿Por qué? Porque muchas autoridades policiales se han encargado de acuñarlos a ese nivel", finaliza. (LB)
La ejecución aún es un tema tabú en la legislación
Abdalá Bucaram planteó ese castigo contra los asesinos y violadores de niños
La única propuesta formal para implementar la pena de muerte la hizo el Gobierno de Abdalá Bucaram a fines de septiembre de 1996. En esa ocasión se planteó ese castigo contra los violadores y asesinos de niños. Una fuerte opinión adversa impidió que prospere el planteamiento.
Oficialmente ningún otro sector ha propuesto incluir la pena capital dentro de la legislación ecuatoriana, aunque algunas propuestas de endurecimiento radical de penas para delitos considerados graves se han entendido como un primer paso hacia las ejecuciones formales.
A mediados de la década pasada, el Partido Social Cristiano (PSC) llevó al Parlamento un proyecto de ley para establecer la cadena perpetua, que pretendía castigar los denominados "delitos execrables", entre ellos el secuestro con muerte de la víctima. El proyecto de ley quedó en suspenso tras ser leído y discutido, en primera instancia, en julio de 1996.
El diputado socialcristiano Pascual del Cioppo asegura que nunca se habló de la pena de muerte, sobre todo con un "sistema judicial imperfecto" y "con cuestionamientos".
En todo caso, asegura, es un avance en términos disuasivos para los delincuentes la reforma aprobada a fines del período anterior, en donde se establece la pena acumulativa.
Algunos sectores legislativos consideran que el caso "Fybeca" es una oportunidad para abrir el debate sobre el tema de la violencia en general que afecta al país, así como la necesidad de encarar los abusos que se puedan estar cometiendo en materia del uso de la fuerza.
El diputado Kenneth Carrera (Prian), vocal de la Comisión Legislativa de DDHH, advierte de los riesgos que implican para la sociedad el mantener latente la idea de que puedan existir los llamados "escuadrones de la muerte" u otras formas organizadas de ajusticiamiento. A juicio del legislador, "las interrogantes que envuelven al caso "Fybeca" hacen pensar que los rumores de los escuadrones de la muerte tienen fundamento". Por eso, dice, hay que despejar todas las dudas para liberarse de las sospechas de que en efecto se hace mal uso de la fuerza. "Es un tema que atañe no solo a la clase política, sino a todas las esferas de la sociedad", afirma.
Para Elsie Monge (Cedhu), otro aspecto que debe incorporarse a cualquier discusión es el relativo a la impunidad, pues "la sanción constituye el mejor precedente". También, agrega, deben fijarse las causas de los problemas de la violencia y no solo los efectos, como la pobreza galopante, la corrupción, las falencias del sistema penitenciario...". (LB)
"No existen escuadrones de la muerte": Jorge Poveda
El comandante de Policía califica al operativo "Fybeca" como hecho aislado
El comandante de la Policía, Jorge Poveda, descartó categóricamente que existan "escuadrones de la muerte" dentro de la institución, durante la comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el pasado martes.
El oficial explicó detalles del informe sobre el operativo "Fybeca", en el que se establecen fallas de procedimiento en la acción policial y un uso inadecuado de la fuerza. No obstante, calificó de "hecho aislado" el incidente que dejó ocho muertos, incluido el mensajero de la tienda y un cliente, y tres supuestos desaparecidos. "Nadie quiere policías asesinos", contestó a una de las inquietudes del diputado Kenneth Carrera, quien lo exhortó a despejar todas las dudas.
Poveda aseguró a BLANCO Y NEGRO que la institución policial hace un seguimiento permanente de los operativos a través de la Inspectoría General, una gestión que se apoya además en la capacitación periódica de los 36 mil uniformados y en la sanción a quienes infringen los procedimientos.
No obstante, la Policía sigue siendo el centro de las críticas por las denuncias de excesos en el uso de la fuerza. Solo en Guayas se reportaron en los últimos 10 años varios casos de detención ilegal, tortura y muerte, en los cuales se ha involucrado a miembros de la Policía Metropolitana y de la Comisión de Tránsito (CTG).
Un informe de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos (CDH) revela que en esa ciudad se reportaron en una década al menos 15 casos de detención ilegal, tortura y muerte. En casi todos se determinó a los reponsables, pero apenas uno de ellos guarda prisión en la actualidad.
Para Gustavo Larrea, vocero de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), lo ocurrido en la Farmacia Fybeca de la Alborada debe conducir a la reflexión sobre el rol del policía. Esto es, "ser el garante de los derechos de los ciudadanos, incluso de la vida de los supuestos delincuentes, y no un violador de los mismos".
Larrea sostiene que este debe ser el principal mensaje que hay que transmitir en estos momentos, además de dotar de recursos tecnológicos para el trabajo efectivo, así como fortalecer a la Policía comunitaria y la idea del "policía amigo".
Adicionalmente, señala la necesidad de la capacitación permanente de los uniformados en su sujeción irrestricta a los instrumentos y convenios internacionales sobre el uso de la fuerza. "El respeto a las normas permite asegurar una policía profesional e impedir un retroceso a esa policía, que primero detenía y luego investigaba, como en la época del SIC", concluye. (LB)
PUNTO DE VISTA
La vida, un derecho primigenio
Con certeza, una de las diferencias sustantivas entre el hombre y el animal es la capacidad de discernimiento. Esa condición, a su vez, parece provenir del hecho de que el ser humano es un conjunto de cuerpo, alma, espíritu y conciencia, que lo convierten en un ser superior.
Por eso mismo, a estas alturas de la humanidad, la existencia de la pena capital no solo que asoma como una involución de la especie; sino que puede convertirse en un arma que la conduzca a su decadencia.
Simplemente resulta inaudito que la eliminación de una persona pueda ser asumida como la solución para los males que afronta una sociedad. Todo lo contrario, su práctica recurrente podría ser el mayor incentivo para la degradación de un cuerpo social sometido a todo tipo de presiones e influencias nocivas.
En este contexto, ni siquiera "los ajusticiamientos populares espontáneos" o los ejecutados por las llamadas "juntas de defensa del campesinado" pueden ser admitidos, bajo ninguna circunstancia, por más que en ciertas ocasiones se apele a la "tradición y cultura" endémicas; o hasta se pretenda asociarlo con el derecho consuetudinario.
No. Bajo ninguna circunstancia la pena de muerte puede ser admitida por una sociedad como la ecuatoriana, respetuosa de los principios básicos de la vida, y mayoritariamente practicante del catolicismo, religión que condena esa oprobiosa práctica.
Por eso, una respuesta favorable a esta práctica, en una encuesta en determinado sector, no refleja, ni de lejos, el pensamiento de la comunidad, que, al contrario, ha visto con asombro y ha reprochado prácticas de marginación por género, raza o religión; y mucho más la pena de muerte.
De allí que, casos como el ocurrido en la farmacia Fybeca deben ser esclarecidos y sancionados, para que como sociedad refrendemos el hecho de que los ecuatorianos tenemos a la vida como derecho primigenio. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
El operativo "Fybeca" reavivó un tema tabú en la sociedad ecuatoriana, el de la pena de muerte. Aunque la Constitución formalmente no la consagra, varios hechos suscitados en los últimos años permiten visualizar que esa práctica no solo que se aplica, sino que cobra dramatismo por los niveles de ejecución que van apareciendo, en actos aparentemente organizados y, en otros, espontáneos.
Las estadísticas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) revelan que en los últimos cinco años 81 personas fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales". La cifra toma relevancia debido a que todas esas muertes son atribuidas a varios agentes y no solo a la fuerza pública, como ha sido la tónica en la percepción ciudadana cuando se habla de violación de derechos humanos.
De hecho, la incidencia del abuso de la fuerza y la autoridad es aún predominante. Del total de las muertes reportadas ante ese organismo, la mayor parte es imputada a miembros de la Policía (71) y de las Fuerzas Armadas (4).
La novedad que preocupa es que cinco de las víctimas son atribuidas a la acción de las auto denominadas Juntas de Defensa del Campesinado, que nacieron en 1990 y tienen su base en el centro del país. La última víctima tiene que ver con un caso de ajusticiamiento "espontáneo", en el cual la autoridad local vio el hecho y no actuó. Los casos se manejan con sigilo para proteger a los testigos.
La interrogante es si las acciones de muerte, en particular en los seis últimos casos, expresan una conducta social en crecimiento o son hechos aislados. Fuentes de organismos derechos humanos aseguran que hay síntomas que reflejan una actitud favorable de un importante sector de la sociedad a que se castiguen los delitos graves con sanciones radicales. Lo que, por otro lado, también revela la espiral de violencia y la intolerancia que se vive en el país, señalan los expertos.
De mantenerse esta lógica de violencia, advierten, lo único que se provocaría es el rompimiento definitivo del Estado de derecho y el resurgimiento de la barbarie.
Un encuesta de la empresa Informe Confidencial señala que, en Quito y Guayaquil, el 69% de 800 personas consultadas está de acuerdo con que sean ajusticiados los "criminales peligrosos".
Pero estas estadísticas constituyen una muestra de lo que puede estar pasando en esta materia. En el caso del registro de ejecuciones extrajudiciales de la Cedhu se hace referencia únicamente a las denuncias presentadas formalmente, pues hay otros casos atribuidos a esos "grupos de defensa" y a otros ajusticiamientos espontáneos que no son registrados por "temor a represalias".
A primera vista, con los datos revelados por la Cedhu puede presumirse la existencia de "tres niveles" en la aplicación de la "pena de muerte" en el país, según la interpretación que hace Elsie Monge, directora de Cedhu, de las denuncias presentadas en esa organización.
En estos tres niveles, el agente se convierte en juez del supuesto delincuente e incluso en su verdugo, si la ejecución está en sus manos. En la ley ecuatoriana, ni el juez ni nadie tienen esas atribuciones.
Un cuarto nivel de ajusticiamiento está relacionado, de forma directa, con el crimen organizado y con un delito que parece crecer de forma dramática, el sicariato, aunque las autoridades policiales niegan su existencia y califican a los autores de este tipo de hechos como "delincuentes comunes con un contrato de trabajo", como lo dijo en mayo pasado el jefe de la Policía Judicial para explicar a BLANCO Y NEGRO varios asesinatos ocurridos en Quito en el último año.
Con esta práctica ilícita, las personas ejercen su justicia por "mano propia" a través de terceros. Pero en este terreno, lo que puede verse inicialmente como la ley del Talión del "ojo por ojo", también ha acarreado otras ejecuciones sin que medie un delito. Es decir, esa es una vía desmedida para aplicar retaliaciones, superar diferencias políticas o conflictos de intereses. Eso se explica, dice el activista Alexis Ponce, porque el sicariato tiene a la "muerte como el único símbolo de intercambio en la conflictividad, y en ese contexto, cualquiera puede ser condenado por sus ideas".
El caso más reciente es el del activista ambiental Angel Zhingre, quien fue abatido por supuestos sicarios. Las investigaciones no permiten aún identificar las causas del asesinato. Pero organizaciones de DDHH locales sospechan de una retaliación debido a la militancia antipetrolera del dirigente.
Zhingre fue asesinado en Orellana, una de las provincias en donde se presume que la práctica del sicarismo tiene fuerza, al igual que en la vecina Sucumbíos, en donde entre 2001 y 2002 fueron abatidos 17 taxistas. El posible "ajuste de cuentas" por parte de supuestos elementos irregulares de Colombia fue la muletilla usada por las autoridades locales para explicar algunas de esas muertes violentas. (LB)
LOS CASOS EMBLEMATICOS
Juan Fernando Hermosa, "el niño del terror", apareció en Sacha, el 27 de febrero de 1996, muerto con varios tiros y cortes de machete.
En El Oro, se reportó la muerte de cinco personas a manos de presuntos miembros de una de las Juntas de Defensa del Campesinado.
Cayambe, enero de 2003, Marcelo Quiñónez es sacado de un retén, golpeado y quemado por una turba. La Policía no pudo actuar.
Jaime Hurtado y sus dos acompañantes fueron baleados por un supuesto sicario, el 17 de febrero de 1999, un Miércoles de Ceniza.
LOS AJUSTICIAMIENTOS SE HAN VUELTO RECURRENTES
El 3 de octubre de 2000, cuatro presuntos delincuentes fueron acribillados tras un frustrado asalto a las oficinas de Quito Motors. Se acusó a un uniformado de "rematar" en el suelo a un involucrado.
El 18 de enero de 2002, Soraya Jurado, su esposo, Marco Jaramillo, una hija de la pareja, su empleada y el guardia fueron encontrados acribillados en el edificio Olimpo, al norte de Quito.
El 1 de marzo de 2003, el concejal de Santo Domingo Ramiro Gallo, fue asesinado con tres disparos cuando salía de la iglesia Rosa de Sarón. El autor fue un hombre que se bajó de un taxi.
El 12 de abril de 2003, dos guardias de la Cárcel 2 de Quito fueron asesinados por cinco hombres en un restaurante. Se acusó a un narcotraficante recluido en ese centro.
La APDH revela el aparecimiento de 71 cadáveres, entre 2001 y 2002, en la vía Perimetral y otras zonas de Guayaquil. La Cedhu señala que desde 1993 han aparecido en esa urbe un centenar de muertos, muchos amarrados de pies y manos.
En 1980 se registraban 6,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde 1894 ese índice subió a 14,8. El promedio de homicidios en los últimos años bordea los 200.
En 2000 se registraron 1998 asesinatos en el país. El 86,4% de ese total (1727) se produjeron en seis provincias: Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbíos y Manabí. (LB)
Ecuador consta entre los 112 países "abolicionistas"
Amnistía Internacional registra a Ecuador entre los 112 países que están por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y como parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
No obstante, el discurso oficial contrasta con el respeto a los derechos humanos. En el últmo informe anual de esa organización internacional sobre el país, se destacan aspectos de impunidad, pues señala que hasta el año 2002 "miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos seguían siendo investigados y juzgados por tribunales de la policía que no eran imparciales ni independientes".
Agrega que en "las pocas ocasiones en que se detuvo a miembros de las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones, los procesos legales avanzaron tan despacio que en muchos casos el acusado quedó en libertad provisional al cabo de un año, como establece la ley, y huyó a continuación".
La referencia tiene un antecedente. Los casos de ajusticiamientos cometidos en la ciudad de Guayaquil y que son atribuidos a varios miembros de la fuerza pública. (LB)
"Hay signos de una cultura a favor de la pena capital"
Los términos violentos van creando un escenario de mayor conflictividad: APDH
Alexis Ponce, vocero de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos (APDH), asegura que en el país hay signos evidentes de una cultura favorable a la pena de muerte.
Por un lado, dice, están las estadísticas, y por otro, los términos que, de a poco, se van acuñando en la comunidad como normales y "van legitimando conductas ilícitas de ciertas personas que ven en la muerte una forma de resolver los conflictos".
Ponce advierte del peligro que esto engendra. Recuerda que en Colombia, cuando se empezó a hablar de "limpieza social" la población lo fue asumiendo como la necesidad de matar a "los desechables": mendigos y delincuentes.
"En el país, no se ha llega a esos niveles, pero hay códigos que deben suprimirse". Entre los más comunes están "justicia por mano propia" o "ajuste de cuentas". Este último para referirse a las venganzas entre delincuentes.
"Hoy por hoy, este término equivale a problemas entre delincuentes que no valen la pena desentrañarlos. ¿Por qué? Porque muchas autoridades policiales se han encargado de acuñarlos a ese nivel", finaliza. (LB)
La ejecución aún es un tema tabú en la legislación
Abdalá Bucaram planteó ese castigo contra los asesinos y violadores de niños
La única propuesta formal para implementar la pena de muerte la hizo el Gobierno de Abdalá Bucaram a fines de septiembre de 1996. En esa ocasión se planteó ese castigo contra los violadores y asesinos de niños. Una fuerte opinión adversa impidió que prospere el planteamiento.
Oficialmente ningún otro sector ha propuesto incluir la pena capital dentro de la legislación ecuatoriana, aunque algunas propuestas de endurecimiento radical de penas para delitos considerados graves se han entendido como un primer paso hacia las ejecuciones formales.
A mediados de la década pasada, el Partido Social Cristiano (PSC) llevó al Parlamento un proyecto de ley para establecer la cadena perpetua, que pretendía castigar los denominados "delitos execrables", entre ellos el secuestro con muerte de la víctima. El proyecto de ley quedó en suspenso tras ser leído y discutido, en primera instancia, en julio de 1996.
El diputado socialcristiano Pascual del Cioppo asegura que nunca se habló de la pena de muerte, sobre todo con un "sistema judicial imperfecto" y "con cuestionamientos".
En todo caso, asegura, es un avance en términos disuasivos para los delincuentes la reforma aprobada a fines del período anterior, en donde se establece la pena acumulativa.
Algunos sectores legislativos consideran que el caso "Fybeca" es una oportunidad para abrir el debate sobre el tema de la violencia en general que afecta al país, así como la necesidad de encarar los abusos que se puedan estar cometiendo en materia del uso de la fuerza.
El diputado Kenneth Carrera (Prian), vocal de la Comisión Legislativa de DDHH, advierte de los riesgos que implican para la sociedad el mantener latente la idea de que puedan existir los llamados "escuadrones de la muerte" u otras formas organizadas de ajusticiamiento. A juicio del legislador, "las interrogantes que envuelven al caso "Fybeca" hacen pensar que los rumores de los escuadrones de la muerte tienen fundamento". Por eso, dice, hay que despejar todas las dudas para liberarse de las sospechas de que en efecto se hace mal uso de la fuerza. "Es un tema que atañe no solo a la clase política, sino a todas las esferas de la sociedad", afirma.
Para Elsie Monge (Cedhu), otro aspecto que debe incorporarse a cualquier discusión es el relativo a la impunidad, pues "la sanción constituye el mejor precedente". También, agrega, deben fijarse las causas de los problemas de la violencia y no solo los efectos, como la pobreza galopante, la corrupción, las falencias del sistema penitenciario...". (LB)
"No existen escuadrones de la muerte": Jorge Poveda
El comandante de Policía califica al operativo "Fybeca" como hecho aislado
El comandante de la Policía, Jorge Poveda, descartó categóricamente que existan "escuadrones de la muerte" dentro de la institución, durante la comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el pasado martes.
El oficial explicó detalles del informe sobre el operativo "Fybeca", en el que se establecen fallas de procedimiento en la acción policial y un uso inadecuado de la fuerza. No obstante, calificó de "hecho aislado" el incidente que dejó ocho muertos, incluido el mensajero de la tienda y un cliente, y tres supuestos desaparecidos. "Nadie quiere policías asesinos", contestó a una de las inquietudes del diputado Kenneth Carrera, quien lo exhortó a despejar todas las dudas.
Poveda aseguró a BLANCO Y NEGRO que la institución policial hace un seguimiento permanente de los operativos a través de la Inspectoría General, una gestión que se apoya además en la capacitación periódica de los 36 mil uniformados y en la sanción a quienes infringen los procedimientos.
No obstante, la Policía sigue siendo el centro de las críticas por las denuncias de excesos en el uso de la fuerza. Solo en Guayas se reportaron en los últimos 10 años varios casos de detención ilegal, tortura y muerte, en los cuales se ha involucrado a miembros de la Policía Metropolitana y de la Comisión de Tránsito (CTG).
Un informe de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos (CDH) revela que en esa ciudad se reportaron en una década al menos 15 casos de detención ilegal, tortura y muerte. En casi todos se determinó a los reponsables, pero apenas uno de ellos guarda prisión en la actualidad.
Para Gustavo Larrea, vocero de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), lo ocurrido en la Farmacia Fybeca de la Alborada debe conducir a la reflexión sobre el rol del policía. Esto es, "ser el garante de los derechos de los ciudadanos, incluso de la vida de los supuestos delincuentes, y no un violador de los mismos".
Larrea sostiene que este debe ser el principal mensaje que hay que transmitir en estos momentos, además de dotar de recursos tecnológicos para el trabajo efectivo, así como fortalecer a la Policía comunitaria y la idea del "policía amigo".
Adicionalmente, señala la necesidad de la capacitación permanente de los uniformados en su sujeción irrestricta a los instrumentos y convenios internacionales sobre el uso de la fuerza. "El respeto a las normas permite asegurar una policía profesional e impedir un retroceso a esa policía, que primero detenía y luego investigaba, como en la época del SIC", concluye. (LB)
PUNTO DE VISTA
La vida, un derecho primigenio
Con certeza, una de las diferencias sustantivas entre el hombre y el animal es la capacidad de discernimiento. Esa condición, a su vez, parece provenir del hecho de que el ser humano es un conjunto de cuerpo, alma, espíritu y conciencia, que lo convierten en un ser superior.
Por eso mismo, a estas alturas de la humanidad, la existencia de la pena capital no solo que asoma como una involución de la especie; sino que puede convertirse en un arma que la conduzca a su decadencia.
Simplemente resulta inaudito que la eliminación de una persona pueda ser asumida como la solución para los males que afronta una sociedad. Todo lo contrario, su práctica recurrente podría ser el mayor incentivo para la degradación de un cuerpo social sometido a todo tipo de presiones e influencias nocivas.
En este contexto, ni siquiera "los ajusticiamientos populares espontáneos" o los ejecutados por las llamadas "juntas de defensa del campesinado" pueden ser admitidos, bajo ninguna circunstancia, por más que en ciertas ocasiones se apele a la "tradición y cultura" endémicas; o hasta se pretenda asociarlo con el derecho consuetudinario.
No. Bajo ninguna circunstancia la pena de muerte puede ser admitida por una sociedad como la ecuatoriana, respetuosa de los principios básicos de la vida, y mayoritariamente practicante del catolicismo, religión que condena esa oprobiosa práctica.
Por eso, una respuesta favorable a esta práctica, en una encuesta en determinado sector, no refleja, ni de lejos, el pensamiento de la comunidad, que, al contrario, ha visto con asombro y ha reprochado prácticas de marginación por género, raza o religión; y mucho más la pena de muerte.
De allí que, casos como el ocurrido en la farmacia Fybeca deben ser esclarecidos y sancionados, para que como sociedad refrendemos el hecho de que los ecuatorianos tenemos a la vida como derecho primigenio. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
Más en el