Una lata de almojábanas arde a un costado de la calle 12 de febrero. Dos manos encallecidas se afanan en remover los amasijos que están a la venta. El alimento, que sabe a almidón, se despacha en fundas de papel, 50 centavos cuestan los tres panecillos.

El encargado de la venta es un hombre que se esmera en convencer a sus clientes. “Soy Alirio”, dice, “el colombiano”. Y narra que llegó hace dos años desde La Dorada, en Putumayo, huyendo de los enfrentamientos que libran guerrilleros, Ejército y paramilitares.

A pocos pasos de su negocio ambulante se encuentra la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Nueva Loja, la cual no le trae gratos recuerdos. “Allí sepulté la esperanza de legalizar mi permanencia en Ecuador”, cuenta.

“Caminé ocho meses en busca de la visa, pero me la negaron. No entiendo cómo un equipo de expertos de la Cancillería ecuatoriana y los de esta agencia no cree en la desgracia de la gente y le niegan sus papeles”, se queja.

A 10 km de la ciudad, en un sembradío de maíz, plátano, yuca y café, Manuel también se lamenta, viste una camisa mpapada por sudor. El colombiano tampoco ha legalizado su permanencia. Añora su casa, la finca y los animales que dejó en Puerto Caicedo, en el 2003. Salió amenazado de muerte por una supuesta vinculación con la guerrilla. “Allí las amenazas son serias y pocos se resisten”.

A su lado, sus dos hijos pequeños juguetean con un machete y un arpón. “Les gusta la caza y la pesca”. Hace un año recibieron el apoyo del plan de movilidad humana de la iglesia de San Miguel de Sucumbíos y empezaron a estudiar. El programa se financia con fondos del Acnur y de otros donantes internacionales. Este año cubrió las matrículas y los útiles de 301 refugiados.

El estatuto de refugiado, sin embargo, tampoco es garantía de estabilidad económica. John Jairo, quien escapó de la violencia de Colombia, legalizó su estadía, porta la Visa XII-IV, pero tardó meses en encontrar trabajo.

Con la visa en la mano, recorrió sin éxito centros comerciales, obras de construcción y petroleras. Solo uno de sus paisanos lo sacó del desempleo.

Ahora viaja cinco veces al mes a Pasto para comprar teléfonos celulares y comercializarlos en Nueva Loja y en Shushufindi. “Los traigo por medio de amigos y los vendo a precios bajos, con eso mantengo a toda mi familia”.

En las calles de Nueva Loja el número de colombianos a los cuales se les negó el estatus de refugiado va en aumento. Un registro de la Cancillería precisa que en lo que va de este año se presentaron 666 solicitudes de refugio: 180 se
negaron.

Los sin papeles se sienten limitados y son explotados. Trabajan bajo presión y eluden las redadas de la Policía de Migración, que en nueve meses de este año detuvo a 144 colombianos y deportó a otros 49. Según la Policía, en Sucumbíos hay 1 500 refugiados, que se suman a 10 000
colombianos que tramitan la visa o se escudan en sus cónyuges o vástagos ecuatorianos, dice.

Claudia, madre de familia de 22 años, huyó de su natal Tablón de Gómez (Nariño), el 20 de agosto último. Llegó a Orellana, donde una familia de comerciantes la empleó a cambio de la alimentación para sus tres críos.

Trabajó dos meses sin recibir un centavo.

“No soporté la angustia de sentirme mal pagada y decidí viajar a Nueva Loja en busca del certificado provisional de refugiada”. Se albergó 48 horas en el centro de Apafano, pero luego lo abandonó.

Claudia no es la única que desertó del albergue. La iglesia, a cargo del refugio, dice que unos 15 colombianos llegan al mes a pedir techo, y en uno o dos días se van a la calle o fincas, en busca de trabajo.

José Euceda, representante del Acnur en el Ecuador, asegura que su agencia busca minimizar los impactos de los refugiados en la zona, a través de aliados estratégicos.

La fundación Autogestión Desarrollo y Sociedad (ADYS) es una de esas aliadas.

Ofrece trabajo a 192 familias colombianas y ecuatorianas, en 58 huertos comunitarios ubicados en barrios de Nueva Loja.

Nelson, otro campesino al que la Cancillería negó el refugio, trabaja en el proyecto. Gana 200 dólares al mes como promotor comunitario. Es ágil y disfruta enseñando.

“Trabajo de sol a sol para ahorrar y adquirir la visa de residencia. A Colombia no pienso volver”. Un grupo de paramilitares lo obligó a abandonar su propiedad, para convertirla en cementerio clandestino. En sus tierras ahora hay más de 170 cadáveres.

La cifra

5 965 extranjeros han ingresado a Sucumbíos en lo que va del año, según Migración. De ellos, el 98 por ciento provino de Colombia.

USD 144 000 destinó Acnur a su trabajo en la provincia
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) destinó un presupuesto de 2,3 millones de dólares para minimizar los impactos de la población refugiada en el Ecuador.

De esos recursos, 144 000 dólares se destinan a Sucumbíos. Según un informe preliminar del Acnur, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, la Policía de Migración y la sociedad civil de Sucumbíos agrupada en Isamis, 7 546
colombianos solicitaron el estatuto de refugiado en Nueva Loja, capital de la provincia, entre diciembre del 2000 y octubre de este año.

El documento precisa que el 51,58 por ciento de esa población corresponde a varones. El 69,39 por ciento a jóvenes y adultos, y un 19 por ciento tiene edad escolar.

El Acnur, que maneja datos oficiales de la Cancillería, señala que 666 solicitudes de refugio se presentaron desde enero de este año. 180 de estas fueron negadas.

El organismo de Naciones Unidas indica que en el primer semestre del 2004 se registró en Sucumbíos un ingreso mensual promedio de 126 solicitudes de refugio.

De ese grupo, en el mismo período de seis meses, alrededor del 12,27 por ciento de solicitantes de refugio requirió de un albergue para alojarse.

En Nueva Loja, Acnur adecuó, desde el 2000, tres albergues para acoger a los refugiados. Uno fue la casa de Organizaciones Populares; otro Apafano, en el km 17 de la vía a Quito, y el tercero Torres Quichimbo, en la vía a Colombia. En los tres hay capacidad para 2 000 personas.

Los centros se acondicionaron con base en un Plan de Contingencia elaborado por Acnur. El organismo esperaba una oleada de 5 000 refugiados con la aplicación del Plan Colombia, en el 2001.

‘Tenemos un 70 por ciento de resultados’

Ecuador fue escogido como sede del IX Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (defensor del Pueblo, en sueco).

En el puesto desde el 2000. Claudio Mueckay llevó la labor de la Defensoría afuera del país

¿Que ha ganado la Defensoría del Pueblo durante su administración, desde el 2000?

Hemos incrementado el trabajo: atención de quejas, consultas, pedidos de inconstitucionalidad en derechos del consumidor y de emigrantes. Somos la única Defensoría del mundo que logró extenderse fuera de un país. Tenemos
representantes en EE.UU., México, Canadá, Italia y España. Con ese equipo hemos logrado repatriar a más de 300 cadáveres, decenas de ecuatorianos en estado de salud terminal, se ha rescatado menores que han quedado abandonados en el extranjero.

Pero han tenido inconvenientes. Un ejemplo es el reclamo que realizó el Defensor del Pueblo de España por la competencia de sus delegados. Al parecer no pueden actuar afuera del país...

Eso no fue un enfrentamiento. Fue necesario aclarar que la actividad de nuestros comisionados tiene dos objetivos: la presencia de cientos de ecuatorianos en el exterior y la demanda una asistencia permanente. Estos comisionados de ninguna manera ejercen jurisdicción territorial.

La crítica en España era sobre esos alcances...

Solucionado este tema, tenemos exquisitas relaciones con el Defensor de España. Una de las críticas adicionales que surgieron con esto fue el nombramiento de su personal que, al parecer, es de carácter político.

Jamás. Nadie ingresa por razones políticas a la Defensoría y nadie se mantiene por eso. Si fuera así no habría organización ni resultados positivos.

Entonces, ¿cómo explica las actuaciones de su ex comisionado de Riobamba, Ángel Zurita, de quien se conoce que tenía vínculos con la Democracia Popular?

Tal vez lo sea, pero nunca lo supe, porque no me ha interesado saber qué filiación política ni qué filosofía doctrinaria han adoptado para su vida.

¿Ud. ha enfrentado politización en la Defensoría?

Lo que no está permitido es que se haga labor proselitista o que exista discriminación. No ha habido causales políticas para destituciones, aunque sí por fallas en su trabajo.

¿Mejoró el acceso de la ciudadanía a la Defensoría?

Tenemos vinculación directa con la sociedad civil. Creamos el Consejo tutelar de los Derechos Humanos, donde están representados todos los sectores en riesgo: mujeres, niños, tercera edad, emigrantes, consumidores, indígenas,
afroecuatorianos y el pueblo montubio. Tener esos presentantes nos vincula directamente con ellos, no es solo teoría.

¿Qué tan eficiente es la red a la que hace referencia?

Llegamos al 70 por ciento de resultados positivos y solución de quejas. De las demandas de inconstitucionalidad que hemos aprobado ninguna ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional.

¿Y el otro 30 por ciento?

Muchas veces son abandonos de las quejas o que las partes han resuelto por separado.

¿Cómo mide la capacidad y eficiencia de los delegados para que no se repita el golpe por la salida de su representante en Riobamba, quien firmó un acta de compromiso fuera de la ley?

No fue un golpe. Son situaciones difíciles pero que se solucionan. Tenemos un método: mes a mes se entregan informes y luego levantamos estadísticas.

Visitamos las comisiones provinciales para auditar el nivel de los resultados.

¿Qué piensa de la demora del Congreso para el nombramiento de un defensor?

Yo no puedo calificar los temas políticos. Me quitaría imparcialidad.

“Yo no puedo calificar temas en los cuales están involucrados los aspectos políticos. Me restaría la imparcialidad necesaria”.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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