Quito. 9 oct 2001. Las personas de la tercera edad piden dar trámite a
las reformas que fueron aprobadas en el Congreso.
Humberto Miranda, jubilado de 82 años, espera paciente en la matriz del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para cobrar su pensión
de dos meses: $60. "Que más me toca, me atrasé, andaba de viaje".
Son las 10:00 y en la fila suman más de doscientas personas realizando
diversos trámites. El anciano mira a cada rato el reloj, su apuro es
porque tiene que trasladarse hasta la Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado (Emaap) para cancelar la planilla de agua, para lo cual
requiere de $7.
Del pago del teléfono y el agua, que son más costosos, se encargan sus
hijos. "Si ellos no me ayudarán, la pensión no alcanzaría". De allí que
es escéptico de que el presidente Gustavo Noboa apruebe la Ley del
Anciano.
"Hay que esperar, si la sanciona sería buenísimo para nosotros".
Su desconfianza es porque ha vivido malas experiencias con la mayoría de
buseteros: no respetan la disposición de cobrar la mitad del pasaje:
"cuando nos ven se pasan a toda velocidad echándonos el humo en la cara"
dice.
Miranda considera que de aplicarse esta Ley, las autoridades deben
disponer que en las empresas de servicios públicos se habiliten
ventanillas exclusivas para los jubilados.
Olga S. (de 75 años) comenta entusiasmada que es una buena oportunidad
para reivindicar a la tercera edad: "Después de tantos desplantes".
Mensualmente invierte en el pago de luz, agua y teléfono alrededor de
$40, más de lo que recibe de las pensiones, depende de la ayuda de sus
hijos.
También es partidaria de las ventanillas exclusivas. "No es justo, nos
mandan de un lado para otro y nos toca madrugar. Ya no estamos para eso".
El viernes pasado llegó hasta el local del IESS de las Naciones Unidas
con la esperanza de hacer un trámite, pero como había tanta gente se
traslado hasta la matriz. Ahí la situación fue similar. Intentó caminar
hasta la Diez de Agosto para tomar el trole pero no avanzó, finalmente
tomó un taxi que le costó $1,50 por la carrera.
Los dirigentes de las asociaciones de jubilados piensan insistir en la
Ley para que esta vez se cumplan las disposiciones.
La próxima semana solicitarán una audiencia con el ministro de Gobierno,
Marcelo Merlo, con el fin de definir las estrategias que se utilizarán
con las empresas de servicios públicos y espectáculos.
Víctor Hugo Salazar, vicepresidente de los Jubilados del IESS, considera
que se debe elaborar un reglamento claro y conciso, para que no existan
pretextos a la hora de hacer las rebajas. Además, propone crear una
oficina adjunta en Gobierno para atención a los ancianos.
Para Fernando Londoño Mosquera, secretario Nacional del Frente Nacional
de Jubilados, es una conquista única, pues representa un beneficio
económico "de las exiguas pensiones que recibimos será una entradita más"
manifiesta. (LCF)
Las tres reformas clave
Según el diputado Marco Proaño Maya, las reformas a la Ley del Anciano,
aprobadas el martes por la mayoría del Congreso Nacional, son
substanciales.
El proceso para conseguir más derechos para las personas de la tercera
edad ha sido largo. Proaño presentó el primer proyecto reformatorio en
1994, pero fue congelado. Para entonces, la Ley tenía tres años de
aplicación (aprobada en 1991).
Solo después de siete años ingresó el nuevo proyecto, que sigue a la
espera de la ratificación del presidente Noboa. De ser así, entrará en
vigencia desde el día de su publicación en el Registro Oficial.
Exoneración impuestos
Serán exonerados del pago de impuestos fiscales y municipales los mayores
de 65 años, que tengan ingresos mensuales de máximo cinco remuneraciones
básicas unificadas o un patrimonio que no pase de 500 remuneraciones. Si
la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas, los
impuestos se pagarán, únicamente, por la diferencia o excedente.
Para aplicar este beneficio no se requerirá de una declaración
administrativa previa provincial o de los concejos municipal.
Más servicios a favor
Los ancianos gozarán de la exoneración del 50% de las tarifas aéreas,
terrestres, marítimas y fluviales, de las entradas a los espectáculos
públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales; así como
de los servicios de agua potable, luz y teléfonos. Para obtener las
rebajas bastará con que presenten la cédula de identidad o el carné de
jubilado del IESS.
Habrá sanciones
Si los ancianos fueran vícitmas del desacato, la negativa, negligencia de
los funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de
centros médicos, pueden denunciarlos.
De la misma manera, si los empresarios de transporte aéreo, terrestre, de
las empresas artísticas, centros deportivos y recreacionales, etc., no
cumplen con las rebajas serán sancionados con amonestación; multas de 50
a 500 remuneraciones básicas mínimas; suspensión temporal de 15 a seis
meses, o definitiva de los permisos de operación de las empresas
privadas, si hay reincidencia; y la destitución del servidor público que
cometa la infracción.
Proaño Maya considera un triunfo, la discución y aprobación de las
reformas; queda pendiente la negociación para el alza de las pensiones
jubilares, para lo que se creó una comisión especial. Sin embargo, la
última palabra la tiene el presidente Noboa.
Los ancianos son el 7%
- A escala nacional existen 245 000 ancianos afiliados al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de estos, 135 000 están jubilados
y 115 000 son pensionistas. Mensualmente reciben entre 20% y 60 % por
pensión.
- La población mayor de 65 años en el Ecuador representa el 7%.
- Los ancianos solicitan el aumento de sus ingresos de acuerdo a lo que
dice la Constitución: "las pensiones deben ser revisadas anualmente para
solucionar los gastos de alimento, vestuario, transporte, costo de vida,
recreación...". (LM) (Diario Hoy)
las reformas que fueron aprobadas en el Congreso.
Humberto Miranda, jubilado de 82 años, espera paciente en la matriz del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para cobrar su pensión
de dos meses: $60. "Que más me toca, me atrasé, andaba de viaje".
Son las 10:00 y en la fila suman más de doscientas personas realizando
diversos trámites. El anciano mira a cada rato el reloj, su apuro es
porque tiene que trasladarse hasta la Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado (Emaap) para cancelar la planilla de agua, para lo cual
requiere de $7.
Del pago del teléfono y el agua, que son más costosos, se encargan sus
hijos. "Si ellos no me ayudarán, la pensión no alcanzaría". De allí que
es escéptico de que el presidente Gustavo Noboa apruebe la Ley del
Anciano.
"Hay que esperar, si la sanciona sería buenísimo para nosotros".
Su desconfianza es porque ha vivido malas experiencias con la mayoría de
buseteros: no respetan la disposición de cobrar la mitad del pasaje:
"cuando nos ven se pasan a toda velocidad echándonos el humo en la cara"
dice.
Miranda considera que de aplicarse esta Ley, las autoridades deben
disponer que en las empresas de servicios públicos se habiliten
ventanillas exclusivas para los jubilados.
Olga S. (de 75 años) comenta entusiasmada que es una buena oportunidad
para reivindicar a la tercera edad: "Después de tantos desplantes".
Mensualmente invierte en el pago de luz, agua y teléfono alrededor de
$40, más de lo que recibe de las pensiones, depende de la ayuda de sus
hijos.
También es partidaria de las ventanillas exclusivas. "No es justo, nos
mandan de un lado para otro y nos toca madrugar. Ya no estamos para eso".
El viernes pasado llegó hasta el local del IESS de las Naciones Unidas
con la esperanza de hacer un trámite, pero como había tanta gente se
traslado hasta la matriz. Ahí la situación fue similar. Intentó caminar
hasta la Diez de Agosto para tomar el trole pero no avanzó, finalmente
tomó un taxi que le costó $1,50 por la carrera.
Los dirigentes de las asociaciones de jubilados piensan insistir en la
Ley para que esta vez se cumplan las disposiciones.
La próxima semana solicitarán una audiencia con el ministro de Gobierno,
Marcelo Merlo, con el fin de definir las estrategias que se utilizarán
con las empresas de servicios públicos y espectáculos.
Víctor Hugo Salazar, vicepresidente de los Jubilados del IESS, considera
que se debe elaborar un reglamento claro y conciso, para que no existan
pretextos a la hora de hacer las rebajas. Además, propone crear una
oficina adjunta en Gobierno para atención a los ancianos.
Para Fernando Londoño Mosquera, secretario Nacional del Frente Nacional
de Jubilados, es una conquista única, pues representa un beneficio
económico "de las exiguas pensiones que recibimos será una entradita más"
manifiesta. (LCF)
Las tres reformas clave
Según el diputado Marco Proaño Maya, las reformas a la Ley del Anciano,
aprobadas el martes por la mayoría del Congreso Nacional, son
substanciales.
El proceso para conseguir más derechos para las personas de la tercera
edad ha sido largo. Proaño presentó el primer proyecto reformatorio en
1994, pero fue congelado. Para entonces, la Ley tenía tres años de
aplicación (aprobada en 1991).
Solo después de siete años ingresó el nuevo proyecto, que sigue a la
espera de la ratificación del presidente Noboa. De ser así, entrará en
vigencia desde el día de su publicación en el Registro Oficial.
Exoneración impuestos
Serán exonerados del pago de impuestos fiscales y municipales los mayores
de 65 años, que tengan ingresos mensuales de máximo cinco remuneraciones
básicas unificadas o un patrimonio que no pase de 500 remuneraciones. Si
la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas, los
impuestos se pagarán, únicamente, por la diferencia o excedente.
Para aplicar este beneficio no se requerirá de una declaración
administrativa previa provincial o de los concejos municipal.
Más servicios a favor
Los ancianos gozarán de la exoneración del 50% de las tarifas aéreas,
terrestres, marítimas y fluviales, de las entradas a los espectáculos
públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales; así como
de los servicios de agua potable, luz y teléfonos. Para obtener las
rebajas bastará con que presenten la cédula de identidad o el carné de
jubilado del IESS.
Habrá sanciones
Si los ancianos fueran vícitmas del desacato, la negativa, negligencia de
los funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de
centros médicos, pueden denunciarlos.
De la misma manera, si los empresarios de transporte aéreo, terrestre, de
las empresas artísticas, centros deportivos y recreacionales, etc., no
cumplen con las rebajas serán sancionados con amonestación; multas de 50
a 500 remuneraciones básicas mínimas; suspensión temporal de 15 a seis
meses, o definitiva de los permisos de operación de las empresas
privadas, si hay reincidencia; y la destitución del servidor público que
cometa la infracción.
Proaño Maya considera un triunfo, la discución y aprobación de las
reformas; queda pendiente la negociación para el alza de las pensiones
jubilares, para lo que se creó una comisión especial. Sin embargo, la
última palabra la tiene el presidente Noboa.
Los ancianos son el 7%
- A escala nacional existen 245 000 ancianos afiliados al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de estos, 135 000 están jubilados
y 115 000 son pensionistas. Mensualmente reciben entre 20% y 60 % por
pensión.
- La población mayor de 65 años en el Ecuador representa el 7%.
- Los ancianos solicitan el aumento de sus ingresos de acuerdo a lo que
dice la Constitución: "las pensiones deben ser revisadas anualmente para
solucionar los gastos de alimento, vestuario, transporte, costo de vida,
recreación...". (LM) (Diario Hoy)
Más en el