Cuando a Ruth Domínguez, de 64 años, presidenta de la Asociación Publio Falconí Pazmiño, de Guayaquil, se le pregunta ¿cuál es la mayor logro de la clase de los jubilados en los 25 años de democracia del país?, enérgicamente contesta: "Haber reconquistado el espacio que la sociedad nos había negado y la dignidad de los "señores jubilados".
Es que, en la última movilización que duró 41 días (del 18 de junio al 28 julio), los jubilados del país protagonizaron una de las más grandes manifestaciones de la historia de este gremio en defensa de sus derechos.
"Las empresas no reconocían el derecho a la jubilación patronal con 25 años de trabajo, no pagaban beneficios de ley y nos dimos cuenta de que estaban violando nuestros derechos, incluso nuestros representantes manejaban a su antojo la institución".
Añade: "En diciembre de 2003, nos enteramos que por mandato del FMI, en el presupuesto estatal no se contemplaban los rubros para las pensiones y que éramos una clase privilegiada por lo que nos rebajarían el sueldo".
Hubo reclamos a escala nacional y culminó con la movilización general, la toma de la Caja del Seguro en Guayaquil y del edificio Zarzuela en Quito, una huelga de hambre; y 18 fallecidos obligaron al Gobierno a aumentar las pensiones en $20, $25 y $30.
Se pagará desde el 20 de agosto próximo. El Gobierno le adeuda al IESS $2 300 millones que ofreció pagar a partir de octubre de 2004.
"Iremos al seguro para que nunca más nos den turnos de tres meses ni nos maltraten, tenemos dignidad y nadie nos va a ver la cara nunca más", señala Domínguez. Hay otra meta, "conseguir el pago del 50% en los servicios básicos. Hasta ahora, el medio pasaje es una farsa", agrega Gabriel Riera, de la Asociación de Jubilados de Pichincha. (GV)

EL ESPECIALISTA

"La sociedad no está hecha para los viejos"

"Si tuviera que calificar a la sociedad ecuatoriana la actitud que ha tenido frente a los adultos mayores en estos 25 años de democracia, le pondría un dos sobre 10", menciona el sicoanalista Rodrigo Tenorio.
Si bien, este grupo humano ha conseguido la reinvindicación de algunos beneficios y derechos, "solo se han quedado en el papel: los jóvenes han pasado a ser la última rueda del coche y los ancianos son simplemente abandonados a su suerte. Nadie se preocupa por ellos porque estorban", agrega.
Las leyes no garantizan el cumplimiento pleno de sus derechos: "Hay normas en favor de la tercera edad como la reducción de los costos en ciertos servicios, tarifa especial en espectáculos públios y medio pasaje, en la práctica no se cumple".
Para nadie es desconocido, analiza Tenorio, los maltratos que sufren en el transporte local, interparroquial e interprovinacial, incluso en vuelos aéreos y agencias de viajes, "los ancianos son mal vistos por no tener dinero, los dejan en lista de espera".
Para Tenorio, "esta sociedad no está hecha para los viejos, está hecha para la gente productiva, una sociedad de gente muy joven y como los adultos jóvenes llenan las espectativas, el estado hace caso omiso, la prueba es que murieron 18 personas en el último paro de los jubilados, el Estado se quedó tranquilo, en Francia eso hiese sido la causa de la caída del Gobierno o por lo menos el presidente y los ministros estuvieran en la cárcel". El irrespeto y el desprecio es común en todo lado. "Para la gente es normal decir "viejo de m...", porque son más lentos o no tienen dinero. La tendera, el chofer, el empleado público, la misma familia... lo insulta". Urge un cambio social: "La reeducación de la gente, si no todo seguirá igual o peor", finaliza. (GV)

PUNTO DE VISTA

Acuerdo de Paz con Perú, el sacrificio ha valido la pena

El Gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) reconoció la vigencia del Protocolo de Río de Janeiro, que el país no había aceptado por décadas

El último impasse entre las cancillerías de Perú y Chile respecto del mar territorial, al que se unió Ecuador por intermedio de su canciller, y la posterior aceptación de Torre Tagle de que “las palabras fueron malinterpretadas, porque Perú respeta los tratados”, parece reafirmar que Ecuador actuó bien al firmar la paz con Perú, el 26 de octubre de 1998.
“La herida abierta" en la frontera sur fue, para Ecuador, por alrededor de 50 años, el tema más sensible de su política exterior, y no pocas veces el pretexto válido para apelar a la unidad nacional.
Para Perú, igualmente, el no admitido diferendo territorial con Ecuador constituyó la razón de ser de su política diplomático-militar y el motivo supremo a la hora de capear la impopularidad de los gobernantes de turno.
La vigilancia armada de los territorios en disputa significó, para las dos naciones pobres, cuantiosos gastos, ya que había que renovar el armamento, apertrechar a los soldados e invertir en todo cuanto significaba sostener un territorio no delimitado, aunque se desatendiese lo más valioso: el bienestar de la gente.
Por todo esto y, sobre todo, por la conciencia de que la paz siempre ha tenido un precio, los ecuatorianos admitieron que el gobierno de Jamil Mahuad suscribiese el Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, a pesar de que aquello significó la pérdida de territorios que, por historia y derecho, nos pertenecían; amén de que las FFAA ganaron, en 1995, la guerra en el Alto Cenepa.
Pero los garantes del Protocolo de Río de Janeiro (EEUU, Brasil, Argentina y Chile) que llevaron a las dos naciones a la mesa de negociaciones diplomáticas, impusieron el reconocimiento del Protocolo de Río de Janeiro (1942) como el único instrumento válido para hallar una salida pacífica.
Tras intensas negociaciones, entregaron el fallo que, a decir del ex presidente Rodrigo Borja, “fue a favor de Perú”, aunque incluía un kilómetro cuadrado de Tiwintza, el símbolo nacional de la victoria de 1995, pero la soberanía es peruana.
En el inconsciente colectivo de los ecuatorianos, habría pesado más la unidad de pueblos de raíces y culturas idénticas, de vecinos entre quienes había que superar las sospechas mutuas por la búsqueda de un futuro común, lo que prevaleció para apoyar la firma de la paz, que, no obstante, dejó un sabor agridulce.
Estos sentimientos fueron estimulados con las promesas de una ayuda de más de $3 000 millones de los organismos internacionales, que hacían pensar que podían sustituirse los destacamentos militares por obras binacionales. Lamentablemente, seis años después, apenas se han cumplido en una mínima parte. (TFF)

Entre el secretismo y el Libro Blanco

Tras firmar la paz entre Ecuador y Perú, los ecuatorianos apostaron a que las FFAA encontrarían un nuevo rol que los vinculara más a la sociedad, al pueblo, puesto que ya no tendrían razón de prepararse para el conflicto armado.
En los años posteriores al conflicto, no se sospechaba que la tensión cambiaría de coordenadas y pasarían del sur al norte.
Y es que la guerra del Estado colombiano en contra de los grupos armados no se había intensificado como hoy, y tampoco los riesgos por el tráfico de armas y estupefacientes habían alcanzado los volúmenes que tienen ahora.
Como quiera que fuese, una de las sorpresas que se dio en los días posteriores a la firma de la paz, en Brasilia, fue la declaración de la cúpula militar ecuatoriana, que aseguró que “el rol militar no cambia de ninguna manera”, asunto que también fue sostenido por el propio presidente de la República, Jamil Mahuad, en una visita a Cuenca.
Estas declaraciones encendieron el debate, y la sociedad puso en evidencia su afán de que la institución armada transparentara sus tareas, y pusiera fin al secretismo, abriéndose más a la comunidad.
Pero debieron pasar algunos años para que la idea de elaborar el ‘Libro Blanco’ de las FFAA se concretara.
En seminarios, reuniones y discusiones interdisciplinarias, -que convocaron a los más disímiles sectores de la sociedad, incluidos invitados del exterior-, las FFAA consiguieron dar forma a lo que se podría llamar una Política de Defensa Nacional, en la que ya no es el conflicto armado el epicentro de su accionar, sino el acercamiento a la sociedad y el involucramiento de esta en las tareas de la institución.
Lamentablemente, este afán por transparentar el papel de esta institución que ha mantenido un altísimo nivel de respaldo ciudadano, se ha visto empañada por denuncias de supuestos hechos de corrupción en temas como la contratación de seguros, el tráfico de armas, la negligencia para vigilar los rastrillos, etc., y, sobre todo, por la participación, en enero de 2000, en una revuelta indígeno-militar.
Pero como si esto no fuese suficiente, la mano invisible y destructiva de la política partidista alcanzó a las FFAA bajo el nombre de Sociedad Patriótica y del propio presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, quien no solamente ha ‘decapitado’ a tres altos mandos militares, alterando el orgánico de la institución, sino que ha puesto en riesgo su vida misma por llevar a cargos públicos a una treintena de oficiales en servicio activo, a quienes, tras escándalos y cuestionamientos públicos, obligó a retornar a sus cuarteles. (TFF)
EXPLORED
en Ciudad QUITO

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