Quito. 10 nov 2001. Inicio este artículo agradeciendo a la opinión
publica y a los medios de comunicación por haber mantenido una posición
objetiva, apegada a la verdad de los hechos, ante las temerarias
acusaciones de las que he sido víctima.
En un país donde las instituciones no trabajan de acuerdo con la
Constitución y las leyes, un ciudadano honesto solo cuenta con la opinión
de la sociedad para poder defenderse y decir la verdad sin temor ni
favor. En esta situación me encuentro, presentando mi alegato a través de
mis abogados, en donde se recogen fielmente los acontecimientos que
dieron lugar a la constitución de un fideicomiso en favor de los ex
accionistas del Banco del Pacífico.
Se argumenta, por parte de la Superintendencia, que la cartera que se
incorporó al fideicomiso fue la de junio de 2000 y no la que dio lugar a
los castigos. Además, se afirma que parte de esa cartera, en el momento
del castigo, tenía una calificación superior a la de junio. Aquí vale una
aclaración, la calificación de cartera se hace trimestralmente por parte
de una Comisión de Calificación de Activos de Riesgo en donde el
representante legal del Banco no participa. Los funcionarios encargados
de evaluar la calidad de los activos actúan de manera independiente, sin
influencias del representante legal de una institución financiera. De ahí
que yo, como representante legal del Banco, no participé en dicha
calificación. Además, en junio del año 2000, no era representante legal
del Banco del Pacífico: me encontraba ejerciendo la Presidencia Ejecutiva
del Banco Continental. Por consiguiente, si se afirma que la cartera se
deterioró durante ese período, yo no era el representante legal de dicha
institución y, por tanto, no podía intervenir en sus actos
administrativos.
La resolución de Junta General, de la cual yo no era miembro, resolvió
entregar basura al fideicomiso, y así se lo hizo, de acuerdo con la
calificación que realizó la Comisión respectiva en junio de 2000. Es
fácil comprobar lo que estoy aseverando, tomando de la lista de los
mayores deudores publicada por Vistazo y que son parte del fideicomiso,
para comprobar la pésima calidad de dichos activos, ya que ahí se
encuentran deudores que no han honrado sus obligaciones por muchos años.
Esta lista, incorporada en la escritura pública de constitución del
fideicomiso, está avalada por el departamento de operaciones del Banco,
que certifica que la cartera que se está incorporando vale cero en los
libros. En el Ecuador, las regulaciones de la Junta Bancaria y de la
Superintendencia de Bancos, en lo que hace relación a la calificación de
activos, no toman en consideración las garantías que los respaldan, sino
exclusivamente la morosidad de las cuentas. Por tanto, el informe de la
Superintendencia de Bancos dirigido a la Fiscalía, al decir que dado que
algunos de los créditos al tener garantía, su valor económico es superior
a lo que consta en libros, no tiene fuerza legal. De ahí que se debe
preguntar al señor superintendente, ¿por qué la Superintendencia de
Bancos obliga a calificar como pérdida total créditos que sí tienen
garantías? Porque así lo determinan las regulaciones emitidas por el
organismo de control.
Finalmente, un juez acaba de ratificar la entrega de cartera a ex
accionistas de otra institución bancaria, que fue escogida a dedo, como
es de dominio público, y nadie es responsable de semejante decisión...
¡Qué diferencia con el proceso seguido en el Banco del Pacifico!
Finalmente, se dice que el Banco del Pacífico no estaba en saneamiento y,
en consecuencia, no podía entregar activos castigados a sus ex
accionistas. Esta aseveración olvida la resolución de la Junta Bancaria
de agosto de 2000, que dice: la Superintendencia no tiene atribución para
autorizar o negar la celebración de un acto jurídico de naturaleza
privada, como es el fideicomiso a que se refiere la petición del Banco
del Pacífico.
Con todos estos antecedentes, y otros más que por motivo de espacio
omito de mencionar por el momento, soy inocente de las acusaciones que se
me pretenden imputar, y por ello exijo que se ordene el levantamiento de
la orden de prisión para retornar al Ecuador y defenderme en libertad.
* Ex ministro de Economía (Diario Hoy)
publica y a los medios de comunicación por haber mantenido una posición
objetiva, apegada a la verdad de los hechos, ante las temerarias
acusaciones de las que he sido víctima.
En un país donde las instituciones no trabajan de acuerdo con la
Constitución y las leyes, un ciudadano honesto solo cuenta con la opinión
de la sociedad para poder defenderse y decir la verdad sin temor ni
favor. En esta situación me encuentro, presentando mi alegato a través de
mis abogados, en donde se recogen fielmente los acontecimientos que
dieron lugar a la constitución de un fideicomiso en favor de los ex
accionistas del Banco del Pacífico.
Se argumenta, por parte de la Superintendencia, que la cartera que se
incorporó al fideicomiso fue la de junio de 2000 y no la que dio lugar a
los castigos. Además, se afirma que parte de esa cartera, en el momento
del castigo, tenía una calificación superior a la de junio. Aquí vale una
aclaración, la calificación de cartera se hace trimestralmente por parte
de una Comisión de Calificación de Activos de Riesgo en donde el
representante legal del Banco no participa. Los funcionarios encargados
de evaluar la calidad de los activos actúan de manera independiente, sin
influencias del representante legal de una institución financiera. De ahí
que yo, como representante legal del Banco, no participé en dicha
calificación. Además, en junio del año 2000, no era representante legal
del Banco del Pacífico: me encontraba ejerciendo la Presidencia Ejecutiva
del Banco Continental. Por consiguiente, si se afirma que la cartera se
deterioró durante ese período, yo no era el representante legal de dicha
institución y, por tanto, no podía intervenir en sus actos
administrativos.
La resolución de Junta General, de la cual yo no era miembro, resolvió
entregar basura al fideicomiso, y así se lo hizo, de acuerdo con la
calificación que realizó la Comisión respectiva en junio de 2000. Es
fácil comprobar lo que estoy aseverando, tomando de la lista de los
mayores deudores publicada por Vistazo y que son parte del fideicomiso,
para comprobar la pésima calidad de dichos activos, ya que ahí se
encuentran deudores que no han honrado sus obligaciones por muchos años.
Esta lista, incorporada en la escritura pública de constitución del
fideicomiso, está avalada por el departamento de operaciones del Banco,
que certifica que la cartera que se está incorporando vale cero en los
libros. En el Ecuador, las regulaciones de la Junta Bancaria y de la
Superintendencia de Bancos, en lo que hace relación a la calificación de
activos, no toman en consideración las garantías que los respaldan, sino
exclusivamente la morosidad de las cuentas. Por tanto, el informe de la
Superintendencia de Bancos dirigido a la Fiscalía, al decir que dado que
algunos de los créditos al tener garantía, su valor económico es superior
a lo que consta en libros, no tiene fuerza legal. De ahí que se debe
preguntar al señor superintendente, ¿por qué la Superintendencia de
Bancos obliga a calificar como pérdida total créditos que sí tienen
garantías? Porque así lo determinan las regulaciones emitidas por el
organismo de control.
Finalmente, un juez acaba de ratificar la entrega de cartera a ex
accionistas de otra institución bancaria, que fue escogida a dedo, como
es de dominio público, y nadie es responsable de semejante decisión...
¡Qué diferencia con el proceso seguido en el Banco del Pacifico!
Finalmente, se dice que el Banco del Pacífico no estaba en saneamiento y,
en consecuencia, no podía entregar activos castigados a sus ex
accionistas. Esta aseveración olvida la resolución de la Junta Bancaria
de agosto de 2000, que dice: la Superintendencia no tiene atribución para
autorizar o negar la celebración de un acto jurídico de naturaleza
privada, como es el fideicomiso a que se refiere la petición del Banco
del Pacífico.
Con todos estos antecedentes, y otros más que por motivo de espacio
omito de mencionar por el momento, soy inocente de las acusaciones que se
me pretenden imputar, y por ello exijo que se ordene el levantamiento de
la orden de prisión para retornar al Ecuador y defenderme en libertad.
* Ex ministro de Economía (Diario Hoy)
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