Quito. 08 jun 99. El plazo para lograr los acuerdos
legislativos y una convocatoria a un Congreso extraordinario
empezaron a definirse con el anuncio de un fecha para el
tratamiento y la aprobación de la denominada Ley-Marco.
El Gobierno cumplió con su anuncio: en la tarde de ayer
finalmente remitió a la Secretaría del Congreso su proyecto de
reformas a la Ley de Modernización del Estado, que está
vigente desde 1993.
El documento enviado ayer prácticamente es el mismo que fue
presentado la semana anterior, cuando se inició en el Palacio
de Gobierno la segunda ronda de conversaciones con los
representantes de los diferentes sectores parlamentarios.
Ayer mismo, el presidente del Legislativo, Juan José Pons,
definió una fecha para la convocatoria a un período
extraordinario de sesiones para analizar esta tema. Dijo que
"con relativa certeza" sería para el período del 28 de junio
al 1 de julio.
Hasta antes de esa fecha los bloques legislativos tendrán
oportunidad de hacer las observaciones a la propuesta oficial.
El proyecto económico urgente será enviado a una de las
comisiones especializadas, para que ésta elabore un informe
para primer debate antes de ir al Pleno. A partir del envío
por el Ejecutivo, corren 30 días para que los legisladores lo
aprueben, reformen o nieguen.
Pons destacó que esa convocatoria se resolverá una vez que la
Comisión legislativa de lo Económico tenga preparado ese
documento.
Los miembros de esa comisión trabajarán en la elaboración de
ese informe, durante el receso en las tareas del Congreso, que
empieza a partir del viernes. De acuerdo a las previsiones de
Pons, esta Ley podría ser aprobada por el Congreso el 1 ó 2 de
julio, con las enmiendas del caso.
Las expectativas del Gobierno y su bloque parlamentario
también se orientan en este tiempo a conseguir los acuerdos
políticos que garanticen la aprobación. En días anteriores,
Alexandra Vela (DP) había señalado que, para el análisis de la
Ley-Marco, el Gobierno empleará un mecanismo similar al
utilizado en los debates de la Ley de Reordenamiento de las
Finanzas Públicas y de la denominada ley antidéficit. Los
acuerdos se aspiran conseguir en el transcurso del tratamiento
de los artículos de las reformas a la Ley de Modernización.
Mientras tanto, las posiciones del resto de sectores
legislativos se mantienen invariables, así como el nivel de
apertura.
El PSC, por ejemplo, según los comentarios del ex presidente
León Febres Cordero, está en la línea del diálogo. Antes de
viajar a Miami, donde será intervenido, señaló que están
abiertos a conversar, pero entendiéndose eso en el marco de un
diálogo entre todos los sectores.
La ID también está a la expectativa de conocer el proyecto.
Ayer los voceros de este bloque se evitaron los comentarios
porque la semana pasada se definieron los ejes de sus
propuestas para la Ley. Uno de los puntos básicos de su
propuesta es la necesidad de inyectar nuevos recursos a partir
de la inversión nacional o extranjera, además de la no
privatización del petróleo y el agua. En esa línea, la bancada
naranja se mantiene abierta las conversaciones, que
continuarán esta semana.
En una rueda de prensa, Pons se refirió ayer al proceso de
diálogo entre el bloque de Gobierno y los otros sectores. "Es
evidente que todos estamos conscientes en que hay que
modernizar al país: hay distintas perspectivas de cómo
hacerlo, eso es necesario sintetizarlo en un proyecto de ley
que si permita la modernización".
Además que se mantiene ese proceso para llegar a los
consensos, recogerlos y presentarlos al Pleno para el debate.
"El Presidente y muchos legisladores apoyan la modernización
pues el país necesita recursos y eso se puede lograr con una
ley que contenga una serie de reformas que a su vez permita
privatizaciones".
Por otro lado, para el Presidente del Congreso las reformas a
la Ley de Seguridad Social se podrían aprobar a finales de
agosto tomando en cuenta el trámite especial que tiene esa
ley: los legisladores tienen 30 días para introducir las
observaciones y la Comisión de Legislación prepara un informe
para que el Pleno lo apruebe en un solo debate.
Adicionalmente, se comprometió a ubicar primero dentro del
próximo período, a partir del 11 de julio, el proyecto de Ley
de Educación Superior.
El comentario de Pons inquieta en la DP
Las divergencias, que persisten entre las diferentes alas del
bloque legislativo de la DP, tocaron el fin de semana al
propio Ejecutivo.
El último incidente fue el comentario del presidente del
Congreso, Juan José Pons (DP), en el sentido que a su
coideario, el presidente Jamil Mahuad, le falta un mayor nivel
de autoridad, como lo recogió el diario El Universo en su
edición de ayer.
Pons se refirió en una rueda de prensa de manera indirecta a
esa declaración, al ser consultado si el Presidente tenía o no
el suficiente liderazgo para llevar adelante el proceso de
modernización. Dijo que "el estilo de liderazgo del Gobierno
del presidente Mahuad es uno que va logrando determinados
éxitos gradualmente, y a eso quizá haya que ponerlo más
velocidad, pero se van obteniendo los resultados que el país
necesita".
También señaló que "los marcos jurídicos tienen que ser
aprobados para que se vaya generando confianza en la inversión
extranjera... y que la capacidad de gestión del Gobierno está
en función de que ese marco jurídico sea el apropiado para que
esas acciones se puedan desarrollar".
Según Pons, en el tema de la modernización no hay
discrepancias en la bancada de la DP: el Gobierno tiene
interlocutores con los diputados, que son el jefe de bloque
(Ramiro Rivera), el Ministro de Gobierno y el Secretario de la
Administración.
Incluso Eliseo Azuero, diputado que ha tenido una posición
crítica al Gobierno, coincidió en que en el tema de la
modernización todo está claro.
Sin embargo, reconoció que aún en "el Gobierno central no hay
un manejo lo suficientemente adecuado en cuanto a las
relaciones con el bloque parlamentario. Y que las razones
"habría que preguntarles a los voceros principales de
Carondelet, pero que el Presidente está fuera de este
contexto".
Según Azuero, la incomodidad nace "en una falta de relación
posiblemente de quienes deben hacer ese papel desde Carondelet
hacia el bloque legislativo. Hay falta de visión para dialogar
y escuchar las opiniones que se hacen desde el bloque".
Ayer a mediodía el titular del Congreso se reunió en su
departamento con los diputados de la DP, Ramiro Rivera,
Alexandra Vela y Juan Manuel Fuertes). En círculos cercanos a
la Presidencia del Congreso se comentó acerca de la
preocupación de Pons por las informaciones de prensa sobre su
comentario acerca del Jefe de Estado.
A las expresiones de Pons, ayer se sumaron los comentarios del
ex presidente Osvaldo Hurtado, quien dejó en claro su postura
respecto de la integración del Directorio del Banco Central.
"No hay país moderno que tenga un Banco Central subordinado a
la autoridad del Presidente de la República. Un Banco Central
independiente es un signo de modernidad. La autonomía del
Banco Central es indispensable para que se manejen las
finanzas públicas con un mínimo de orden, de organización...".
Asimismo, en el noticiero de Gamavisión, Hurtado se refirió al
caso del Banco del Progreso. "El problema es de todo el
Ecuador. Esto lo tiene que resolver el Presidente elegido por
los ecuatorianos, atendiendo al bien común de todo el
Ecuador". (Texto tomado de El Comercio)
legislativos y una convocatoria a un Congreso extraordinario
empezaron a definirse con el anuncio de un fecha para el
tratamiento y la aprobación de la denominada Ley-Marco.
El Gobierno cumplió con su anuncio: en la tarde de ayer
finalmente remitió a la Secretaría del Congreso su proyecto de
reformas a la Ley de Modernización del Estado, que está
vigente desde 1993.
El documento enviado ayer prácticamente es el mismo que fue
presentado la semana anterior, cuando se inició en el Palacio
de Gobierno la segunda ronda de conversaciones con los
representantes de los diferentes sectores parlamentarios.
Ayer mismo, el presidente del Legislativo, Juan José Pons,
definió una fecha para la convocatoria a un período
extraordinario de sesiones para analizar esta tema. Dijo que
"con relativa certeza" sería para el período del 28 de junio
al 1 de julio.
Hasta antes de esa fecha los bloques legislativos tendrán
oportunidad de hacer las observaciones a la propuesta oficial.
El proyecto económico urgente será enviado a una de las
comisiones especializadas, para que ésta elabore un informe
para primer debate antes de ir al Pleno. A partir del envío
por el Ejecutivo, corren 30 días para que los legisladores lo
aprueben, reformen o nieguen.
Pons destacó que esa convocatoria se resolverá una vez que la
Comisión legislativa de lo Económico tenga preparado ese
documento.
Los miembros de esa comisión trabajarán en la elaboración de
ese informe, durante el receso en las tareas del Congreso, que
empieza a partir del viernes. De acuerdo a las previsiones de
Pons, esta Ley podría ser aprobada por el Congreso el 1 ó 2 de
julio, con las enmiendas del caso.
Las expectativas del Gobierno y su bloque parlamentario
también se orientan en este tiempo a conseguir los acuerdos
políticos que garanticen la aprobación. En días anteriores,
Alexandra Vela (DP) había señalado que, para el análisis de la
Ley-Marco, el Gobierno empleará un mecanismo similar al
utilizado en los debates de la Ley de Reordenamiento de las
Finanzas Públicas y de la denominada ley antidéficit. Los
acuerdos se aspiran conseguir en el transcurso del tratamiento
de los artículos de las reformas a la Ley de Modernización.
Mientras tanto, las posiciones del resto de sectores
legislativos se mantienen invariables, así como el nivel de
apertura.
El PSC, por ejemplo, según los comentarios del ex presidente
León Febres Cordero, está en la línea del diálogo. Antes de
viajar a Miami, donde será intervenido, señaló que están
abiertos a conversar, pero entendiéndose eso en el marco de un
diálogo entre todos los sectores.
La ID también está a la expectativa de conocer el proyecto.
Ayer los voceros de este bloque se evitaron los comentarios
porque la semana pasada se definieron los ejes de sus
propuestas para la Ley. Uno de los puntos básicos de su
propuesta es la necesidad de inyectar nuevos recursos a partir
de la inversión nacional o extranjera, además de la no
privatización del petróleo y el agua. En esa línea, la bancada
naranja se mantiene abierta las conversaciones, que
continuarán esta semana.
En una rueda de prensa, Pons se refirió ayer al proceso de
diálogo entre el bloque de Gobierno y los otros sectores. "Es
evidente que todos estamos conscientes en que hay que
modernizar al país: hay distintas perspectivas de cómo
hacerlo, eso es necesario sintetizarlo en un proyecto de ley
que si permita la modernización".
Además que se mantiene ese proceso para llegar a los
consensos, recogerlos y presentarlos al Pleno para el debate.
"El Presidente y muchos legisladores apoyan la modernización
pues el país necesita recursos y eso se puede lograr con una
ley que contenga una serie de reformas que a su vez permita
privatizaciones".
Por otro lado, para el Presidente del Congreso las reformas a
la Ley de Seguridad Social se podrían aprobar a finales de
agosto tomando en cuenta el trámite especial que tiene esa
ley: los legisladores tienen 30 días para introducir las
observaciones y la Comisión de Legislación prepara un informe
para que el Pleno lo apruebe en un solo debate.
Adicionalmente, se comprometió a ubicar primero dentro del
próximo período, a partir del 11 de julio, el proyecto de Ley
de Educación Superior.
El comentario de Pons inquieta en la DP
Las divergencias, que persisten entre las diferentes alas del
bloque legislativo de la DP, tocaron el fin de semana al
propio Ejecutivo.
El último incidente fue el comentario del presidente del
Congreso, Juan José Pons (DP), en el sentido que a su
coideario, el presidente Jamil Mahuad, le falta un mayor nivel
de autoridad, como lo recogió el diario El Universo en su
edición de ayer.
Pons se refirió en una rueda de prensa de manera indirecta a
esa declaración, al ser consultado si el Presidente tenía o no
el suficiente liderazgo para llevar adelante el proceso de
modernización. Dijo que "el estilo de liderazgo del Gobierno
del presidente Mahuad es uno que va logrando determinados
éxitos gradualmente, y a eso quizá haya que ponerlo más
velocidad, pero se van obteniendo los resultados que el país
necesita".
También señaló que "los marcos jurídicos tienen que ser
aprobados para que se vaya generando confianza en la inversión
extranjera... y que la capacidad de gestión del Gobierno está
en función de que ese marco jurídico sea el apropiado para que
esas acciones se puedan desarrollar".
Según Pons, en el tema de la modernización no hay
discrepancias en la bancada de la DP: el Gobierno tiene
interlocutores con los diputados, que son el jefe de bloque
(Ramiro Rivera), el Ministro de Gobierno y el Secretario de la
Administración.
Incluso Eliseo Azuero, diputado que ha tenido una posición
crítica al Gobierno, coincidió en que en el tema de la
modernización todo está claro.
Sin embargo, reconoció que aún en "el Gobierno central no hay
un manejo lo suficientemente adecuado en cuanto a las
relaciones con el bloque parlamentario. Y que las razones
"habría que preguntarles a los voceros principales de
Carondelet, pero que el Presidente está fuera de este
contexto".
Según Azuero, la incomodidad nace "en una falta de relación
posiblemente de quienes deben hacer ese papel desde Carondelet
hacia el bloque legislativo. Hay falta de visión para dialogar
y escuchar las opiniones que se hacen desde el bloque".
Ayer a mediodía el titular del Congreso se reunió en su
departamento con los diputados de la DP, Ramiro Rivera,
Alexandra Vela y Juan Manuel Fuertes). En círculos cercanos a
la Presidencia del Congreso se comentó acerca de la
preocupación de Pons por las informaciones de prensa sobre su
comentario acerca del Jefe de Estado.
A las expresiones de Pons, ayer se sumaron los comentarios del
ex presidente Osvaldo Hurtado, quien dejó en claro su postura
respecto de la integración del Directorio del Banco Central.
"No hay país moderno que tenga un Banco Central subordinado a
la autoridad del Presidente de la República. Un Banco Central
independiente es un signo de modernidad. La autonomía del
Banco Central es indispensable para que se manejen las
finanzas públicas con un mínimo de orden, de organización...".
Asimismo, en el noticiero de Gamavisión, Hurtado se refirió al
caso del Banco del Progreso. "El problema es de todo el
Ecuador. Esto lo tiene que resolver el Presidente elegido por
los ecuatorianos, atendiendo al bien común de todo el
Ecuador". (Texto tomado de El Comercio)
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