Quito. 3 feb 2001. El manabita salió de la Base de Manta para la Navidad,
pero aún es custodiado. El proceso pasó por 21 jueces y los 12 policías
acusados transitan por las calles de Manabí.
Su rostro aún evidencia las huellas de una cruel tortura. Las siete
cirugías a las que fue sometido, no han borrado de su cuerpo las
cicatrices de los siete balazos y cortadas que sufrió la tarde del 11 de
febrero de 1999, cuando ocho policías comenzaron a interrogarlo acerca de
la muerte de un gendarme en el cantón Olmedo, Manabí.
Pedro Geovanny Baque Tuárez, de 23 años de edad, mantiene en su mente el
trágico episodio que vivió en los terrenos abandonados de la Policía
Judicial (PJ), en el sector de Sancán, a diez minutos del cantón
Jipijapa.
Recuerda que le suplicaba al entonces jefe de la PJ de Manta, mayor
Wilson Alulema, para que no lo asesine. Un juicio de ya 20 cuerpos
(folios) que ha pasado por 21 jueces y que la próxima semana recién
concluirá, supuestamente, su primera etapa, con el cierre del sumario
(investigaciones). Aquello, luego de los varios conflictos de competencia
suscitados, pues, al parecer, nadie quería tramitar el proceso, que,
actualmente, está en manos del titular de la Corte Superior de de
Portoviejo, Rafael Loor Pita.
Los torturadores recorren las calles de Manabí
Pero en octubre anterior la intranquilidad, nuevamente, se apoderó del ex
deportista Pedro Geovanny Baque, pues los cincos elementos de la Policía
que estaban detenidos bajo una orden de prisión preventiva fueron
liberados. El argumento: el artículo 24, numeral 8, de la Constitución,
que permite la libertad cuando no hay sentencia. El joven dice que la
balanza de la justicia se mueve a favor de sus torturadores, que hace 47
meses lo atraparon sin razón junto a sus amigos Pedro y Carlos Jaramillo
Mera, en la parroquia el Guabito, cerca de Portoviejo.
Constantemente, afirma, regresan las imágenes de los cuerpos inertes de
sus acompañantes. El sonido de las balas de nueve milímetros que
terminaron con la vida de sus amigos y desfiguraron su rostro, lo
mantienen con un intensivo tratamiento sicológico.
Los días en la Base Eloy Alfaro de Manta, donde se encontraba bajo
cuidado y protección de Inteligencia Militar por disposición de Amnistía
Internacional, parecen haber quedado atrás. Allí permaneció casi un año.
Desde diciembre pasado, Pedro Geovanny retornó a su hogar, al norte de
Manta. Pero aún lo rodean varios guardias. Nadie puede ingresar a su casa
sin la respectiva requisa. Ya no recorre solo el malecón de la ciudad,
como lo hacía antes de que delatara a sus torturadores.
La esperanza en un casete, y la preocupación de la Fiscalía
Alberto Palacios Palma, abogado defensor, cree que 12 policías implicados
en el delito deben estar en prisión. Su petición está ligada a la
realidad de la víctima, que está obligado a llevar una vida de
privaciones, mientras los gendarmes transitan con libertad por las calles
de Manabí cumpliendo sus funciones. Ninguno ha sido removido de su cargo.
Ocho de ellos son acusados de ser los autores materiales del delito y
cuatro están, como cómplices y encubridores, al tratar de presentar
partes e informes contradictorios que desmienten los hechos.
La parte defensora de los policías alude que ellos actuaron en virtud de
un supuesto ataque, pero las pruebas que maneja la defensa de Pedro
Geovanny Baque indican que se suscitó una violación a los derechos
humanos. Alberto Palacios dice que "antes y durante el proceso judicial,
la Policía ha tratado de poner trabas en favor de sus intereses, pues
varios documentos comprometen a agentes de los regimientos policiales de
Jipijapa, Portoviejo y Manta.". Un casete de audio, que será presentado
la próxima semana, como última evidencia en la etapa sumarial, descubre
el momento en que uno de los testigos presenciales del delito era
sobornado por uno de los abogados de la Policía.
Uno de los informes, realizado por Temístocles Ramos, dice que lo
ocurrido a Pedro Baque es un asunto aislado, que no se relaciona con el
acribillamiento de los hermanos Jaramillo. Palacios se conforta en pensar
que el juez emitirá la resolución final en diciembre próximo. La ministra
Fiscal de Manabí, Genoveva Cevallos, solicitó que las investigaciones se
agiliten para cerrar el sumario. Pero mientras el juicio continúa, una
nueva preocupación llega a Pedro Geovanny: debe reunir dinero para otra
cirugía facial. (JVR)
Los acusados...
- Doce policías se encuentran involucrados en la muerte de Pedro Jorge
Jaramillo Mera y Carlos Enrique Jaramillo Mera, quienes fueron torturados
y abaleados, en el sector del Guabito, Portoviejo. También se los acusa
de la tortura e intento de asesinato de Pedro Geovanny Baque Tuárez.
- Cinco de los ocho uniformados, acusados como autores materiales,
salieron en libertad en octubre de 2000.
- Los policías (de tropa) que estaban en prisión son: Wilmington
Palacios, José Seme Mendoza, Wilmer Ayala Montenegro, Kléber Moreira y
Miguel Angel Mayorga.
- José Delgado, Wilson Indio Tumbaco y el mayor Homero Alulema Miranda,
quienes también participaron, no fueron arrestados porque, supuestamente,
fueron encubiertos por los cinco cabos.
- Cuatro policías son acusados de cómplices y encubridores: el teniente
Vicente Cascante Polo, jefe de la PJ de Portoviejo; Carlos Grijalva,
quien cumplía funciones de jefe policial de Jipijapa, Temísclope Ramos
Sánchez y Nel Policarpio Castro.
- Vicente Cascante Polo era el encargado de firmar una serie de
documentos, en oficios membretados por la Policía Nacional y los enviaba
a los Juzgados, cuando solicitaban alguna certificación de los
implicados.
- El mayor Carlos Grijalva es quien remitía un fax a las 21:00, el 11 de
febrero de 1999, a la Comandancia de Portoviejo. Allí se alertaba de la
muerte de los hermanos Jaramillo y la supuesta desaparición de Pedro
Baque Tuárez.
- Temísclope Ramos Sánchez es el agente que elaboró un informe policial
para desvirtuar las muertes de Pedro y Carlos Jaramillo con la tortura
del joven manabita. (JVR)
Luis, raptado camino a la tienda
El 9 de octubre anterior, a las 19:00, Luis Reinaldo Lucas Barahona salió
rumbo a la tienda de la esquina de su casa, ubicada en el bloque dos de
Bastión Popular, zona marginal de Guayaquil. Fue la última vez que sus
padres lo vieron.
No hay mayores detalles de cómo desapareció ni tampoco ningún rastro de
él. Tenía entonces diez años de edad, vestía camiseta verde, pantalón
café y zapatos de lona blancos. Luis Reinaldo es de tez canela, cabello y
ojos negros.
El es uno de los 1 049 infantes que desaparecieron en 2000, según los
registros de las Fundaciones Reencuentro (Quito), Amauta (Riobamba) y el
Centro de Atención al Niño Perdido de Guayaquil (Cedanp). Estas entidades
trabajan conjuntamente con Innfa.
En la zona se inició una intensa búsqueda, pero sin resultados. No es la
primera vez que ocurre lo mismo con menores de edad en Bastión Popular,
afirma Alexandra Banchón, abogada del Cedanp. Lo que sorprende, dice, es
que, por ejemplo, Reinaldo Lucas no tenía problemas en su casa, de
acuerdo con las investigaciones realizadas y, además, estudiaba en una
escuela cercana.
"No se puede hablar de una desaparición voluntaria. Nadie vio nada y
nadie, supuestamente, sabe nada. Y estos casos, no obstante, aumentan en
este año", expresa Banchón, quien reitera que, así, se complican aún más
sus labores y, sobre todo, las de la Dirección Nacional de Policía
Especializada en Niños y Adolescentes (Dinapen).
Cualquier información a los teléfonos 263263 (preguntar por la señora
Gladys Moncayo), al Cedanp (04-206704), Reencuentro (02-238238) o Amauta
(03-941215). (APM) (Diario Hoy) (Blanco y Negro)
pero aún es custodiado. El proceso pasó por 21 jueces y los 12 policías
acusados transitan por las calles de Manabí.
Su rostro aún evidencia las huellas de una cruel tortura. Las siete
cirugías a las que fue sometido, no han borrado de su cuerpo las
cicatrices de los siete balazos y cortadas que sufrió la tarde del 11 de
febrero de 1999, cuando ocho policías comenzaron a interrogarlo acerca de
la muerte de un gendarme en el cantón Olmedo, Manabí.
Pedro Geovanny Baque Tuárez, de 23 años de edad, mantiene en su mente el
trágico episodio que vivió en los terrenos abandonados de la Policía
Judicial (PJ), en el sector de Sancán, a diez minutos del cantón
Jipijapa.
Recuerda que le suplicaba al entonces jefe de la PJ de Manta, mayor
Wilson Alulema, para que no lo asesine. Un juicio de ya 20 cuerpos
(folios) que ha pasado por 21 jueces y que la próxima semana recién
concluirá, supuestamente, su primera etapa, con el cierre del sumario
(investigaciones). Aquello, luego de los varios conflictos de competencia
suscitados, pues, al parecer, nadie quería tramitar el proceso, que,
actualmente, está en manos del titular de la Corte Superior de de
Portoviejo, Rafael Loor Pita.
Los torturadores recorren las calles de Manabí
Pero en octubre anterior la intranquilidad, nuevamente, se apoderó del ex
deportista Pedro Geovanny Baque, pues los cincos elementos de la Policía
que estaban detenidos bajo una orden de prisión preventiva fueron
liberados. El argumento: el artículo 24, numeral 8, de la Constitución,
que permite la libertad cuando no hay sentencia. El joven dice que la
balanza de la justicia se mueve a favor de sus torturadores, que hace 47
meses lo atraparon sin razón junto a sus amigos Pedro y Carlos Jaramillo
Mera, en la parroquia el Guabito, cerca de Portoviejo.
Constantemente, afirma, regresan las imágenes de los cuerpos inertes de
sus acompañantes. El sonido de las balas de nueve milímetros que
terminaron con la vida de sus amigos y desfiguraron su rostro, lo
mantienen con un intensivo tratamiento sicológico.
Los días en la Base Eloy Alfaro de Manta, donde se encontraba bajo
cuidado y protección de Inteligencia Militar por disposición de Amnistía
Internacional, parecen haber quedado atrás. Allí permaneció casi un año.
Desde diciembre pasado, Pedro Geovanny retornó a su hogar, al norte de
Manta. Pero aún lo rodean varios guardias. Nadie puede ingresar a su casa
sin la respectiva requisa. Ya no recorre solo el malecón de la ciudad,
como lo hacía antes de que delatara a sus torturadores.
La esperanza en un casete, y la preocupación de la Fiscalía
Alberto Palacios Palma, abogado defensor, cree que 12 policías implicados
en el delito deben estar en prisión. Su petición está ligada a la
realidad de la víctima, que está obligado a llevar una vida de
privaciones, mientras los gendarmes transitan con libertad por las calles
de Manabí cumpliendo sus funciones. Ninguno ha sido removido de su cargo.
Ocho de ellos son acusados de ser los autores materiales del delito y
cuatro están, como cómplices y encubridores, al tratar de presentar
partes e informes contradictorios que desmienten los hechos.
La parte defensora de los policías alude que ellos actuaron en virtud de
un supuesto ataque, pero las pruebas que maneja la defensa de Pedro
Geovanny Baque indican que se suscitó una violación a los derechos
humanos. Alberto Palacios dice que "antes y durante el proceso judicial,
la Policía ha tratado de poner trabas en favor de sus intereses, pues
varios documentos comprometen a agentes de los regimientos policiales de
Jipijapa, Portoviejo y Manta.". Un casete de audio, que será presentado
la próxima semana, como última evidencia en la etapa sumarial, descubre
el momento en que uno de los testigos presenciales del delito era
sobornado por uno de los abogados de la Policía.
Uno de los informes, realizado por Temístocles Ramos, dice que lo
ocurrido a Pedro Baque es un asunto aislado, que no se relaciona con el
acribillamiento de los hermanos Jaramillo. Palacios se conforta en pensar
que el juez emitirá la resolución final en diciembre próximo. La ministra
Fiscal de Manabí, Genoveva Cevallos, solicitó que las investigaciones se
agiliten para cerrar el sumario. Pero mientras el juicio continúa, una
nueva preocupación llega a Pedro Geovanny: debe reunir dinero para otra
cirugía facial. (JVR)
Los acusados...
- Doce policías se encuentran involucrados en la muerte de Pedro Jorge
Jaramillo Mera y Carlos Enrique Jaramillo Mera, quienes fueron torturados
y abaleados, en el sector del Guabito, Portoviejo. También se los acusa
de la tortura e intento de asesinato de Pedro Geovanny Baque Tuárez.
- Cinco de los ocho uniformados, acusados como autores materiales,
salieron en libertad en octubre de 2000.
- Los policías (de tropa) que estaban en prisión son: Wilmington
Palacios, José Seme Mendoza, Wilmer Ayala Montenegro, Kléber Moreira y
Miguel Angel Mayorga.
- José Delgado, Wilson Indio Tumbaco y el mayor Homero Alulema Miranda,
quienes también participaron, no fueron arrestados porque, supuestamente,
fueron encubiertos por los cinco cabos.
- Cuatro policías son acusados de cómplices y encubridores: el teniente
Vicente Cascante Polo, jefe de la PJ de Portoviejo; Carlos Grijalva,
quien cumplía funciones de jefe policial de Jipijapa, Temísclope Ramos
Sánchez y Nel Policarpio Castro.
- Vicente Cascante Polo era el encargado de firmar una serie de
documentos, en oficios membretados por la Policía Nacional y los enviaba
a los Juzgados, cuando solicitaban alguna certificación de los
implicados.
- El mayor Carlos Grijalva es quien remitía un fax a las 21:00, el 11 de
febrero de 1999, a la Comandancia de Portoviejo. Allí se alertaba de la
muerte de los hermanos Jaramillo y la supuesta desaparición de Pedro
Baque Tuárez.
- Temísclope Ramos Sánchez es el agente que elaboró un informe policial
para desvirtuar las muertes de Pedro y Carlos Jaramillo con la tortura
del joven manabita. (JVR)
Luis, raptado camino a la tienda
El 9 de octubre anterior, a las 19:00, Luis Reinaldo Lucas Barahona salió
rumbo a la tienda de la esquina de su casa, ubicada en el bloque dos de
Bastión Popular, zona marginal de Guayaquil. Fue la última vez que sus
padres lo vieron.
No hay mayores detalles de cómo desapareció ni tampoco ningún rastro de
él. Tenía entonces diez años de edad, vestía camiseta verde, pantalón
café y zapatos de lona blancos. Luis Reinaldo es de tez canela, cabello y
ojos negros.
El es uno de los 1 049 infantes que desaparecieron en 2000, según los
registros de las Fundaciones Reencuentro (Quito), Amauta (Riobamba) y el
Centro de Atención al Niño Perdido de Guayaquil (Cedanp). Estas entidades
trabajan conjuntamente con Innfa.
En la zona se inició una intensa búsqueda, pero sin resultados. No es la
primera vez que ocurre lo mismo con menores de edad en Bastión Popular,
afirma Alexandra Banchón, abogada del Cedanp. Lo que sorprende, dice, es
que, por ejemplo, Reinaldo Lucas no tenía problemas en su casa, de
acuerdo con las investigaciones realizadas y, además, estudiaba en una
escuela cercana.
"No se puede hablar de una desaparición voluntaria. Nadie vio nada y
nadie, supuestamente, sabe nada. Y estos casos, no obstante, aumentan en
este año", expresa Banchón, quien reitera que, así, se complican aún más
sus labores y, sobre todo, las de la Dirección Nacional de Policía
Especializada en Niños y Adolescentes (Dinapen).
Cualquier información a los teléfonos 263263 (preguntar por la señora
Gladys Moncayo), al Cedanp (04-206704), Reencuentro (02-238238) o Amauta
(03-941215). (APM) (Diario Hoy) (Blanco y Negro)
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