LECCIONES POLITICAS DE LA ACTUAL EXPERIENCIA PERUANA Por
Heraclio Bonilla
Quito. 07.06.92. El Ing. Alberto Fujimori, responsable del
gobierno en el Perú, en un mensaje dirigido a la nación
peruana la noche del 1o. de junio ha anunciado la convocatoria
para elegir a una Asamblea Constituyente, la cual estará
encargada de redactar una nueva carta constitucional para el
país. Tales elecciones se llevarán a cabo el 18 de octubre, es
decir el mismo día en que el grueso de la población limeña, y
de otras ciudades del Perú, se vuelcan a las calles, en culto
y homenaje al Cristo de Pachacamilla, el Señor de los
Milagros. Culmina así un primer paréntesis que fuera abierto
la noche del 5 de abril, cuando el Presidente Constitucional
del Perú decidió suspender el funcionamiento de las dos
cámaras del Congreso peruano, despedir a jueces y funcionarios
del poder Judicial y revocar el nombramiento de las más altas
autoridades en el control administrativo del país. Pese a que
el entorno oficial no lo reconoce, parece claro sin embargo
que tanto los términos de la convocatoria, así como el
cronograma de la misma, fueron el resultado de una presión
externa muy fuerte y en la cual los gobiernos de los Estados
Unidos y del Japón, así como la Organización de los Estados
Americanos, a través de las intervenciones de los cancilleres
de la Argentina y del Canadá, jugaron un papel protagónico.
Presiones nacidas del temor de que el ejemplo peruano, luego
de las deplorables recientes experiencias de Haití y
Venezuela, contaminara y encendiera una nueva ilusión en las
vigilantes fuerzas golpistas del continente, y cuya eficacia
se basó en la simple y contundente amenaza, por si aún fuera
necesario, de cerrar aún más el cerco financiero del Perú.
Una auténtica democracia
No es este el momento para analizar las razones del vuelco
significativo en la tradicional y muy conocida actuación de la
política exterior de los Estados Unidos hacia la América
Latina, como tampoco indagar por qué la OEA pareciera
sacudirse de su ineficacia y de su letargo. Tampoco se intenta
examinar aquí las muy complejas y profundas aristas y
dimensiones del drama contemporáneo del Perú, las mismas que
han terminado por convertir a ese país en un impresionante
laboratorio que desafía los supuestos de cualquier teoría
social conocida, y cuyo reto es no obstante necesario asumirlo
porque ese escenario prefigura el destino de partes
importantes de este continente, cuando las políticas adecuadas
no son tomadas a tiempo para enfrentar los problemas en curso.
El propósito de estas reflexiones es mucho más modesto. A
partir de la experiencia peruana que está en proceso se trata
de examinar el alcance de las medidas propuestas por el Ing.
Fujimori para establecer lo que a su juicio constituye una
auténtica democracia, así como los instrumentos propuestos
para alcanzar ese objetivo y la coherencia de los mismos con
la cultura política del Perú. Sin que se desconozca la
profundidad de las variantes nacionales de la política, la
presencia aún significativa de un legado político colonial de
carácter patrimonial hace que estas notas puedan eventualmente
trascender la circunstancia de que por ahora están inspiradas
por lo que ocurre en el Perú, y que por lo mismo ameriten un
interés más general.
Uno de los países más peligroso del planeta
Para poner en su debido contexto las medidas planteadas por el
Ing. Fujimori, es necesario recordar muy rápidamente hechos
que son de amplio dominio público. Para empezar, su
desconcertante e inesperada victoria electoral en julio de
1990. Un agrónomo conocido en los predios universitarios por
su condición de profesor, y de haber dirigido la Asamblea de
Rectores de la Universidad peruana, pero carente de cualquier
presencia pública adicional. Con un partido político, Cambio
90, fundado de manera muy ad-hoc, virtualmente en las vísperas
de la confrontación electoral. Con un programa de gobierno
apresuradamente redactado entre la primera y segunda vuelta
electoral, y cuyos autores, todos ellos respetados profesores
universitarios, fueron despedidos rápidamente y sin muchos
miramientos inmediatamente después de proclamado su triunfo.
Programa, además, cuyo núcleo central eran la reivindicación
del carácter no-político del Ing. Fujimori y el rechazo a las
propuestas del adversario, el FREDEMO, liderado por Mario
Vargas Llosa. Su elección, por consiguiente, no es el
resultado de las virtudes de Cambio 90, partido que el Ing.
Fujimori no tardaría en desmantelar, sino del fracaso de la
arrogancia política del FREDEMO, y de la profunda opción
popular del electorado peruano y que es a la vez resultado de
las transformaciones de 1968. Su éxito, el del Ing. Fujimori,
fue haber articulado admirablemente ambas expresiones, y de
haber convencido que su gobierno no aplicaría políticas
económicas que empobrecieran aún más a los peruanos y que
siguieran alimentando la corrupción.
En segundo lugar, cabe anotar que el país a cuyo gobierno
accedía en 1990 era ciertamente alucinante. Con la mitad de su
población económicamente activa en condición de empleada y
subempleada, con una recesión muy profunda de su aparato
productivo, y con una colosal deuda externa cuyo servicio
absorbía gran parte de las divisas generadas por el comercio
exterior, para no mencionar una tasa de inflación que,
conjuntamente con la de Nicaragua, era una de las más altas de
América Latina, habían muy pocas razones para prolongar el
entusiasmo del triunfo. A estas serias dificultades
económicas, aunque no enteramente desvinculadas de ellas, las
acciones de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru, terminaron por convertir al Perú en la década de
los ochenta en uno de los países más peligrosos del planeta,
con el costo económico consiguiente derivado de la pérdida en
vidas humanas y en recursos económicos. Sendero y las Fuerzas
Armadas eran, y son, los extremos de los parámetros políticos
y en cuyo medio se desenvolvía la actividad de los partidos
políticos, descrita en tan coloridos términos por el Sr.
Presidente en sus intervenciones de estos días.
¿Fue la constatación de que era imposible conciliar sus
propuestas de la campaña política con la realidad que tenía
que gobernar, ahora como Presidente, la que motivó que
aplicara la más feroz política de ajuste que recuerde todo
peruano? Con prescindencia de la respuesta a esta pregunta,
hoy académica, el simple hecho elocuente es que las decisiones
fiscales tomadas para reducir el déficit, para recuperar
reservas, y para corregir los precios relativos, produjeron a
la vez más pobres y aumentaron la pobreza en quienes ya lo
eran, y elevaron la tasa de inflación a 412% para el sólo mes
de agosto de 1991. Es esta contradicción entre los hechos y
las palabras, otra de las caracterizaciones del contexto
anterior a la actual crisis constitucional.
Las relaciones entre el Ejército y el Congreso, donde Cambio
90 no tuvo mayoría, fueron tensas. La negativa del Congreso
para que el Presidente observara en parte la Ley del
Presupuesto, así como la ley que pretende ejercer control
parlamentario sobre los actos normativos del Presidente, son
ejemplos del cerco parlamentario evocado por el Ing. Fujimori.
Como contraparte en la balanza, figuran las acusaciones
lanzadas a los parlamentarios de incompetencia y de
privilegios económicos excesivos para la pobreza generalizada
del país. Dicho brevemente, en el contexto de estas tensiones
entre las dos ramas principales del Estado, el Ing. Fujimori
llegó a la convicción de que el Congreso representaba uno de
los obstáculos fundamentales para la implementación y el pleno
funcionamiento de su política orientada al establecimiento de
una economía de mercado, prescrita en los términos del dictum
neo-liberal. El otro obstáculo importante, en la opinión del
Presidente, era el clima de inseguridad derivada de las
acciones subversivas, clima poco propicio para que el Perú
receptara las inversiones de capital imprescindibles para el
restablecimiento de la economía, y que la lenidad de los
jueces exacerbaba al liberar prestamente a terroristas, o a
quienes eran reputados como tales.
Es igualmente otra preocupación académica discutir ahora si
las necesarias y populares (recuérdese que tres de cada cuatro
peruanos comparten las críticas del Ing. Fujimori al Poder
Legislativo y al Poder Judicial) reformas reclamadas por el
Presidente hubieran podido o no lograrse sin violentar la
Constitución vigente de 1979. Como es igualmente poco
apropiado dejar de reconocer que, considerado
retrospectivamente, el Congreso disuelto, salvo excepciones
que justifican ampliamente los duros calificativos del Ing.
Fujimori, fue el más dedicado en términos de trabajo
parlamentario. El hecho concreto, más bien, es que el retorno
del Perú a la institucionalidad (la palabra no carece de
significación) pasa por una reestructuración profunda de los
poderes Legislativo y Judicial. La naturaleza de esas
reformas, a su vez, estarán inscritas en la nueva
Constitución, y cuyo texto será sometido a una consulta
pública mediante un acto plebiscitario que tendría lugar una
vez que la Constituyente concluya con sus trabajos. Al parecer
la presión de la OEA habría conseguido que se desestime la
idea de convocar un plebiscito antes de la Constituyente,
aunque la promulgación de una ley de partidos políticos previa
al llamado a la Constituyente no cancela la intervención del
Ejecutivo. La naturaleza de los partidos políticos, la
estructura y función de dos poderes tradicionales del Estado,
los alcances y los límites de la participación política de los
ciudadanos a través del plebiscito, o del voto, es decir las
cuestiones fundamentales que permiten y subyacen en la
convivencia civilizada de los ciudadanos, vuelven otra vez a
la mesa de las discusiones a partir de la experiencia reciente
del Perú. Pero el trasfondo es aún mucho más importante y
tiene que ver con el significado de las constituciones y la
vida constitucional en la historia de los pueblos de la
América Latina. Y esta cuestión será discutida en una próxima
entrega. 2C
Heraclio Bonilla
Quito. 07.06.92. El Ing. Alberto Fujimori, responsable del
gobierno en el Perú, en un mensaje dirigido a la nación
peruana la noche del 1o. de junio ha anunciado la convocatoria
para elegir a una Asamblea Constituyente, la cual estará
encargada de redactar una nueva carta constitucional para el
país. Tales elecciones se llevarán a cabo el 18 de octubre, es
decir el mismo día en que el grueso de la población limeña, y
de otras ciudades del Perú, se vuelcan a las calles, en culto
y homenaje al Cristo de Pachacamilla, el Señor de los
Milagros. Culmina así un primer paréntesis que fuera abierto
la noche del 5 de abril, cuando el Presidente Constitucional
del Perú decidió suspender el funcionamiento de las dos
cámaras del Congreso peruano, despedir a jueces y funcionarios
del poder Judicial y revocar el nombramiento de las más altas
autoridades en el control administrativo del país. Pese a que
el entorno oficial no lo reconoce, parece claro sin embargo
que tanto los términos de la convocatoria, así como el
cronograma de la misma, fueron el resultado de una presión
externa muy fuerte y en la cual los gobiernos de los Estados
Unidos y del Japón, así como la Organización de los Estados
Americanos, a través de las intervenciones de los cancilleres
de la Argentina y del Canadá, jugaron un papel protagónico.
Presiones nacidas del temor de que el ejemplo peruano, luego
de las deplorables recientes experiencias de Haití y
Venezuela, contaminara y encendiera una nueva ilusión en las
vigilantes fuerzas golpistas del continente, y cuya eficacia
se basó en la simple y contundente amenaza, por si aún fuera
necesario, de cerrar aún más el cerco financiero del Perú.
Una auténtica democracia
No es este el momento para analizar las razones del vuelco
significativo en la tradicional y muy conocida actuación de la
política exterior de los Estados Unidos hacia la América
Latina, como tampoco indagar por qué la OEA pareciera
sacudirse de su ineficacia y de su letargo. Tampoco se intenta
examinar aquí las muy complejas y profundas aristas y
dimensiones del drama contemporáneo del Perú, las mismas que
han terminado por convertir a ese país en un impresionante
laboratorio que desafía los supuestos de cualquier teoría
social conocida, y cuyo reto es no obstante necesario asumirlo
porque ese escenario prefigura el destino de partes
importantes de este continente, cuando las políticas adecuadas
no son tomadas a tiempo para enfrentar los problemas en curso.
El propósito de estas reflexiones es mucho más modesto. A
partir de la experiencia peruana que está en proceso se trata
de examinar el alcance de las medidas propuestas por el Ing.
Fujimori para establecer lo que a su juicio constituye una
auténtica democracia, así como los instrumentos propuestos
para alcanzar ese objetivo y la coherencia de los mismos con
la cultura política del Perú. Sin que se desconozca la
profundidad de las variantes nacionales de la política, la
presencia aún significativa de un legado político colonial de
carácter patrimonial hace que estas notas puedan eventualmente
trascender la circunstancia de que por ahora están inspiradas
por lo que ocurre en el Perú, y que por lo mismo ameriten un
interés más general.
Uno de los países más peligroso del planeta
Para poner en su debido contexto las medidas planteadas por el
Ing. Fujimori, es necesario recordar muy rápidamente hechos
que son de amplio dominio público. Para empezar, su
desconcertante e inesperada victoria electoral en julio de
1990. Un agrónomo conocido en los predios universitarios por
su condición de profesor, y de haber dirigido la Asamblea de
Rectores de la Universidad peruana, pero carente de cualquier
presencia pública adicional. Con un partido político, Cambio
90, fundado de manera muy ad-hoc, virtualmente en las vísperas
de la confrontación electoral. Con un programa de gobierno
apresuradamente redactado entre la primera y segunda vuelta
electoral, y cuyos autores, todos ellos respetados profesores
universitarios, fueron despedidos rápidamente y sin muchos
miramientos inmediatamente después de proclamado su triunfo.
Programa, además, cuyo núcleo central eran la reivindicación
del carácter no-político del Ing. Fujimori y el rechazo a las
propuestas del adversario, el FREDEMO, liderado por Mario
Vargas Llosa. Su elección, por consiguiente, no es el
resultado de las virtudes de Cambio 90, partido que el Ing.
Fujimori no tardaría en desmantelar, sino del fracaso de la
arrogancia política del FREDEMO, y de la profunda opción
popular del electorado peruano y que es a la vez resultado de
las transformaciones de 1968. Su éxito, el del Ing. Fujimori,
fue haber articulado admirablemente ambas expresiones, y de
haber convencido que su gobierno no aplicaría políticas
económicas que empobrecieran aún más a los peruanos y que
siguieran alimentando la corrupción.
En segundo lugar, cabe anotar que el país a cuyo gobierno
accedía en 1990 era ciertamente alucinante. Con la mitad de su
población económicamente activa en condición de empleada y
subempleada, con una recesión muy profunda de su aparato
productivo, y con una colosal deuda externa cuyo servicio
absorbía gran parte de las divisas generadas por el comercio
exterior, para no mencionar una tasa de inflación que,
conjuntamente con la de Nicaragua, era una de las más altas de
América Latina, habían muy pocas razones para prolongar el
entusiasmo del triunfo. A estas serias dificultades
económicas, aunque no enteramente desvinculadas de ellas, las
acciones de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru, terminaron por convertir al Perú en la década de
los ochenta en uno de los países más peligrosos del planeta,
con el costo económico consiguiente derivado de la pérdida en
vidas humanas y en recursos económicos. Sendero y las Fuerzas
Armadas eran, y son, los extremos de los parámetros políticos
y en cuyo medio se desenvolvía la actividad de los partidos
políticos, descrita en tan coloridos términos por el Sr.
Presidente en sus intervenciones de estos días.
¿Fue la constatación de que era imposible conciliar sus
propuestas de la campaña política con la realidad que tenía
que gobernar, ahora como Presidente, la que motivó que
aplicara la más feroz política de ajuste que recuerde todo
peruano? Con prescindencia de la respuesta a esta pregunta,
hoy académica, el simple hecho elocuente es que las decisiones
fiscales tomadas para reducir el déficit, para recuperar
reservas, y para corregir los precios relativos, produjeron a
la vez más pobres y aumentaron la pobreza en quienes ya lo
eran, y elevaron la tasa de inflación a 412% para el sólo mes
de agosto de 1991. Es esta contradicción entre los hechos y
las palabras, otra de las caracterizaciones del contexto
anterior a la actual crisis constitucional.
Las relaciones entre el Ejército y el Congreso, donde Cambio
90 no tuvo mayoría, fueron tensas. La negativa del Congreso
para que el Presidente observara en parte la Ley del
Presupuesto, así como la ley que pretende ejercer control
parlamentario sobre los actos normativos del Presidente, son
ejemplos del cerco parlamentario evocado por el Ing. Fujimori.
Como contraparte en la balanza, figuran las acusaciones
lanzadas a los parlamentarios de incompetencia y de
privilegios económicos excesivos para la pobreza generalizada
del país. Dicho brevemente, en el contexto de estas tensiones
entre las dos ramas principales del Estado, el Ing. Fujimori
llegó a la convicción de que el Congreso representaba uno de
los obstáculos fundamentales para la implementación y el pleno
funcionamiento de su política orientada al establecimiento de
una economía de mercado, prescrita en los términos del dictum
neo-liberal. El otro obstáculo importante, en la opinión del
Presidente, era el clima de inseguridad derivada de las
acciones subversivas, clima poco propicio para que el Perú
receptara las inversiones de capital imprescindibles para el
restablecimiento de la economía, y que la lenidad de los
jueces exacerbaba al liberar prestamente a terroristas, o a
quienes eran reputados como tales.
Es igualmente otra preocupación académica discutir ahora si
las necesarias y populares (recuérdese que tres de cada cuatro
peruanos comparten las críticas del Ing. Fujimori al Poder
Legislativo y al Poder Judicial) reformas reclamadas por el
Presidente hubieran podido o no lograrse sin violentar la
Constitución vigente de 1979. Como es igualmente poco
apropiado dejar de reconocer que, considerado
retrospectivamente, el Congreso disuelto, salvo excepciones
que justifican ampliamente los duros calificativos del Ing.
Fujimori, fue el más dedicado en términos de trabajo
parlamentario. El hecho concreto, más bien, es que el retorno
del Perú a la institucionalidad (la palabra no carece de
significación) pasa por una reestructuración profunda de los
poderes Legislativo y Judicial. La naturaleza de esas
reformas, a su vez, estarán inscritas en la nueva
Constitución, y cuyo texto será sometido a una consulta
pública mediante un acto plebiscitario que tendría lugar una
vez que la Constituyente concluya con sus trabajos. Al parecer
la presión de la OEA habría conseguido que se desestime la
idea de convocar un plebiscito antes de la Constituyente,
aunque la promulgación de una ley de partidos políticos previa
al llamado a la Constituyente no cancela la intervención del
Ejecutivo. La naturaleza de los partidos políticos, la
estructura y función de dos poderes tradicionales del Estado,
los alcances y los límites de la participación política de los
ciudadanos a través del plebiscito, o del voto, es decir las
cuestiones fundamentales que permiten y subyacen en la
convivencia civilizada de los ciudadanos, vuelven otra vez a
la mesa de las discusiones a partir de la experiencia reciente
del Perú. Pero el trasfondo es aún mucho más importante y
tiene que ver con el significado de las constituciones y la
vida constitucional en la historia de los pueblos de la
América Latina. Y esta cuestión será discutida en una próxima
entrega. 2C
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