A partir del 1 de enero, todas las transacciones comerciales que se realicen en el país, sin importar el valor o volumen, deben llevar un registro de tributación.
Esa es la norma que se aplica por disposición del Servicio de Rentas Internas (SRI), con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación de impuestos.
Desde este mes, las personas como el tendero del barrio, el taxista, la vendedora de frutas, el distribuidor de gas de uso doméstico , deben entregar al cliente una nota de venta. Para agilitar el cumplimiento de la norma, el SRI aprobó la impresión de comprobantes de venta y tiquetes simplificados.
El primer paso para el contribuyente es inscribirse en el Registro Único (RUC). Si ya lo tiene debe constatar que esté actualizado, en especial si cambió de actividad económica (de una papelería a un restaurante, por ejemplo).
Eso también se aplica si cambió de dirección o abrió o cerró sucursales de su negocio. Una vez cumplida esta obligación, y con la certificación del SRI, queda habilitado para acercarse a una de las 1 200 imprentas autorizadas para la impresión de los comprobantes de venta. Allí se comprueban los datos y se procede a la impresión del boletín de los comprobantes.
La entrega del comprobante será por toda compra sin importar el valor: 10, 20, 50 ctvs. o más de un dólar. Con esta medida, el SRI pretende formalizar a los informales de la economía que en la actualidad no están obligados a llevar la contabilidad de sus negocios, explicó Vicky Rivas, coordinadora nacional de Comprobantes de Venta del SRI.
Rentas advierte que no se trata de aplicar más impuestos. Así, los bienes y servicios que son gravados con tarifa cero (cero por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no tendrán alteración.
Es decir, por la venta de alimentos, medicinas, insumos agropecuarios o papel bond y periódico, entre otros productos, el comerciante tendrá que entregar un comprobante de venta con IVA cero. Lo mismo ocurrirá con el transporte de pasajeros y carga, sea marítimo, terrestre, fluvial o aéreo.
Aquí también se incluyen los servicios de salud, de arrendamiento de bienes exclusivamente para vivienda, servicios públicos (energía, agua potable, teléfono), los prestados por los artesanos y otros.
Así, el propietario de un taxi deberá emitir su comprobante de venta con el costo de su carrera, lo mismo ocurrirá con el transportista urbano o con la persona que tiene ingresos por arrendar viviendas.
Para usted
La vigencia de los comprobantes. Durarán un año, cuando el contribuyente está al día en sus obligaciones tributarias. La vigencia será de tres meses, cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria con el SRI.
No se admite autorización. Cuando habiéndose entregado la autorización por tres meses, no haya cumplido sus obligaciones tributarias pendientes o cuando no se le ubicara en el domicilio declarado en el RUC.
la operatividad. El contribuyente deberá entregar el comprobante original al cliente y la copia se guarda para el libro de registros.
Las sanciones. Aunque el Servicio de Rentas no tiene una fecha exacta para iniciar los controles, la autoridad informó que la no entrega de los comprobantes de venta se sancionará con la clausura del establecimiento.
Las nuevas notas de venta sin acogida
Al cumplirse el tercer día de la nueva normativa tributaria, la disposición del Servicio de Rentas Internas (SRI) no tiene eco en los comerciantes informales del país. Mario Mayorga, representante de los comerciantes informales, afirmó que el reglamento de facturación fue elaborado por el SRI a espaldas de su sector.
Por ello, el dirigente cuestiona la ordenanza tributaria y pidió al Congreso que apruebe una Ley de defensa de los pequeños comerciantes, en donde se establezca un monto mínimo de facturación.
Asimismo, Wilfrido Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Microempresas, indicó que su gremio se declaró en rebeldía tributaria ante la decisión del SRI, de que se entregue notas de venta por cualquier monto en el que se realice una transacción comercial.
El dirigente añadió que el Estado no se compadece con el microempresario, puesto que este sector es el que más impuestos indirectos genera.
La oposición a las nuevas disposiciones tributarias también tiene eco en los transportistas (taxis y buses). La Federación Nacional de Transportistas analiza los efectos que la norma del SRI puede ocasionar en el sector.
Mientras tanto, los distribuidores de gas de uso doméstico aún no aplican en su totalidad la norma de exigir la presentación de la cédula de identidad del cliente y entregar una factura. En las ciudades fronterizas, como Macará o Tulcán, existe oposición.
Stalin Poveda, representante de los distribuidores de gas indicó que no procede la facturación en la venta del gas de uso doméstico, porque impacta en el margen de utilidad del producto. Propone como alternativa de solución que las compañías comercializadoras de gas sean las agentes de retención.
Al respecto, Ruiz opinó que el Gobierno es el encargado de la distribución del gas y debiera ser el responsable por el uso que se da. Sugirió que solo en las fronteras se implemente la facturación para evitar el contrabando del gas.
Por todo ello, el director del SRI, Vicente Saavedra, asegura que el SRI está en una etapa de capacitación, para informar sobre las nuevas disposiciones tributarias.
Según las autoridades del SRI, el objetivo de aplicar las nuevas normas apunta a que en el 2005 se haya culminado una etapa de concienciación de desarrollar una cultura tributaria.
La base de contribuyentes en el país llega a 1,4 millones de personas, entre naturales y jurídicas. Según Saavedra, un 50 por ciento de esa cifra cumple las normas tributarias. La meta del 2005 es subir las recaudaciones en un 7,5 por ciento.
Entrevista: Vicente Saavedra, Director del Servicio de Rentas Internas
Apunto al gran informal
Los contribuyentes se quejan de la falta de información del SRI y se niegan a entregar comprobantes. ¿Por qué no se tomó precauciones y cómo enfrentará esa rebeldía?
Estamos en campaña de información sobre la nueva norma tributaria y es una cultura que debe ir imprimiéndose en todos los contribuyentes. Sería ilusorio que desde el 1 de enero todos los contribuyentes que hacen alguna actividad económica entreguen los comprobantes. Es un proceso que irá hasta que todos cumplan la norma.
Entonces, ¿hasta cuándo esperará el SRI para controlar el cumplimiento?
El SRI está en un proceso de información a gremios, taxistas, comerciantes y los sectores que pidan capacitación. Es una campaña continua que no se acabará ni en un mes ni en seis meses, sino que es permanente. Estamos en campaña y el objetivo es que todos se regularicen. No puedo precisar con exactitud una fecha, Las sanciones vendrán después conforme los contribuyentes vayan regularizándose.
Los informales se quejan. Ponen como ejemplo que hay analfabetos y que no tienen tiempo para llenar y entregar el comprobante. ¿Cómo va a trabajar el SRI con ese sector?
La meta del SRI no es ir a regularizar al caramelero o al analfabeto que tiene algún negocio. El objetivo es normar y regularizar a los informales. A quienes tienen una actividad económica grande, porque el informal no es el caramelero o el que vende helados. El informal son grandes empresas u organizaciones que no se regularizan. A ese sector es hacia donde nosotros apuntamos.
¿Cuántas personas entrarían a la base de contribuyentes con la norma?
Esta es una campaña progresiva. Actualmente el SRI tiene 1,4 millones de contribuyentes registrados. Eso no quiere decir que de 1,4 millones, todos contribuyen al Fisco. Muchos sacaron su RUC por alguna vez por necesidad y solo está registrado y no ha realizado ninguna actividad. Se va a depurar esa lista que ya tenemos registrada y certificar su cumplimiento tributario.
En el gas, ¿cómo se hará?
Hay 2 000 distribuidores en el país de los cuales 1 500 están registrados en el SRI. El asunto no es tan dramático al punto de que todos no tienen RUC o no pueden entregar comprobantes. El control irá primero a los grandes. El SRI no va a sancionar desde el 1 de enero.
Los vendedores informales no acatan la norma del SRI
Sabemos que la facturación rige solo para los grandes almacenes y si eso quieren hacer con nosotros, es porque quieren matarnos de hambre, dijo Elías Chassi, quien vende juguetes, mochilas y materiales de pesca.
Una posición similar tienen los vendedores de mariscos en el mercado 11 de marzo. Ellos se pusieron de acuerdo para no acatar la disposición del SRI. Algunos no sabemos ni escribir y menos manejar facturas. Si quieren, que nos lleven presos, dijo César Conte.
La mayoría de socios de la Cámara de Comercio reclama la falta de cumplimiento de la Ley por parte de los colombianos. No es posible que se carguen más impuestos a los ecuatorianos, cuando los colombianos llegan a nuestra zona y trabajan de manera ilegal. Nunca pagan los impuestos y ocupan los mejores sitios de la ciudad, comentó Hernán Macas, presidente del gremio.
La nueva disposición del SRI no alteró el ritmo de trabajo de unos 4 300 comerciantes de la Bahía, en Guayaquil.
La razón es simple: no acataron la ordenanza. Y no solo eso, sino que se niegan a aplicar la facturación y están convencidos de que será imposible aplicar ese sistema.
La facturación mata el negocio, asegura Mario Cárdenas, presidente de una de las 10 asociaciones de comerciantes. Asegura que los clientes buscan la Bahía porque saben que es más barato, pero con la facturación se perdería la clientela porque sería lo mismo comprar en la Bahía que en un centro comercial.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes Minoristas (Fedacomin), Ángel Bazurto, asegura que no hay marcha atrás en su decisión de no facturar y que la única opción del SRI es establecer un impuesto anual.
La facturación también fue rechazada por la Central Unitaria de Comerciantes Minoritas Autónomos del Ecuador (Cucomitae). Su presidente, Manuel Tenorio, dice que los minoristas exigen la aprobación de la ley que ampara al pequeño comerciante y que está lista en el Congreso.
En las fronteras, la factura por el gas no se entrega
Encontrar gas en Tulcán fue una misión casi imposible, ayer. En los principales sitios de distribución había rótulos que anunciaban la escasez del carburante y, en otros, los dueños informaban que posiblemente tengan para mañana. Asimismo, los carros que venden a domicilio no circularon.
Por ello, no se pudo comprobar si los distribuidores del gas estaban entregando facturas a los compradores. Según Guido Machado, vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GPL, el reglamento de facturación para la venta del gas no está claro y los vendedores aún no definen su posición frente al tema.
Todos los distribuidores estamos convocados a una reunión, en la que decidiremos un pronunciamiento oficial.
La propuesta de Machado, para evitar la emisión de facturas, es que las envasadoras retengan el IVA en la venta y en la utilidad. Si el fin es evitar la evasión tributaria, ese es el mecanismo más correcto.
La mayoría de distribuidores de Tulcán se resiste a facturar y la razón más común es la pérdida de tiempo y la dificultad para manejar documentos. Algunos, que prefirieron mantener sus nombres en reserva, aseguraron que están dispuestos a vender sin facturas. Hay personas que ni siquiera saben leer, a ellos que se les va a pedir el número de cédula o a hacerles firmar, señalaron.
Mientras tanto, en Machala, Ernesto Torres, vendedor ambulante de gas, salió a repartir los cilindros en su triciclo.
Para él, el nuevo proceso de facturación pasó desapercibido. Una de sus clientes canceló el precio del cilindro sin otra transacción de por medio.
Torres es uno de las decenas de vendedores de gas que trabajan de manera informal. Para él no hubo la anunciada capacitación que anunció el SRI.
Alberto Yépez, director del SRI de El Oro, reiteró ayer que la capacitación que ejecutó la entidad únicamente estuvo dirigida a los 100 distribuidores autorizados en la provincia. En ese período capacitamos al 80 por ciento de los distribuidores y hubo mucha apertura de parte de ellos.
En Huaquillas, donde el gas se entrega por cupos a los comités barriales, como forma de prevenir el contrabando, el SRI propondrá que sean los presidentes de los barrios o los representantes de los comités barriales los que facturen.
Esa es la norma que se aplica por disposición del Servicio de Rentas Internas (SRI), con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación de impuestos.
Desde este mes, las personas como el tendero del barrio, el taxista, la vendedora de frutas, el distribuidor de gas de uso doméstico , deben entregar al cliente una nota de venta. Para agilitar el cumplimiento de la norma, el SRI aprobó la impresión de comprobantes de venta y tiquetes simplificados.
El primer paso para el contribuyente es inscribirse en el Registro Único (RUC). Si ya lo tiene debe constatar que esté actualizado, en especial si cambió de actividad económica (de una papelería a un restaurante, por ejemplo).
Eso también se aplica si cambió de dirección o abrió o cerró sucursales de su negocio. Una vez cumplida esta obligación, y con la certificación del SRI, queda habilitado para acercarse a una de las 1 200 imprentas autorizadas para la impresión de los comprobantes de venta. Allí se comprueban los datos y se procede a la impresión del boletín de los comprobantes.
La entrega del comprobante será por toda compra sin importar el valor: 10, 20, 50 ctvs. o más de un dólar. Con esta medida, el SRI pretende formalizar a los informales de la economía que en la actualidad no están obligados a llevar la contabilidad de sus negocios, explicó Vicky Rivas, coordinadora nacional de Comprobantes de Venta del SRI.
Rentas advierte que no se trata de aplicar más impuestos. Así, los bienes y servicios que son gravados con tarifa cero (cero por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no tendrán alteración.
Es decir, por la venta de alimentos, medicinas, insumos agropecuarios o papel bond y periódico, entre otros productos, el comerciante tendrá que entregar un comprobante de venta con IVA cero. Lo mismo ocurrirá con el transporte de pasajeros y carga, sea marítimo, terrestre, fluvial o aéreo.
Aquí también se incluyen los servicios de salud, de arrendamiento de bienes exclusivamente para vivienda, servicios públicos (energía, agua potable, teléfono), los prestados por los artesanos y otros.
Así, el propietario de un taxi deberá emitir su comprobante de venta con el costo de su carrera, lo mismo ocurrirá con el transportista urbano o con la persona que tiene ingresos por arrendar viviendas.
Para usted
La vigencia de los comprobantes. Durarán un año, cuando el contribuyente está al día en sus obligaciones tributarias. La vigencia será de tres meses, cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria con el SRI.
No se admite autorización. Cuando habiéndose entregado la autorización por tres meses, no haya cumplido sus obligaciones tributarias pendientes o cuando no se le ubicara en el domicilio declarado en el RUC.
la operatividad. El contribuyente deberá entregar el comprobante original al cliente y la copia se guarda para el libro de registros.
Las sanciones. Aunque el Servicio de Rentas no tiene una fecha exacta para iniciar los controles, la autoridad informó que la no entrega de los comprobantes de venta se sancionará con la clausura del establecimiento.
Las nuevas notas de venta sin acogida
Al cumplirse el tercer día de la nueva normativa tributaria, la disposición del Servicio de Rentas Internas (SRI) no tiene eco en los comerciantes informales del país. Mario Mayorga, representante de los comerciantes informales, afirmó que el reglamento de facturación fue elaborado por el SRI a espaldas de su sector.
Por ello, el dirigente cuestiona la ordenanza tributaria y pidió al Congreso que apruebe una Ley de defensa de los pequeños comerciantes, en donde se establezca un monto mínimo de facturación.
Asimismo, Wilfrido Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Microempresas, indicó que su gremio se declaró en rebeldía tributaria ante la decisión del SRI, de que se entregue notas de venta por cualquier monto en el que se realice una transacción comercial.
El dirigente añadió que el Estado no se compadece con el microempresario, puesto que este sector es el que más impuestos indirectos genera.
La oposición a las nuevas disposiciones tributarias también tiene eco en los transportistas (taxis y buses). La Federación Nacional de Transportistas analiza los efectos que la norma del SRI puede ocasionar en el sector.
Mientras tanto, los distribuidores de gas de uso doméstico aún no aplican en su totalidad la norma de exigir la presentación de la cédula de identidad del cliente y entregar una factura. En las ciudades fronterizas, como Macará o Tulcán, existe oposición.
Stalin Poveda, representante de los distribuidores de gas indicó que no procede la facturación en la venta del gas de uso doméstico, porque impacta en el margen de utilidad del producto. Propone como alternativa de solución que las compañías comercializadoras de gas sean las agentes de retención.
Al respecto, Ruiz opinó que el Gobierno es el encargado de la distribución del gas y debiera ser el responsable por el uso que se da. Sugirió que solo en las fronteras se implemente la facturación para evitar el contrabando del gas.
Por todo ello, el director del SRI, Vicente Saavedra, asegura que el SRI está en una etapa de capacitación, para informar sobre las nuevas disposiciones tributarias.
Según las autoridades del SRI, el objetivo de aplicar las nuevas normas apunta a que en el 2005 se haya culminado una etapa de concienciación de desarrollar una cultura tributaria.
La base de contribuyentes en el país llega a 1,4 millones de personas, entre naturales y jurídicas. Según Saavedra, un 50 por ciento de esa cifra cumple las normas tributarias. La meta del 2005 es subir las recaudaciones en un 7,5 por ciento.
Entrevista: Vicente Saavedra, Director del Servicio de Rentas Internas
Apunto al gran informal
Los contribuyentes se quejan de la falta de información del SRI y se niegan a entregar comprobantes. ¿Por qué no se tomó precauciones y cómo enfrentará esa rebeldía?
Estamos en campaña de información sobre la nueva norma tributaria y es una cultura que debe ir imprimiéndose en todos los contribuyentes. Sería ilusorio que desde el 1 de enero todos los contribuyentes que hacen alguna actividad económica entreguen los comprobantes. Es un proceso que irá hasta que todos cumplan la norma.
Entonces, ¿hasta cuándo esperará el SRI para controlar el cumplimiento?
El SRI está en un proceso de información a gremios, taxistas, comerciantes y los sectores que pidan capacitación. Es una campaña continua que no se acabará ni en un mes ni en seis meses, sino que es permanente. Estamos en campaña y el objetivo es que todos se regularicen. No puedo precisar con exactitud una fecha, Las sanciones vendrán después conforme los contribuyentes vayan regularizándose.
Los informales se quejan. Ponen como ejemplo que hay analfabetos y que no tienen tiempo para llenar y entregar el comprobante. ¿Cómo va a trabajar el SRI con ese sector?
La meta del SRI no es ir a regularizar al caramelero o al analfabeto que tiene algún negocio. El objetivo es normar y regularizar a los informales. A quienes tienen una actividad económica grande, porque el informal no es el caramelero o el que vende helados. El informal son grandes empresas u organizaciones que no se regularizan. A ese sector es hacia donde nosotros apuntamos.
¿Cuántas personas entrarían a la base de contribuyentes con la norma?
Esta es una campaña progresiva. Actualmente el SRI tiene 1,4 millones de contribuyentes registrados. Eso no quiere decir que de 1,4 millones, todos contribuyen al Fisco. Muchos sacaron su RUC por alguna vez por necesidad y solo está registrado y no ha realizado ninguna actividad. Se va a depurar esa lista que ya tenemos registrada y certificar su cumplimiento tributario.
En el gas, ¿cómo se hará?
Hay 2 000 distribuidores en el país de los cuales 1 500 están registrados en el SRI. El asunto no es tan dramático al punto de que todos no tienen RUC o no pueden entregar comprobantes. El control irá primero a los grandes. El SRI no va a sancionar desde el 1 de enero.
Los vendedores informales no acatan la norma del SRI
Sabemos que la facturación rige solo para los grandes almacenes y si eso quieren hacer con nosotros, es porque quieren matarnos de hambre, dijo Elías Chassi, quien vende juguetes, mochilas y materiales de pesca.
Una posición similar tienen los vendedores de mariscos en el mercado 11 de marzo. Ellos se pusieron de acuerdo para no acatar la disposición del SRI. Algunos no sabemos ni escribir y menos manejar facturas. Si quieren, que nos lleven presos, dijo César Conte.
La mayoría de socios de la Cámara de Comercio reclama la falta de cumplimiento de la Ley por parte de los colombianos. No es posible que se carguen más impuestos a los ecuatorianos, cuando los colombianos llegan a nuestra zona y trabajan de manera ilegal. Nunca pagan los impuestos y ocupan los mejores sitios de la ciudad, comentó Hernán Macas, presidente del gremio.
La nueva disposición del SRI no alteró el ritmo de trabajo de unos 4 300 comerciantes de la Bahía, en Guayaquil.
La razón es simple: no acataron la ordenanza. Y no solo eso, sino que se niegan a aplicar la facturación y están convencidos de que será imposible aplicar ese sistema.
La facturación mata el negocio, asegura Mario Cárdenas, presidente de una de las 10 asociaciones de comerciantes. Asegura que los clientes buscan la Bahía porque saben que es más barato, pero con la facturación se perdería la clientela porque sería lo mismo comprar en la Bahía que en un centro comercial.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes Minoristas (Fedacomin), Ángel Bazurto, asegura que no hay marcha atrás en su decisión de no facturar y que la única opción del SRI es establecer un impuesto anual.
La facturación también fue rechazada por la Central Unitaria de Comerciantes Minoritas Autónomos del Ecuador (Cucomitae). Su presidente, Manuel Tenorio, dice que los minoristas exigen la aprobación de la ley que ampara al pequeño comerciante y que está lista en el Congreso.
En las fronteras, la factura por el gas no se entrega
Encontrar gas en Tulcán fue una misión casi imposible, ayer. En los principales sitios de distribución había rótulos que anunciaban la escasez del carburante y, en otros, los dueños informaban que posiblemente tengan para mañana. Asimismo, los carros que venden a domicilio no circularon.
Por ello, no se pudo comprobar si los distribuidores del gas estaban entregando facturas a los compradores. Según Guido Machado, vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GPL, el reglamento de facturación para la venta del gas no está claro y los vendedores aún no definen su posición frente al tema.
Todos los distribuidores estamos convocados a una reunión, en la que decidiremos un pronunciamiento oficial.
La propuesta de Machado, para evitar la emisión de facturas, es que las envasadoras retengan el IVA en la venta y en la utilidad. Si el fin es evitar la evasión tributaria, ese es el mecanismo más correcto.
La mayoría de distribuidores de Tulcán se resiste a facturar y la razón más común es la pérdida de tiempo y la dificultad para manejar documentos. Algunos, que prefirieron mantener sus nombres en reserva, aseguraron que están dispuestos a vender sin facturas. Hay personas que ni siquiera saben leer, a ellos que se les va a pedir el número de cédula o a hacerles firmar, señalaron.
Mientras tanto, en Machala, Ernesto Torres, vendedor ambulante de gas, salió a repartir los cilindros en su triciclo.
Para él, el nuevo proceso de facturación pasó desapercibido. Una de sus clientes canceló el precio del cilindro sin otra transacción de por medio.
Torres es uno de las decenas de vendedores de gas que trabajan de manera informal. Para él no hubo la anunciada capacitación que anunció el SRI.
Alberto Yépez, director del SRI de El Oro, reiteró ayer que la capacitación que ejecutó la entidad únicamente estuvo dirigida a los 100 distribuidores autorizados en la provincia. En ese período capacitamos al 80 por ciento de los distribuidores y hubo mucha apertura de parte de ellos.
En Huaquillas, donde el gas se entrega por cupos a los comités barriales, como forma de prevenir el contrabando, el SRI propondrá que sean los presidentes de los barrios o los representantes de los comités barriales los que facturen.
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