Quito. 12.12.93. Sobre las mujeres coloniales pesaban una serie
de limitaciones y prohibiciones legales, que tendían a alejarlas
de la vida pública y confinarlas en el estrecho marco de la vida
privada. Pese a ello, algunas mujeres blancas lograron vincularse
a los mecanismos del poder y aún alcanzaron puestos de notoriedad
en la estructura estatal.
Como se ha señalado antes, en la Audiencia de Quito hubo varias
mujeres que, por herencia o concesión directa, poseyeron
encomienda y se beneficiaron de ella, detentando así uno de los
más importantes mecanismos de poder y acumulación en la sociedad
colonial. Pero aquí se nota, una vez más, la falta de
correspondencia entre el derecho español y el hecho colonial,
pues por Real Cédula de 9 de agosto de 1546 se había dispuesto
la anulación de encomiendas concedidas a mujeres, argumentando
que éstas "no son hábiles ni capaces de tener indios
encomendados". Además, esa misma cédula dispuso que "si alguno se
casare con mujer que por sucesión esté gozando de encomienda, se
haga nuevo título y se ponga a nombre del marido, aunque éste
sólo la disfrute mientras viva la mujer". Sin embargo, la
realidad colonial prevaleció sobre el derecho y siguieron
concediéndose encomiendas en primera vida a ciertas mujeres
beneméritas, que luego lograban transmitirlas a sus esposos o
hijos.
De otro lado, pese a la incapacidad legal de las mujeres para
ocupar cargos públicos, era corriente dejar la sucesión de un
cargo a una hija mujer, en virtud de haberse conferido al
detentador del cargo el derecho a nombrar libremente a su
sucesor; empero, dicho cargo siempre era ejercido por su marido o
pariente varón más cercano. Por ejemplo, en Quito, en 1718, don
Joseph Bermúdez Becerra, Contador Mayor de Bienes de Difuntos,
renunció el cargo en su hija doña Francisca Bermúdez, pero pasó a
ocupar el cargo el marido de ésta, capitán don Juan Mena.
LIMITACIONES Y PROHIBICIONES
No existía en la legislación colonial ninguna disposición que
regulase las cuestiones protocolarias respecto de la
participación de las mujeres de altos funcionarios en los honores
y preeminencias correspondientes a sus esposos. La misma
"Recopilación..." disponía en general "que habiendo duda sobre
ceremonias tocantes a Presidente o su mujer, o Ministros, la
resuelva con los Oidores y avisen al Consejo". Mas, con un ánimo
evidentemente sexista, establecía algunas circunstancias
particulares en las que las mujeres debían situarse al margen de
sus esposos. Así, que en las capillas mayores de las catedrales
no existiesen estrados de madera para las mujeres de presidentes,
oidores, etc, y que éstas debían sentarse en "la peana de la
capilla mayor, por la parte de afuera", en compañía de sus
familiares y "otras mujeres principales que llevasen consigo, y
no indias, negras, ni mulatas", salvo que hubiese costumbre local
en contrario, la cual debía respetarse provisionalmente. Así
también, que al incensar en la iglesia, el sacerdote no incensare
a las mujeres de los presidentes ni oidores, ni les diera la paz,
y que los oidores o ministros no usaren lobas de luto o faltaren
a sus trabajos por la muerte de sus mujeres.
Pero muchas de las limitaciones y prohibiciones para que las
mujeres participasen en la vida pública no estaban motivadas por
un simple espíritu sexista sino por concretas razones políticas,
y principalmente por el afán de impedir que las autoridades y
funcionarios coloniales se enriqueciesen ilegítimamente, trabasen
con su influencia la recta acción de la justicia o emparentasen
por vínculo conyugal con las gentes de la jurisdicción bajo su
mando, contra lo que estaba mandado en las leyes.
De este modo, las esposas de los ministros y oficiales de la Real
Hacienda no podían tratar ni contratar en América, y les estaba
expresamente prohibido que participasen en "negocios suyos ni
ajenos", que enviasen "cartas de ruegos e intercesiones" y que
andasen en compañía de negociantes. Por su parte, a las mujeres
de presidentes de audiencia u oidores les estaba vedado "hacer
partido con Abogados ni Receptores" o recibir dádivas de ningún
tipo. En fin, toda esposa de alto funcionario colonial tenía
expresamente prohibido participar en juegos de azar u otros con
apuesta "de cualquier cantidad que sea".
Empero, como dice la sabiduría popular, "del dicho al hecho hay
mucho trecho"... Y la verdad es que la práctica social y los
intereses de los grupos dominantes terminaron por prevalecer en
tierras de América sobre las innumerables, y muchas veces bien
intencionadas, disposiciones legales de la corona.
EL PODER DE LAS MUJERES
Según lo dicho, en la Audiencia de Quito y otros territorios
coloniales se volvió corriente la intervención de las mujeres de
altos funcionarios en la vida política y económica del país.
Inclusive algunas de ellas se destacaron como agentes del
enriquecimiento ilícito de sus esposos y otras tantas fueron
denunciadas ante la corona por participar en juegos prohibidos o
ejercitar un activo tráfico de influencias.
Hemos mencionado en otro artículo el caso de doña María Frías,
esposa del Presidente-Visitador Pizarro, quién montó en Quito un
sistema de extorsión que le permitió volver a España con más de
500 mil pesos en "regalos", tras lo cual se convirtió en una de
las más poderosas y peligrosas intrigantes de la corte madrileña.
Pero no fue, ni será, la única esposa de alto funcionario que
haya gestionado el enriquecimiento ilícito de su cónyuge. Tanto
los archivos históricos como los actuales juzgados de lo penal
abundan en información sobre otras tantas "Marías Frías" del
pasado y del presente, y no sería raro que, tras la orgía de
privatizaciones que se ha iniciado en nuestro país, aumente
notablemente el número de ellas.
En fin, volviendo a la época colonial, podemos mencionar algunos
otros ejemplos de corrupción estatal ejercitados por, o a través
de, esposas de altos funcionarios.
Uno de estos fue la práctica de juegos de azar en casa de los
gobernantes, de lo cual fueron acusados los presidentes Vanegas
de Cañaveral, Araujo y Pizarro, y sus correspondientes esposas,
dando lugar a investigaciones oficiales. En estos casos, los
acusados se defendían indicando que se limitaban a mantener una
tertulia y "jugar moderadamente una partida de tresillo por las
noches" en compañía de sus amigos, pero no lograban desvanecer
del todo la sospecha de que violaban la ley.
Otro ejemplo fue la existencia de "argollas" de corrupción, donde
la mujer de un funcionario jugaba papel fundamental. Tal lo
ocurrido durante los gobiernos de los presidentes Pedro Venegas
de Cañaveral y Lope Antonio de Munive, cuyas esposas, doña
Magdalena de Annaya y doña María Leonor de Garavito,
respectivamente, se destacaron por su codicia y venalidad,
llegando la primera de ellas a convertirse en la verdadera
gobernante del país durante cuatro años (1582 a 1587),
aprovechando de la senilidad de su anciano esposo.
Otro notable caso de corrupción sucedió dos siglos después,
durante el gobierno del presidente Luis Muñoz de Guzmán, respecto
del cual se denunció en 1794 que había montado una "argolla" de
la que formaban parte su sobrino don Jerónimo Pizana, que actuaba
como Secretario de la Presidencia, don Carlos Pesentí, que fungía
como Depositario General y Administrador de Alcabalas, y la mujer
de Pesentí, que era amante de Pizana con la tolerancia de su
marido. Según la acusación, comprobada por el Virrey de Nueva
Granada en su investigación, por conducto de esta mujer "se
conseguían todas las providencias del Gobierno y se verificaban
todos los cohechos con bien poca reserva", en tanto que su marido
aprovechaba la situación para beneficiarse ilícitamente de los
fondos estatales, como agiotista que era.
La "argolla" funcionó tan bien que Muñoz y Pizana se
enriquecieron rápidamente: entre 1791 y 1793, sólo por licencias
para cortar cascarilla recibieron "dádivas" por más de 30 mil
pesos, cantidad que en la época era toda una fortuna. Pese a las
denuncias y comprobaciones oficiales, esta "argolla" actuó
todavía por cinco años más, hasta que Muñoz de Guzmán -el gran
persecutor de Eugenio Espejo- fue promovido a Capitán General de
Chile y salió de Quito en compañía de su utilísimo sobrino. Casi
al mismo tiempo, Pesentí fugó de Quito, llevándose los fondos de
las Cajas Reales.
Mas no fue este el único escándalo de corrupción en que se vió
envuelto Muñoz de Guzmán como Presidente de Quito. En los
primeros tiempos de su mandato, apresó y retuvo arbitrariamente
en Quito al Gobernador de Cuenca, quien se había jactado
públicamente de "tener ganado al Presidente por medio de su
mujer", a la que había hecho importantes regalos y dádivas.
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