Quito. 29 dic 2000. Las protestas contra las medidas económicas del
Gobierno han comenzado lentamente, desde los frentes tradicionales.
La reacción real solo vendrá, si viene, en enero, cuando también los
precios comiencen a reaccionar y el nivel de inflación rompa el bajo
perfil que ha guardado los últimos meses.
Más allá de preguntarse el país en el marco de qué política
económica ubicar los ajustes y en articulación con qué reforma
tributaria y fiscal que ordene el gasto estatal y lo transparente,
era evidente que el clima de especulación exigía que el régimen
defina las medidas que se venían anunciando, ya sea como parte de un
acuerdo con el Fondo Monetario, o como recursos a los cuales acudir
para evitar el déficit presupuestario que se volvió inminente con la
caída del precio del petróleo. Pero este análisis quiere referirse a
la relación de las medidas con la conflictividad social.
El desacuerdo popular ha desembocado mayormente, durante el año
2000, en formas de protesta y en manifestaciones públicas de poca
trascendencia, a pesar de que la economía popular ha sufrido golpes
dramáticos.
Aparte de dos prolongados paros en dos sectores habituados a
organizar estas formas de presión periódicamente (el paro de siete
semanas de la UNE y la huelga de los trabajadores hospitalarios que
se prolongó por cerca de un mes) y el levantamiento indígena que
culminó con la caída de Jamil Mahuad, el resto apenas si ha tomado
cuerpo. En septiembre, un anunciado levantamiento de los movimientos
sociales se fue disolviendo en el fracaso.
Los sindicatos públicos, que hacen cabeza de un debilitado
sindicalismo, se han fragmentado en sus negociaciones locales. Y
finalmente el movimiento indígena, luego del fracasado levantamiento
y el bochorno de unas firmas falsas presentadas como respaldo al
pedido de consulta popular, ha entrado en un proceso de crítica y
reestructuración interior que podría culminar en marzo, con la
elección de la nueva directiva de la Conaie. Quizás el sector
social más activo en sus presiones al Gobierno ha sido el de los
perjudicados por la banca cerrada.
Por tanto ¿qué puede esperarse a partir de enero?
Un conflicto social puede estar organizándose lentamente. Y una
cuantas manifestaciones marginales de la crisis económica pueden
estar brotando en la sociedad y provocando una ola de inseguridad y
violencia inédita. No es imposible que el desacuerdo active
organizaciones sociales que normalmente tienen reducida influencia,
como las llamadas coordinadoras sociales o
frentes populares. La respuesta social del régimen no puede seguir
reducida a los frondosos horizontes dibujados por el ministro de
Bienestar Social.
Es cierto que la agitación social que ha vivido el país desde
febrero de 1997, sin resultados objetivos para los sectores más
pobres, ha debilitado a los movimientos sociales. Es cierto también
que Gustavo Noboa cuenta con un curioso activo político: el Ecuador
no quiere un nuevo colapso presidencial.
Sin embargo, un régimen con un desdibujado panorama político en un
año preelectoral, sin una consistente estrategia informativa, sin un
empeño serio por establecer un diálogo sustentado y que apunte a
consensos básicos con distintos sectores sociales, puede verse
arrinconado en cualquier momento.
Mientras tanto, los chispazos de política social se quedaron en eso:
fuego de artificio. No hay información sobre si se habrá avanzado
algo en cuanto a la posible condonación de deudas acordada con el
Club de París para programas de desarrollo social. Aparte de los
ajustes salariales, las medidas no han contemplado más que un
incremento de algo más del 10% del bono de pobreza. No hay ninguna
propuesta coherente y global de focalización de subsidios, mientras
se comienzan a escuchar voces de reducción de las exenciones del
IVA, exenciones que cubren fundamentalmente alimentos básicos,
medicinas e insumos agrícolas y que responden en cierta manera a
débiles intentos por introducir criterios de equidad en la
tributación.
Eliminar exenciones en estos campos volverá a afectar a la economía
popular, si no se están pensando instrumentos de compensación y de
redistribución de la riqueza. Mientras seguimos sin una clara
decisión de recuperar deudas vencidas de una banca cerrada que está
ocasionándole al Estado nuevas pérdidas, además de las originalmente
absorbidas por el Gobierno en 1999.
La aparente calma de este fin de año frente a las medidas no
garantiza nada. (Diario Hoy)
[email protected]
Gobierno han comenzado lentamente, desde los frentes tradicionales.
La reacción real solo vendrá, si viene, en enero, cuando también los
precios comiencen a reaccionar y el nivel de inflación rompa el bajo
perfil que ha guardado los últimos meses.
Más allá de preguntarse el país en el marco de qué política
económica ubicar los ajustes y en articulación con qué reforma
tributaria y fiscal que ordene el gasto estatal y lo transparente,
era evidente que el clima de especulación exigía que el régimen
defina las medidas que se venían anunciando, ya sea como parte de un
acuerdo con el Fondo Monetario, o como recursos a los cuales acudir
para evitar el déficit presupuestario que se volvió inminente con la
caída del precio del petróleo. Pero este análisis quiere referirse a
la relación de las medidas con la conflictividad social.
El desacuerdo popular ha desembocado mayormente, durante el año
2000, en formas de protesta y en manifestaciones públicas de poca
trascendencia, a pesar de que la economía popular ha sufrido golpes
dramáticos.
Aparte de dos prolongados paros en dos sectores habituados a
organizar estas formas de presión periódicamente (el paro de siete
semanas de la UNE y la huelga de los trabajadores hospitalarios que
se prolongó por cerca de un mes) y el levantamiento indígena que
culminó con la caída de Jamil Mahuad, el resto apenas si ha tomado
cuerpo. En septiembre, un anunciado levantamiento de los movimientos
sociales se fue disolviendo en el fracaso.
Los sindicatos públicos, que hacen cabeza de un debilitado
sindicalismo, se han fragmentado en sus negociaciones locales. Y
finalmente el movimiento indígena, luego del fracasado levantamiento
y el bochorno de unas firmas falsas presentadas como respaldo al
pedido de consulta popular, ha entrado en un proceso de crítica y
reestructuración interior que podría culminar en marzo, con la
elección de la nueva directiva de la Conaie. Quizás el sector
social más activo en sus presiones al Gobierno ha sido el de los
perjudicados por la banca cerrada.
Por tanto ¿qué puede esperarse a partir de enero?
Un conflicto social puede estar organizándose lentamente. Y una
cuantas manifestaciones marginales de la crisis económica pueden
estar brotando en la sociedad y provocando una ola de inseguridad y
violencia inédita. No es imposible que el desacuerdo active
organizaciones sociales que normalmente tienen reducida influencia,
como las llamadas coordinadoras sociales o
frentes populares. La respuesta social del régimen no puede seguir
reducida a los frondosos horizontes dibujados por el ministro de
Bienestar Social.
Es cierto que la agitación social que ha vivido el país desde
febrero de 1997, sin resultados objetivos para los sectores más
pobres, ha debilitado a los movimientos sociales. Es cierto también
que Gustavo Noboa cuenta con un curioso activo político: el Ecuador
no quiere un nuevo colapso presidencial.
Sin embargo, un régimen con un desdibujado panorama político en un
año preelectoral, sin una consistente estrategia informativa, sin un
empeño serio por establecer un diálogo sustentado y que apunte a
consensos básicos con distintos sectores sociales, puede verse
arrinconado en cualquier momento.
Mientras tanto, los chispazos de política social se quedaron en eso:
fuego de artificio. No hay información sobre si se habrá avanzado
algo en cuanto a la posible condonación de deudas acordada con el
Club de París para programas de desarrollo social. Aparte de los
ajustes salariales, las medidas no han contemplado más que un
incremento de algo más del 10% del bono de pobreza. No hay ninguna
propuesta coherente y global de focalización de subsidios, mientras
se comienzan a escuchar voces de reducción de las exenciones del
IVA, exenciones que cubren fundamentalmente alimentos básicos,
medicinas e insumos agrícolas y que responden en cierta manera a
débiles intentos por introducir criterios de equidad en la
tributación.
Eliminar exenciones en estos campos volverá a afectar a la economía
popular, si no se están pensando instrumentos de compensación y de
redistribución de la riqueza. Mientras seguimos sin una clara
decisión de recuperar deudas vencidas de una banca cerrada que está
ocasionándole al Estado nuevas pérdidas, además de las originalmente
absorbidas por el Gobierno en 1999.
La aparente calma de este fin de año frente a las medidas no
garantiza nada. (Diario Hoy)
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