Quito. 02.07.93. La administración de Sixto Durán Ballén
admite la existencia de empresas rentables y bien
administradas dentro del aparato estatal, pero insiste en
el nuevo rol que debe tener el gobierno en lo que asuntos
económicos se refiere: "alejarse del Estado propietario e
interventor, con el objeto de llegar a brindar las
condiciones correctas para que se desarrollen y prosperen
el mercado y el sector privado".
La política se define en el documento "Estrategia de
Privatización" y el cronograma del Consejo de Modernización
del Estado (CONAM), al que tuvo acceso HOY.
Oportunamente HOY ha venido ofreciendo a sus lectores los
distintos segmentos de este documento, cuyos lineamientos
se van cumpliendo al pie de la letra, mientras en el
Congreso Nacional se aprueba la Ley de Modernización. Ahí
está definido, desde en el prefacio de "La visión para un
nuevo Ecuador" hasta en las conclusiones, los métodos y
sistemas a emplearse para lograr dicho objetivo.
Las siguientes son las frases más claves y célebres de la
política del gobierno en torno a la venta de las empresas
públicas definidas por el CONAM:
þ La privatización es el componente clave de la estrategia
de reformas económicas del gobierno. Su objetivo es crear
un sector económico privado estable, en crecimiento,
competitivo y rentable, en donde la oportunidad de
enriquecerse esté disponible para toda la población.
þ Entregar servicios claves al sector competitivo privado.
þ A fin de aumentar la popularidad pública de la
privatización, de ampliar la base de inversionistas
domésticos y de este modo conseguir una más fácil
privatización de los servicios básicos, debería venir
primero la privatización exitosa de compañías mediante la
venta al público en general o a los empleados.
þ Los primeros éxitos que se obtengan suavizarán el camino
para mayores transacciones, a través de las cuales se
recaudará ganancias significativas.
þ Para la población va a ser difícil obtener los recursos
para comprar las acciones. En algunos casos puede ser
posible ayudarla, por ejemplo, permitiéndole pagar acciones
de electricidad mensualmente a través de sus cuotas de luz.
þ La estrategia de privatización del gobierno no requerirá
solamente de una ley general de privatización y de
autoridades regulatorias para los sectores claves.
Requerirá además ajustes a las regulaciones de la política
comercial y otras regulaciones restrictivas.
þ Los departamentos del gobierno, otras organizaciones
gubernamentales y el CONAM deben ser capaces de decidir
métodos más apropiados de venta de acciones y,
consecuentemente, los asesores más apropiados en
coincidencia con los objetivos y los lineamientos.
þ Esto significa que la Ley de Mercado de Valores necesita
asegurar que los ministerios y otras entidades
gubernamentales tengan la libertad de tomar estas
decisiones.
þ La política del gobierno respecto al empleo y la
privatización tiene dos componentes claves: minimizar los
impactos negativos de la privatización en empresas
específicas, y liberalización económica y promoción de
nuevos negocios para incrementar el empleo en cada sector.
þ Si una compañía estatal es rentable y está bien
administrada, los objetivos de reducir el gasto público y
brindar servicios mejores y más competitivos, son menos
importantes.
þ En tales casos, el gobierno tiene la oportunidad de
generar importantes ingresos por venta, promover una más
amplia propiedad accionaria y vender una parte de las
acciones a los empleados.
þ Si una empresa estatal es también rentable y bien
manejada, pero pequeña, entonces el enfoque debería ser el
ofrecer acciones en términos favorables a los empleados y
personal administrativo.
þ Si una empresa estatal opera en mercados en los que
coexistan el interés internacional y la necesidad de
inversión para elevar a la empresa a estándares
internacionales, entonces debería preferirse la venta
comercial a un inversionista extranjero.
þ Si una empresa estatal es rentable pero su buen
rendimiento se soporta en un monopolio de facto o de jure,
debería dividirse en dos o más unidades para ser
privatizada, si esto fuera posible.
þ Si el gobierno tiene la mayoría o el cien por ciento de
la propiedad de una empresa que va a venderse a través del
mercado internacional, existen tres procesos críticos sobre
los que debe tenerse un particular cuidado:
a).- La valorización de la empresa debe utilizarse para
fijar un precio mínimo o una franja indicativa de precios.
b).- La oferta para la venta debe anunciarse
internacionalmente y el método para expresar un interés en
participar debe ser claro y simple. Además los asesores del
gobierno usualmente pueden hacer contacto directo con los
compradores potenciales.
c).- Deberá fijarse por adelantado los criterios de
aceptación de las ofertas, por ejemplo, los compromisos de
inversión o las garantías de empleo en los casos
apropiados.
þ El CONAM supervisará la implementación de una política de
gobierno para minimizar las consecuencias negativas de la
privatización en el empleo.
þ En el caso de empresas grandes como las
telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos, los
bancos ecuatorianos acreedores podrán usar su deuda para
comprar bonos de privatización con los cuales podrá comprar
acciones. (3A)
admite la existencia de empresas rentables y bien
administradas dentro del aparato estatal, pero insiste en
el nuevo rol que debe tener el gobierno en lo que asuntos
económicos se refiere: "alejarse del Estado propietario e
interventor, con el objeto de llegar a brindar las
condiciones correctas para que se desarrollen y prosperen
el mercado y el sector privado".
La política se define en el documento "Estrategia de
Privatización" y el cronograma del Consejo de Modernización
del Estado (CONAM), al que tuvo acceso HOY.
Oportunamente HOY ha venido ofreciendo a sus lectores los
distintos segmentos de este documento, cuyos lineamientos
se van cumpliendo al pie de la letra, mientras en el
Congreso Nacional se aprueba la Ley de Modernización. Ahí
está definido, desde en el prefacio de "La visión para un
nuevo Ecuador" hasta en las conclusiones, los métodos y
sistemas a emplearse para lograr dicho objetivo.
Las siguientes son las frases más claves y célebres de la
política del gobierno en torno a la venta de las empresas
públicas definidas por el CONAM:
þ La privatización es el componente clave de la estrategia
de reformas económicas del gobierno. Su objetivo es crear
un sector económico privado estable, en crecimiento,
competitivo y rentable, en donde la oportunidad de
enriquecerse esté disponible para toda la población.
þ Entregar servicios claves al sector competitivo privado.
þ A fin de aumentar la popularidad pública de la
privatización, de ampliar la base de inversionistas
domésticos y de este modo conseguir una más fácil
privatización de los servicios básicos, debería venir
primero la privatización exitosa de compañías mediante la
venta al público en general o a los empleados.
þ Los primeros éxitos que se obtengan suavizarán el camino
para mayores transacciones, a través de las cuales se
recaudará ganancias significativas.
þ Para la población va a ser difícil obtener los recursos
para comprar las acciones. En algunos casos puede ser
posible ayudarla, por ejemplo, permitiéndole pagar acciones
de electricidad mensualmente a través de sus cuotas de luz.
þ La estrategia de privatización del gobierno no requerirá
solamente de una ley general de privatización y de
autoridades regulatorias para los sectores claves.
Requerirá además ajustes a las regulaciones de la política
comercial y otras regulaciones restrictivas.
þ Los departamentos del gobierno, otras organizaciones
gubernamentales y el CONAM deben ser capaces de decidir
métodos más apropiados de venta de acciones y,
consecuentemente, los asesores más apropiados en
coincidencia con los objetivos y los lineamientos.
þ Esto significa que la Ley de Mercado de Valores necesita
asegurar que los ministerios y otras entidades
gubernamentales tengan la libertad de tomar estas
decisiones.
þ La política del gobierno respecto al empleo y la
privatización tiene dos componentes claves: minimizar los
impactos negativos de la privatización en empresas
específicas, y liberalización económica y promoción de
nuevos negocios para incrementar el empleo en cada sector.
þ Si una compañía estatal es rentable y está bien
administrada, los objetivos de reducir el gasto público y
brindar servicios mejores y más competitivos, son menos
importantes.
þ En tales casos, el gobierno tiene la oportunidad de
generar importantes ingresos por venta, promover una más
amplia propiedad accionaria y vender una parte de las
acciones a los empleados.
þ Si una empresa estatal es también rentable y bien
manejada, pero pequeña, entonces el enfoque debería ser el
ofrecer acciones en términos favorables a los empleados y
personal administrativo.
þ Si una empresa estatal opera en mercados en los que
coexistan el interés internacional y la necesidad de
inversión para elevar a la empresa a estándares
internacionales, entonces debería preferirse la venta
comercial a un inversionista extranjero.
þ Si una empresa estatal es rentable pero su buen
rendimiento se soporta en un monopolio de facto o de jure,
debería dividirse en dos o más unidades para ser
privatizada, si esto fuera posible.
þ Si el gobierno tiene la mayoría o el cien por ciento de
la propiedad de una empresa que va a venderse a través del
mercado internacional, existen tres procesos críticos sobre
los que debe tenerse un particular cuidado:
a).- La valorización de la empresa debe utilizarse para
fijar un precio mínimo o una franja indicativa de precios.
b).- La oferta para la venta debe anunciarse
internacionalmente y el método para expresar un interés en
participar debe ser claro y simple. Además los asesores del
gobierno usualmente pueden hacer contacto directo con los
compradores potenciales.
c).- Deberá fijarse por adelantado los criterios de
aceptación de las ofertas, por ejemplo, los compromisos de
inversión o las garantías de empleo en los casos
apropiados.
þ El CONAM supervisará la implementación de una política de
gobierno para minimizar las consecuencias negativas de la
privatización en el empleo.
þ En el caso de empresas grandes como las
telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos, los
bancos ecuatorianos acreedores podrán usar su deuda para
comprar bonos de privatización con los cuales podrá comprar
acciones. (3A)
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