El Alto Mando militar compareció ayer en el pleno del Congreso, para explicar la situación de los polvorines en el país.

El comandante de la Marina, Víctor Rosero, dio tres posibles causas por las cuales se produjo el incendio en la Base Naval Sur de Guayaquil: "primera, la acumulación de gases emanados por la munición almacenada pudo crear una atmósfera explosiva; segunda, un cortocircuito pudo combustionar los gases y material del refugio, y/o, tercera, la intervención de personal pudo ocasionar intencionalmente el accidente".

Rosero reveló que la Armada tiene 22 refugios con municiones: uno en Esmeraldas, 17 en Manabí y cuatro en Guayas. Presentó un plan de reubicación, que requiere un presupuesto de 38 millones de dólares para instalar 28 bodegas en Jaramijó, localidad de Manabí. Otras dos en Esmeraldas y dos más en Guayas.

El comandante del Ejército, general Octavio Romero, reiteró que requieren 60 millones de dólares para la reubicación de los polvorines de la Fuerza Terrestre.

También presentó nuevas conclusiones del informe sobre la explosión de la Brigada Galápagos de Riobamba, del 20 de noviembre.

"No existió coordinación entre el Gerente (de la Fábrica Santa Bárbara) y el Comandante de la Brigada. La selección del personal para la manipulación de la munición fue indebida: no eran técnicos calificados. Ellos no permanecieron en su lugar de trabajo y no hubo una programación".

Según Romero, el hangar 79, donde se inició el estallido, no cumplía con las características técnicas para guardar munición. "El piso tenía alta cantidad de sílice y se almacenaban varios tipos de munición, contraviniendo normas expresas de almacenamiento".

Además, los encargados de la repotenciación encomendaron la limpieza del piso del hangar a un grupo de conscriptos, cuando ellos, según Romero, no pueden ingresar. "El equipo, vestuario y herramientas utilizadas no fueron los apropiados, porque podían generar chispas".

La Aviación, a través de su comandante, brigadier general Ángel Córdoba, también mostró su plan de reubicación. Dijo que requiere de 8,6 millones de dólares para trasladar los polvorines de su fuerza a bodegas seguras.

Cuatro marinos acusados de homicidio involuntario

La Fiscalía de Guayas acusó a cuatro oficiales de la Armada de homicidio no intencional por la explosión de una granada en el recinto La Concordia, de la isla Puná (parroquia de Guayaquil). El estallido de la munición provocó la muerte de cinco civiles.

Hubo "negligencia y falta de previsión. Es un delito de acción pública", concluye el fiscal Avelino Motta en su instrucción de dos páginas que remitió el pasado 3 de abril a la Corte Superior de Guayaquil.

En el documento también pidió al juez tercero de lo Penal, Reynaldo Cevallos que ordene las detenciones de los cuatro acusados. Ellos son los capitanes de Navío, Augusto Saltos, jefe de la Infantería de Marina; Francisco Andrade, comandante de la Base Naval Sur; Eduardo Cevallos, de la Dirección de Electrónica, y el capitán de Corbeta, Rainero Cajas, subjefe de la Base Sur.

El delito por el cual se les investiga está tipificado en el artículo 459 del Código Penal y es penado, si no hay más agravantes, con prisión de tres meses a dos años "y una multa de ocho a 31 dólares".

Los acusados ayer salieron al paso. Advirtieron que enjuiciarán a Motta "por daño moral, psicológico y derecho a la honra y su actuación con ligereza". Así reza un comunicado que remitió el Comandante de la I Zona Naval, contraalmirante Manuel Zapater.

Al respecto, la actuación de la Fiscalía del Guayas fue defendida a ultranza por su titular, Walter Tomsich. Dijo que su entidad tiene facultades para investigar "y sí sabemos que los militares tienen fuero (es decir, deben ser procesados por jueces especiales). Al fin y al cabo, este proceso lo va a tramitar uno de sus jueces".

Precisamente por eso, el juez Cevallos se abstuvo de ordenar las prisiones y pidió el viernes pasado al Fiscal copias de los documentos que sirvieron de base para la instrucción, "con el fin de asegurar mi competencia".
"No hay elementos que determinen que el hecho pertenece a la jurisdicción ordinaria penal, pues se investigan a miembros de las FF.AA.".

El juicio penal está compuesto, solamente, de 25 páginas: recortes de prensa, las autopsias de las víctimas y las solicitudes sin respuestas que la Fiscalía envió a la Marina.

Los bomberos recomiendan dar de baja a la munición caducada

Las autoridades del Batallón de Infantería "Galo Molina" de Tulcán autorizaron , finalmente, una inspección de los bomberos en las bodegas de munición de ese cuartel.

El informe determinó que el riesgo de una explosión "es mínimo" porque en el lugar no se almacena material explosivo sino munición menor. Miguel Ángel Vázquez, comandante de bomberos de Carchi, dijo que la única recomendación fue que se dé de baja la munición caducada. Al respecto, el teniente coronel Ramiro Cáceres, comandante del Batallón, aseguró que periódicamente técnicos del Ejército revisan el armamento para separar el material que ya no se utiliza.

Cáceres informó que el material peligroso está en los cinco destacamentos ubicados en la línea de frontera con Colombia. "Allí, los recintos militares están a una distancia considerable de los caseríos".

Las instalaciones eléctricas del Batallón Galo Molina, según los técnicos, están en buen estado. Y hay un buen número de extintores para enfrentar un conato de incendio", dice el informe.

Las bodegas están en la parte occidental, alejadas de las ciudadelas aledañas. Según los bomberos, las paredes de los hangares son gruesas y altas, capaces de reducir el impacto de una leve explosión.

La entidad fue autorizada, también, a revisar las instalaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), en Rumichaca. Vázquez informó que existe un rastrillo, que no representa mayor peligro.

Aduanas recibió dos recomendaciones: adquirir 10 extintores y capacitar al personal.

La práctica de tiro alarma a El Pisque

El estallido de la Brigada Galápagos, en Riobamba, impactó a quienes viven en torno al ex Fuerte Militar 38 Ambato y actual Escuela de Formación de Soldados del Ejército. La inquietud aumentó después de las explosiones en la Base Naval Sur en Guayaquil y de la muerte de personas en la Isla Puna, a causa de prácticas de la Marina.

Las imágenes de casas destruidas, heridos y personas mutiladas se grabaron en la memoria de Jaime Gancino, de 60 años y morador del barrio Santa Teresita, en la parroquia El Pisque, siete km al norte de Ambato.

Desde su casa de dos pisos, Gancino observa por la ventana el recinto militar. "Descanso con un ojo abierto. Mis vecinos hacen lo mismo. Aquí ya nadie puede vivir ni dormir tranquilo", aseguró el anciano.

En el barrio Santa Teresita viven 200 familias. Todas tienen sus propiedades cerca o frente a la Escuela de Formación de Soldados y saben que, de producirse una explosión en las bodegas de municiones y armamento, ellos serían los principales afectados.

"Solo el ruido que producen las balas durante las prácticas, hace temblar la tierra ¿Qué pasaría si ocurriera una gran explosión?".

En toda la parroquia El Pisque viven aproximadamente 1 200 familias. La mayoría de agricultores.

No muy lejos de allí, a unos 150 metros de la Escuela de Formación de Soldados, se levanta el Parque Industrial Ambato.

En el sitio se asientan 98 empresas. Algunos empresarios, que prefieren la reserva, comparten el temor de los moradores. Uno de ellos teme que con una explosión se desate un gran incendio. "De seguro ocurriría, pues la mayor parte de las empresas trabaja con materiales inflamables. El Ejército debe actuar y contar con un plan contra desastres".

Al respecto, el coronel Julio Narváez, director de la Escuela de Formación de Soldados, dijo que los vecinos de El Pisque no deben temer.

"No tenemos un polvorín. Y las posibilidades de una explosión son mínimas. El armamento que se guarda en estas bodegas es de calibre menor y sirve únicamente para adiestrar a los soldados. Cuando necesitamos explosivos se los pedimos al mando del Ejército". Narváez afirmó que, en caso de una emergencia, tienen listo un plan de contingencia y de seguridad para evacuar a las personas de la zona.

Sin embargo, los moradores consultados desconocen la existencia de ese plan militar. Alberto Ilaño, del barrio San José El Pisque, afirmó que no sabría dónde refugiarse en caso de una explosión.

Byron Murillo
Segundo Jefe Cuerpo Bomberos

Los bomberos inspeccionarán los equipos contra incendios de la Escuela de Formación de Soldados, el día 17. Y visitarán la bodega del armamento. "Es parte de un plan de inspección de los edificios públicos de Ambato. Así sabremos a qué nos enfrentamos, en caso de urgencia.

Denuncias contra el Cabildo de Riobamba

Moradores del barrio San Antonio del Aeropuerto presentaron sus quejas ante la Defensoría del Pueblo de Chimborazo y el Ministerio de Vivienda, por el estado de reconstrucción de las casas dañadas por el estallido de la Brigada Galápagos.

La denuncia se presentó, ayer, durante una reunión en la iglesia del barrio, el más afectado por la explosión. Según José Orozco, vicepresidente barrial, 140 viviendas no han sido reconstruidas totalmente.

"El Miduvi cambió los vidrios y techos, pero no arregló las paredes ni las puertas que fueron destrozadas por la onda expansiva. El Estado asignó 4 millones y medio de dólares a la ciudad. Pero en San Antonio, las autoridades invirtieron solo 600 000. Hoy la reconstrucción es lenta y no se atiende a todos los afectados", insistió.

Segundo Paula, representante de la Defensoría del Pueblo, y Rafael Rubio, director del Miduvi, anotaron las solicitudes de los afectados. "No es justo que la gente sea engañada. Es necesario exigir al Estado que culminen los trabajos", dijo Rubio. El 21 de abril los moradores conversarán con los representantes del Gobierno.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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