Quito. 11.01.93. El Palacio Legislativo se parece cada vez más
a una conejera. El espacio físico es muy reducido y el
personal parlamentario sigue creciendo y amontonándose gracias
a iniciativas como la creación de comisiones especiales,
ocasionales e incluso especialísimas.
El modelo de trabajo del Congreso Nacional mediante comisiones
legislativas se aplica a nivel mundial y en nuestro caso está
contemplado en la Constitución Política del Estado, que fija
el funcionamiento de 4 organismos: la apetecida Comisión de
Presupuesto; la de los Laboral y Social; la de lo Civil y
Penal, y la de lo Económico.
Sus 28 miembros, de los 77 diputados que integran la función
Legislativa, conforman el Plenario de las Comisiones
Legislativas Permanente. Este asunto mereció especial
atención del legendario Assad Bucaram Elmalin, al cual
correspondió la dirección del Congreso en el retorno a la
democracia, en 1979.
Fue su iniciativa lograr espacios de mayor actividad para los
diputados. Así se conformaron "comisiones especiales",
compuestas de cinco miembros y sin la posibilidad de presentar
informes sobre proyectos de ley ni de cobrar emolumentos
adicionales, pero sí de analizar asuntos puntuales.
De esta manera se integró la primera de estas comisiones, en
1980: la de Asuntos Internacionales, presidida por Julio César
Trujillo. Entre sus miembros estaban Aurelio Carrera del Río y
Julio Prado Vallejo, quienes viajaron a la frontera con el
Perú una semana antes del conflicto armado de Paquisha, en
1981. ¿El resultado de la gestión parlamentaria? Ninguno.
2 COMISIONES POR DIPUTADO
Pioneras de las comisiones especiales son la Investigación,
que hoy se denomina de Fiscalización y Control Político; la de
Codificación, y la de Defensa Nacional, que incluso en la
actualidad reúne a los máximos exponentes partidistas como son
Andrés Vallejo, de la Izquierda Democrática, y Heinz Moeller,
del socialcristianismo.
Assad Bucaram nombraba además comisiones por temas, las que
ahora se llamaba ocasionales. Entre ellas designó la del caso
Santay, presidida por el entonces diputado León Febres
Cordero.
De esa época destaca la comisión conformada para informar
sobre la muerte del mandatario Jaime Roldós Aguilera, que
presidió Otto Arosemena Gómez y se integró con un
representante de cada bloque legislativo. Dicha comisión se ha
reditado en varias ocasiones y, más que dilucidar las
circunstancias del deceso del presidente, ha sido punto de
controversia y plataforma política de diputados y
comparecientes.
La posibilidad de nombrar comisiones especiales constó en el
Reglamento Interno del Congreso nacional y fue la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, expedida este año, la que
estableció que se deberían nombrar 14 organismos de esta
naturaleza con la limitación de que cada diputado no integre
más de dos comisiones especiales.
La ley señala que la facultad del presidente del Congreso para
nominar estas comisiones se extiende a la estructuración de
organismos ocasionales en el número que estime conveniente.
SE LES FUE LA MANO
En fiel seguimiento al proceso legal, el Congreso cuenta hoy
con 38 comisiones: las cuatro legislativas permanentes; dos de
asuntos internos (la de Mesa y la de Excusas y
Calificaciones); 14 especiales; 17 ocasionales, que varían en
número de acuerdo a las circunstancias coyunturales; y una
especialísima, que investiga la gestión de los gobiernos desde
1979.
De todo sabor y color y con suigéneris denominaciones, las
comisiones ocasionales reúnen en su seno a viejos rivales como
el emepedista Juan José Castelló y Alfredo Vera, de la
Izquierda Democrática, en la investigación del caso EMELEC.
Otra comisión trata de "solucionar" problemas como el de la
sigatoka negra en el país, o la situación de los cultivos de
maracuyá.
La selección de diputados para integrar estas comisiones
especiales no es "a dedo", según explica en presidente del
Congreso, Carlos Vallejo, ya que se realiza a base de una
selectiva profesionalidad.
Y, en otros casos, de conocimiento regional de un asunto
específico. Así se han integrado las comisiones de asuntos
amazónicos; de asuntos del norte; de asuntos manabitas; de
asuntos "riosenses"; de estudio de los problemas de las
provincias centrales; de la situación vial de la provincia de
Loja, integrada por un vocal; y la que gestiona obras para
Azuay, Cañar y Morona Santiago.
NI UNA REUNION
Según Vallejo, en las comisiones es donde está presente el
trabajo de los diputados ya que es allí donde se analiza, se
saca propuestas y conclusiones y se realiza un trabajo de
campo que más tarde redundará en proyectos de ley, o se
trasladará al campo de la fiscalización.
Sin embargo, muchas de estas comisiones no llegan a reunirse
ni siquiera por una ocasión y su labor no se encuentra
supervigilada por ente alguno, ya que el único control que
existe es la obligatoriedad de entregar un informe a la
presidencia del Congreso cuando finalice su acción. Pero si no
hay trabajo, tampoco hay informe.
Tal es el caso de la comisión que "investiga los hechos del 16
de septiembre protagonizados por trabajadores públicos y
privados", que se refiere al daño de automóviles de los
legisladores y de las instalaciones del Palacio Legislativo. O
la de "lavado de dinero", en la cual la presencia del
roldosista Fernando Rosero, acusado de ser defensor legal de
narcotraficantes, no permite reunir a sus miembros.
ASESORIAS Y PRESUPUESTO
Un presupuesto agotado por excesivos viáticos, pasajes aéreos
y del cruce de la campaña electoral de los propios
legisladores, entre otras causas, fue lo que recibió la nueva
administración, que se ha visto frente a graves problemas para
conseguir las partidas necesarias para el normal
funcionamiento del Congreso.
En 1992, el presupuesto del Congreso fue de 9.000 millones de
sucres, es decir tres veces más que el de 1991. Pero el dinero
faltó.
En el Congreso suceden cosas dignas de Ripley: por ejemplo, la
escasez total de cintas de máquina o copiadoras dañadas
imposibilitó que los proyectos de ley fueran fotocopiados para
repartirlos entre los legisladores.
La incapacidad para renovar la infraestructura y los retrasos
en el pago de salarios son algunas de las peripecias vividas
en el actual período legislativo.
ASESORES DEL ASESOR
Pese al exceso de personal, éste sigue creciendo en
contrataciones autorizadas a las comisiones especiales. Cada
uno de estos organismos puede contratar una secretaria, un
mensajero, un asistente parlamentario y un asesor.
A pesar de ello la cuota no siempre es respetada y, de acuerdo
a la importancia que revista la comisión, se autoriza la
captación de más asesores.
Ese es el criterio que también rige para las comisiones
legislativas permanentes, cuyo número de asesores es siempre
fluctuante. Destaca el caso de la comisión de Presupuesto, que
tiene un asesor por cada uno de los siete vocales que la
integran.
Este personal "de apoyo", destinado en teoría a emitir
criterios especializados sobre determinados temas es, en la
mayoría de casos, escogido a base de las afinidades políticas
en lugar de primar la experiencia y capacidad.
El Congreso Nacional establece una categoría ascendente para
el pago de los asesores. Se ubican en una escala del 1 al 3,
con sueldos de 160.000, 180.000 y 195.000 sucres, en ese
orden.
Pero el salario mensual está en el orden de los 600.000 sucres
porque se suman gastos de representación, residencia y
responsabilidad.
La planta de asesores del Congreso Nacional oscila entre 50 y
60 personas, que sin constituir un gran porcentaje dentro de
los 1.200 empleados (50 por ciento a contrato y 50 por ciento
con nombramiento, aproximadamente) se llevan, junto a los
legisladores, el 80 por ciento del presupuesto del Congreso.
Las "comisiones de servicios", que han estado de moda por
mucho tiempo en el Congreso ecuatoriano, ahorran recursos a la
legislatura pues los funcionarios acuden con el salario de su
institución pública de origen. Estas personas no tiene horario
fijo y, en algunos casos, utilizan la asesoría solo como un
pretexto para pasar "de agache" por un año, al más puro estilo
criollo.
El gasto que se hace en las comisiones está justificado por
sus resultados positivos, sostiene Carlos Vallejo. Pero el
problema no es el egreso económico para el funcionamiento de
estas instancias parlamentarias, el conflicto está en la
improductividad del trabajo de las comisiones.
¿SOBRECARGA DE TRABAJO?
El presidente del Congreso piensa que la concatenación en los
temas que analizan los diputados, en las distintas comisiones
a las que pertenecen, no constituye un exceso de trabajo.
Pero quizás la falta de trabajo de esos organismos es lo que
no redunda en una sobrecarga de tareas y esos espacios son
aprovechados por determinados diputados para figurar como
vocales o presidentes de comisiones fantasmas, sin tener que
desarrollar un trabajo en favor de sus seguidores.
Comisiones que no se reúnen por falta de convocatoria, de
voluntad o de quórum y cuyos resultados, cuando los hay, son
limitados, salvo excepciones, es la regla en el Congreso
Nacional desde hace largo tiempo.
Para muestra, un botón: el diputado Jorge Marún, del Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE), integra 6 comisiones: la del
Programa Nacional del Banano, de la sigatoka negra, del agua
potable de la provincia de Los Ríos, de Codificación, de Medio
Ambiente, y de Educación, Cultura y Deportes.
Tareas disímiles que con dificultad se podrían abarcar en caso
de existir una labor real y sostenida.
El caso se repite con el liberal Francisco Salvador Moral,
quien forma parte de las comisiones de Excusas, de Asuntos
Constitucionales, de Asuntos Amazónicos, de Asuntos
Internacionales, y de Fiscalización.
El carácter de las comisiones ocasionales es precisamente el
de ser temporales y, de hecho, requieren de un plazo para el
cumplimiento de sus tareas. Pero el plazo se dilata o no se
cumple mientras los electores reclaman el tratamiento de lo
importante, de los verdaderos problemas nacionales.
LAS 38 COMISIONES:
Comisiones legislativas:
1. Presupuesto
2. Laboral y Social
3. Económico
4. Civil y Penal
Comisiones de Asuntos Internos
5. De mesa
6. Excusas y Calificaciones
Comisiones especiales
7. Asuntos Constitucionales
8. Asuntos Internacionales
9. Fiscalización y Control Político
10. Codificación
11. Asuntos Amazónicos
12. Defensa del Consumidor
13. De la Mujer, el Niño y la Familia
14. Salud y Saneamiento Ambiental
15. Educación, Cultura y Deportes
16. Derechos Humanos
17. Defensa del Medio Ambiente
18. Defensa Nacional
19. Asuntos Indígenas
20. Integración
Comisiones Ocasionales
21. De investigación de los subsidios del transporte
22. De investigación de las irregularidades en el IESS
23. Sobre "compra de renuncias"
24. De investigación del derrame de petróleo
25. De investigación de los hechos del 16 de septiembre
protagonizados por trabajadores públicos y privados
26. De supervisión de los trabajos de construcción de la
carretera Guamote-Macas
27. De estudio del problema de la sigatoka negra en el Ecuador
y de la situación del cultivo de maracuyá
28. Asuntos del Norte
29. Asuntos manabitas
30. Asuntos mineros
31. De ciencia y tecnología
32. De investigación del narcotráfico
33. Caso EMELEC
34. Modernización del Estado
35. Asuntos "riosenses"
36. De estudio de los problemas de las provincias centrales
37. De investigación de la situación vial de la provincia de
Loja
Comisión Especialísima
38. De investigación de la gestión de los gobiernos desde
1979. (REVISTA 15 DIAS N§ 71, pp. 8-10)
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