Quito. 21.04.93. Desde la época colonial, la formulación de
"denuncias políticas" ha pasado a convertirse en parte importante
de nuestros hábitos sociales. Todo aquel que se cree perjudicado
por una autoridad, conocedor de alguna inmoralidad oficial, dueño
de una verdad capaz de escandalizar al pueblo y arruinar la honra
de un enemigo político, o marginado de un negocio oficial jugoso,
formula una denuncia pública, lo que en ocasiones responde a
verdades plenamente comprobables, aunque la mayoría de las veces
no tiene más gravedad que un trueno.
Hurgando en los archivos, en busca de los orígenes de esta
costumbre nacional, nos encontramos con una tremebunda denuncia
que el partido "montufarista" elevó al rey, en 1794, contra el
presidente Muñoz de Guzmán y sus protegidos del partido
"sanchista". Suscrita por dos regidores del cabildo de Quito, don
Juan Antonio Domínguez y don Joaquín Donoso, este texto es una
sabrosa muestra del nivel y forma que alcanzaban en el Quito
colonial las disputas de los bandos políticos de entonces.
Lo denunciado
Los denunciantes comenzaban acusando que la ciudad de Quito se
hallaba en un total abandono por parte del gobierno, que no
refrenaba a "una plebe numerosa, la mayor parte de mestizos
inclinados al ocio y la embriaguez", y que los vecinos nobles
vivían en constante temor por esta causa así como por la opresión
y ofensas que sufrían de parte del presidente y ministros de la
Audiencia, "a quienes -decían- rodea una turba de aduladores
criminosos". Afirmaban que los Alcaldes Ordinarios de la ciudad
eran "la irrisión de la plebe", elegidos al gusto del Presidente
por los Regidores del Cabildo, "por temor del despotismo de un
Gefe caprichoso, violento y estrepitoso", y que había sido electo
para alcalde y después para Rector de la Universidad, por
disposición del Presidente, el Marqués de Villa Orellana, "quien
debe crecidas sumas a particulares y nadie se determina a
demandarle por el notorio favor que logra con el referido Gefe, a
quien obsequia convidándolo frecuentemente a sus haciendas".
Agregaban que después se había elegido alcalde, también por
influencia del presidente y del oidor decano, a don Francisco
Calderón, "hombre el más criminoso, falsificador de firmas y
perjuro, reprehendido como tal muchas veces por la Audiencia..."
Sostenían, igualmente, que el presidente Muñoz había promovido en
1794 la elección a la alcaldía del regidor don Pedro Calisto,
que, se decía, "disfruta la mejor de las Haciendas de
Temporalidades, debe gruesas cantidades, y en vez de pagarlas
regala mucho al Gefe, (y) trae una vida mui cómoda y nada
religiosa", y de don Nicolás de la Peña, que afirmaban vivía "en
un concubinato público con Rosa de Cánobas... y además es jugador
de genio arrebatado y rencilloso; pero como asiste a la tertulia
del Presidente y juega en ella con frecuencia, experimenta la
referida protección". Acusaban que el presidente había elevado a
regidor del Cabildo a don Carlos Pesenti, no obstante que ello
era incompatible con su función de administrador general de
alcabalas, y pese a conocer que dicho sujeto había invertido
ilegalmente en su beneficio hasta 30 mil pesos de fondos reales,
y que el presidente toleraba la "notoria amistad ilícita" de su
sobrino, don Gerónimo Pizana, secretario de la Presidencia de
Quito, con la mujer de Pesenti, "por cuyo conducto se consiguen
todas las providencias del Gobierno y se verifican los cohechos
con bien poca reserva". Finalmente, denunciaban que "don Andrés
Fernández Salvador, también Regidor de aquel Ayuntamiento,
...disfruta favor: contribuye mucho: y con varios pretextos ha
conseguido quedarse en arrendamiento con casi todos los ejidos
públicos, provee de víveres la casa Hospicio con los frutos de
sus haciendas, se ha hecho árbitro absoluto de las rentas de
aquella; y para todo se tiene a un asesor vitalicio que es don
Francisco Javier Salazar, hombre hipócrita, y a un Procurador
General llamado don Juan Ruiz, que es a propósito para toda
maniobra."
La investigación y sus resultados
Esta denuncia motivó al rey a ordenar una investigación reservada
y minuciosa, que el ministro don Eugenio Llaguno encargó realizar
al Virrey de Santa Fe. El detallado informe preparado por el
virrey de Ezpeleta, en base a los informes de sus agentes
secretos en Quito, fue enviado a Madrid el 19 de marzo de 1795 y
comprobó que la mayor parte de las denuncias eran total o
parcialmente ciertas: Que en verdad existía un generalizado ocio
y embriaguez en la plebe, pero que las autoridades miraban esto
"con indiferencia por lo generalizado de estos vicios y no haber
destino que dar a los viciosos", una vez que fueron cerrados a
ellos "la tabaquería y el hospicio, que antes servían para
contener y ocupar a los vagos". Que el presidente no trataba mal
a la nobleza quiteña, pero que al Marqués de Selva Alegre le
había "estrechado el pago de sus deudas, que de otra suerte no se
hubiera conseguido". Que no era cierto que los gobernantes
estuvieran rodeados por una turba criminosa, salvo por la
presencia de don Francisco Calderón, ya difunto, "hombre de buen
nacimiento pero lleno de trampas y enredos...que sin embargo tuvo
de bueno el haber sido el único que se esmeró en las obras
públicas". Que, en cuanto al carácter del presidente,
"verdaderamente tiene prontitud y energía, y por efecto de ella
ha tomado con ardor algunos asuntos", como usar tropas para poner
orden en las elecciones de priores de los conventos, haber tenido
conflictos con el tribunal de la Audiencia y haber amedrentado al
público con ciertas acciones de fuerza, pero que poseía "un fondo
de bondad".... Que la elección del Marqués de Villa Orellana como
alcalde fue hecha efectivamente para complacer al presidente, del
cual era estrecho amigo, y que ello pudo también influir para su
elección como rector de la Universidad, pero que, en todo caso,
el marqués era "moderado en palabras y obras y de suficiente
talento y cultura", que se había doctorado en leyes en España y
se desempeñó muy bien como cabeza del cabildo. Que De la Peña y
Calisto no merecieron favor oficial para lograr la alcaldía y
finalmente no salieron electos, aunque era cierto lo del
concubinato del primero y las deudas vencidas del segundo, para
cobrar las cuales se le había otorgado el monopolio de entrega de
aguardiente al estanco, cierto que "perjudicando a los otros
cosecheros". Que Pesenti era, efectivamente, un sujeto corrupto,
que tenía casi al borde de la quiebra a las cajas reales y que se
enriquecía aprovechando de la liviandad de su mujer, "ya que esta
es conducto para conseguir gracias y recibir dádivas". Que en
cuanto a los privilegios de don Andrés Fernández Salvador, en
efecto este tenía arrendada parte del ejido de la ciudad y que
ahí se cebaba ganado del sobrino del presidente, pero que se
trataba de un antiguo arrendamiento. Y, finalmente, que los
doctores Salazar y Ruiz eran "abogados de mucha probidad y
juicio, y de los más acreditados de aquella Audiencia."
Por lo visto, las investigaciones oficiales de aquella época -a
diferencia de las actuales- si iban "hasta las últimas
consecuencias"...!
Pero, ¿cuál fue el motivo de la denuncia? Aparentemente los
denunciantes -dueños de haciendas azucareras- estaban resentidos
con el Presidente de Quito porque se les había marginado como
abastecedores de aguardientes al Estanco Real. (1C)
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