Quito. 13 oct 2000. La importación de vehículos usados no fue aprobada.
Las playas no podrán venderse. El ICC del 0,8 por ciento estará vigente
hasta el 31 de diciembre.
El Congreso concluyó ayer, luego de tres días de sesión permanente, la
aprobación en segundo debate de las reformas a la Ley Trole que envió el
Ejecutivo con el carácter de urgente. Esa propuesta sufrió grandes
cambios.
Una de las disposiciones aprobadas establece que los municipios tendrán
la facultad de construir directamente aeropuertos o delegar esa
atribución a empresas mixtas o privadas mediante concesión.
Otro punto se refiere al tema del Consejo Aviación Civil, que estará
presidido por el Ministro de Defensa, mientras la Dirección de Aviación
Civil tendrá como director a un oficial general en servicio activo de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que será nombrado por el Ministro de
Defensa.
El impuesto al ICC del 0,8 por ciento tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre próximo. En su reemplazo se establece, a partir del primero de
enero del 2001, la retención por parte de las instituciones financieras
del 2 por mil (0.2 por ciento) de todas las operaciones de crédito,
depósito, cobro de cheques y otras. Además, se amplia a 180 días
adicionales el plazo para quienes adeudan a los bancos hasta 50 mil
dólares, para que reestructuren sus deudas.
También se establece que podrán ser concesionarios de canales de
televisión abierta, estaciones de radio y prensa escrita las personas
naturales ecuatorianas, cuyo capital tenga como máximo el 25 por ciento
de inversión extranjera.
Los trabajadores de las empresas tendrán derecho a las utilidades hasta
USD 6 mil anuales. El empleador que despida intempestivamente al
trabajador tendrá que indemnizarlo de la siguiente manera: hasta tres
años de servicio, el valor correspondiente a tres meses de remuneración;
de más de tres años, a un mes de remuneración por cada año de servicio.
La mayoría también aprobó la prohibición de la importación de vehículos
usados. Así derogó la disposición que constaba en el art. 160 de la Trole
II, que facultaba a las cooperativas de transporte, la importación de
vehículos de hasta tres años de antigüedad.
Durante la jornada también se aprobó una disposición que prohíbe la venta
de las playas a las empresas privadas. El texto dice que las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, no podrán adquirir con
fines de explotación económica, ni celebrar contratos de concesión,
tierras ubicadas en zonas de seguridad nacional (playas).
En lo referente al sector eléctrico el Congreso incluyó una norma donde
se establece que solo podrá venderse el 49 por ciento de las acciones de
la empresa Hidropaute, encargada de generar electricidad.
Además, se aprobó una reforma adicional donde se destinará el 25 por
ciento de los ingresos del Fondo de Solidaridad al financiamiento del
programa de maternidad gratuita. Los fondos para la aplicación de esta
ley, que busca asegurar la atención gratuita de las mujeres embarazadas y
los niños menores de cinco años en todo el país, están garantizados. El
documento especifica que en ningún caso la asignación podrá ser menor a
los USD 15 millones anuales.
En cuanto al tema de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se crearon
varios tributos para financiar a esa entidad. Entre ellos, que se
destinen 10 dólares de la matriculación anual de los automotores
registrados en Guayas, cuyo avalúo supere los 10 000 dólares. El impuesto
subirá a USD 15, si el avalúo es mayor. También se recaudará el dos por
ciento de las cantidades que se jueguen en los hipódromos.
La Secretaría del Congreso remitió una comunicado al Ejecutivo
informándole la aprobación del texto.
El veto parcial al documento está en camino
El Gobierno adoptó una posición de silencio, respecto a la Trole III,
hasta conocer exactamente cuáles son las reformas que el Congreso
introducirá al texto una vez que los apruebe. El plazo del Legislativo
para remitirlo al Ejecutivo concluye hoy.
Sin embargo, el presidente encargado, Pedro Pinto, en una rueda de
prensa, dejó entrever algunas pistas. En primer lugar acepta que, hasta
antier, los legisladores aprobaron varias de las reformas más
controvertidas y lo hicieron apegados lo más posible a lo que el
presidente Gustavo Noboa propuso en su iniciativa hace un mes. En segundo
lugar, confirmó que el Gobierno no vetará totalmente el texto, pero sí
hará algunas observaciones a artículos puntuales, dijo, sin precisar
cuáles serán estos.
De allí que si el Ejecutivo va por ese lado el Congreso tiene dos
caminos: aceptar el veto con el voto de la mayoría de sus miembros (62);
o ratificar el texto aprobado con el voto de las dos terceras partes
(82). La segunda opción no es viable, porque la mayoría solo reúne 68
votos. El PSC y ex DP no se sumarán a la votación. Todo indica, entonces
que las reformas planteadas por el Ejecutivo entrarán en vigencia.
Pero los bloques tiene posiciones definidas ante ello.
El diputado socialcristiano José Alvear aseguró que la aprobación de la
Trole III se trata de un "tongo" entre la mayoría (DP, PRE, ID y
Pachakutik) y el Gobierno. "Están modificando la propuesta gubernamental
para que el Ejecutivo tenga para vetar el proyecto, para que quede
intacta la Trole II".
El ex demopopular Eliseo Azuero confirmó esta tesis al asegurar que las
reformas aprobadas son distintas a las que propuso el presidente Noboa.
La mayoría defiende el trabajo del Parlamento. Para Wilfrido Lucero (ID)
el Congreso "está haciendo lo mejor posible para componer una Ley que
está llena de errores". Además, afirmó que huele a chantaje la
declaración de Pedro Pinto, en el sentido que no se descarta que se dé un
veto parcial. Esta impresión la comparten el PRE y Pachackutik. (Texto
tomado de El Comercio)
Las playas no podrán venderse. El ICC del 0,8 por ciento estará vigente
hasta el 31 de diciembre.
El Congreso concluyó ayer, luego de tres días de sesión permanente, la
aprobación en segundo debate de las reformas a la Ley Trole que envió el
Ejecutivo con el carácter de urgente. Esa propuesta sufrió grandes
cambios.
Una de las disposiciones aprobadas establece que los municipios tendrán
la facultad de construir directamente aeropuertos o delegar esa
atribución a empresas mixtas o privadas mediante concesión.
Otro punto se refiere al tema del Consejo Aviación Civil, que estará
presidido por el Ministro de Defensa, mientras la Dirección de Aviación
Civil tendrá como director a un oficial general en servicio activo de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que será nombrado por el Ministro de
Defensa.
El impuesto al ICC del 0,8 por ciento tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre próximo. En su reemplazo se establece, a partir del primero de
enero del 2001, la retención por parte de las instituciones financieras
del 2 por mil (0.2 por ciento) de todas las operaciones de crédito,
depósito, cobro de cheques y otras. Además, se amplia a 180 días
adicionales el plazo para quienes adeudan a los bancos hasta 50 mil
dólares, para que reestructuren sus deudas.
También se establece que podrán ser concesionarios de canales de
televisión abierta, estaciones de radio y prensa escrita las personas
naturales ecuatorianas, cuyo capital tenga como máximo el 25 por ciento
de inversión extranjera.
Los trabajadores de las empresas tendrán derecho a las utilidades hasta
USD 6 mil anuales. El empleador que despida intempestivamente al
trabajador tendrá que indemnizarlo de la siguiente manera: hasta tres
años de servicio, el valor correspondiente a tres meses de remuneración;
de más de tres años, a un mes de remuneración por cada año de servicio.
La mayoría también aprobó la prohibición de la importación de vehículos
usados. Así derogó la disposición que constaba en el art. 160 de la Trole
II, que facultaba a las cooperativas de transporte, la importación de
vehículos de hasta tres años de antigüedad.
Durante la jornada también se aprobó una disposición que prohíbe la venta
de las playas a las empresas privadas. El texto dice que las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, no podrán adquirir con
fines de explotación económica, ni celebrar contratos de concesión,
tierras ubicadas en zonas de seguridad nacional (playas).
En lo referente al sector eléctrico el Congreso incluyó una norma donde
se establece que solo podrá venderse el 49 por ciento de las acciones de
la empresa Hidropaute, encargada de generar electricidad.
Además, se aprobó una reforma adicional donde se destinará el 25 por
ciento de los ingresos del Fondo de Solidaridad al financiamiento del
programa de maternidad gratuita. Los fondos para la aplicación de esta
ley, que busca asegurar la atención gratuita de las mujeres embarazadas y
los niños menores de cinco años en todo el país, están garantizados. El
documento especifica que en ningún caso la asignación podrá ser menor a
los USD 15 millones anuales.
En cuanto al tema de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se crearon
varios tributos para financiar a esa entidad. Entre ellos, que se
destinen 10 dólares de la matriculación anual de los automotores
registrados en Guayas, cuyo avalúo supere los 10 000 dólares. El impuesto
subirá a USD 15, si el avalúo es mayor. También se recaudará el dos por
ciento de las cantidades que se jueguen en los hipódromos.
La Secretaría del Congreso remitió una comunicado al Ejecutivo
informándole la aprobación del texto.
El veto parcial al documento está en camino
El Gobierno adoptó una posición de silencio, respecto a la Trole III,
hasta conocer exactamente cuáles son las reformas que el Congreso
introducirá al texto una vez que los apruebe. El plazo del Legislativo
para remitirlo al Ejecutivo concluye hoy.
Sin embargo, el presidente encargado, Pedro Pinto, en una rueda de
prensa, dejó entrever algunas pistas. En primer lugar acepta que, hasta
antier, los legisladores aprobaron varias de las reformas más
controvertidas y lo hicieron apegados lo más posible a lo que el
presidente Gustavo Noboa propuso en su iniciativa hace un mes. En segundo
lugar, confirmó que el Gobierno no vetará totalmente el texto, pero sí
hará algunas observaciones a artículos puntuales, dijo, sin precisar
cuáles serán estos.
De allí que si el Ejecutivo va por ese lado el Congreso tiene dos
caminos: aceptar el veto con el voto de la mayoría de sus miembros (62);
o ratificar el texto aprobado con el voto de las dos terceras partes
(82). La segunda opción no es viable, porque la mayoría solo reúne 68
votos. El PSC y ex DP no se sumarán a la votación. Todo indica, entonces
que las reformas planteadas por el Ejecutivo entrarán en vigencia.
Pero los bloques tiene posiciones definidas ante ello.
El diputado socialcristiano José Alvear aseguró que la aprobación de la
Trole III se trata de un "tongo" entre la mayoría (DP, PRE, ID y
Pachakutik) y el Gobierno. "Están modificando la propuesta gubernamental
para que el Ejecutivo tenga para vetar el proyecto, para que quede
intacta la Trole II".
El ex demopopular Eliseo Azuero confirmó esta tesis al asegurar que las
reformas aprobadas son distintas a las que propuso el presidente Noboa.
La mayoría defiende el trabajo del Parlamento. Para Wilfrido Lucero (ID)
el Congreso "está haciendo lo mejor posible para componer una Ley que
está llena de errores". Además, afirmó que huele a chantaje la
declaración de Pedro Pinto, en el sentido que no se descarta que se dé un
veto parcial. Esta impresión la comparten el PRE y Pachackutik. (Texto
tomado de El Comercio)
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