Quito. 30 jun 2000. El presidente Gustavo Noboa no quiere perder
más tiempo en el tema de la modernización del Estado. El martes en
la noche anunció en Guayaquil que el próximo lunes enviará al
Congreso la segunda parte de la Ley de Transformación Económica
(Trolebús II). Y lo hizo bajo la advertencia de que si los
legisladores no la aprueban "el país sabrá quiénes hacen
ingobernable al Ecuador".
Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo llegará al Parlamento sin
que por el momento tenga el consenso entre los bloques para su
aprobación.
Las explicaciones que dio el Consejo Nacional de Modernización
(Conam) sobre la Ley Trole II a los bloques legislativos no fueron
suficientes para conocer el borrador del proyecto, que fue
distribuido a diputados de esos bloques a principios de este mes.
Ricardo Noboa, titular del Conam se reunió formalmente con los
diputados de la DP e ID, y de manera informal con algunos del PSC.
Con el resto de bancadas no discutió el borrador. Y lo que es más,
varios diputados ni siquiera tienen una copia del documento. Así,
lo reveló, por ejemplo el roldosista Marco Proaño, mientras que el
conservador Aníbal Nieto recién lo recibió el martes. Por eso, las
posiciones de los bloques frente a las reformas legales se
definirán la próxima semana, cuando el pleno reinicie sus
actividades, luego del receso de un mes que concluye el domingo.
El proyecto llegará al Parlamento con el carácter de urgente, es
decir, que el Legislativo tendrá un plazo de 30 días, contados a
partir de la fecha de su envío, para aprobarlo o negarlo.
Los dos bloques más fuertes numéricamente, los socialcristianos
(27) y demopopulares (36), coinciden en que el país debe ir en la
línea de la modernización, pero que el documento del Ejecutivo
tendrá que ser sometido a modificaciones. Al menos ese es el
criterio de Enrique Camposano (PSC), y Ramiro Rivera, Juan Manuel
Fuertes y Raúl Hurtado (DP). Eso, porque, por ejemplo, en el caso
de los socialcristianos, solo Xavier Neira, jefe de bloque, se
reunión con los técnicos y autoridades del Conam. Los demás
diputados si bien conocen el documento creen que en el debate se
podrá analizar más detenidamente las reformas, para dar paso a una
modernización "seria y honesta" dice Camposano.
Mientras que la DP asegura que en el encuentro que mantuvieron con
Ricardo Noboa fue para intercambiar conceptos. "Ahí se habló de
los objetivos de la propuesta. Por eso, mal haríamos en decir que
respaldamos en su integridad el documento", opinó Fuertes. Rivera,
en cambio, considera que "sin un debate profundo la Ley no será
aprobada con facilidad". Él cuestiona que con los títulos de la
deuda pública se quiera comprar empresas y activos del Estado. "Me
parece casi un asalto, porque se corre el riesgo de subvalorar los
activos y sobrevalorar papeles de la deuda que en el mercado
internacional están bastante subvalorados". Además, aclara que el
bloque de la DP no es bancada del Gobierno. "Yo interpreto el
sentir de varios diputados de mi partido".
Sobre la advertencia del Presidente de la República, Fuertes
respondió que "eso de poner al Parlamento contra las cuerdas no es
lo más conveniente". Y el PSC a través de Camposano se limitó a
señalar que las palabras de Noboa fueron parte de un discurso
fogoso y que el Congreso tiene 30 días para analizar el documento.
La posición que adopten la DP y el PSC será clave para que pasen
las reformas.
En el plano más opositor están los bloques de la ID, PRE,
Pachakutik y MPD, que anticipadamente señalan que no apoyarán las
reformas del Ejecutivo. El principal argumento de la ID, con el
que coinciden las otras bancadas, es que el documento es
inconstitucional, porque trata 19 temas distintos, pues "un
proyecto de ley debe referirse a uno en específico", según Henry
Llanes. Esa postura ya la conoció, la semana anterior, el
presidente del Conam, cuando mantuvo una reunión con este bloque.
Además, para la ID, el documento contiene dos puntos que son
cuestionables: que los bienes públicos activos pasen a ser regidos
por el derecho privado (Petroecuador será regido por la Ley de
Compañías); y es inconveniente que se canjee patrimonio público
por deuda pública (deuda externa e interna). "Ricardo Noboa
reconoció que la enajenación de bienes públicos, no todos, tienen
como objetivo sostener el proceso de dolarización. Nosotros nos
oponemos a eso", según Llanes.
Las principales reformas
Modernización * Las empresas mixtas o privadas podrán realizar la
prestación de servicios públicos y la exploración y explotación de
los recursos naturales no renovables, de propiedad del Estado.
Fondo de Solidaridad * Se podrá vender acciones de su propiedad en
el capital de las compañías constituidas mediante aporte de
activos de empresas y servicios públicos creados por ley.
Hidrocarburos * Son contratos de gestión compartida aquellos que
suscriba Petroecuador con empresas públicas o privadas, para
incrementar y optimizar la producción de hidrocarburos.
Petroecuador * Las empresas filiales de Petroecuador se
transforman en sociedades anónimas.
Minería * La concesión minera es permitida dentro del límite de
una hectárea mínima y 5 000 ha máximas.
Transporte * Hasta el 31 de diciembre del 2000 se se faculta a las
cooperativas legalmente constituidas la importación de vehículos
para el transporte público de buses y taxis, de hasta tres años de
uso.
Contrato de trabajo * El contrato a prueba será por 365 días y no
por 90, como rige actualmente. (Texto tomado de El Comercio)
más tiempo en el tema de la modernización del Estado. El martes en
la noche anunció en Guayaquil que el próximo lunes enviará al
Congreso la segunda parte de la Ley de Transformación Económica
(Trolebús II). Y lo hizo bajo la advertencia de que si los
legisladores no la aprueban "el país sabrá quiénes hacen
ingobernable al Ecuador".
Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo llegará al Parlamento sin
que por el momento tenga el consenso entre los bloques para su
aprobación.
Las explicaciones que dio el Consejo Nacional de Modernización
(Conam) sobre la Ley Trole II a los bloques legislativos no fueron
suficientes para conocer el borrador del proyecto, que fue
distribuido a diputados de esos bloques a principios de este mes.
Ricardo Noboa, titular del Conam se reunió formalmente con los
diputados de la DP e ID, y de manera informal con algunos del PSC.
Con el resto de bancadas no discutió el borrador. Y lo que es más,
varios diputados ni siquiera tienen una copia del documento. Así,
lo reveló, por ejemplo el roldosista Marco Proaño, mientras que el
conservador Aníbal Nieto recién lo recibió el martes. Por eso, las
posiciones de los bloques frente a las reformas legales se
definirán la próxima semana, cuando el pleno reinicie sus
actividades, luego del receso de un mes que concluye el domingo.
El proyecto llegará al Parlamento con el carácter de urgente, es
decir, que el Legislativo tendrá un plazo de 30 días, contados a
partir de la fecha de su envío, para aprobarlo o negarlo.
Los dos bloques más fuertes numéricamente, los socialcristianos
(27) y demopopulares (36), coinciden en que el país debe ir en la
línea de la modernización, pero que el documento del Ejecutivo
tendrá que ser sometido a modificaciones. Al menos ese es el
criterio de Enrique Camposano (PSC), y Ramiro Rivera, Juan Manuel
Fuertes y Raúl Hurtado (DP). Eso, porque, por ejemplo, en el caso
de los socialcristianos, solo Xavier Neira, jefe de bloque, se
reunión con los técnicos y autoridades del Conam. Los demás
diputados si bien conocen el documento creen que en el debate se
podrá analizar más detenidamente las reformas, para dar paso a una
modernización "seria y honesta" dice Camposano.
Mientras que la DP asegura que en el encuentro que mantuvieron con
Ricardo Noboa fue para intercambiar conceptos. "Ahí se habló de
los objetivos de la propuesta. Por eso, mal haríamos en decir que
respaldamos en su integridad el documento", opinó Fuertes. Rivera,
en cambio, considera que "sin un debate profundo la Ley no será
aprobada con facilidad". Él cuestiona que con los títulos de la
deuda pública se quiera comprar empresas y activos del Estado. "Me
parece casi un asalto, porque se corre el riesgo de subvalorar los
activos y sobrevalorar papeles de la deuda que en el mercado
internacional están bastante subvalorados". Además, aclara que el
bloque de la DP no es bancada del Gobierno. "Yo interpreto el
sentir de varios diputados de mi partido".
Sobre la advertencia del Presidente de la República, Fuertes
respondió que "eso de poner al Parlamento contra las cuerdas no es
lo más conveniente". Y el PSC a través de Camposano se limitó a
señalar que las palabras de Noboa fueron parte de un discurso
fogoso y que el Congreso tiene 30 días para analizar el documento.
La posición que adopten la DP y el PSC será clave para que pasen
las reformas.
En el plano más opositor están los bloques de la ID, PRE,
Pachakutik y MPD, que anticipadamente señalan que no apoyarán las
reformas del Ejecutivo. El principal argumento de la ID, con el
que coinciden las otras bancadas, es que el documento es
inconstitucional, porque trata 19 temas distintos, pues "un
proyecto de ley debe referirse a uno en específico", según Henry
Llanes. Esa postura ya la conoció, la semana anterior, el
presidente del Conam, cuando mantuvo una reunión con este bloque.
Además, para la ID, el documento contiene dos puntos que son
cuestionables: que los bienes públicos activos pasen a ser regidos
por el derecho privado (Petroecuador será regido por la Ley de
Compañías); y es inconveniente que se canjee patrimonio público
por deuda pública (deuda externa e interna). "Ricardo Noboa
reconoció que la enajenación de bienes públicos, no todos, tienen
como objetivo sostener el proceso de dolarización. Nosotros nos
oponemos a eso", según Llanes.
Las principales reformas
Modernización * Las empresas mixtas o privadas podrán realizar la
prestación de servicios públicos y la exploración y explotación de
los recursos naturales no renovables, de propiedad del Estado.
Fondo de Solidaridad * Se podrá vender acciones de su propiedad en
el capital de las compañías constituidas mediante aporte de
activos de empresas y servicios públicos creados por ley.
Hidrocarburos * Son contratos de gestión compartida aquellos que
suscriba Petroecuador con empresas públicas o privadas, para
incrementar y optimizar la producción de hidrocarburos.
Petroecuador * Las empresas filiales de Petroecuador se
transforman en sociedades anónimas.
Minería * La concesión minera es permitida dentro del límite de
una hectárea mínima y 5 000 ha máximas.
Transporte * Hasta el 31 de diciembre del 2000 se se faculta a las
cooperativas legalmente constituidas la importación de vehículos
para el transporte público de buses y taxis, de hasta tres años de
uso.
Contrato de trabajo * El contrato a prueba será por 365 días y no
por 90, como rige actualmente. (Texto tomado de El Comercio)
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