Los videos presentados por Renán Borbúa han desatado un escándalo que implica a la Tercera Sala de lo Penal y al hijo de uno de los magistrados. ¿Qué se esconde detrás?
Antes de haber siquiera cumplido su primer año de existencia, la nueva Corte Suprema de Justicia ya ha debido enfrentar señalamientos por la exculpación de Mahuad por el caso del congelamiento bancario y la supuestamente pretendida exculpación de los hermanos Isaías en el juicio por peculado.
Sin embargo, nada de eso es comparable con lo que se ha visto en los últimos días, una trama digna del más complejo thriller político y judicial, con acusaciones de cohecho, chantajes y presiones sobre la justicia. ¿Cuál es la historia y qué es lo que esconde este caso?
Primer acto: las injurias
En agosto de 2004, Renán Borbúa lanzó acusaciones contra Xavier Neira y Miguel Orellana, figuras del Partido Social Cristiano (PSC), en el contexto de movimientos para apartar al régimen de Lucio Gutiérrez de la influencia de esa agrupación política.
Diario El Universo publicó que Borbúa se había referido a Neira y Orellana como perros ladrones y en varios medios de comunicación el mismo personaje hizo denuncias sobre supuestos perjuicios a la empresa eléctrica de Guayaquil ocasionados por la compañía Publivía, de propiedad de Orellana.
Estas declaraciones públicas valieron que en los meses de octubre y noviembre de ese mismo año Xavier Neira y Miguel Orellana inicien juicios contra Renán Borbúa por injurias calumniosas.
La acción fue interpuesta en la Corte Superior de Guayaquil, a pesar de que al momento de realizar las declaraciones Borbúa continuaba siendo diputado, por lo que gozaba de inmunidad parlamentaria y fuero de Corte Suprema.
Según consta en actas, el Congreso Nacional recién aceptó su renuncia el siete de septiembre.
En mayo de este año, el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Gustavo Von Buchwald, emitió sentencia contra Renán Borbúa en los dos juicios: en el de Miguel Orellana le impuso 20 meses de cárcel y en el de Xavier Neira le impuso la pena máxima, de dos años de prisión, más el pago de cinco millones de dólares.
Para Borbúa, el fallo se vio motivado por las vinculaciones políticas de la Corte Superior de Guayaquil con el PSC.
La sanción impuesta a Borbúa fue alta, pues la pena máxima se impone considerando la alta peligrosidad del reo.
Y lo de los cinco millones de dólares por daños y perjuicios es irreal: El juez está obligado a fijar un monto de resarcimiento de perjuicios en función de una prueba que haga el actor.
Por ejemplo, si es que no he podido por esas afirmaciones gratuitas celebrar determinado contrato y esto me ha motivado una pérdida, explica el penalista Germánico Maya.
Para él, ese monto No es acorde con la realidad económica de ninguno de los reclamantes ni de los reclamados. Parecería que lo que se busca es sepultarlo a este señor de por vida.
Con todas estas razones, Renán Borbúa apela ambas sentencias. Entonces los casos suben a la Corte Suprema de Justicia, y tras el sorteo ambos van a parar a la Tercera Sala de lo Penal, presidida por Alfonso Zambrano Pasquel, y además integrada por Eduardo Franco y José Robayo. Aquí la historia da un giro.
Segundo acto: los Borbuvideos
Por la expectativa de que en la Corte Suprema se confirme la sentencia, Renán Borbúa tenía mucho de qué preocuparse.
Sin embargo, a través de un amigo común de sus hijos, él y Alfonso Zambrano Pasquel logran ponerse en contacto.
Hoy cada uno le endilga al otro la iniciativa del encuentro, pero da igual: en el mes de abril ambos se reunieron en la casa del magistrado para conversar.
Borbúa dice que en el encuentro el juez le pidió un millón de dólares para resolverle favorablemente el caso, y que le presentó a su hijo Alfonso Zambrano Vidal como la persona con la que debía continuar la negociación.
Zambrano Vidal trabajó como jefe de Vehículos en el Municipio de Guayaquil hasta que se desató el escándalo, y además tenía su propio negocio de venta de automotores.
Según Zambrano Pasquel, en cambio, Borbúa acudió a esa reunión a hablarle de que era un perseguido político y de que Asuma su defensa profesional, a lo que él dice que se negó por ser magistrado.
Agrega que ante la pregunta de cuánto le cobraría un buen abogado penalista por asumir su defensa, él respondió Que le podrían cobrar un honorario de un millón de dólares (algo que por cierto es desproporcionado para el medio).
Niega haber presentado a su hijo como emisario. Borbúa sostiene que tras retirarse de la reunión en la que supuestamente se le pidió dinero, meditó y decidió llevar las conversaciones más lejos, para recabar pruebas para documentar el abuso del que dice estaba siendo objeto.
Es así que a la siguiente reunión acudió con una grabadora de audio en el bolsillo, pero no le permitió captar adecuadamente el sonido.
Para el segundo encuentro, en mayo, invitó al supuesto emisario Zambrano Vidal a su casa, donde había instalado una cámara en un detector de humo.
Según se puede apreciar en la grabación, en esa oportunidad el hijo del magistrado se mostró incómodo y hasta cierto punto rehuyó a la conversación, aunque asintió sobre el hecho de que Borbúa se había reunido antes con su padre y sobre que le habían pedido un millón de dólares para darle una sentencia favorable.
También se mencionó la petición económica que supuestamente habían hecho los magistrados Eduardo Franco y José Robayo, a través del magistrado Zambrano.
La tercera grabación, del primero de junio, es la más comprometedora. Ahí Zambrano Vidal se muestra más suelto para hablar, la cámara está ubicada más cerca, detrás de un florero, y hay mejor audio.
Hasta entonces supuestamente se ha logrado una rebaja en el precio de la sentencia. Según se puede apreciar en la grabación, el supuesto emisario asiente en que la sentencia a favor de Borbúa cuesta 500.000 dólares, 200.000 para su padre y el resto para los otros dos magistrados de la Tercera Sala.
También le dice que Los otros dos magistrados están molestos; algo, no sé qué, hizo su abogado Mi papá habló con ellos (Eduardo Franco dijo) yo no me muero de hambre aquí ha venido este abogado Pavón (que representa a Borbúa) a decirme que 10.000 dólares, que no sé qué pero ninguno de los dos quiere menos de 150.000.
En la conversación, Zambrano Pasquel ofrece recibir los automóviles de Borbúa para venderlos y de ahí obtener parte del dinero necesario para pagar a los jueces, según lo que se escucha. Incluso calcula en 155.000 dólares el precio de tres carros.
También comenta sobre la presión política en el caso contra Borbúa, pero asegura que hay otro juicio que le interesa a Miguel Orellana en la Tercera Sala de lo Penal, y que a cambio de fallarle favorablemente en ese, conseguirá evitar disgustos con este otro, según le ha comentado su padre. Con esas grabaciones en la mano, Borbúa prepara su estrategia de ataque. Es aquí cuando aparecen las amenazas, los escándalos públicos y las contradicciones.
Tercer acto: pelea campal
Borbúa comenzó a mostrar el video a ciertas personas, según dice con el fin de pedir opinión sobre el tema.
Señala que se lo mostró a Luis Muñoz, presidente de la FENAJE, que se entusiasmó, y al ex diputado Leonardo Escobar, que le recomendó que se prepare mejor para presentarlos públicamente.
Además, el abogado de Borbúa le envió una copia del video al mismo Zambrano Pasquel.
Según el magistrado, tenía adjunta una nota que decía: Vea el video, y si no va a resolver sepa desde ya que se va a atener a las consecuencias. Zambrano Pasquel expresa que ante la amenaza denunció los hechos en la Fiscalía, el seis de junio, porque se consideraba chantajeado.
Sin embargo, cuando después de tres meses se desató el escándalo y el magistrado habló de esta denuncia, varios medios de comunicación acudieron a buscarla en la Fiscalía del Guayas pero no pudieron encontrarla.
Luego salió el fiscal Jorge Blum a decir que sí la tenían. Pero más allá de eso, lo cierto es que Zambrano Pasquel nunca se había acercado a reconocer la denuncia, por lo que no se podía iniciar ninguna investigación.
O sea, la denuncia fue un simple saludo a la bandera, a falta de su reconocimiento.
En ella se habla de la visita de Borbúa al domicilio de Zambrano Pasquel y supuestas ofertas de dinero, pero no se menciona explícitamente la existencia de videos. Además hay otra inconsistencia: Zambrano Pasquel dice que apenas recibió la supuesta amenaza y el video les comunicó el particular a los demás magistrados de la sala.
Sin embargo, el nueve de junio, tres días después de que Zambrano Pasquel presentó su documento en la Fiscalía, el magistrado Robayo dirigió a la Fiscal General una denuncia en la que sostiene que después de una conferencia en Quito se le acercó un desconocido a decirle: Doctor, haga algo en su favor y de la Corte Suprema, en Guayaquil hay un tipo, que utilizando el nombre de la Tercera Sala anda solicitando dinero.
Robayo no menciona ni el video ni los datos aportados por Zambrano Pasquel, que supuestamente ya conocía y que le afectaban.
Y una inconsistencia más: Zambrano Pasquel se inhibe de seguir conociendo el caso de Borbúa en el mes de julio. Correspondía que lo hiciera si estaba siendo chantajeado, pues eso le impedía ser un juez imparcial, pero según su propia versión esperó más de un mes para tomar la decisión.
Quizá parte de estas inconsistencias se expliquen en que según la versión de Renán Borbúa los videos fueron dados a conocer recién desde mediados de junio, y desde entonces comenzó a rumorarse sobre su existencia.
¿Qué escondería un eventual intento de distorsión de las fechas? Si existiera, quizá se explicaría por las ansias de pasar del banquillo de los acusados al de los acusadores, victimizándose. Lo cierto es que quedan muchas preguntas en el aire, y eso impide conocer todavía el final de la historia.
¿Por qué Renán Borbúa presenta los videos después de varios meses de haberlos captado? ¿Por qué le llegan primero los videos a Alfonso Zambrano Pasquel, a través del abogado de Borbúa? ¿Hubo chantaje? ¿Hubo efectivamente cohecho? ¿O hubo concusión? Si hubo cohecho o concusión, ¿participaron también los otros dos magistrados de la sala?
Esa es la parte de la historia que deberá escribir el comité encargado de investigar el caso, compuesto por Ana Abril, Héctor Cabrera y Alfredo Jaramillo.
Mientras tanto, es posible que ambos juicios contra Borbúa prescriban, por los retrasos ocasionados por la denuncia. Los plazos para resolverlos vencen en octubre y noviembre. Esto también hace pensar en lo conveniente que fue para Borbúa lanzar la denuncia recién ahora.
Acusaciones y defensa
El penalista Germánico Maya habla sobre lo que al parecer hay detrás de este caso, desde el punto de vista legal: Creo que hay cohecho y extorsión en el momento en el que se envía al hijo para que negocie, diciendo si quieres tu libertad te cuesta tanto.
Luego añade: Sería totalmente inocente (pensar) que está negociando por sus propios derechos y que fue a negociar un carro. En cuanto a lo que tiene que ver con los otros ministros, no creo que son directamente involucrados en el tema pero les salpica la actitud de este muchacho.
Deberían dar un ejemplo a la patria, renunciar e iniciar un juicio penal inmediatamente en contra de él y del magistrado Zambrano Pasquel.
El magistrado Eduardo Franco por su parte dice: Yo no puedo responder por lo que hagan terceras personas que no tienen nada que ver con la función judicial. Este es un problema entre el magistrado Zambrano, su hijo y el señor Borbúa.
Y el tercer magistrado, José Robayo, también niega estar involucrado: Yo me declaro inocente porque el señor Borbúa jamás ha dicho que ha conversado conmigo, que alguien de mi familia le haya llamado.
Zambrano Pasquel por su parte responde así: Mi hijo Alfonso fue víctima de una tramoya cuando de alguna manera y sin que se conozca todavía la autenticidad aparecen unos videos mediante los cuales se pretende inducir la idea de que estaría negociando algún fallo.
Agrega que en base a eso se lo quiso chantajear y sostiene que de cualquier manera esas grabaciones no tienen validez como pruebas, porque no fueron ordenadas por un juez. Por último, dice que no responde por su hijo: Todos respondemos por nuestros actos No es transferible.
Casos famosos de injurias
Raúl Gangotena
Por una columna de opinión escrita en diario El Universo en octubre de 1995, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, le interpuso un juicio por injurias a Raúl Gangotena.
La jueza Silvia Orejuela ordenó la prisión, pero luego se revocó la medida, en momentos en que Gangotena ejercía el cargo de Secretario General de la Administración, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén.
Rodrigo Fierro
Fue enjuiciado por León Febres-Cordero por una columna de opinión publicada en 2003.
En primera instancia, Fierro fue sentenciado a seis meses de prisión, pero en la Corte Superior se redujo a 30 días y se suspendió la pena en vista de la reputación del sindicado y de su edad. El juicio y la sentencia despertó gran cantidad de reclamos por atentar contra la libertad de expresión.
Abdalá Bucaram
La ex diputada Alexandra Vela presentó una denuncia contra Bucaram cuando la culpó de apropiarse de documentos sobre la muerte del ex mandatario Roldós.
Luego Jaime Nebot lo demandó por decirle que se había beneficiado económicamente de la construcción de la Vía Perimetral.
En ambos casos, Bucaram fue condenado a dos años de cárcel, pero por estar fuera del país no fue apresado y los casos prescribieron.
Ricardo Noboa
Ricardo Noboa fue acusado de injurias por el ex diputado José Alvear, a quien le atribuyó influencias sobre Pacifictel al tiempo que se desempeñaba como legislador.
Alvear ganó el juicio en dos instancias, pero solo consiguió una condena por injuria no calumniosa grave, que significa apenas un mes de prisión.
Noboa pidió la suspensión de la pena y evitó pasar días tras las rejas.
Por Carlos Xavier Gutiérrez
Antes de haber siquiera cumplido su primer año de existencia, la nueva Corte Suprema de Justicia ya ha debido enfrentar señalamientos por la exculpación de Mahuad por el caso del congelamiento bancario y la supuestamente pretendida exculpación de los hermanos Isaías en el juicio por peculado.
Sin embargo, nada de eso es comparable con lo que se ha visto en los últimos días, una trama digna del más complejo thriller político y judicial, con acusaciones de cohecho, chantajes y presiones sobre la justicia. ¿Cuál es la historia y qué es lo que esconde este caso?
Primer acto: las injurias
En agosto de 2004, Renán Borbúa lanzó acusaciones contra Xavier Neira y Miguel Orellana, figuras del Partido Social Cristiano (PSC), en el contexto de movimientos para apartar al régimen de Lucio Gutiérrez de la influencia de esa agrupación política.
Diario El Universo publicó que Borbúa se había referido a Neira y Orellana como perros ladrones y en varios medios de comunicación el mismo personaje hizo denuncias sobre supuestos perjuicios a la empresa eléctrica de Guayaquil ocasionados por la compañía Publivía, de propiedad de Orellana.
Estas declaraciones públicas valieron que en los meses de octubre y noviembre de ese mismo año Xavier Neira y Miguel Orellana inicien juicios contra Renán Borbúa por injurias calumniosas.
La acción fue interpuesta en la Corte Superior de Guayaquil, a pesar de que al momento de realizar las declaraciones Borbúa continuaba siendo diputado, por lo que gozaba de inmunidad parlamentaria y fuero de Corte Suprema.
Según consta en actas, el Congreso Nacional recién aceptó su renuncia el siete de septiembre.
En mayo de este año, el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Gustavo Von Buchwald, emitió sentencia contra Renán Borbúa en los dos juicios: en el de Miguel Orellana le impuso 20 meses de cárcel y en el de Xavier Neira le impuso la pena máxima, de dos años de prisión, más el pago de cinco millones de dólares.
Para Borbúa, el fallo se vio motivado por las vinculaciones políticas de la Corte Superior de Guayaquil con el PSC.
La sanción impuesta a Borbúa fue alta, pues la pena máxima se impone considerando la alta peligrosidad del reo.
Y lo de los cinco millones de dólares por daños y perjuicios es irreal: El juez está obligado a fijar un monto de resarcimiento de perjuicios en función de una prueba que haga el actor.
Por ejemplo, si es que no he podido por esas afirmaciones gratuitas celebrar determinado contrato y esto me ha motivado una pérdida, explica el penalista Germánico Maya.
Para él, ese monto No es acorde con la realidad económica de ninguno de los reclamantes ni de los reclamados. Parecería que lo que se busca es sepultarlo a este señor de por vida.
Con todas estas razones, Renán Borbúa apela ambas sentencias. Entonces los casos suben a la Corte Suprema de Justicia, y tras el sorteo ambos van a parar a la Tercera Sala de lo Penal, presidida por Alfonso Zambrano Pasquel, y además integrada por Eduardo Franco y José Robayo. Aquí la historia da un giro.
Segundo acto: los Borbuvideos
Por la expectativa de que en la Corte Suprema se confirme la sentencia, Renán Borbúa tenía mucho de qué preocuparse.
Sin embargo, a través de un amigo común de sus hijos, él y Alfonso Zambrano Pasquel logran ponerse en contacto.
Hoy cada uno le endilga al otro la iniciativa del encuentro, pero da igual: en el mes de abril ambos se reunieron en la casa del magistrado para conversar.
Borbúa dice que en el encuentro el juez le pidió un millón de dólares para resolverle favorablemente el caso, y que le presentó a su hijo Alfonso Zambrano Vidal como la persona con la que debía continuar la negociación.
Zambrano Vidal trabajó como jefe de Vehículos en el Municipio de Guayaquil hasta que se desató el escándalo, y además tenía su propio negocio de venta de automotores.
Según Zambrano Pasquel, en cambio, Borbúa acudió a esa reunión a hablarle de que era un perseguido político y de que Asuma su defensa profesional, a lo que él dice que se negó por ser magistrado.
Agrega que ante la pregunta de cuánto le cobraría un buen abogado penalista por asumir su defensa, él respondió Que le podrían cobrar un honorario de un millón de dólares (algo que por cierto es desproporcionado para el medio).
Niega haber presentado a su hijo como emisario. Borbúa sostiene que tras retirarse de la reunión en la que supuestamente se le pidió dinero, meditó y decidió llevar las conversaciones más lejos, para recabar pruebas para documentar el abuso del que dice estaba siendo objeto.
Es así que a la siguiente reunión acudió con una grabadora de audio en el bolsillo, pero no le permitió captar adecuadamente el sonido.
Para el segundo encuentro, en mayo, invitó al supuesto emisario Zambrano Vidal a su casa, donde había instalado una cámara en un detector de humo.
Según se puede apreciar en la grabación, en esa oportunidad el hijo del magistrado se mostró incómodo y hasta cierto punto rehuyó a la conversación, aunque asintió sobre el hecho de que Borbúa se había reunido antes con su padre y sobre que le habían pedido un millón de dólares para darle una sentencia favorable.
También se mencionó la petición económica que supuestamente habían hecho los magistrados Eduardo Franco y José Robayo, a través del magistrado Zambrano.
La tercera grabación, del primero de junio, es la más comprometedora. Ahí Zambrano Vidal se muestra más suelto para hablar, la cámara está ubicada más cerca, detrás de un florero, y hay mejor audio.
Hasta entonces supuestamente se ha logrado una rebaja en el precio de la sentencia. Según se puede apreciar en la grabación, el supuesto emisario asiente en que la sentencia a favor de Borbúa cuesta 500.000 dólares, 200.000 para su padre y el resto para los otros dos magistrados de la Tercera Sala.
También le dice que Los otros dos magistrados están molestos; algo, no sé qué, hizo su abogado Mi papá habló con ellos (Eduardo Franco dijo) yo no me muero de hambre aquí ha venido este abogado Pavón (que representa a Borbúa) a decirme que 10.000 dólares, que no sé qué pero ninguno de los dos quiere menos de 150.000.
En la conversación, Zambrano Pasquel ofrece recibir los automóviles de Borbúa para venderlos y de ahí obtener parte del dinero necesario para pagar a los jueces, según lo que se escucha. Incluso calcula en 155.000 dólares el precio de tres carros.
También comenta sobre la presión política en el caso contra Borbúa, pero asegura que hay otro juicio que le interesa a Miguel Orellana en la Tercera Sala de lo Penal, y que a cambio de fallarle favorablemente en ese, conseguirá evitar disgustos con este otro, según le ha comentado su padre. Con esas grabaciones en la mano, Borbúa prepara su estrategia de ataque. Es aquí cuando aparecen las amenazas, los escándalos públicos y las contradicciones.
Tercer acto: pelea campal
Borbúa comenzó a mostrar el video a ciertas personas, según dice con el fin de pedir opinión sobre el tema.
Señala que se lo mostró a Luis Muñoz, presidente de la FENAJE, que se entusiasmó, y al ex diputado Leonardo Escobar, que le recomendó que se prepare mejor para presentarlos públicamente.
Además, el abogado de Borbúa le envió una copia del video al mismo Zambrano Pasquel.
Según el magistrado, tenía adjunta una nota que decía: Vea el video, y si no va a resolver sepa desde ya que se va a atener a las consecuencias. Zambrano Pasquel expresa que ante la amenaza denunció los hechos en la Fiscalía, el seis de junio, porque se consideraba chantajeado.
Sin embargo, cuando después de tres meses se desató el escándalo y el magistrado habló de esta denuncia, varios medios de comunicación acudieron a buscarla en la Fiscalía del Guayas pero no pudieron encontrarla.
Luego salió el fiscal Jorge Blum a decir que sí la tenían. Pero más allá de eso, lo cierto es que Zambrano Pasquel nunca se había acercado a reconocer la denuncia, por lo que no se podía iniciar ninguna investigación.
O sea, la denuncia fue un simple saludo a la bandera, a falta de su reconocimiento.
En ella se habla de la visita de Borbúa al domicilio de Zambrano Pasquel y supuestas ofertas de dinero, pero no se menciona explícitamente la existencia de videos. Además hay otra inconsistencia: Zambrano Pasquel dice que apenas recibió la supuesta amenaza y el video les comunicó el particular a los demás magistrados de la sala.
Sin embargo, el nueve de junio, tres días después de que Zambrano Pasquel presentó su documento en la Fiscalía, el magistrado Robayo dirigió a la Fiscal General una denuncia en la que sostiene que después de una conferencia en Quito se le acercó un desconocido a decirle: Doctor, haga algo en su favor y de la Corte Suprema, en Guayaquil hay un tipo, que utilizando el nombre de la Tercera Sala anda solicitando dinero.
Robayo no menciona ni el video ni los datos aportados por Zambrano Pasquel, que supuestamente ya conocía y que le afectaban.
Y una inconsistencia más: Zambrano Pasquel se inhibe de seguir conociendo el caso de Borbúa en el mes de julio. Correspondía que lo hiciera si estaba siendo chantajeado, pues eso le impedía ser un juez imparcial, pero según su propia versión esperó más de un mes para tomar la decisión.
Quizá parte de estas inconsistencias se expliquen en que según la versión de Renán Borbúa los videos fueron dados a conocer recién desde mediados de junio, y desde entonces comenzó a rumorarse sobre su existencia.
¿Qué escondería un eventual intento de distorsión de las fechas? Si existiera, quizá se explicaría por las ansias de pasar del banquillo de los acusados al de los acusadores, victimizándose. Lo cierto es que quedan muchas preguntas en el aire, y eso impide conocer todavía el final de la historia.
¿Por qué Renán Borbúa presenta los videos después de varios meses de haberlos captado? ¿Por qué le llegan primero los videos a Alfonso Zambrano Pasquel, a través del abogado de Borbúa? ¿Hubo chantaje? ¿Hubo efectivamente cohecho? ¿O hubo concusión? Si hubo cohecho o concusión, ¿participaron también los otros dos magistrados de la sala?
Esa es la parte de la historia que deberá escribir el comité encargado de investigar el caso, compuesto por Ana Abril, Héctor Cabrera y Alfredo Jaramillo.
Mientras tanto, es posible que ambos juicios contra Borbúa prescriban, por los retrasos ocasionados por la denuncia. Los plazos para resolverlos vencen en octubre y noviembre. Esto también hace pensar en lo conveniente que fue para Borbúa lanzar la denuncia recién ahora.
Acusaciones y defensa
El penalista Germánico Maya habla sobre lo que al parecer hay detrás de este caso, desde el punto de vista legal: Creo que hay cohecho y extorsión en el momento en el que se envía al hijo para que negocie, diciendo si quieres tu libertad te cuesta tanto.
Luego añade: Sería totalmente inocente (pensar) que está negociando por sus propios derechos y que fue a negociar un carro. En cuanto a lo que tiene que ver con los otros ministros, no creo que son directamente involucrados en el tema pero les salpica la actitud de este muchacho.
Deberían dar un ejemplo a la patria, renunciar e iniciar un juicio penal inmediatamente en contra de él y del magistrado Zambrano Pasquel.
El magistrado Eduardo Franco por su parte dice: Yo no puedo responder por lo que hagan terceras personas que no tienen nada que ver con la función judicial. Este es un problema entre el magistrado Zambrano, su hijo y el señor Borbúa.
Y el tercer magistrado, José Robayo, también niega estar involucrado: Yo me declaro inocente porque el señor Borbúa jamás ha dicho que ha conversado conmigo, que alguien de mi familia le haya llamado.
Zambrano Pasquel por su parte responde así: Mi hijo Alfonso fue víctima de una tramoya cuando de alguna manera y sin que se conozca todavía la autenticidad aparecen unos videos mediante los cuales se pretende inducir la idea de que estaría negociando algún fallo.
Agrega que en base a eso se lo quiso chantajear y sostiene que de cualquier manera esas grabaciones no tienen validez como pruebas, porque no fueron ordenadas por un juez. Por último, dice que no responde por su hijo: Todos respondemos por nuestros actos No es transferible.
Casos famosos de injurias
Raúl Gangotena
Por una columna de opinión escrita en diario El Universo en octubre de 1995, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, le interpuso un juicio por injurias a Raúl Gangotena.
La jueza Silvia Orejuela ordenó la prisión, pero luego se revocó la medida, en momentos en que Gangotena ejercía el cargo de Secretario General de la Administración, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén.
Rodrigo Fierro
Fue enjuiciado por León Febres-Cordero por una columna de opinión publicada en 2003.
En primera instancia, Fierro fue sentenciado a seis meses de prisión, pero en la Corte Superior se redujo a 30 días y se suspendió la pena en vista de la reputación del sindicado y de su edad. El juicio y la sentencia despertó gran cantidad de reclamos por atentar contra la libertad de expresión.
Abdalá Bucaram
La ex diputada Alexandra Vela presentó una denuncia contra Bucaram cuando la culpó de apropiarse de documentos sobre la muerte del ex mandatario Roldós.
Luego Jaime Nebot lo demandó por decirle que se había beneficiado económicamente de la construcción de la Vía Perimetral.
En ambos casos, Bucaram fue condenado a dos años de cárcel, pero por estar fuera del país no fue apresado y los casos prescribieron.
Ricardo Noboa
Ricardo Noboa fue acusado de injurias por el ex diputado José Alvear, a quien le atribuyó influencias sobre Pacifictel al tiempo que se desempeñaba como legislador.
Alvear ganó el juicio en dos instancias, pero solo consiguió una condena por injuria no calumniosa grave, que significa apenas un mes de prisión.
Noboa pidió la suspensión de la pena y evitó pasar días tras las rejas.
Por Carlos Xavier Gutiérrez
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