Quito. 11.01.94. La compañía Texaco desconoció la auditoría
ambiental practicada por el gobierno ecuatoriano al término de
sus operaciones en el país en 1992, pero reconocerá 8.8 millones
de dólares por aspectos técnicos y tributarios.
"En la auditoría técnica hemos acordado un pago de 3,8 millones
de dólares en favor del Estado por reparación de equipos y 5
millones (10 mil millones de sucres) por asuntos de orden
tributario", declaró a HOY el mandatario de Texaco en el Ecuador,
Rodrigo Pérez.
Explicó que la compañía aceptó cancelar esos haberes en aras a
buscar un consenso o una forma de arreglo a los problemas
surgidos entre el gobierno nacional y su representada, pese a que
"si se toman en cuenta los verdaderos montos existe un saldo
favorable a Texaco".
"De eso no tenemos la menor duda, nuestras reclamaciones están ya
sacramentadas y ejecutoriadas", enfatizó el mandatario, quien
descartó que la compañía haya incurrido en daños al medio
ambiente.
Pérez aseguró que hay buena voluntad de ambas partes para
sentarse a conversar y llegar a un acuerdo de mutua aceptación,
aunque manifestó que políticamente va a ser muy difícil que el
Estado admita que tiene deudas pendientes que saldar con la
compañía. En todo caso, Texaco está dispuesta a escuchar alguna
propuesta del gobierno y si es razonable, llegar a un acuerdo.
Texaco, que operó en el Ecuador por 25 años, tiene implantadas
desde 1972 seis demandas al Estado, principalmente por el
suministro de crudo a Petroecuador para consumo interno y
exportación de derivados, a precios inferiores a los fijados por
el gobierno para esas actividades.
TEXACO SE DEFIENDE
Rodrigo Pérez, mandatario de la Texaco, dijo que es un asunto que
se viene arrastrando desde hace algún tiempo. La auditoría
ambiental se planteó en el gobierno anterior, ha seguido un
proceso y hasta hoy no hay un pronunciamiento final.
Saldo favorable a la compañía. Es difícil saber porque aún no
existe el monto de la auditoría ambiental.
La auditoría de las instalaciones del ex consorcio
Petroecuador-Texaco también fue hecha como resultado de la
entrega de las operaciones a Petroecuador en 1990. Es una
situación que hemos venido discutiendo por casi cuatro años.
En cuanto a las auditorías fiscales, simplemente se trata de las
fiscalizaciones que se han venido haciendo desde 1972 y que
tampoco están todavía aclaradas.
De parte nuestro se ha hablado mucho respecto a las demandas en
contra del gobierno ecuatoriano. Estas demandas no son nuevas,
sino que se han venido haciendo a través de los años, pues las
reclamaciones a nivel directo con el ministerio de ex Recursos
Naturales, se hizo desde el primer día que empezamos la fase de
producción, es decir desde 1972.
Como resultado de esas reclamaciones nuestras constantes en 1977
se consiguió que el Estado acepte nuestra posición, reconozca que
teníamos razón, Inclusive se firmó un convenio entre ese
ministerio, CEPE, ministerio de Finanzas y Texaco, reconociendo
que la compañía tenía razón, pero jamás el Estado cumplió ese
convenio.
Entonces, lo único que estamos haciendo nosotros, como nunca se
cumplió ese convenio, estamos exigiendo que se nos compense por
la violación de ese convenio.
Son demandas antiguas que hemos venido haciendo durante todos
estos años que no han merecido ninguna atención de las
autoridades ni de las cortes, pero por alguna razón que no
sabemos se hicieron públicas las últimas demandas, por un monto
de unos 500 millones de dólares.
La base de esas demandas son de distinta naturaleza, pero casi
todas tienen el mismo fondo. La base es que de acuerdo con la
ley, las empresas que producen están obligadas a suministrar
crudo para consumo interno y el gobierno o Petroecuador paga por
ese crudo a un precio que establecen ellos que siempre es
muchísimo menor que el precio internacional o real, es decir que
en el fondo lo que están es las compañías productoras subsidiando
el valor de la gasolina cuando era barata en el Ecuador, ahora ya
no lo es.
Pero en la misma situación estaban City y Texaco, entregaban el
petróleo a Petroecuador a un precio bajísimo fijado por el
gobierno pero era la ley y no había nada que hacer. Siempre
luchábamos porque se mejore el precio porque era absurdo que
mientras internacionalmente estaba a 20, 25, 30 dólares el
barril, petroecuador pagaba a 1,48 y 2 dólares.
En fin esa era la ley, era injusto, si se quiere, una forma de
exigir a las empresas que subsidien el consumo, pero lo más grave
es que todo ese crudo que se entregaba para consumo interno más o
menos la mitad, Petroecuador lo refinaba y exportaba los
productos derivados. Entonces las compañías decían si ese crudo
se les entrega subsidiado lo venden en el Ecuador se justifica,
porque está sirviendo a la población, pero ustedes lo exportan a
precios de exportación y nos pagan a precio de consumo interno.
Tienen que pagarnos la diferencia.
Hemos insistido en todos los gobiernos y desde el 77 en que se
firmó el convenio en el que Petroecuador reconocía el problema en
favor de Texaco hemos estado reclamando hasta que ya viendo que
nadie nos hacía caso y era imposible empezamos a presentar las
demandas.
Las primeras demandas judiciales presentó Texaco en 1991 en el
gobierno de Rodrigo Borja.
No existe ninguna presión. Lo de la auditoría ambiental está
lista pero estas son demandas antiguas.
Esta demanda es la controvertida dentro de todo este proceso. Si,
es decir todas las otras se relacionan con el mismo tema de
consumo interno, pero son de distintas épocas. Pero básicamente
esas son las demandas que tenemos planteadas.
Inclusive hay una por falta de pago. Cuando el terremoto de 1987
se atrasaron como dos años en la cancelación de los haberes por
concepto de consumo interno por lo que se celebró un convenio de
pagos con Petroecuador en el cual se establecía unos plazos para
que se paguen las deudas atrasadas y se establecía que si no se
cumplían lo que se estipulaba, se pagaría intereses. El primer
período de gracia, fue que Texaco aceptó prorrogar el pago de las
deudas sin interés, pero una vez vencidos los nuevos plazos
tenían que reconocer los intereses y nunca nos pagaron.
No nos inventamos demandas para ejercer presión. No hay tal. Son
seis en total.
Dijo que Texaco en Quito no tiene ninguna declaración que hacer
porque se está manejando a nivel de cortes en Estados Unidos. No
hemos intervenido para nada, no tenemos ninguna injerencia dentro
de ese juicio. De ninguna manera está afectando nuestras
negociaciones que tanto el gobierno ecuatoriano como nosotros
hemos querido mantenerlo totalmente separado porque no tiene nada
que ver.
Desde su punto de vista estrictamente personal, creo que no tiene
ningún sustento jurídico, sino más bien es una situación política
o de buscar publicidad para este grupo de ecologistas. No existen
montos en la demanda y se habla de cosas un poco teóricas o
retóricas, no es una demanda seria en mi modo de ver, no tiene ni
pies ni cabeza.
UNA HISTORIA ANTIGUA
Las demandas instauradas por Texaco al Estado ecuatoriano datan
desde 1972, año en que la compañía inició la etapa de producción
de los campos hidrocarburíferos localizados en el centro de la
región amazónica.
"Estas demandas no son nuevas, las reclamaciones hechas
directamente al ministerio de ex Recursos Naturales (hoy de
Energía), se hicieron efectivas desde el primer día que empezamos
la fase de producción en 1972", dijo el mandatario de la compañía
en el Ecuador, Rodrigo Pérez.
Estado no cumplió
Explicó que como resultado de esas reclamaciones en 1977 el
Estado acepte la posición de la empresa, llegándose inclusive a
firmar un convenio entre dicho portafolio, el de Finanzas, la ex
CEPE y Texaco, "pero jamás el Estado cumplió lo acordado, por lo
que se fueron acumulando los valores".
Pérez, dijo que como nunca se cumplió el convenio, la compañía
exige hoy compensaciones.
La base de las demandas son de distinta naturaleza, pero casi
todas tienen el mismo fondo: el suministro de crudo por parte de
las operadoras para consumo interno a un precio pagado por
Petroecuador inferior al que ésta negociaba internamente o en el
mercado externo. "Siempre luchábamos porque se mejore el precio
porque era absurdo que mientras internacionalmente estaba a 20,
25, 30 dólares el barril, Petroecuador pagaba a 1,48 y 2 dólares,
lo que nos obligaba a exigir el pago de la diferencia".
Pérez aseguró que se insistió ente todos los gobiernos, pero
ninguno se interesó. Las primeras demandas judiciales presentó la
compañía en 1991, cuando gobernaba el país Rodrigo Borja.
Pero en el gobierno de León Febres Cordero, luego del terremoto
de 1987, hubo un retraso de dos años en la cancelación de los
haberes. (3A)
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