Quito. 05 sep 2001. El PSC estuvo feliz. La aprobación de las reformas al Código Penal que permiten la cumulación de penas hasta un máximo de 35 años fue la razón. Según el texto aprobado por el Congreso, esta se dará cuando un individuo cometa varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial. Es decir, violación, secuestro y robo con muerte de la víctima.
La suma de penas y el aumento de la condena de 16 a 25 años para el que cometa uno de esos delitos constituyen la parte medular de los cambios a esta Ley. Otro tema importante era la cadena perpetua, pero no tuvo acogida.
José Alvear, miembro del PSC, dijo que de esta manera, "estamos respondiendo a los requerimientos de la sociedad civil que exige el endurecimiento de las penas para disminuir los delitos execrables". La acumulación de penas hasta 35 años, tuvo el apoyo de 74 votos. Estos provinieron, del PSC, ID, DP, MIN, FRA, PSE, PC y los independientes Enrique Camposano y Polo Baquerizo.
Mientras tanto, Pachakutik, Stalin Vargas (MPD) y Káiser Arévalo (ind.) votaron en contra. El PRE se quedó solo en la votación: decidió abstenerse.
Uno de sus integrantes, Marco Proaño, se negó a votar, enojado porque el pleno suspendió el debate. Blasco Alvarado (DP), quien presidía la sesión, dispuso, a las 10:40, que se vote de manera nominativa la moción de José Cordero (DP), que fue la que se aprobó. El Presidente del Congreso era partidario de la acumulación de penas hasta 30 años, porque ya se había aprobado su incremento de 16 a 25 años. La ID también coincidía con ese criterio, pero conjuntamente con la DP, MIN y otros sectores legislativos finalmente cedieron a la tesis del PSC.
La bancada roldosista considera que la acumulación de penas no reducirá los delitos execrables. Adolfo Bucaram dijo que mientras no cambien el sistema judicial politizado, las condiciones infrahumanas de los centros de rehabilitación penal y no haya delincuentes ayudados por los jueces, los hechos delictivos no disminuirán. Para Proaño el problema no está en endurecer las penas, sino en mejorar las condiciones de vida.
Para hoy está pendiente la aprobación de nuevas condenas para el enriquecimiento ilícito. Ayer no se pudo votar.
El trámite de la Ley del IESS con retraso
El Consejo Administrativo de la Legislatura resolvió posponer, hasta la sesión de esta mañana, el tratamiento de la Ley de Seguridad Social (IESS). De hecho el tema consta como el último punto de la agenda. En primera instancia, según informó la Secretaría del Congreso el lunes al final de la tarde, este aspecto debía conocerse en la sesión de ayer. Sin embargo, a último minuto, se decidió esperar.
Rafael Sancho (DP), miembro del Consejo Administrativo, dijo que lo que se quiso evitar fue "sorprender a la sala" con el trámite de la iniciativa.
Los diputados Marco Proaño (PRE) y León Roldós (socialista) sugirieron que el Parlamento remita el cuerpo legal al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva el veto parcial en 30 días.
El artículo 154 de la Constitución, argumentan, establece que el organismo de control debe dar su pronunciamiento cuando una parte de la objeción presidencial a un proyecto de ley es por inconstitucionalidad.
En el interior del Consejo hay una corriente mayoritaria (que con seguridad se reflejará en el pleno legislativo) a favor de que el Congreso remita la propuesta directamente al TC, reconoció Sancho. Esto, además, evitará devolver la objeción a Noboa y, consecuentemente, que el Ejecutivo interprete como que los legisladores no se pronunciaron en los 30 días correspondientes y entre en vigencia la propuesta gubernamental.
El ministro de Gobierno, Juan Manrique, por su parte, señaló que no hay razón para que el veto del Ejecutivo vaya al organismo de control. Además, dijo que ese planteamiento responde a los intereses de un pequeño grupo de diputados.(Texto tomado de el Comercio)
La suma de penas y el aumento de la condena de 16 a 25 años para el que cometa uno de esos delitos constituyen la parte medular de los cambios a esta Ley. Otro tema importante era la cadena perpetua, pero no tuvo acogida.
José Alvear, miembro del PSC, dijo que de esta manera, "estamos respondiendo a los requerimientos de la sociedad civil que exige el endurecimiento de las penas para disminuir los delitos execrables". La acumulación de penas hasta 35 años, tuvo el apoyo de 74 votos. Estos provinieron, del PSC, ID, DP, MIN, FRA, PSE, PC y los independientes Enrique Camposano y Polo Baquerizo.
Mientras tanto, Pachakutik, Stalin Vargas (MPD) y Káiser Arévalo (ind.) votaron en contra. El PRE se quedó solo en la votación: decidió abstenerse.
Uno de sus integrantes, Marco Proaño, se negó a votar, enojado porque el pleno suspendió el debate. Blasco Alvarado (DP), quien presidía la sesión, dispuso, a las 10:40, que se vote de manera nominativa la moción de José Cordero (DP), que fue la que se aprobó. El Presidente del Congreso era partidario de la acumulación de penas hasta 30 años, porque ya se había aprobado su incremento de 16 a 25 años. La ID también coincidía con ese criterio, pero conjuntamente con la DP, MIN y otros sectores legislativos finalmente cedieron a la tesis del PSC.
La bancada roldosista considera que la acumulación de penas no reducirá los delitos execrables. Adolfo Bucaram dijo que mientras no cambien el sistema judicial politizado, las condiciones infrahumanas de los centros de rehabilitación penal y no haya delincuentes ayudados por los jueces, los hechos delictivos no disminuirán. Para Proaño el problema no está en endurecer las penas, sino en mejorar las condiciones de vida.
Para hoy está pendiente la aprobación de nuevas condenas para el enriquecimiento ilícito. Ayer no se pudo votar.
El trámite de la Ley del IESS con retraso
El Consejo Administrativo de la Legislatura resolvió posponer, hasta la sesión de esta mañana, el tratamiento de la Ley de Seguridad Social (IESS). De hecho el tema consta como el último punto de la agenda. En primera instancia, según informó la Secretaría del Congreso el lunes al final de la tarde, este aspecto debía conocerse en la sesión de ayer. Sin embargo, a último minuto, se decidió esperar.
Rafael Sancho (DP), miembro del Consejo Administrativo, dijo que lo que se quiso evitar fue "sorprender a la sala" con el trámite de la iniciativa.
Los diputados Marco Proaño (PRE) y León Roldós (socialista) sugirieron que el Parlamento remita el cuerpo legal al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva el veto parcial en 30 días.
El artículo 154 de la Constitución, argumentan, establece que el organismo de control debe dar su pronunciamiento cuando una parte de la objeción presidencial a un proyecto de ley es por inconstitucionalidad.
En el interior del Consejo hay una corriente mayoritaria (que con seguridad se reflejará en el pleno legislativo) a favor de que el Congreso remita la propuesta directamente al TC, reconoció Sancho. Esto, además, evitará devolver la objeción a Noboa y, consecuentemente, que el Ejecutivo interprete como que los legisladores no se pronunciaron en los 30 días correspondientes y entre en vigencia la propuesta gubernamental.
El ministro de Gobierno, Juan Manrique, por su parte, señaló que no hay razón para que el veto del Ejecutivo vaya al organismo de control. Además, dijo que ese planteamiento responde a los intereses de un pequeño grupo de diputados.(Texto tomado de el Comercio)
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