Quito. 07 oct 98. El Partido Social Cristiano no modificará su
propuesta. Fidel Jaramillo, ministro de Finanzas, es el
encargado de la negociación en el Congreso.

El debate de la reforma tributaria se mantiene aún a nivel
informal dentro del Congreso y no parece avanzar de forma
acelerada. Los contactos para llegar a una propuesta que sea
de consenso están en manos directas del ministro de Finanzas,
Fidel Jaramillo.

El objetivo: llegar a una fórmula que de alguna manera integre
las tres propuestas que hoy tienen puntos de coincidencia a
nivel de criterios. Esto es: el incremento de la base de
contribuyentes, el fortalecimiento del concepto de equidad y
justicia tributaria y el establecimiento de un esquema que
refleje un equilibrio entre la recaudación y los servicios que
se derivan de ellos.

Dos de las tres fórmulas que se manejan (una del Gobierno y
otra de la ID) plantean una reformulación del actual sistema
manteniendo como eje el impuesto a la renta con una
profundización en los mecanismos de cobro y sanción "al
evasor".

También hablan de la eliminación total de escudos fiscales y
(la ID se adhirió) de exenciones sin fin social.

La otra propuesta de Jaime Nebot (PSC) auspicia un nuevo
sistema, con la eliminación del impuesto a la renta y la
creación de otro de1 por ciento a la circulación del capital.

Desde el punto de vista técnico se maneja desde la semana
pasada una posibilidad: la de mantener el impuesto a la renta
(los porcentajes están en discusión, y oscilan entre el 0.5 y
el 15 por ciento) pero también aplicar el del 0.25 a las
transacciones.

En el primero se mantiene la figura del impuesto directo, es
decir que el que más tiene más paga, aunque el pago se haría
como anticipo a las utilidades. Mientras, al segundo se lo
valora como un buen mecanismo de retención... Alexandra Vela
(DP) pone énfasis en las cesiones que deberá animar a cada
bloque legislativo para llegar a una propuesta de consenso.

Desde el punto de vista político, esta fórmula parece tener
mayor fuerza legislativa. La DP abrió el debate en esos
términos. Hasta el momento solo la ID se ha involucrado en el
diálogo con el Ejecutivo y muestra cierta apertura.

Paco Moncayo sostiene que podría aplicarse el 1% con
correctivos y limitaciones, pues como están planteados hasta
los más pobres que hoy no pagaban lo harían. Pero, no con una
elusión sino con excepciones -como el anterior caso- podría
incorporarse. Además dice, sirve de mecanismo de retención si
se garantiza que no deberá ser devuelto...

El PRE tiene aproximaciones: habla de una reducción
considerable del porcentaje del IR. Para ellos la idea del 1%
es interesante y no descartable. León Roldós (PSE) destaca los
principios de equidad del IR pero reconoce al 1 por ciento
como buen mecanismo de retención...

Mientras, el PSC tiene sus reservas sobre una tesis mixta y se
prefiere mantener en "el purismo" de la propuesta del jefe de
bancada.

Jaime Nebot dijo que su bloque no aceptará una fórmula en que
se use el uno por ciento como anticipo del impuesto a la renta
por una razón sencilla: "el problema de fondo no se resuelve,
la evasión continuará porque alguien que se le retenga una
cantidad por el 1% alegará después que ha perdido y el Estado
deberá devolver esa cantidad en créditos tributarios, como hoy
se hace (es más lo que se devuelve que lo que se recauda)".

Nebot tiene sus argumentaciones de fondo: "no sirve ese tipo
de propuestas, porque el verdadero escudo fiscal es el
sistema: basta con declarar que se pierde para eludir el
impuesto". La fórmula mixta, sostiene, "desnaturaliza al 1%",
y más aún porque el PSC no está de acuerdo con la elevación
del IVA.

La negativa del PSC para incluirse en la vía mixta tiene
interpretaciones en los otros sectores. Una, es el costo
político que tendría en la práctica. En caso que tenga éxito
la incorporación del 1%, se ponderaría la propuesta; mientras
que dándose un fracaso se justificaría en la no aplicación
íntegra del nuevo esquema.

El PRE critica a Gustavo Noboa

El paro nacional del 1 de octubre volvió al seno del Congreso
y lo hizo con una inusitada polémica. Después de un cruce de
palabras con la Presidencia, el bloque del PRE dejó la sala en
señal de protesta por la actitud legislativa ante los efectos
de la huelga.

Una vez iniciada la sesión de ayer, el diputado Adolfo Bucaram
(PRE) criticó al Gobierno por la "dura represión" de la fuerza
pública durante las protestas. Pero, en medio de su efusiva
alocusión, Juan José Pons le quitó la palabra. Esto le
significó la protesta del bloque roldosista, que desencadenó
un duro cruce de palabras. Bucaram subió al estrado y se
colocó casi cara a cara con Pons.

Los roldosistas abandonaron la sala y anunciaron el inicio de
una acción penal contra Jamil Mahuad y la Ministra de
Gobierno. Uno de los resultados de esas acciones -según el
PRE- fue el deceso de un concejal de Esmeraldas. Pero los
cuestionamientos de los roldosistas se centraron en la
declaraciones del Vicepresidente de la República, quien habría
insinuado que el PRE fue el responsable por los desmanes y los
actos de vandalismo el día del paro. Para el PRE son falsas.

La reforma a la Comisión Anticorrupción avanza

El perfil de la Comisión Anticorrupción podría modificarse si
el Congreso decide acoger las sugerencias de la Comisión de lo
Civil y Penal dentro del informe de primer debate del proyecto
de Ley de Control Cívico de la Corrupción.

En ese proyecto presentado por Antonio Posso (Pachakutik) se
establece los principios de la Constitución vigente (Art. 220)
que fueron incorporados por la Asamblea Nacional, que habla de
la conformación de la Comisión Anticorrupción desde las
instituciones de la sociedad civil y a través de colegios
electorales.

El informe establece que las instituciones que podrán designar
a un miembro principal para la Comisión Anticorrupción son:
las universidades y las escuelas politécnicas, la Federación
de Colegios Profesionales, la Asociación de Medios de
Comunicación y la Federación Nacional de Periodistas, las
Cámaras de la Producción, las centrales sindicales y las
organizaciones indígenas, afroecuatorianas y campesinas, las
organizaciones de mujeres y las organizaciones de derechos
humanos y de defensa de los consumidores.

La Comisión de lo Civil decidió eliminar del proyecto la
figura de la inmunidad para los miembros de la Comisión por
considerar que eso es un derecho privativo constitucional de
los diputados. Unicamente se contempla el fuero de corte. Un
requisito básico, es no ser militante de un partido político.

El proyecto también define las atribuciones de la Comisión,
entre ellas, la de conocer e investigar casos de corrupción y
proceder de oficio o a solicitud de parte, solicitar los
documentos a instituciones públicas o privadas, remitir los
informes finales de todos los proceso a la Contraloría General
del Estado y al Ministerio Público.

Además se contemplan las causales de destitución de los
miembros de la Comisión, que incluyen la apertura de una etapa
plenaria, la divulgación de la reserva de información de la
investigación, no excusarse en procesos que tenga conflicto de
interés, incurrir en culpa grave en el ejercicio de sus
funciones y el obstaculizar deliberadamente un proceso de
investigación.

El informe de primer debate estaba incluido en el orden de la
sesión de ayer y tiene una base de apoyo importante. Seis de
los siete vocales de la Comisión de lo Civil y Penal firmaron
el documento y representan a los diversos sectores políticos.

En caso de que se apruebe esta ley, los actuales miembros de
Anticorrupción podrían ser reemplazados por aquellos que sean
sugeridos por los colegios electorales. Por lo que la
permanencia de sus miembros se definiría en las próximas
semanas. (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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