ESTABA PREVISTA para dos años, ya pasaron tres y todavía se va para largo.
La construcción de un pedazo de vía proyectada para dos años lleva tres y aún "va para largo".
LA CONTRATISTA PRESENTÓ dos amparos constitucionales en contra de la terminación unilateral por incumplimiento del avance de la obra.
Tramo Puyo-Macas-Puente Pastaza, de la Troncal Amazónica, contratado con la empresa Troexa. Está ubicado entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago
Tres años y cuatro meses han transcurrido desde que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmó un contrato con la compañía Troexa para la reconstrucción de un tramo de 61,91 kilómetros de la carretera Troncal Amazónica, pero la obra no está terminada.
El contrato se firmó el 14 de enero de 2003. El valor convenido fue de $9,5 millones, de los cuales el MOP entregó un anticipo del 30% ($2,8 millones) y el plazo de entrega era de dos años.
Para septiembre de 2003, el Ministerio concedió una ampliación del plazo por cuatro meses, es decir la obra debía estar concluida el 15 de mayo de 2005.
Pero los trabajos seguían rezagados, y así transcurrió el tiempo hasta que la entidad estatal decidió rescindir unilateralmente el contrato, porque la empresa solo había cumplido el 25% del cronograma, pero había usado el 64% del plazo.
Esto consta en la resolución del 17 de noviembre de 2004, del ex ministro Estuardo Peñaherrera.
Doce días después, Troexa presentó un amparo constitucional en el Juzgado Sexto de lo Civil del Guayas. La constructora se oponía a una notificación previa en la que el MOP avisaba sobre el inicio del trámite de terminación unilateral del contrato.
En este proceso, la defensa de la compañía estuvo a cargo de Ignacio Ochoa Morales, actual asesor jurídico del Ministerio. En lo esencial, él alegaba que el MOP no había pagado planillas atrasadas.
El juez aceptó el amparo, que luego subió al Tribunal Constitucional (TC). Para el 11 de enero de 2005, la primera sala de ese organismo revocó la resolución del juez guayaquileño y dio la razón al MOP.
Troexa no se conformó y presentó un nuevo amparo, cuenta Ochoa, quien dice haber representado a la compañía una sola vez. En el primer recurso.
En la nueva acción, la constructora impugnó la resolución de Peñaherrera, que había dejado insubsistente el contrato.
Así estaban las cosas cuando Derlis Palacios asumió el Ministerio, en abril de 2005. Por esas mismas fechas, el Congreso había destituido al TC.
El 11 de julio, el asesor jurídico del MOP, Ignacio Ochoa Morales, le informó al ministro que no había sustento legal para la terminación unilateral del contrato y que Troexa había desistido de continuar el segundo amparo. Un día después, Palacios resucitó el contrato.
Con todos los líos, el MOP aprobó una ampliación de plazo hasta el 15 de julio de este año; luego lo incrementó hasta el 25 de noviembre. El monto de la obra también creció: costará más de $17 millones. (AA/MCV)
La constructora es borrada del listado de incumplidos
EL MINISTRO se comprometió a dejar insubsistente la terminación del contrato y Troexa, a retirar el amparo
El ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, revocó la terminación unilateral del contrato y pidió a la Contraloría borrar a Troexa del registro de contratistas que no cumplen con el Estado.
Así sellaba un acuerdo con la empresa, el 9 de junio de 2005, a cambio del retiro del amparo. El documento lo firmaron, entre otros, el abogado de Troexa, Nicolás Ulloa Palacio, quien niega ser pariente del presidente de la República, Alfredo Palacio. Ulloa da asesoría legal a la constructora desde hace cinco años.
La resolución del ministro se sustentó en el informe de su asesor, Ignacio Ochoa Morales, quien confirmaba que el MOP estaba en mora con Troexa.
El funcionario sostenía que dos planillas presentadas por la constructora, de trabajos efectuados entre agosto y septiembre de 2004, no habían sido pagadas por el Ministerio.
Esto se fundamentaba en un informe del fiscalizador de la obra, Nelson Almeida, quien habría responsabilizado por la mora a las anteriores autoridades del MOP, encabezadas por Estuardo Peñaherrera.
Según el ex fiscalizador, las planillas nunca fueron tramitadas porque las autoridades habían decidido rescindir el contrato. Además, porque en esos días la Contraloría realizaba un examen especial, lo que interrumpió el trámite del pago. Actualmente, Almeida es asesor externo de Troexa. (AA/MCV)
"La obra terminará en cinco o seis años más"
POR AHORA HAY una nueva ampliación del plazo, debido a la escasez de diésel y al mal tiempo en la zona
El pasado 10 de abril, el tránsito vehicular en la vía Puyo-Macas fue bloqueado durante tres horas por moradores de las comunidades asentadas en sus alrededores.
Pedían que el MOP obligara a Troexa a acelerar la construcción e intensificar los trabajos de mantenimiento.
El presidente de la Junta Parroquial de Simón Bolívar, Óscar Sarmiento, dijo que el desarrollo de la obra es lento, por lo que el Gobierno debe buscar otra compañía.
Esto coincide con el criterio expresado el pasado 13 de diciembre por el ministro del ramo, Derlis Palacios, durante un recorrido: Por la forma cómo avanza, la obra terminará en cinco o seis años más.
En febrero, la colocación de la carpeta asfáltica fue de apenas un kilómetro. La cantidad se redujo en marzo.
Actualmente, el MOP tiene una nueva reprogramación. Allí se establece que el avance en el rubro de colocación asfáltica, debe ser de cuatro kilómetros al mes.
Fuentes cercanas al proyecto, que pidieron el anonimato, dijeron que el dueño de Troexa, Enrique Ayala Villavicencio, se negó a firmar el documento porque su intención sería construir dos kilómetros al mes.
Mientras tanto, el MOP aprobó una nueva ampliación de plazo. Las razones: escasez de diésel y el mal tiempo. En esta ocasión se prevé que la entrega será el 25 de noviembre de 2006. (EF)
Economía quita al MOP $15,5 millones por no presentar a tiempo los documentos
SEGÚN GENARO PEÑA ESTOS recursos corresponden a proyectos cuya contratación debe contar obligatoriamente con los informes de la Contraloría, de la Procuraduría y del MEF.
Facsímil del oficio enviado por el contralor General del Estado a la fiscal Cecilia Armas, en el que informa sobre el uso de los fondos asignados a Obras Públicas, mediante el decreto de emergencia 820-A firmado por Alfredo Palacio
El decreto ejecutivo que declaró la emergencia vial en el país se firmó después de que los fondos habían sido repartidos.
El 15 de noviembre pasado, el presidente de la República, Alfredo Palacio, distribuyó $36,6 millones para el mantenimiento emergente de las vías, sin haber firmado el correspondiente decreto de emergencia. Lo hizo mediante el decreto 820-A.
Un día después, con el decreto 824, declaró el estado de emergencia de las vías en todo el país.
Varios constructores, que pidieron mantener en reserva sus nombres, dijeron a BLANCO Y NEGRO que los organizadores de la repartición de los $36,6 millones ya sabían que luego vendría la declaratoria oficial de emergencia.
Incluso entregaron la copia de una carta enviada al presidente de la República, en la que denuncian sobre una supuesta repartición en grande de esos recursos y señalan otras irregularidades presuntamente cometidas en el Ministerio durante la actual administración.
La declaratoria de emergencia permite eludir los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Pública para la adjudicación de contratos, como las licitaciones.
Según el contralor general del Estado, Genaro Peña, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó para la emergencia $31,4 millones, de los cuales Derlis Palacios distribuyó $16,1 millones entre varios Municipios y dependencias del MOP.
De esos fondos, el Ministerio de Obras Públicas entregó $15,7 millones a los beneficiarios y quedó un saldo de compromisos por pagar de $201 471.
Pero sobraron $15,5 millones, de la asignación de $31,4 millones otorgada por la cartera de Economía.
Ese remanente tuvo que retornar a las cuentas de ese portafolio, pues el MOP nunca los pudo utilizar debido a que los proyectos a los que iban destinados obligatoriamente tenían que contar con los informes de la Procuraduría y Contraloría, que exige la Ley de Contratación Pública.
Según Peña, estos documentos no fueron entregados por el Ministerio de Obras Públicas con la oportunidad que el caso amerita.
La Fiscalía abrió una indagación previa para investigar este caso. (AA/MCV)
Palacios entrega anticipos pese a no haber contratos
POSTERIORMENTE, los papeles formaron parte de la emergencia y así se evitaron los procesos precontractuales.
El ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, entregó anticipos a las empresas Consermín, Fopeca y Constructora Nacional sin que existan contratos de por medio.
Así consta en una denuncia presentada a la Contraloría por el ex diputado Fernando Larrea Martínez, que recoge declaraciones efectuadas por Palacios durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, del pasado 16 de febrero.
Las empresas beneficiarias realizaron obras de mejoramiento en carreteras de varias provincias de la Amazonía.
El ministro afirmó que las contratistas realizaron las obras desde el 8 de julio de 2005 y por eso se les pagó los anticipos. Añadió que el MOP planificaba hacerlo vía contratos complementarios. Pero como estos sobrepasaban el 50% de los contratos originales, los incluyeron en el decreto de emergencia para evitar los procedimientos precontractuales (artículo 6 de la Ley de Contratación Pública). (AA/MCV)
Cámaras cuestionan decretos de emergencia
DIEGO DEL Castillo y José Centeno dicen que así se atropellan procedimiento.
Los presidentes de las Cámaras de la Construcción de Quito y Guayaquil cuestionaron la utilización de los decretos de emergencia.
El pasado 10 de abril enviaron un comunicado al presidente Alfredo Palacio, al contralor encargado Genaro Peña y al procurador José María Borja.
Diego del Castillo, de la Cámara de la Construcción de Quito, y José Centeno, de la Cámara de Guayaquil, hicieron un recuento histórico sobre las emergencias declaradas en el país.
La realidad ha demostrado que las zonas que efectivamente sufrieron los embates de la naturaleza no han sido beneficiadas con la declaratoria de emergencia, señalan.
Añaden que la evasión de los procesos licitatorios dan paso a la concentración de contratos en pocas empresas, las cuales, a la larga, incumplen o demoran las ejecuciones de las obras. Esto, porque gastan parte del capital destinado a los proyectos en asuntos que nada tienen que ver con la emergencia.
Ellos también resaltan que la utilización de mecanismos alternativos de contratación, con pretexto del estado de emergencia, lesionan los principios legales de la libre competencia profesional, violentan la garantía constitucional de igualdad y de la actividad de la construcción.
Por todo eso, Del Castillo y Centeno consideran que los contratos que se realizan en el marco de la emergencia deben someterse a la realización de auditorías, a fin de que haya responsables del manejo de esos recursos públicos. (AA/MCV)
"Perdimos $15,5 millones porque no había tiempo para convocar licitaciones públicas"
PARA EL MINISTRO de Obras Públicas no hay conflicto en que su actual asesor jurídico haya defendido anteriormente a Troexa en una audiencia de amparo en contra de ese portafolio.
El ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, dijo haber entregado abonos a tres empresas que ejecutaron obras en la Amazonía para evitar las paralizaciones
¿Cuándo termina el plazo para que Troexa entregue la obra?
El 15 de julio de 2006.
¿Cree que las obras concluirán en esa fecha?
No, la compañía está retrasada; estamos analizando un cronograma para que ellos puedan terminar o continúen a un ritmo justificable. Ha habido mucho retraso por parte de la contratista, pero no ha llegado aún al límite en el cual el MOP puede terminar unilateralmente el contrato.
¿Cuál es ese límite?
La ley les da el 5% de multas por retraso o por incumplimiento del cronograma.
¿Los retrasos encarecieron la obra? ¿En cuánto?
Obviamente los retrasos y reajustes la encarecen; no recuerdo el monto adicional porque hay rubros que han quedado cortos en su ejecución y deben aumentarse.
¿Por qué "revivió" el contrato si ya lo había rescindido su antecesor?
Como había un amparo de por medio, teníamos la obligación de hacerlo. Además no cabía la terminación unilateral porque el MOP debía a Troexa el pago de varias planillas.
Asimismo hubiésemos perdido mucho tiempo en el juicio y en la convocatoria de una nueva licitación; por eso pensábamos que la reanudación del contrato nos ahorraba tiempo y dinero. Pero no ha habido respuesta de la compañía y ahora estamos nuevamente en problemas.
El defensor de Troexa en la demanda de amparo, Ignacio Ochoa Morales, es ahora su asesor jurídico. Ahí hay un problema.
No. El asesor jurídico no interviene en los procesos relacionados con Troexa porque eso sería ilegal. Tengo entendido que Ochoa solo actuó en una audiencia en reemplazo de un abogado que no pudo asistir.
Pero hay conflicto de intereses.
No, porque eso significaría que ningún abogado que alguna vez defendió a una compañía podría ejercer luego un cargo público.
Usted reconoció en el Congreso haber pagado anticipos a tres empresas que no tenían contratos.
Esto se hizo el 8 julio del año pasado, luego de que en mayo fueron secuestrados por dirigentes amazónicos el entonces presidente de Petroecuador, Robert Pinzón, el ex presidente del Fondo de Solidaridad, Marcelo Arcos, y Elvis Cabrera.
A raíz de eso tuvimos que firmar los compromisos y les dimos los abonos, con las debidas garantías y los resguardos de ley.
Esos no eran documentos contractuales.
Sí, pero las obras empezaron a ejecutarse el 9 de julio. El MOP planeaba ordenar estos trabajos vía contratos complementarios para desarmar los paros en la Amazonía.
Pero luego no se actuó así y se los incluyó en un decreto de emergencia firmado por el presidente Palacio el 28 de diciembre.
Por el monto acumulado ya no era posible hacer contratos complementarios, ya que sobrepasaban el 50% de los montos originales. Entonces se decidió incluirlos en la emergencia, según el artículo 6 de la Ley de Contratación Pública.
¿Cuándo se firmaron efectivamente los contratos?
El pasado 20 de febrero recibimos el informe favorable del Ministerio de Economía y los protocolizamos un día después. Así pudimos evitar un nuevo paro que estaba anunciado para el 7 de enero.
¿Por qué Economía debitó al MOP $15,5 millones de los fondos para la emergencia?
Eran recursos provenientes del Cerep que debían ser utilizados en 24 contratos que nunca los llegamos a firmar.
¿Por qué?
Los fondos fueron asignados al MOP en los primeros días de diciembre de 2005 y nosotros estábamos obligados a realizar invitaciones, enviar a la Contraloría, Procuraduría y Ministerio de Economía para los informes de ley, luego firmar los contratos y desembolsar los fondos el 30 de diciembre.
Todo en menos de 20 días. Era físicamente imposible, no había tiempo suficiente. (AA/MCV)
PUNTO DE VISTA
Inquietan algunos baches en el MOP
La historia de la contratación pública con sus bemoles se repite en el país a cada rato y en cada Gobierno; las diferencias son apenas matices dados por la conducta de la autoridad y, quizá, por los nombres de los protagonistas; pero la esencia es idéntica.
Eso habría ocurrido con el contrato de un tramo de algo más de 61 kilómetros de la Troncal Amazónica, firmado en enero de 2003 por un valor de $9,5 millones.
Pasado el tiempo, vinieron los consabidos incumplimientos y retrasos por parte de la contratista, luego las supuestas sanciones, la rescisión del contrato por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la apelación de la "afectada" y, claro, el regreso al punto de partida; esto es a devolver la obra a la misma empresa a la que se le pretendía retirar.
¿Alguna novedad? Claro que no. Como se decía antes, esta es la historia cotidiana de un país manchado por las sospechas, las suspicacias y hasta las ilegalidades.
Lo novedoso en este informe de BLANCO y NEGRO es que se muestra que, al parecer, se podría haber incurrido en conflicto de intereses, puesto que los nombres de los involucrados en un momento dado se cruzan.
Veamos: la misma persona que en un momento defendió a la empresa contratista en los tribunales ante cuestionamientos del MOP hoy trabaja para el Ministerio, y esa condición "propicia" que la empresa que había perdido la obra vuelva a tomarla a su cargo.
Y hay más: quien tuvo a su cargo la fiscalización de la obra, en nombre del Ministerio, hoy es asesor de la empresa a la que en un momento dado fiscalizó.
¿Esto sucede en otros casos y no hay problema, como dice el ministro Palacios?
Es probable que sí. Pero las decisiones han sembrado ciertas dudas, como también las hay en la distribución de los dineros "entregados" por la emergencia, antes que se hubiese firmado el decreto, que dejan ver ciertos baches en el MOP. (TFF)(Blanco y Negro)
La construcción de un pedazo de vía proyectada para dos años lleva tres y aún "va para largo".
LA CONTRATISTA PRESENTÓ dos amparos constitucionales en contra de la terminación unilateral por incumplimiento del avance de la obra.
Tramo Puyo-Macas-Puente Pastaza, de la Troncal Amazónica, contratado con la empresa Troexa. Está ubicado entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago
Tres años y cuatro meses han transcurrido desde que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmó un contrato con la compañía Troexa para la reconstrucción de un tramo de 61,91 kilómetros de la carretera Troncal Amazónica, pero la obra no está terminada.
El contrato se firmó el 14 de enero de 2003. El valor convenido fue de $9,5 millones, de los cuales el MOP entregó un anticipo del 30% ($2,8 millones) y el plazo de entrega era de dos años.
Para septiembre de 2003, el Ministerio concedió una ampliación del plazo por cuatro meses, es decir la obra debía estar concluida el 15 de mayo de 2005.
Pero los trabajos seguían rezagados, y así transcurrió el tiempo hasta que la entidad estatal decidió rescindir unilateralmente el contrato, porque la empresa solo había cumplido el 25% del cronograma, pero había usado el 64% del plazo.
Esto consta en la resolución del 17 de noviembre de 2004, del ex ministro Estuardo Peñaherrera.
Doce días después, Troexa presentó un amparo constitucional en el Juzgado Sexto de lo Civil del Guayas. La constructora se oponía a una notificación previa en la que el MOP avisaba sobre el inicio del trámite de terminación unilateral del contrato.
En este proceso, la defensa de la compañía estuvo a cargo de Ignacio Ochoa Morales, actual asesor jurídico del Ministerio. En lo esencial, él alegaba que el MOP no había pagado planillas atrasadas.
El juez aceptó el amparo, que luego subió al Tribunal Constitucional (TC). Para el 11 de enero de 2005, la primera sala de ese organismo revocó la resolución del juez guayaquileño y dio la razón al MOP.
Troexa no se conformó y presentó un nuevo amparo, cuenta Ochoa, quien dice haber representado a la compañía una sola vez. En el primer recurso.
En la nueva acción, la constructora impugnó la resolución de Peñaherrera, que había dejado insubsistente el contrato.
Así estaban las cosas cuando Derlis Palacios asumió el Ministerio, en abril de 2005. Por esas mismas fechas, el Congreso había destituido al TC.
El 11 de julio, el asesor jurídico del MOP, Ignacio Ochoa Morales, le informó al ministro que no había sustento legal para la terminación unilateral del contrato y que Troexa había desistido de continuar el segundo amparo. Un día después, Palacios resucitó el contrato.
Con todos los líos, el MOP aprobó una ampliación de plazo hasta el 15 de julio de este año; luego lo incrementó hasta el 25 de noviembre. El monto de la obra también creció: costará más de $17 millones. (AA/MCV)
La constructora es borrada del listado de incumplidos
EL MINISTRO se comprometió a dejar insubsistente la terminación del contrato y Troexa, a retirar el amparo
El ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, revocó la terminación unilateral del contrato y pidió a la Contraloría borrar a Troexa del registro de contratistas que no cumplen con el Estado.
Así sellaba un acuerdo con la empresa, el 9 de junio de 2005, a cambio del retiro del amparo. El documento lo firmaron, entre otros, el abogado de Troexa, Nicolás Ulloa Palacio, quien niega ser pariente del presidente de la República, Alfredo Palacio. Ulloa da asesoría legal a la constructora desde hace cinco años.
La resolución del ministro se sustentó en el informe de su asesor, Ignacio Ochoa Morales, quien confirmaba que el MOP estaba en mora con Troexa.
El funcionario sostenía que dos planillas presentadas por la constructora, de trabajos efectuados entre agosto y septiembre de 2004, no habían sido pagadas por el Ministerio.
Esto se fundamentaba en un informe del fiscalizador de la obra, Nelson Almeida, quien habría responsabilizado por la mora a las anteriores autoridades del MOP, encabezadas por Estuardo Peñaherrera.
Según el ex fiscalizador, las planillas nunca fueron tramitadas porque las autoridades habían decidido rescindir el contrato. Además, porque en esos días la Contraloría realizaba un examen especial, lo que interrumpió el trámite del pago. Actualmente, Almeida es asesor externo de Troexa. (AA/MCV)
"La obra terminará en cinco o seis años más"
POR AHORA HAY una nueva ampliación del plazo, debido a la escasez de diésel y al mal tiempo en la zona
El pasado 10 de abril, el tránsito vehicular en la vía Puyo-Macas fue bloqueado durante tres horas por moradores de las comunidades asentadas en sus alrededores.
Pedían que el MOP obligara a Troexa a acelerar la construcción e intensificar los trabajos de mantenimiento.
El presidente de la Junta Parroquial de Simón Bolívar, Óscar Sarmiento, dijo que el desarrollo de la obra es lento, por lo que el Gobierno debe buscar otra compañía.
Esto coincide con el criterio expresado el pasado 13 de diciembre por el ministro del ramo, Derlis Palacios, durante un recorrido: Por la forma cómo avanza, la obra terminará en cinco o seis años más.
En febrero, la colocación de la carpeta asfáltica fue de apenas un kilómetro. La cantidad se redujo en marzo.
Actualmente, el MOP tiene una nueva reprogramación. Allí se establece que el avance en el rubro de colocación asfáltica, debe ser de cuatro kilómetros al mes.
Fuentes cercanas al proyecto, que pidieron el anonimato, dijeron que el dueño de Troexa, Enrique Ayala Villavicencio, se negó a firmar el documento porque su intención sería construir dos kilómetros al mes.
Mientras tanto, el MOP aprobó una nueva ampliación de plazo. Las razones: escasez de diésel y el mal tiempo. En esta ocasión se prevé que la entrega será el 25 de noviembre de 2006. (EF)
Economía quita al MOP $15,5 millones por no presentar a tiempo los documentos
SEGÚN GENARO PEÑA ESTOS recursos corresponden a proyectos cuya contratación debe contar obligatoriamente con los informes de la Contraloría, de la Procuraduría y del MEF.
Facsímil del oficio enviado por el contralor General del Estado a la fiscal Cecilia Armas, en el que informa sobre el uso de los fondos asignados a Obras Públicas, mediante el decreto de emergencia 820-A firmado por Alfredo Palacio
El decreto ejecutivo que declaró la emergencia vial en el país se firmó después de que los fondos habían sido repartidos.
El 15 de noviembre pasado, el presidente de la República, Alfredo Palacio, distribuyó $36,6 millones para el mantenimiento emergente de las vías, sin haber firmado el correspondiente decreto de emergencia. Lo hizo mediante el decreto 820-A.
Un día después, con el decreto 824, declaró el estado de emergencia de las vías en todo el país.
Varios constructores, que pidieron mantener en reserva sus nombres, dijeron a BLANCO Y NEGRO que los organizadores de la repartición de los $36,6 millones ya sabían que luego vendría la declaratoria oficial de emergencia.
Incluso entregaron la copia de una carta enviada al presidente de la República, en la que denuncian sobre una supuesta repartición en grande de esos recursos y señalan otras irregularidades presuntamente cometidas en el Ministerio durante la actual administración.
La declaratoria de emergencia permite eludir los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Pública para la adjudicación de contratos, como las licitaciones.
Según el contralor general del Estado, Genaro Peña, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó para la emergencia $31,4 millones, de los cuales Derlis Palacios distribuyó $16,1 millones entre varios Municipios y dependencias del MOP.
De esos fondos, el Ministerio de Obras Públicas entregó $15,7 millones a los beneficiarios y quedó un saldo de compromisos por pagar de $201 471.
Pero sobraron $15,5 millones, de la asignación de $31,4 millones otorgada por la cartera de Economía.
Ese remanente tuvo que retornar a las cuentas de ese portafolio, pues el MOP nunca los pudo utilizar debido a que los proyectos a los que iban destinados obligatoriamente tenían que contar con los informes de la Procuraduría y Contraloría, que exige la Ley de Contratación Pública.
Según Peña, estos documentos no fueron entregados por el Ministerio de Obras Públicas con la oportunidad que el caso amerita.
La Fiscalía abrió una indagación previa para investigar este caso. (AA/MCV)
Palacios entrega anticipos pese a no haber contratos
POSTERIORMENTE, los papeles formaron parte de la emergencia y así se evitaron los procesos precontractuales.
El ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, entregó anticipos a las empresas Consermín, Fopeca y Constructora Nacional sin que existan contratos de por medio.
Así consta en una denuncia presentada a la Contraloría por el ex diputado Fernando Larrea Martínez, que recoge declaraciones efectuadas por Palacios durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, del pasado 16 de febrero.
Las empresas beneficiarias realizaron obras de mejoramiento en carreteras de varias provincias de la Amazonía.
El ministro afirmó que las contratistas realizaron las obras desde el 8 de julio de 2005 y por eso se les pagó los anticipos. Añadió que el MOP planificaba hacerlo vía contratos complementarios. Pero como estos sobrepasaban el 50% de los contratos originales, los incluyeron en el decreto de emergencia para evitar los procedimientos precontractuales (artículo 6 de la Ley de Contratación Pública). (AA/MCV)
Cámaras cuestionan decretos de emergencia
DIEGO DEL Castillo y José Centeno dicen que así se atropellan procedimiento.
Los presidentes de las Cámaras de la Construcción de Quito y Guayaquil cuestionaron la utilización de los decretos de emergencia.
El pasado 10 de abril enviaron un comunicado al presidente Alfredo Palacio, al contralor encargado Genaro Peña y al procurador José María Borja.
Diego del Castillo, de la Cámara de la Construcción de Quito, y José Centeno, de la Cámara de Guayaquil, hicieron un recuento histórico sobre las emergencias declaradas en el país.
La realidad ha demostrado que las zonas que efectivamente sufrieron los embates de la naturaleza no han sido beneficiadas con la declaratoria de emergencia, señalan.
Añaden que la evasión de los procesos licitatorios dan paso a la concentración de contratos en pocas empresas, las cuales, a la larga, incumplen o demoran las ejecuciones de las obras. Esto, porque gastan parte del capital destinado a los proyectos en asuntos que nada tienen que ver con la emergencia.
Ellos también resaltan que la utilización de mecanismos alternativos de contratación, con pretexto del estado de emergencia, lesionan los principios legales de la libre competencia profesional, violentan la garantía constitucional de igualdad y de la actividad de la construcción.
Por todo eso, Del Castillo y Centeno consideran que los contratos que se realizan en el marco de la emergencia deben someterse a la realización de auditorías, a fin de que haya responsables del manejo de esos recursos públicos. (AA/MCV)
"Perdimos $15,5 millones porque no había tiempo para convocar licitaciones públicas"
PARA EL MINISTRO de Obras Públicas no hay conflicto en que su actual asesor jurídico haya defendido anteriormente a Troexa en una audiencia de amparo en contra de ese portafolio.
El ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, dijo haber entregado abonos a tres empresas que ejecutaron obras en la Amazonía para evitar las paralizaciones
¿Cuándo termina el plazo para que Troexa entregue la obra?
El 15 de julio de 2006.
¿Cree que las obras concluirán en esa fecha?
No, la compañía está retrasada; estamos analizando un cronograma para que ellos puedan terminar o continúen a un ritmo justificable. Ha habido mucho retraso por parte de la contratista, pero no ha llegado aún al límite en el cual el MOP puede terminar unilateralmente el contrato.
¿Cuál es ese límite?
La ley les da el 5% de multas por retraso o por incumplimiento del cronograma.
¿Los retrasos encarecieron la obra? ¿En cuánto?
Obviamente los retrasos y reajustes la encarecen; no recuerdo el monto adicional porque hay rubros que han quedado cortos en su ejecución y deben aumentarse.
¿Por qué "revivió" el contrato si ya lo había rescindido su antecesor?
Como había un amparo de por medio, teníamos la obligación de hacerlo. Además no cabía la terminación unilateral porque el MOP debía a Troexa el pago de varias planillas.
Asimismo hubiésemos perdido mucho tiempo en el juicio y en la convocatoria de una nueva licitación; por eso pensábamos que la reanudación del contrato nos ahorraba tiempo y dinero. Pero no ha habido respuesta de la compañía y ahora estamos nuevamente en problemas.
El defensor de Troexa en la demanda de amparo, Ignacio Ochoa Morales, es ahora su asesor jurídico. Ahí hay un problema.
No. El asesor jurídico no interviene en los procesos relacionados con Troexa porque eso sería ilegal. Tengo entendido que Ochoa solo actuó en una audiencia en reemplazo de un abogado que no pudo asistir.
Pero hay conflicto de intereses.
No, porque eso significaría que ningún abogado que alguna vez defendió a una compañía podría ejercer luego un cargo público.
Usted reconoció en el Congreso haber pagado anticipos a tres empresas que no tenían contratos.
Esto se hizo el 8 julio del año pasado, luego de que en mayo fueron secuestrados por dirigentes amazónicos el entonces presidente de Petroecuador, Robert Pinzón, el ex presidente del Fondo de Solidaridad, Marcelo Arcos, y Elvis Cabrera.
A raíz de eso tuvimos que firmar los compromisos y les dimos los abonos, con las debidas garantías y los resguardos de ley.
Esos no eran documentos contractuales.
Sí, pero las obras empezaron a ejecutarse el 9 de julio. El MOP planeaba ordenar estos trabajos vía contratos complementarios para desarmar los paros en la Amazonía.
Pero luego no se actuó así y se los incluyó en un decreto de emergencia firmado por el presidente Palacio el 28 de diciembre.
Por el monto acumulado ya no era posible hacer contratos complementarios, ya que sobrepasaban el 50% de los montos originales. Entonces se decidió incluirlos en la emergencia, según el artículo 6 de la Ley de Contratación Pública.
¿Cuándo se firmaron efectivamente los contratos?
El pasado 20 de febrero recibimos el informe favorable del Ministerio de Economía y los protocolizamos un día después. Así pudimos evitar un nuevo paro que estaba anunciado para el 7 de enero.
¿Por qué Economía debitó al MOP $15,5 millones de los fondos para la emergencia?
Eran recursos provenientes del Cerep que debían ser utilizados en 24 contratos que nunca los llegamos a firmar.
¿Por qué?
Los fondos fueron asignados al MOP en los primeros días de diciembre de 2005 y nosotros estábamos obligados a realizar invitaciones, enviar a la Contraloría, Procuraduría y Ministerio de Economía para los informes de ley, luego firmar los contratos y desembolsar los fondos el 30 de diciembre.
Todo en menos de 20 días. Era físicamente imposible, no había tiempo suficiente. (AA/MCV)
PUNTO DE VISTA
Inquietan algunos baches en el MOP
La historia de la contratación pública con sus bemoles se repite en el país a cada rato y en cada Gobierno; las diferencias son apenas matices dados por la conducta de la autoridad y, quizá, por los nombres de los protagonistas; pero la esencia es idéntica.
Eso habría ocurrido con el contrato de un tramo de algo más de 61 kilómetros de la Troncal Amazónica, firmado en enero de 2003 por un valor de $9,5 millones.
Pasado el tiempo, vinieron los consabidos incumplimientos y retrasos por parte de la contratista, luego las supuestas sanciones, la rescisión del contrato por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la apelación de la "afectada" y, claro, el regreso al punto de partida; esto es a devolver la obra a la misma empresa a la que se le pretendía retirar.
¿Alguna novedad? Claro que no. Como se decía antes, esta es la historia cotidiana de un país manchado por las sospechas, las suspicacias y hasta las ilegalidades.
Lo novedoso en este informe de BLANCO y NEGRO es que se muestra que, al parecer, se podría haber incurrido en conflicto de intereses, puesto que los nombres de los involucrados en un momento dado se cruzan.
Veamos: la misma persona que en un momento defendió a la empresa contratista en los tribunales ante cuestionamientos del MOP hoy trabaja para el Ministerio, y esa condición "propicia" que la empresa que había perdido la obra vuelva a tomarla a su cargo.
Y hay más: quien tuvo a su cargo la fiscalización de la obra, en nombre del Ministerio, hoy es asesor de la empresa a la que en un momento dado fiscalizó.
¿Esto sucede en otros casos y no hay problema, como dice el ministro Palacios?
Es probable que sí. Pero las decisiones han sembrado ciertas dudas, como también las hay en la distribución de los dineros "entregados" por la emergencia, antes que se hubiese firmado el decreto, que dejan ver ciertos baches en el MOP. (TFF)(Blanco y Negro)
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