Quito. 5 oct 2000. Pese a que el roldosista Fernando Rosero (PRE)
asegura que hay los votos suficientes (más de 62) para censurar y
destituir al superintendente de Bancos, Juan Falconi Puig, los hechos
dicen otra cosa. Las diferentes bancadas, excepto Pachakutik (5) y MPD
(2), niegan un eventual apoyo a ese planteamiento.
El PRE con sus 22 votos depende de la DP e ID, que junto a Pachakutik,
conforman la mayoría legislativa, para lograr su objetivo de destituir a
Falconi. Este funcionario es acusado por Rosero de no impulsar los
procesos judiciales en contra de banqueros acusados de corrupción, porque
tiene vínculos de amistad y sociedad con ellos.
Los demopopulares y socialdemócratas aclaran que ellos no acostumbran a
anticipar criterios. Raúl Hurtado, jefe de bloque de la DP, dijo que ese
grupo legislativo aún no ha tratado el tema "Por el momento no puede
nadie decir que estamos apoyando, eso lo decidiremos oportunamente".
Con esa opinión coincide Wilfrido Lucero (ID)."Sería absurdo anticipar
criterios cuando no conocemos los argumentos de la acusación y de la
defensa, nuestro pronunciamiento se hará responsablemente cuando se
inicie el proceso político".
¿Y los socialcristianos qué papel juegan en este tema? Alfredo Serrano,
de esa bancada, dijo con ironía: "ni se nos ha ocurrido tratar el tema,
para nosotros hay otros temas más prioritarios como la autonomía
provincial y la Ley de Seguridad Social".
Entonces, ¿con qué votos cuenta el PRE para censurar al Superintendente
de Bancos? Rosero asegura que son suficientes. Y basa su afirmación en el
hecho de que varios diputados de la ID firmaron la solicitud de juicio
político a Falconi.
Para Lucero, esas firmas solo son para viabilizar el trámite del proceso
y no puede interpretarse como un apoyo a la censura. Sin embargo, el
respaldo de la ID al PRE es incierto. Esto obedece al hecho que los
roldosistas no quieren pronunciarse si se sumarán al juicio político que
anuncia el socialdemócrata Gabriel Ruiz en contra de la fiscal general,
Mariana Yépez, por el caso del congelamiento bancario, entre otras
acusaciones. Ruiz evitó hacer comentarios al respecto, pero aclaró que él
no ha firmado la solicitud de Rosero en contra de Falconi.
Todo esto indica que las pretensiones del roldosismo de censurar al
Superintendente tienen tropiezos. Mientras tanto, el acusador anticipó
ayer que Falconi, además, deberá responder penalmente por haber afirmado
que él es abogado de los banqueros prófugos. "Esa calumnia debe probarla,
sino lo hace pediré su prisión", según Rosero.
Falconi señaló el martes en Ecuavisa que "el diputado Rosero obedece a
intereses concretos. Quién en el fondo tiene conflicto de intereses es el
diputado Rosero, porque él está siendo el ejecutor del sindicato de
banqueros prófugos, presidido y encabezado por Roberto Isaías, (Nicolás)
Landes, (Arturo) Quiroz, entre otros. Inclusive tienen juntos la oficina
en Miami, en la misma dirección, creo que es 2000 de la avenida Douglas
Road".
El funcionario reconoce haber tenido acciones en el Banco Cofiec. Las
cuales, dice haber vendido a una persona de apellido Guzmán, agregando
que el valor de esos papeles no excedía los siete mil dólares.
"El problema no está en haber sido o no accionista de un banco o de otro,
el problema está en haberse llevado al exterior la plata de los
depositantes, que es lo que ha hecho el sindicato de banqueros prófugos
en el exterior. Ese es el problema, el haberse robado, literalmente, la
plata de los depositantes y/o del Banco Central del Ecuador. Entonces,
debe quedar claro ante el país y en este juicio va a quedar claro hasta
la saciedad quién defiende a quién.
"El diputado Rosero defiende clara, abierta, francamente, primero, a
Roberto Isaías Dassum, que es su especie de mentor económico desde el
gobierno de Abdalá Bucaram, turista de la política ecuatoriana, y a los
demás involucrados. Porque hay un círculo vicioso, muy claro, muy
cerrado, ¿quién es el defensor de Landes?, es Santiago Cuesta y su
hermano trabaja en Canal 10 (de propiedad del ex directivo de
Filanbanco); el diputado Rosero está todos los días en Canal 10, en una
campaña abierta sobre este tema. Ahí hay una serie de coincidencias
adicionales que también saldrán en el juicio político".
De otra parte, la Comisión de Fiscalización dispuso a través de su
presidente, Carlos González, la apertura del período de prueba de cinco
días, que corren desde el martes, para que las partes presenten sus
argumentos. González dio a conocer que Rosero y Falconi pidieron un
término adicional de cinco días para presentar sus pruebas.
Una vez vencido ese término, la Comisión dentro de los siguientes cinco
días remitirá todo lo actuado al pleno. Adicionalmente el interpelante
presentará la moción de censura. Planteada esa moción el Presidente del
Congreso convocará al acusado para iniciar el trámite de la
interpelación.
Mientras tanto, dentro del tratamiento de la denominada Ley Trole III, el
Congreso introducirá una reforma que elimina el fuero de corte que tiene
el Superintendente de Bancos. Originalmente la figura fue introducida a
través de la Ley Trole II.
El fuero de corte para el Superintendente de Bancos forma parte de los
compromisos adquiridos por Ecuador en su Carta de Intención firmada con
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, la Carta de Intención señala como "acción prioritaria el que se
le otorgue protección legal al cuerpo de directores de la
Superintendencia de Bancos, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y
el Banco Central del Ecuador (BCE)".
El objetivo de esa decisión es que los procesos judiciales no intercedan
con el saneamiento del sistema financiero nacional. El referente para la
expedición de la norma fue la experiencia de las autoridades de control
de otros países (como México por ejemplo) en crisis bancarias
internacionales.
El caso Delgado: ¿simple error administrativo?
En la Presidencia de la Corte Superior de Quito sigue el juicio en contra
del ex intendente nacional de Banco, Pedro Delgado. Hace dos semanas,
Nicolás Landes Guerrero, ex presidente del Banco Popular, presentó una
querella penal contra Delgado porque, supuestamente, se alteró el párrafo
de un documento que sirvió para un juicio contra Landes.
Según la denuncia del ex banquero, hay dos memorandos INJ-INBGF-2000-001,
del 5 de enero de este año, completamente idénticos, excepto en el
párrafo final de las conclusiones. Esos informes tienen 5 páginas cada
uno y al final constan las firmas de Pedro Delgado y Alberto Chiriboga,
intendente jurídico encargado. En los documentos se recogen las
operaciones entre el West Merchant Banch, Oxidene Group y Ceval In. con
el Popular.
Ambos documentos sustentaron la denuncia y dieron pie al enjuiciamiento y
orden de prisión de Delgado. Según Landes, el primer informe que se
expidió y entregó al ex superintendente, Jorge Guzmán, tiene esta
conclusión: "con estos antecedentes la Intendencia de Bancos ha dispuesto
la conformación de un equipo especial de auditoría a fin de profundizar
sobre los puntos tratados en el presente memorando y el resultado de este
examen pondremos en su conocimiento una vez que concluya el mismo". Y la
segunda conclusión reza: "con estos antecedentes, el Banco Popular habría
infringido algunas normas legales, las mismas que de acuerdo a la Ley y
al estar el banco en una situación de saneamiento abierto, éstas deben
ser conocidas por el Ministro Fiscal".
Ahora, Jenner Larreátegui, presidenta de la Corte, investiga por qué
existen dos documentos idénticos con distintas conclusiones. Los
acusadores sostienen que se quiso perjudicar al ex banquero Landes,
porque no hubo irregularidades en las operaciones que realizaron las
entidades financieras. De haberlo, se hubiera mostrado en el primer
memorando.
En su escrito, Landes presume que el segundo documento se elaboró entre
el 5 de enero y el 31 de marzo. El supuesto delito estaría relacionado a
la alteración o falsificación de documentos que, presumiblemente, le
indujo al Juez Quinto de lo Penal, que lleva el caso Popular, a cometer
un error.
Por otra parte, ayer declaró ante el juez Larreátegui el superintendente
de Bancos, Juan Falconi. En su exposición dijo que los dos memorandos
idénticos son producto de un error administrativo de menor importancia.
"No hay un cambio sustancial entre uno y otro, no hay problema de fondo
grave que se pueda imputar... No hay falsificación".
Falconi-Landes: los argumentos van y vienen
La contraofensiva legal desatada por Nicolás Landes, ex presidente del
Banco Popular del Ecuador, está provocando fuertes reacciones dentro del
país. Concretamente, el superintendente de Bancos, Juan Falconi, advirtió
ayer que "ya estoy de vuelta para hacer frente a todo lo que haya que
hacer frente", al referirse a los problemas jurídicos que enfrenta la
máxima autoridad de control bancario y una parte de su equipo de
investigadores.
Uno de esos casos es el juicio que le sigue Nicolás Landes al intendente
nacional de Bancos y Grupos Financieros, Pedro Delgado Campaña. Al
funcionario se lo acusa de haber adulterado un memorando sobre la
operación entre el West Merchant Bank, Oxidene Group Inc y Ceval Inc
(holding dueña del Banco Popular). El documento analiza la transacción
que realizaron las tres empresas para obtener un crédito que luego se
utilizó para pagar la inversión realizada por Banco Popular Ecuador, en
forma directa, en las instituciones financieras adquiridas en Colombia
(Banco Andino) y en Venezuela.
El abogado del ex presidente del Banco Popular, Santiago Cuesta, dice que
Delgado envió su informe a la fiscal Mariana Yépez, luego la funcionaria
presentó la excitativa fiscal contra Landes y otros funcionarios del
Grupo Financiero. Por sorteo, el juicio recayó en el Juzgado Quinto de lo
Penal de Pichincha.
"Durante el proceso, los abogados defensores de Nicolás Landes criticamos
al Juez de la causa por iniciar un auto cabeza de proceso con un informe
inconcluso y solicitamos se revoque la orden de prisión; era absurdo que
se inicie un juicio con un informe preliminar, se requería de la
conformación de un equipo de trabajo para profundizar varios temas.
Durante el proceso solicitamos al Juez que oficie a la Fiscalía y a la
Superintendencia para que remitan toda la documentación referente a la
excitativa".
Según los abogados de Landes. esa información (que llegó con los errores
que se describen en el recuadro de la izquierda) es la que sirvió de base
para iniciar el juicio de Landes contra Delgado.
Juan Falconi sostiene que este es un hecho insólito. "Esta es una especie
de contrataque furibundo contra el Superintendente y contra todos los
funcionarios de la Superintendencia. En el exterior no se explican la
orden de prisión contra el Intendente de Supervisión, solo porque hay dos
documentos que tienen la misma fecha y el mismo número. Mientras ellos
(los banqueros) están prófugos, hay una orden de prisión contra un alto
funcionario". En medio de este proceso legal, el caso Banco Popular llegó
en el Congreso y su desenlace es incierto por ahora. (Texto tomado de El
Comercio)
asegura que hay los votos suficientes (más de 62) para censurar y
destituir al superintendente de Bancos, Juan Falconi Puig, los hechos
dicen otra cosa. Las diferentes bancadas, excepto Pachakutik (5) y MPD
(2), niegan un eventual apoyo a ese planteamiento.
El PRE con sus 22 votos depende de la DP e ID, que junto a Pachakutik,
conforman la mayoría legislativa, para lograr su objetivo de destituir a
Falconi. Este funcionario es acusado por Rosero de no impulsar los
procesos judiciales en contra de banqueros acusados de corrupción, porque
tiene vínculos de amistad y sociedad con ellos.
Los demopopulares y socialdemócratas aclaran que ellos no acostumbran a
anticipar criterios. Raúl Hurtado, jefe de bloque de la DP, dijo que ese
grupo legislativo aún no ha tratado el tema "Por el momento no puede
nadie decir que estamos apoyando, eso lo decidiremos oportunamente".
Con esa opinión coincide Wilfrido Lucero (ID)."Sería absurdo anticipar
criterios cuando no conocemos los argumentos de la acusación y de la
defensa, nuestro pronunciamiento se hará responsablemente cuando se
inicie el proceso político".
¿Y los socialcristianos qué papel juegan en este tema? Alfredo Serrano,
de esa bancada, dijo con ironía: "ni se nos ha ocurrido tratar el tema,
para nosotros hay otros temas más prioritarios como la autonomía
provincial y la Ley de Seguridad Social".
Entonces, ¿con qué votos cuenta el PRE para censurar al Superintendente
de Bancos? Rosero asegura que son suficientes. Y basa su afirmación en el
hecho de que varios diputados de la ID firmaron la solicitud de juicio
político a Falconi.
Para Lucero, esas firmas solo son para viabilizar el trámite del proceso
y no puede interpretarse como un apoyo a la censura. Sin embargo, el
respaldo de la ID al PRE es incierto. Esto obedece al hecho que los
roldosistas no quieren pronunciarse si se sumarán al juicio político que
anuncia el socialdemócrata Gabriel Ruiz en contra de la fiscal general,
Mariana Yépez, por el caso del congelamiento bancario, entre otras
acusaciones. Ruiz evitó hacer comentarios al respecto, pero aclaró que él
no ha firmado la solicitud de Rosero en contra de Falconi.
Todo esto indica que las pretensiones del roldosismo de censurar al
Superintendente tienen tropiezos. Mientras tanto, el acusador anticipó
ayer que Falconi, además, deberá responder penalmente por haber afirmado
que él es abogado de los banqueros prófugos. "Esa calumnia debe probarla,
sino lo hace pediré su prisión", según Rosero.
Falconi señaló el martes en Ecuavisa que "el diputado Rosero obedece a
intereses concretos. Quién en el fondo tiene conflicto de intereses es el
diputado Rosero, porque él está siendo el ejecutor del sindicato de
banqueros prófugos, presidido y encabezado por Roberto Isaías, (Nicolás)
Landes, (Arturo) Quiroz, entre otros. Inclusive tienen juntos la oficina
en Miami, en la misma dirección, creo que es 2000 de la avenida Douglas
Road".
El funcionario reconoce haber tenido acciones en el Banco Cofiec. Las
cuales, dice haber vendido a una persona de apellido Guzmán, agregando
que el valor de esos papeles no excedía los siete mil dólares.
"El problema no está en haber sido o no accionista de un banco o de otro,
el problema está en haberse llevado al exterior la plata de los
depositantes, que es lo que ha hecho el sindicato de banqueros prófugos
en el exterior. Ese es el problema, el haberse robado, literalmente, la
plata de los depositantes y/o del Banco Central del Ecuador. Entonces,
debe quedar claro ante el país y en este juicio va a quedar claro hasta
la saciedad quién defiende a quién.
"El diputado Rosero defiende clara, abierta, francamente, primero, a
Roberto Isaías Dassum, que es su especie de mentor económico desde el
gobierno de Abdalá Bucaram, turista de la política ecuatoriana, y a los
demás involucrados. Porque hay un círculo vicioso, muy claro, muy
cerrado, ¿quién es el defensor de Landes?, es Santiago Cuesta y su
hermano trabaja en Canal 10 (de propiedad del ex directivo de
Filanbanco); el diputado Rosero está todos los días en Canal 10, en una
campaña abierta sobre este tema. Ahí hay una serie de coincidencias
adicionales que también saldrán en el juicio político".
De otra parte, la Comisión de Fiscalización dispuso a través de su
presidente, Carlos González, la apertura del período de prueba de cinco
días, que corren desde el martes, para que las partes presenten sus
argumentos. González dio a conocer que Rosero y Falconi pidieron un
término adicional de cinco días para presentar sus pruebas.
Una vez vencido ese término, la Comisión dentro de los siguientes cinco
días remitirá todo lo actuado al pleno. Adicionalmente el interpelante
presentará la moción de censura. Planteada esa moción el Presidente del
Congreso convocará al acusado para iniciar el trámite de la
interpelación.
Mientras tanto, dentro del tratamiento de la denominada Ley Trole III, el
Congreso introducirá una reforma que elimina el fuero de corte que tiene
el Superintendente de Bancos. Originalmente la figura fue introducida a
través de la Ley Trole II.
El fuero de corte para el Superintendente de Bancos forma parte de los
compromisos adquiridos por Ecuador en su Carta de Intención firmada con
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, la Carta de Intención señala como "acción prioritaria el que se
le otorgue protección legal al cuerpo de directores de la
Superintendencia de Bancos, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y
el Banco Central del Ecuador (BCE)".
El objetivo de esa decisión es que los procesos judiciales no intercedan
con el saneamiento del sistema financiero nacional. El referente para la
expedición de la norma fue la experiencia de las autoridades de control
de otros países (como México por ejemplo) en crisis bancarias
internacionales.
El caso Delgado: ¿simple error administrativo?
En la Presidencia de la Corte Superior de Quito sigue el juicio en contra
del ex intendente nacional de Banco, Pedro Delgado. Hace dos semanas,
Nicolás Landes Guerrero, ex presidente del Banco Popular, presentó una
querella penal contra Delgado porque, supuestamente, se alteró el párrafo
de un documento que sirvió para un juicio contra Landes.
Según la denuncia del ex banquero, hay dos memorandos INJ-INBGF-2000-001,
del 5 de enero de este año, completamente idénticos, excepto en el
párrafo final de las conclusiones. Esos informes tienen 5 páginas cada
uno y al final constan las firmas de Pedro Delgado y Alberto Chiriboga,
intendente jurídico encargado. En los documentos se recogen las
operaciones entre el West Merchant Banch, Oxidene Group y Ceval In. con
el Popular.
Ambos documentos sustentaron la denuncia y dieron pie al enjuiciamiento y
orden de prisión de Delgado. Según Landes, el primer informe que se
expidió y entregó al ex superintendente, Jorge Guzmán, tiene esta
conclusión: "con estos antecedentes la Intendencia de Bancos ha dispuesto
la conformación de un equipo especial de auditoría a fin de profundizar
sobre los puntos tratados en el presente memorando y el resultado de este
examen pondremos en su conocimiento una vez que concluya el mismo". Y la
segunda conclusión reza: "con estos antecedentes, el Banco Popular habría
infringido algunas normas legales, las mismas que de acuerdo a la Ley y
al estar el banco en una situación de saneamiento abierto, éstas deben
ser conocidas por el Ministro Fiscal".
Ahora, Jenner Larreátegui, presidenta de la Corte, investiga por qué
existen dos documentos idénticos con distintas conclusiones. Los
acusadores sostienen que se quiso perjudicar al ex banquero Landes,
porque no hubo irregularidades en las operaciones que realizaron las
entidades financieras. De haberlo, se hubiera mostrado en el primer
memorando.
En su escrito, Landes presume que el segundo documento se elaboró entre
el 5 de enero y el 31 de marzo. El supuesto delito estaría relacionado a
la alteración o falsificación de documentos que, presumiblemente, le
indujo al Juez Quinto de lo Penal, que lleva el caso Popular, a cometer
un error.
Por otra parte, ayer declaró ante el juez Larreátegui el superintendente
de Bancos, Juan Falconi. En su exposición dijo que los dos memorandos
idénticos son producto de un error administrativo de menor importancia.
"No hay un cambio sustancial entre uno y otro, no hay problema de fondo
grave que se pueda imputar... No hay falsificación".
Falconi-Landes: los argumentos van y vienen
La contraofensiva legal desatada por Nicolás Landes, ex presidente del
Banco Popular del Ecuador, está provocando fuertes reacciones dentro del
país. Concretamente, el superintendente de Bancos, Juan Falconi, advirtió
ayer que "ya estoy de vuelta para hacer frente a todo lo que haya que
hacer frente", al referirse a los problemas jurídicos que enfrenta la
máxima autoridad de control bancario y una parte de su equipo de
investigadores.
Uno de esos casos es el juicio que le sigue Nicolás Landes al intendente
nacional de Bancos y Grupos Financieros, Pedro Delgado Campaña. Al
funcionario se lo acusa de haber adulterado un memorando sobre la
operación entre el West Merchant Bank, Oxidene Group Inc y Ceval Inc
(holding dueña del Banco Popular). El documento analiza la transacción
que realizaron las tres empresas para obtener un crédito que luego se
utilizó para pagar la inversión realizada por Banco Popular Ecuador, en
forma directa, en las instituciones financieras adquiridas en Colombia
(Banco Andino) y en Venezuela.
El abogado del ex presidente del Banco Popular, Santiago Cuesta, dice que
Delgado envió su informe a la fiscal Mariana Yépez, luego la funcionaria
presentó la excitativa fiscal contra Landes y otros funcionarios del
Grupo Financiero. Por sorteo, el juicio recayó en el Juzgado Quinto de lo
Penal de Pichincha.
"Durante el proceso, los abogados defensores de Nicolás Landes criticamos
al Juez de la causa por iniciar un auto cabeza de proceso con un informe
inconcluso y solicitamos se revoque la orden de prisión; era absurdo que
se inicie un juicio con un informe preliminar, se requería de la
conformación de un equipo de trabajo para profundizar varios temas.
Durante el proceso solicitamos al Juez que oficie a la Fiscalía y a la
Superintendencia para que remitan toda la documentación referente a la
excitativa".
Según los abogados de Landes. esa información (que llegó con los errores
que se describen en el recuadro de la izquierda) es la que sirvió de base
para iniciar el juicio de Landes contra Delgado.
Juan Falconi sostiene que este es un hecho insólito. "Esta es una especie
de contrataque furibundo contra el Superintendente y contra todos los
funcionarios de la Superintendencia. En el exterior no se explican la
orden de prisión contra el Intendente de Supervisión, solo porque hay dos
documentos que tienen la misma fecha y el mismo número. Mientras ellos
(los banqueros) están prófugos, hay una orden de prisión contra un alto
funcionario". En medio de este proceso legal, el caso Banco Popular llegó
en el Congreso y su desenlace es incierto por ahora. (Texto tomado de El
Comercio)
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