En abril pasado, 19 agentes pidieron ser defendidos en el caso de espionaje telefónico
Los policías enjuiciados por diferentes causas tienen su propia Comisión de Defensa Institucional, pero no los recursos. Por eso, para pagar a los
abogados defensores se piden aportes "voluntarios" a sus miembros.
Los juicios se financiaron con el descuento de un día de sueldo a los
miembros de la Policía Nacional, se recaudó $77 355, rubro que
posteriormente fue invertido en la banca, obteniendo una rentabilidad de
$11 729.
Varios efectivos, que prefieren el anonimato, dicen que nunca fueron
consultados sobre el desembolso, y que tampoco conocen bien sobre el
funcionamiento de la Comisión. "Como tenemos tantos descuentos, ni nos dimos cuenta del nuevo egreso", señala un oficial.
El 12 de abril de 2001, la Comisión aprobó el pedido de 19 policías para que la Comandancia General apoye su defensa. Ellos están involucrados en dos casos judiciales.
El de Tarapoa, relacionado con el supuesto espionaje a la agencia de
Inteligencia de Sucumbíos, que pertenece al Grupo Militar de Fuerzas
Especiales Rayo 24 (noviembre de 1999), en Nueva Loja.
En esa ocasión fueron secuestrados ocho petroleros canadieneses y
estadounidenses, tres turistas españoles y una belga canadiense.La Unidad
Antisecuestros y la de Inteligencia de la Policía supuestamente interceptó los teléfonos del cuartel militar, al sospechar que un ex miembro del Ejército estaba involucrado. Pero fueron descubiertos por los militares, quienes encontraron una grabadora tipo cascada contectada desde Emetel de Sucumbíos a sus líneas.
El hecho se hizo público por denuncias de Carlos González, diputado de la
Izquierda Democrática (ID) y presidente de la Comisión de Fiscalización.
El Comando General dispuso una investigación interna y enjuició a los
implicados por atentar contra las garantías constitucionales. El proceso
está en uno los juzgados de Policía del Primer Distrito (Pichincha).
El segundo caso es el de Bellsouth, también denunciado por González, sobre el mismo secuestro: oficiales de unidades élites presuntamente obtenían información de la telefonía celular de personas sospechosas en casos de tráfico de narcóticos y plagio de personas.
Los abogados Jorge Wilfrido García y Rubén Cobos se hicieron cargo de los
dos procesos judiciales. Sus honorarios fueron de $500 por cada uno de los 19 gendarmes involucrados.
Entre los gastos aparecen pasajes aéreos Quito-México a nombre de García,
quien alcanzó fama en junio de 1992 cuando se produjo la operación Ciclón en contra de la organización narcotraficante liderada por Jorge Hugo Reyes Torres.
Este Diario intentó hablar con él, pero no llegó a la cita concertada.
Estos dos juicios no son los únicos que existen por irregularidades de los miembros de la Policía. Por eso, en 1998, ante la posibilidad de que los efectivos sean enjuciados, la Comisión crea el fondo.
Entre los escándalos constan la muerte del dirigente del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jaime Hurtado; el intento de asesinato al manabita Pedro Baque; el cierre de Solbanco; la Asamblea Constituyente; Habeas Data en favor de los coroneles Fausto Egas y Osvaldo Montalvo, entre otros.
El caso de defensa más barato fue el de Baque: $1 000. Mientras que el más costoso fue el de Hurtado, por $11 600. (LCF)
Enjuiciados
-Caso Bellsouth: capitanes Edison Gustavo Tobar, Mauro Enrique Vargas
Villacrés, Francisco Javier Páez Rodríguez, Olger Fabián Centeno; tenientes Carlos Alberto Blanco Dávila, Marco Antonio Quezada Zapata, Fredy Sarzosa Guerra, Diego Alexander Erazo Gavilánes, Gonzalo Patricio Tobar Cifuentes, Santiago David Mena Vallejo, Rodny Alexis Chávez Granda; subtenientes Eduardo Piedra Ramírez, Wilmer Rogelio Guayaquil, Jorge Antonio Hadaty, Cristian Marcelo Aguirre Muñoz. sargento Miguel Angel Quishpe.
-Por el caso Tarapoa, coronel Luis Ramirez, tenientes Diego Erazo Gavilanez y Santiago Mena Vallejo. (LCF)
Recursos permanentes
Según Edgar Vaca, inspector General de la Policía, la creación del fondo se consideró como una necesidad para defender a los miembros cuando tengan problemas en el cumplimiento de su misión.
Asegura que el aporte fue por una sola vez, "de allí a esta parte no se ha pedido otro, más bien estamos buscando la forma de financiar el fondo".
Aunque el jefe financiero de la Comisión de Defensa, coronel Fernando
Trujillo, recomienda que se aplique el artículo seis del Instructivo y se
considere una partida específica o una aportación voluntaria mensual
correspondiente al 1% de la base de cálculo, que significa $0,69. La
propuesta es considerada por el Consejo de Generales.
Según Vaca, la tarea de la Inspectoría es transparentar los procedimientos policiales en el caso de que los efectivos hayan cometido alguna infracción, pero también respaldar a quienes tienen problemas de carácter judicial.
Cinco oficiales consultados, no están de acuerdo con esta medida pues
consideran que existen privilegios solo para algunos efectivos. (LC)
Los policías enjuiciados por diferentes causas tienen su propia Comisión de Defensa Institucional, pero no los recursos. Por eso, para pagar a los
abogados defensores se piden aportes "voluntarios" a sus miembros.
Los juicios se financiaron con el descuento de un día de sueldo a los
miembros de la Policía Nacional, se recaudó $77 355, rubro que
posteriormente fue invertido en la banca, obteniendo una rentabilidad de
$11 729.
Varios efectivos, que prefieren el anonimato, dicen que nunca fueron
consultados sobre el desembolso, y que tampoco conocen bien sobre el
funcionamiento de la Comisión. "Como tenemos tantos descuentos, ni nos dimos cuenta del nuevo egreso", señala un oficial.
El 12 de abril de 2001, la Comisión aprobó el pedido de 19 policías para que la Comandancia General apoye su defensa. Ellos están involucrados en dos casos judiciales.
El de Tarapoa, relacionado con el supuesto espionaje a la agencia de
Inteligencia de Sucumbíos, que pertenece al Grupo Militar de Fuerzas
Especiales Rayo 24 (noviembre de 1999), en Nueva Loja.
En esa ocasión fueron secuestrados ocho petroleros canadieneses y
estadounidenses, tres turistas españoles y una belga canadiense.La Unidad
Antisecuestros y la de Inteligencia de la Policía supuestamente interceptó los teléfonos del cuartel militar, al sospechar que un ex miembro del Ejército estaba involucrado. Pero fueron descubiertos por los militares, quienes encontraron una grabadora tipo cascada contectada desde Emetel de Sucumbíos a sus líneas.
El hecho se hizo público por denuncias de Carlos González, diputado de la
Izquierda Democrática (ID) y presidente de la Comisión de Fiscalización.
El Comando General dispuso una investigación interna y enjuició a los
implicados por atentar contra las garantías constitucionales. El proceso
está en uno los juzgados de Policía del Primer Distrito (Pichincha).
El segundo caso es el de Bellsouth, también denunciado por González, sobre el mismo secuestro: oficiales de unidades élites presuntamente obtenían información de la telefonía celular de personas sospechosas en casos de tráfico de narcóticos y plagio de personas.
Los abogados Jorge Wilfrido García y Rubén Cobos se hicieron cargo de los
dos procesos judiciales. Sus honorarios fueron de $500 por cada uno de los 19 gendarmes involucrados.
Entre los gastos aparecen pasajes aéreos Quito-México a nombre de García,
quien alcanzó fama en junio de 1992 cuando se produjo la operación Ciclón en contra de la organización narcotraficante liderada por Jorge Hugo Reyes Torres.
Este Diario intentó hablar con él, pero no llegó a la cita concertada.
Estos dos juicios no son los únicos que existen por irregularidades de los miembros de la Policía. Por eso, en 1998, ante la posibilidad de que los efectivos sean enjuciados, la Comisión crea el fondo.
Entre los escándalos constan la muerte del dirigente del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jaime Hurtado; el intento de asesinato al manabita Pedro Baque; el cierre de Solbanco; la Asamblea Constituyente; Habeas Data en favor de los coroneles Fausto Egas y Osvaldo Montalvo, entre otros.
El caso de defensa más barato fue el de Baque: $1 000. Mientras que el más costoso fue el de Hurtado, por $11 600. (LCF)
Enjuiciados
-Caso Bellsouth: capitanes Edison Gustavo Tobar, Mauro Enrique Vargas
Villacrés, Francisco Javier Páez Rodríguez, Olger Fabián Centeno; tenientes Carlos Alberto Blanco Dávila, Marco Antonio Quezada Zapata, Fredy Sarzosa Guerra, Diego Alexander Erazo Gavilánes, Gonzalo Patricio Tobar Cifuentes, Santiago David Mena Vallejo, Rodny Alexis Chávez Granda; subtenientes Eduardo Piedra Ramírez, Wilmer Rogelio Guayaquil, Jorge Antonio Hadaty, Cristian Marcelo Aguirre Muñoz. sargento Miguel Angel Quishpe.
-Por el caso Tarapoa, coronel Luis Ramirez, tenientes Diego Erazo Gavilanez y Santiago Mena Vallejo. (LCF)
Recursos permanentes
Según Edgar Vaca, inspector General de la Policía, la creación del fondo se consideró como una necesidad para defender a los miembros cuando tengan problemas en el cumplimiento de su misión.
Asegura que el aporte fue por una sola vez, "de allí a esta parte no se ha pedido otro, más bien estamos buscando la forma de financiar el fondo".
Aunque el jefe financiero de la Comisión de Defensa, coronel Fernando
Trujillo, recomienda que se aplique el artículo seis del Instructivo y se
considere una partida específica o una aportación voluntaria mensual
correspondiente al 1% de la base de cálculo, que significa $0,69. La
propuesta es considerada por el Consejo de Generales.
Según Vaca, la tarea de la Inspectoría es transparentar los procedimientos policiales en el caso de que los efectivos hayan cometido alguna infracción, pero también respaldar a quienes tienen problemas de carácter judicial.
Cinco oficiales consultados, no están de acuerdo con esta medida pues
consideran que existen privilegios solo para algunos efectivos. (LC)
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