Guayaquil. 14 may 98. La nueva Constitución nació como el
patito feo, pero se ha convertido ahora en un bello cisne
enamorado
Por Simón Espinosa Cordero
El fin del segundo milenio ecuatoriano transcurrió en medio de
una crisis política que pudo haber terminado con tres balazos
y un suicidio colectivo; pero la crisis se ha disuelto en una
nueva Carta Política que recoge las aspiraciones de diversos
sectores de la población. Los balazos vinieron del Ejecutivo,
del Congreso y de los militares. El suicidio colectivo pensó
en la dictadura como salida de la crisis. La Carta se perfila
como esperanza de política estable, seguridad ciudadana y
crecimiento.
La Constitución de 1978
La Carta Política de 1978 y la Ley de Partidos guiaron la
navegación democrática más larga de la historia ecuatoriana.
La vigencia de esta carta expirará el próximo 10 de agosto
cuando la Asamblea Nacional entregue la nueva al Presidente.
El antiguo bloque agro-exportador y banquero, formado por los
partidos Social Cristiano, Conservador y Liberal, protegido
por la dictadura militar de 1976 aspiraba a continuar en el
poder, y era alimentado por el gobierno petrolero. Los del
bloque querían una carta conservadora. Tenían una ética
legalista. Ellos harían las leyes.
El ya antiguo bloque de Concentración de Fuerzas Populares,
remozado por Assad Bucaram y perseguido por los militares,
aspiraba también al poder. Quería una carta moderna y una
ética, con la excepción de sus segmentos ilustrados, del
Estado, vaca lechera del partido gobernante.
Los partidos europeos de la Democracia Cristiana y de la
Izquierda Democrática soñaban con un Estado que repartiera
igualmente las riquezas y las oportunidades. Sus dos líderes,
Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja, se sentían más cómodos con
los libros que con los electores. Su ética idealista se basaba
en la ley al servicio del bien común. Querían un régimen de
partidos, no de caciques.
En la consulta popular de 1978 triunfó la nueva Carta. Triunfó
también la Ley de Partidos. El principal artífice de la nueva
Carta había sido el abogado Jaime Roldós; el impulsador de la
Ley de Partidos era el demócrata Osvaldo Hurtado; pero el
viejo poder logró pasar las elecciones de diputados de la
segunda a la primera vuelta de la elección presidencial.
Este cambio originó en los 20 años de la Carta un conflicto de
poder entre el presidente de la República y el Congreso, casi
siempre dominado por una mayoría opositora que aplicaba su
ética política. La Ley de Partidos no permitía sino la
elección de afiliados. Cuando en 1995, el presidente Sixto
Durán-Ballén propuso al pueblo el cambio de esta disposición,
la suerte del Congreso quedó en manos de los votos de los
independientes que daban o quitaban mayoría. El Estado se
volvió ingobernable. La corrupción se convirtió en instrumento
de política.
VEINTE AÑOS DESPUÉS
En estos 20 años la situación de Ecuador y del mundo había
cambiado. La sociedad ecuatoriana había vivido el ingreso
de los indios en la vida pública; había experimentado los
efectos de la destrucción de la naturaleza; había visto crecer
movimientos ciudadanos de toda suerte para participar en
política y defender sus derechos de género, ciudadanía,
consumo, igualdad racial y respeto a las diferencias. El mundo
había globalizado el mercado e impuesto la competencia y la
calidad como condiciones de éxito.
Pero en esos 20 años los gobiernos no habían logrado
modernizar el Ecuador, la pobreza había crecido y no se podía
achacar este deterioro al mercado sino a un Estado ineficaz
que protegía a los sectores privilegiados. Para romper este
esquema, el periodista Freddy Ehlers propuso en las elecciones
del 96 la creación de un Nuevo País que habría de nacer de la
matriz de una Asamblea Constituyente de origen popular. Ehlers
perdió las elecciones. Cuando el Congreso de 1997, que había
avanzado en la reforma de la carta del 78, cesó al presidente
Abdalá Bucaram, renació la idea de una Asamblea y de una nueva
Carta política.
El pueblo eligió a los asambleístas. Faltó pureza en las
elecciones a causa de los nuevos alineamientos políticos, pues
los partidos Social Cristiano y Democracia Cristiana -Popular-
comprendiendo que Ecuador no saldría de la crisis si ellos no
se aliaban para tener mayoría en la Asamblea y preparar una
carta moderna, apoyados por el Gobierno, presentaron la
alternativa de o voto en plancha o voto personal. Lograron una
mayoría inestable. El resto de asambleístas liderados por el
Movimiento de indios Pachakutik se agrupó para luchar por una
Carta política que preservara los derechos ciudadanos e
incorporara las demandas de la sociedad y de las minorías
étnicas.
La Asamblea ocasionó la fragmentación de los socialcristianos.
León Febres-Cordero veía amenazado su liderazgo ya que el
segundo líder del Partido, el abogado Jaime Nebot, creía que
había llegado la hora de una política más flexible y
conciliadora. Heinz Moeller, el tercer líder socialcristiano,
al sentir la debilidad de Febres-Cordero convirtió el Congreso
en punta de lanza de sus propios proyectos políticos. El
Partido se quedó sin candidato presidencial porque sus tres
líderes presentían que el pueblo estaba hastiado del juego
socialcristiano. El vacío de poder dejado por León fue llenado
por el demopopular Hurtado, quien al frente de la Asamblea
trabajó por una Carta política que hiciera manejable el
gobierno en Ecuador y permitiera un acercamiento de
posiciones. Se reeditó así el antiguo choque entre
Febres-Cordero y Hurtado, entre un estilo caciquista y un
estilo racional. El uno ordenó a su Partido retirarse de la
Asamblea. El otro, al perder la mayoría por maniobra del
Gobierno, renunció a la presidencia pero continuó liderando
moralmente la Asamblea.
Las vicisitudes contrarias a la Asamblea se explican en este
contexto: que el Congreso le haya fijado una camisa de fuerza
de 60 días para hacer la reforma, que algunos asambleístas
hayan pretendido alzarse con el poder, que el presidente
Alarcón haya retirado su apoyo a la mayoría y a la Asamblea,
que Alarcón, Moeller y los militares hubieran desconocido a la
Asamblea. Ésta respondió desde la base democrática de su
elección: continuó deliberando más allá del límite impuesto
por el Congreso, de las amenazas del Presidente y del desalojo
de su local por decisión del mando militar. Concluyó las
reformas, las promulgará en junio y las entregará al nuevo
presidente de la República el 10 de agosto de 1998. ¿Aceptará
esta nueva Carta Álvaro Noboa, candidato del caciquismo de
Febres-Cordero y del populismo de Bucaram? Si triunfan Jamil
Mahauad, Borja o Ehlers, la aceptación de la Carta
significaría una conciliación necesaria con el nuevo
socialcristianismo y el comienzo de una nueva época política.
LA CONSTITUCIÓN DE 1998
Confundidos por la política contradictoria del presidente
Alarcón, la agresividad política del presidente del Congreso,
el estilo de las deliberaciones de la Asamblea, la firme pugna
de los dos bloques, los periodistas han subrayado más los
errores de la Asamblea que sus aciertos.
La nueva Carta sienta reglas de juego más claras para un
Ecuador gobernable. Reformó la estructura del Congreso, lo
puso a trabajar en concordancia con el año fiscal, en
comisiones especializadas, por 10 meses al año y en bloques
legislativos. Dio a la mayoría y a la minoría autoridades
propias, adecuó el número de pobladores y diputados, los sacó
de las tentaciones presupuestarias, los ayudó con una comisión
de Legislación y Codificación, los juzgará por las normas de
un Código de Ética, volvió más difícil y más responsable el
juicio político, y los volvió revocables por acción popular.
Las reformas fortalecen al Ejecutivo, le dan más poderes
económicos e iniciativa exclusiva en el gasto público, los
tributos, y el manejo de las finanzas públicas, le eximen de
destituir a los ministros condenados por el Congreso, le ponen
un Contralor independiente sacado de una terna del Congreso,
le vuelven destituible previo juicio político y lo vuelven
sujeto a enjuiciamiento penal tras la venia del Congreso. Y
permiten la revocatoria de alcaldes y prefectos bajo ciertas
condiciones de acción popular.
Las reformas tornan ágil la función judicial al separar
administración en el Consejo de la Judicatura y ejercicio de
la justicia en la Suprema y las cortes; garantizan la
estabilidad de los jueces con una Corte Suprema vitalicia,
unifican jurisdicciones a fin de que todo juez -de menores,
militares, y políticos- dependa de la Corte e introducen la
tramitación oral de las causas.
La Carta institucionalizó a la Comisión Anticorrupción,
perennizó las causas contra los delitos de peculado, cohecho,
enriquecimiento ilícito y sindicados ausentes, suprimió los
gastos reservados, privó del derecho a ser elegidos por el
pueblo a los condenados con reclusión, prohibió a los
diputados tramitar recursos del presupuesto del Estado,
gestionar nombramientos, integrar directorios de cuerpos
colegiados ajenos, y su primió en el Congreso la comisión de
Presupuesto.
Las reformas se ocuparon de los derechos de los menores,
discapacitados, ancianos, mujeres, familia, niños,
adolescentes y consumidores. Y también de los derechos
colectivos de los pueblos indio, afro, montubio y cholo.
La Carta puso al día los derechos de salud y educación,
defendió el seguro social obligatorio en manos de una entidad
de derecho público, dispuso la intervención del Estado para
separar el patrimonio del IESS, de los fondos y de los aportes
de pensiones, puso las bases teóricas para estimular la
creación de administradoras de fondos y otras empresas de
seguros complementarios y dio valor constitucional al seguro
campesino y al fondo de solidaridad.
En cuanto a las reformas económicas, a más de señalar la
importancia de la agricultura, la Asamblea llegó a una
doctrina equilibrada sobre los derechos de los bienes del
Estado y la posibilidad de que sean administrados por empresas
públicas, privadas y mixtas. siempre que se lo haga
racionalmente para el bien común. Reconoció el concepto y la
realidad del mercado. Y reforzó la autonomía del Banco
Central.
Las reformas económicas y sociales fueron aprobadas de prisa
en la primera semana de mayo luego de que el Presidente
desconoció a la Asamblea; sin embargo, desde enero los
asambleístas venían discutiendo los temas sociales y
económicos. La semana de mayo simplemente culminó un largo
proceso de debates.
LA CARTA DE LA CONCORDIA
La historia constitucional ha bautizado algunas cartas como
Negra, de la Esclavitud, Libertaria. Ésta podría llamarse de
la Concordia porque brotó de un debate intenso y frecuente
sobre muchos proyectos presentados por la sociedad, y porque
las reformas recogieron consensos de los dos bloques
antagónicos.
Estas reformas significan que la crisis política empieza a
diluirse y que Ecuador entra en el camino de la madurez. Si
las elecciones confirman esta tendencia, se podrá decir que el
patito feo se ha convertido en un bello cisne enamorado.
(Texto tomado de La Revista Vistazo #738)
patito feo, pero se ha convertido ahora en un bello cisne
enamorado
Por Simón Espinosa Cordero
El fin del segundo milenio ecuatoriano transcurrió en medio de
una crisis política que pudo haber terminado con tres balazos
y un suicidio colectivo; pero la crisis se ha disuelto en una
nueva Carta Política que recoge las aspiraciones de diversos
sectores de la población. Los balazos vinieron del Ejecutivo,
del Congreso y de los militares. El suicidio colectivo pensó
en la dictadura como salida de la crisis. La Carta se perfila
como esperanza de política estable, seguridad ciudadana y
crecimiento.
La Constitución de 1978
La Carta Política de 1978 y la Ley de Partidos guiaron la
navegación democrática más larga de la historia ecuatoriana.
La vigencia de esta carta expirará el próximo 10 de agosto
cuando la Asamblea Nacional entregue la nueva al Presidente.
El antiguo bloque agro-exportador y banquero, formado por los
partidos Social Cristiano, Conservador y Liberal, protegido
por la dictadura militar de 1976 aspiraba a continuar en el
poder, y era alimentado por el gobierno petrolero. Los del
bloque querían una carta conservadora. Tenían una ética
legalista. Ellos harían las leyes.
El ya antiguo bloque de Concentración de Fuerzas Populares,
remozado por Assad Bucaram y perseguido por los militares,
aspiraba también al poder. Quería una carta moderna y una
ética, con la excepción de sus segmentos ilustrados, del
Estado, vaca lechera del partido gobernante.
Los partidos europeos de la Democracia Cristiana y de la
Izquierda Democrática soñaban con un Estado que repartiera
igualmente las riquezas y las oportunidades. Sus dos líderes,
Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja, se sentían más cómodos con
los libros que con los electores. Su ética idealista se basaba
en la ley al servicio del bien común. Querían un régimen de
partidos, no de caciques.
En la consulta popular de 1978 triunfó la nueva Carta. Triunfó
también la Ley de Partidos. El principal artífice de la nueva
Carta había sido el abogado Jaime Roldós; el impulsador de la
Ley de Partidos era el demócrata Osvaldo Hurtado; pero el
viejo poder logró pasar las elecciones de diputados de la
segunda a la primera vuelta de la elección presidencial.
Este cambio originó en los 20 años de la Carta un conflicto de
poder entre el presidente de la República y el Congreso, casi
siempre dominado por una mayoría opositora que aplicaba su
ética política. La Ley de Partidos no permitía sino la
elección de afiliados. Cuando en 1995, el presidente Sixto
Durán-Ballén propuso al pueblo el cambio de esta disposición,
la suerte del Congreso quedó en manos de los votos de los
independientes que daban o quitaban mayoría. El Estado se
volvió ingobernable. La corrupción se convirtió en instrumento
de política.
VEINTE AÑOS DESPUÉS
En estos 20 años la situación de Ecuador y del mundo había
cambiado. La sociedad ecuatoriana había vivido el ingreso
de los indios en la vida pública; había experimentado los
efectos de la destrucción de la naturaleza; había visto crecer
movimientos ciudadanos de toda suerte para participar en
política y defender sus derechos de género, ciudadanía,
consumo, igualdad racial y respeto a las diferencias. El mundo
había globalizado el mercado e impuesto la competencia y la
calidad como condiciones de éxito.
Pero en esos 20 años los gobiernos no habían logrado
modernizar el Ecuador, la pobreza había crecido y no se podía
achacar este deterioro al mercado sino a un Estado ineficaz
que protegía a los sectores privilegiados. Para romper este
esquema, el periodista Freddy Ehlers propuso en las elecciones
del 96 la creación de un Nuevo País que habría de nacer de la
matriz de una Asamblea Constituyente de origen popular. Ehlers
perdió las elecciones. Cuando el Congreso de 1997, que había
avanzado en la reforma de la carta del 78, cesó al presidente
Abdalá Bucaram, renació la idea de una Asamblea y de una nueva
Carta política.
El pueblo eligió a los asambleístas. Faltó pureza en las
elecciones a causa de los nuevos alineamientos políticos, pues
los partidos Social Cristiano y Democracia Cristiana -Popular-
comprendiendo que Ecuador no saldría de la crisis si ellos no
se aliaban para tener mayoría en la Asamblea y preparar una
carta moderna, apoyados por el Gobierno, presentaron la
alternativa de o voto en plancha o voto personal. Lograron una
mayoría inestable. El resto de asambleístas liderados por el
Movimiento de indios Pachakutik se agrupó para luchar por una
Carta política que preservara los derechos ciudadanos e
incorporara las demandas de la sociedad y de las minorías
étnicas.
La Asamblea ocasionó la fragmentación de los socialcristianos.
León Febres-Cordero veía amenazado su liderazgo ya que el
segundo líder del Partido, el abogado Jaime Nebot, creía que
había llegado la hora de una política más flexible y
conciliadora. Heinz Moeller, el tercer líder socialcristiano,
al sentir la debilidad de Febres-Cordero convirtió el Congreso
en punta de lanza de sus propios proyectos políticos. El
Partido se quedó sin candidato presidencial porque sus tres
líderes presentían que el pueblo estaba hastiado del juego
socialcristiano. El vacío de poder dejado por León fue llenado
por el demopopular Hurtado, quien al frente de la Asamblea
trabajó por una Carta política que hiciera manejable el
gobierno en Ecuador y permitiera un acercamiento de
posiciones. Se reeditó así el antiguo choque entre
Febres-Cordero y Hurtado, entre un estilo caciquista y un
estilo racional. El uno ordenó a su Partido retirarse de la
Asamblea. El otro, al perder la mayoría por maniobra del
Gobierno, renunció a la presidencia pero continuó liderando
moralmente la Asamblea.
Las vicisitudes contrarias a la Asamblea se explican en este
contexto: que el Congreso le haya fijado una camisa de fuerza
de 60 días para hacer la reforma, que algunos asambleístas
hayan pretendido alzarse con el poder, que el presidente
Alarcón haya retirado su apoyo a la mayoría y a la Asamblea,
que Alarcón, Moeller y los militares hubieran desconocido a la
Asamblea. Ésta respondió desde la base democrática de su
elección: continuó deliberando más allá del límite impuesto
por el Congreso, de las amenazas del Presidente y del desalojo
de su local por decisión del mando militar. Concluyó las
reformas, las promulgará en junio y las entregará al nuevo
presidente de la República el 10 de agosto de 1998. ¿Aceptará
esta nueva Carta Álvaro Noboa, candidato del caciquismo de
Febres-Cordero y del populismo de Bucaram? Si triunfan Jamil
Mahauad, Borja o Ehlers, la aceptación de la Carta
significaría una conciliación necesaria con el nuevo
socialcristianismo y el comienzo de una nueva época política.
LA CONSTITUCIÓN DE 1998
Confundidos por la política contradictoria del presidente
Alarcón, la agresividad política del presidente del Congreso,
el estilo de las deliberaciones de la Asamblea, la firme pugna
de los dos bloques, los periodistas han subrayado más los
errores de la Asamblea que sus aciertos.
La nueva Carta sienta reglas de juego más claras para un
Ecuador gobernable. Reformó la estructura del Congreso, lo
puso a trabajar en concordancia con el año fiscal, en
comisiones especializadas, por 10 meses al año y en bloques
legislativos. Dio a la mayoría y a la minoría autoridades
propias, adecuó el número de pobladores y diputados, los sacó
de las tentaciones presupuestarias, los ayudó con una comisión
de Legislación y Codificación, los juzgará por las normas de
un Código de Ética, volvió más difícil y más responsable el
juicio político, y los volvió revocables por acción popular.
Las reformas fortalecen al Ejecutivo, le dan más poderes
económicos e iniciativa exclusiva en el gasto público, los
tributos, y el manejo de las finanzas públicas, le eximen de
destituir a los ministros condenados por el Congreso, le ponen
un Contralor independiente sacado de una terna del Congreso,
le vuelven destituible previo juicio político y lo vuelven
sujeto a enjuiciamiento penal tras la venia del Congreso. Y
permiten la revocatoria de alcaldes y prefectos bajo ciertas
condiciones de acción popular.
Las reformas tornan ágil la función judicial al separar
administración en el Consejo de la Judicatura y ejercicio de
la justicia en la Suprema y las cortes; garantizan la
estabilidad de los jueces con una Corte Suprema vitalicia,
unifican jurisdicciones a fin de que todo juez -de menores,
militares, y políticos- dependa de la Corte e introducen la
tramitación oral de las causas.
La Carta institucionalizó a la Comisión Anticorrupción,
perennizó las causas contra los delitos de peculado, cohecho,
enriquecimiento ilícito y sindicados ausentes, suprimió los
gastos reservados, privó del derecho a ser elegidos por el
pueblo a los condenados con reclusión, prohibió a los
diputados tramitar recursos del presupuesto del Estado,
gestionar nombramientos, integrar directorios de cuerpos
colegiados ajenos, y su primió en el Congreso la comisión de
Presupuesto.
Las reformas se ocuparon de los derechos de los menores,
discapacitados, ancianos, mujeres, familia, niños,
adolescentes y consumidores. Y también de los derechos
colectivos de los pueblos indio, afro, montubio y cholo.
La Carta puso al día los derechos de salud y educación,
defendió el seguro social obligatorio en manos de una entidad
de derecho público, dispuso la intervención del Estado para
separar el patrimonio del IESS, de los fondos y de los aportes
de pensiones, puso las bases teóricas para estimular la
creación de administradoras de fondos y otras empresas de
seguros complementarios y dio valor constitucional al seguro
campesino y al fondo de solidaridad.
En cuanto a las reformas económicas, a más de señalar la
importancia de la agricultura, la Asamblea llegó a una
doctrina equilibrada sobre los derechos de los bienes del
Estado y la posibilidad de que sean administrados por empresas
públicas, privadas y mixtas. siempre que se lo haga
racionalmente para el bien común. Reconoció el concepto y la
realidad del mercado. Y reforzó la autonomía del Banco
Central.
Las reformas económicas y sociales fueron aprobadas de prisa
en la primera semana de mayo luego de que el Presidente
desconoció a la Asamblea; sin embargo, desde enero los
asambleístas venían discutiendo los temas sociales y
económicos. La semana de mayo simplemente culminó un largo
proceso de debates.
LA CARTA DE LA CONCORDIA
La historia constitucional ha bautizado algunas cartas como
Negra, de la Esclavitud, Libertaria. Ésta podría llamarse de
la Concordia porque brotó de un debate intenso y frecuente
sobre muchos proyectos presentados por la sociedad, y porque
las reformas recogieron consensos de los dos bloques
antagónicos.
Estas reformas significan que la crisis política empieza a
diluirse y que Ecuador entra en el camino de la madurez. Si
las elecciones confirman esta tendencia, se podrá decir que el
patito feo se ha convertido en un bello cisne enamorado.
(Texto tomado de La Revista Vistazo #738)
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