Quito. 07.08.94. Diciembre de 1985. Décimo día. Dos sargentos de
la Armada, al mando de un oficial de la Inteligencia Naval llegan
en la noche, a bordo de un jeep, a una casa desconocida de la
ciudad de Quito.
Allí recogen a una mujer esposada y encapuchada e inician viaje a
Esmeraldas.
A la altura del aeropuerto de esa ciudad el oficial da la orden
de detenerse. Exige que los dos sargentos se bajen del carro.
Luego se dirige con el chofer y la mujer por un camino
secundario. Pasan 20 largos minutos. Los dos sargentos escuchan
entonces varios disparos. Momentos después aparecen el oficial y
el chofer en el jeep, sin la mujer.
Lo anterior es la síntesis del relato que hizo Antonio Briones,
sargento de Inteligencia Naval, ante la Notaría Undécima de
Guayaquil el 31 de enero de 1994. él era uno de los acompañantes.
El otro era el sargento Olivo. El chofer era un sargento de
apellido Cuvi. Según este testimonio, el oficial era, Fausto
Morales Villota, entonces teniente de Navío. La mujer era
Consuelo Benavides.
SIETE DISPAROS
Nueve días después, Eliazar Gonzáles y Rudy Benavides, campesinos
de la zona, encuentran un cadáver de mujer semienterrado entre
las matas, con la cabeza destrozada a tiros.
Sin saber quién es la colocan en una canoa. Le prenden una
esperma. La velan a la orilla del camino con la esperanza de que
alguien la reconozca. Como nadie aparece presentan la denuncia
ante el teniente político de Rocafuerte.
El autocabeza de proceso dice que la mujer ha recibido "siete
disparos de pistola automática o metralleta de 9 mm en la cara y
el cuello". Por si acaso toman fotos del cadáver. Lo entierran.
Le ponen un nombre: "la mujer de Rocafuerte".
SUBVERSIVOS
Durante 1985, el gobierno de León Febres Cordero libró una
cruenta batalla contra el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. En
ese año cayeron muertos varios altos dirigentes de la
organización. Las fuerzas de seguridad tenían carta abierta para
ejercitar la fuerza. Las denuncias de arrestos arbitrarios,
torturas y muertes inundaban las oficinas de derechos humanos.
Un año antes, Consuelo Benavides había sido detenida junto a
otros compañeros de Sociología mientras preparaban su tesis de
grado. Se les acuso de ser miembros de AVC. Consuelo fue liberada
meses después por falta de pruebas. Para rehacer su vida optó por
aplicar a un puesto de maestra en una zona apartada, preferible
de la Amazonía norte, de donde era oriunda. No hubo resultados.
Días después se enteró con terror de que la Policía la
involucraba injustamente en el secuestro y muerte de Nahim
Isaías. Refugiada en casa de su hermana recibió la llamada de un
conocido miembro de AVC quien le ofreció un trabajo de maestra en
Esmeraldas. Aceptó, pero viajaría con dos condiciones: que no
haya vinculación con las actividades de ese grupo y que le
consigan una nueva cédula, pues era peligroso que viajara con su
nombre. El arreglo se hizo inmediatamente y así, la noche de un
viernes de fines de octubre de 1985, Consuelo Benavides, alias
Julia Acosta iniciaba, en un bus de Transportes Esmeraldas, su
viaje hacia la tortura y la muerte.
AQUI PUSE Y NO APARECE
La primera denuncia sobre la desaparición de Consuelo Benavides
la hicieron sus padres a la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos. Ese organismo pidió respuestas a las autoridades sin
obtener información alguna. El 13 de enero de 1986 intervino el
Tribunal de Garantías Constitucionales, sin resultados.
El 18 de febrero de ese mismo año, el ministro de Defensa de
entonces, general Luis Piñeiros negaba que las FFAA hubieran
detenido a Consuelo Benavides y Serapio Ordóñez.
Por presión de Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, la
Cancillería ecuatoriana insistió en la denuncia ante las
autoridades militares. Pero el comandante de la Marina,
vicealmirante Fernando Alfaro, negó, el 4 de agosto de 1987,
poseer alguna información al respecto.
Hasta que un oficio reservado del 16 de septiembre de 1987, el
comandante de la Estación Naval de Esmeraldas informó al
comandante de la Marina que Consuelo Benavides "fue aprendida por
personal de la Infantería de Marina y entregada al
Ejército".
El secreto salió a la luz cuando el coronel Francisco Moncayo,
entonces jefe del Gabinete Ministerial del Ministerio de Defensa,
el 26 de enero de 1988 remite al TGC, la declaración que
supuestamente hizo Consuelo Benavides a la Policía. Con ella,
asegura "la no participación de las FFAA en la materia de la
denuncia". Heinz Moeller, entonces ministro de Gobierno pidió
entonces más explicaciones. Cuatro meses después el coronel
Moncayo indicó que la única información adicional es que los
detenidos fueron entregados en custodia al mayor Byron Paredes.
Pero en septiembre de 1986 ya se había iniciado el juicio penal
militar en la Tercera Zona Naval de Esmeraldas por la muerte de
Consuelo Benavides. Dos años después, los autores cómplices y
encubridores fueron finalmente sobreseidos por el juez Zuber
Barriga. Posteriormente la Corte Militar ratificó el fallo.
ENTRA EL CONGRESO
El nuevo Congreso del período 88-89 formó una comisión para
investigar el caso. Ante ésta testimoniaron los principales
implicados en los hechos. En sus conclusiones la Comisión
responsabilizó del "arresto ilegal y arbitrario, tortura,
asesinato, falsificación de documentos y perjurio" en el caso de
Consuelo Benavides en los cuales se encuentran "implicados
directamente los miembros de la Dirección de Inteligencia Naval
con sede en Quito".
El Congreso no se convenció de la versión de la entrega a la
Policía. Ya que si la Policía hubiera tenido evidencia de que
Consuelo Benavides pertenecía a AVC ¿por qué habría de liberarla
de la noche a la mañana y no ponerla a órdenes de los jueces?
¿Por qué los únicos que disponen los documentos supuestamente
elaborados por la Policía son los de Inteligencia Naval? ¿Qué
funcionario y que dependencia policial se los proporcionó? ¿Por
qué si Serapio Ordoñez quedó en manos de la Policía fue liberado
por los mismos agentes de Inteligencia Naval que lo llevaron de
Esmeraldas a Quito junto a Consuelo Benavides? Son las preguntas
que hizo la comisión del Congreso y que no obtuvieron respuesta.
LOS JUANES EN EL ESTERO
Estero de Plátano es una comarca campesina ubicada al sur de
Quinindé. Por lo general ahí casi nuca había maestros, así que
Serapio Ordóñez se puso contento de recibir a Julia Acosta. El la
recogió de una pensión de Quinindé y, tras siete horas de viaje,
llegaron a su casa. Quince días después de empezar a dar clases,
Julia Acosta vio que unos jóvenes, a quienes se les conocía por
el lugar como "los Juanes" llegaron, al caserío a jugar fútbol.
Las visitas se repitieron durante varios fines de semana y la
relación de ellos con la comunidad se acrecentó porque ayudaron a
construir la escuela, a sembrar y, claro, también tomaban
traguitos y hacían fiestas.
Pero un día escucharon en la radio que un grupo, con las
características de algunos miembros de "los Juanes" había sido
detenido tras un asalto en Ibarra. Entonces Consuelo Benavides
comprendió que eran miembros de AVC y que ella estaba en peligro
de ser involucrada.
Lo mismo habría estado pensado Inteligencia Naval porque el 4 de
diciembre ocho marinos al mando del Teniente Oswaldo Campaña
llegaron a Plátano. Detuvieron a Serapio Ordóñez y a Julia
Acosta, quienes fueron trasladados a la Capitanía del Puerto y
encerrados en un calabozo. Los marinos interrogaron a Serapio
Ordóñez sobre los tales "Juanes" y sus actividades en la zona.
Luego de interrogar también a Julia Acosta, el oficial al mando,
capitán Gracían Villota, estaba a punto de ponerla en libertad,
por cuanto no hallaba vinculación de esa maestra menuda con los
subversivos que buscaban. Antes de pedirle disculpas observó
detenidamente su cédula de identidad. Por rutina profesional o
simple coincidencia raspó la foto...y esta se levantó. Consuelo
Benavides había sido descubierta.
CADENA SIN FIN
Doce abogados han pasado por el caso de Consuelo Benavides. Ya
sea por temor, falta de pago o incompetencia profesional, lo
cierto es que se han ido "abriendo" del caso.
"Es incuantificable el dinero y el tiempo que hemos gastado entre
papeleos, despachos y gestiones para conseguir justicia", dice la
hermana de Consuelo, Nelly Benavides. Ella es sicóloga industrial
y afronta ahora al defensa en representación de su familia.
Los Benavides han tenido que deshacerse de una propiedad en
Cañar. Están vendiendo una casa en Tulcán. Han adquirido una
deuda de siete millones de sucres por la curación de Rosa, su
madre, quien ya no puede soportar los kafkianos laberintos
judiciales.
"Es una situación desesperada, porque nosotros intuimos que se
intenta dilatar el juicio hasta que la causa prescriba por el
tiempo", dice Nelly Benavides. Y, en verdad, se la ve cansada,
transmitiendo una sensación de impotencia.
"Hemos hecho de todo para agilitar el proceso, pero se trata de
una cadena sin final", relata. "Hay, sí, apoyo internacional.
Cada vez llegan cartas desde el exterior, especialmente
promovidas por Amnistía Internacional, hacia las autoridades".
Pero "no puede haber resignación porque mi hermana existió, fue
una profesional muy capaz y de una increíble condición
humanitaria", dice, aunque le preocupa la "agonía permanente de
su madre" a quien, a sus años, le ha tocado dejar sus días de
reposo vital para este vía crucis.
"MORALES FUE EL ASESINO"
Los Benavides exigen justicia. Piden una sanción ejemplar para
quienes asesinaron a Consuelo, especialmente para el capitán
Fausto Morales Villota quién, ellos están convencidos, "fue el
asesino de Consuelo Benavides".
Nelly aclara que no están en contra de la institución armada.
"Esa sería una generalización absurda", dice. Pide, sin embargo,
que la Marina se depure de "esos elementos" que actuaron a nombre
de las FFAA.
La etapa sumarial en el juicio por la muerte de Consuelo
Benavides ha durado ocho años. El Fiscal General de la Nación,
Fernando Casares, le dice en su informe al presidente de la Corte
Suprema de Justicia que "juicios largos y procesos interminables
desprestigian a la justicia ante los ojos del ciudadano,
despiertan y sublevan el espíritu del litigante". Pero el informe
del Fiscal está hecho y acusa a los agentes Walter Prías y Pedro
Sagnay, teniente Fausto Morales, capitán Gracián Villota y a los
oficiales de Marina Humberto Romero y Oswaldo Campaña de haber
"sometido a tormento y detención ilegal arbitraria a Consuelo
Benavides y Serapio Ordóñez.
Como autores del asesinato de Consuelo Benavides acusa al
teniente Fausto Morales Villota y al contraalmirante (r)
Francisco Ramón Viteri.
Como encubridores acusa a los ex-ministros de Defensa, generales
Luis Piñeiros y Medardo Salazar.
El presidente de la Corte Suprema deberá llamar a etapa plenaria
para dictar sentencia. La sentencia puede ser apelada y se
reabriría el sumario. La causa por el asesinato de Consuelo
Benavides prescribe dentro de un año y medio. (Revista Blanco y
Negro, N. 15, PP. 4 y 5)
la Armada, al mando de un oficial de la Inteligencia Naval llegan
en la noche, a bordo de un jeep, a una casa desconocida de la
ciudad de Quito.
Allí recogen a una mujer esposada y encapuchada e inician viaje a
Esmeraldas.
A la altura del aeropuerto de esa ciudad el oficial da la orden
de detenerse. Exige que los dos sargentos se bajen del carro.
Luego se dirige con el chofer y la mujer por un camino
secundario. Pasan 20 largos minutos. Los dos sargentos escuchan
entonces varios disparos. Momentos después aparecen el oficial y
el chofer en el jeep, sin la mujer.
Lo anterior es la síntesis del relato que hizo Antonio Briones,
sargento de Inteligencia Naval, ante la Notaría Undécima de
Guayaquil el 31 de enero de 1994. él era uno de los acompañantes.
El otro era el sargento Olivo. El chofer era un sargento de
apellido Cuvi. Según este testimonio, el oficial era, Fausto
Morales Villota, entonces teniente de Navío. La mujer era
Consuelo Benavides.
SIETE DISPAROS
Nueve días después, Eliazar Gonzáles y Rudy Benavides, campesinos
de la zona, encuentran un cadáver de mujer semienterrado entre
las matas, con la cabeza destrozada a tiros.
Sin saber quién es la colocan en una canoa. Le prenden una
esperma. La velan a la orilla del camino con la esperanza de que
alguien la reconozca. Como nadie aparece presentan la denuncia
ante el teniente político de Rocafuerte.
El autocabeza de proceso dice que la mujer ha recibido "siete
disparos de pistola automática o metralleta de 9 mm en la cara y
el cuello". Por si acaso toman fotos del cadáver. Lo entierran.
Le ponen un nombre: "la mujer de Rocafuerte".
SUBVERSIVOS
Durante 1985, el gobierno de León Febres Cordero libró una
cruenta batalla contra el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. En
ese año cayeron muertos varios altos dirigentes de la
organización. Las fuerzas de seguridad tenían carta abierta para
ejercitar la fuerza. Las denuncias de arrestos arbitrarios,
torturas y muertes inundaban las oficinas de derechos humanos.
Un año antes, Consuelo Benavides había sido detenida junto a
otros compañeros de Sociología mientras preparaban su tesis de
grado. Se les acuso de ser miembros de AVC. Consuelo fue liberada
meses después por falta de pruebas. Para rehacer su vida optó por
aplicar a un puesto de maestra en una zona apartada, preferible
de la Amazonía norte, de donde era oriunda. No hubo resultados.
Días después se enteró con terror de que la Policía la
involucraba injustamente en el secuestro y muerte de Nahim
Isaías. Refugiada en casa de su hermana recibió la llamada de un
conocido miembro de AVC quien le ofreció un trabajo de maestra en
Esmeraldas. Aceptó, pero viajaría con dos condiciones: que no
haya vinculación con las actividades de ese grupo y que le
consigan una nueva cédula, pues era peligroso que viajara con su
nombre. El arreglo se hizo inmediatamente y así, la noche de un
viernes de fines de octubre de 1985, Consuelo Benavides, alias
Julia Acosta iniciaba, en un bus de Transportes Esmeraldas, su
viaje hacia la tortura y la muerte.
AQUI PUSE Y NO APARECE
La primera denuncia sobre la desaparición de Consuelo Benavides
la hicieron sus padres a la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos. Ese organismo pidió respuestas a las autoridades sin
obtener información alguna. El 13 de enero de 1986 intervino el
Tribunal de Garantías Constitucionales, sin resultados.
El 18 de febrero de ese mismo año, el ministro de Defensa de
entonces, general Luis Piñeiros negaba que las FFAA hubieran
detenido a Consuelo Benavides y Serapio Ordóñez.
Por presión de Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, la
Cancillería ecuatoriana insistió en la denuncia ante las
autoridades militares. Pero el comandante de la Marina,
vicealmirante Fernando Alfaro, negó, el 4 de agosto de 1987,
poseer alguna información al respecto.
Hasta que un oficio reservado del 16 de septiembre de 1987, el
comandante de la Estación Naval de Esmeraldas informó al
comandante de la Marina que Consuelo Benavides "fue aprendida por
personal de la Infantería de Marina y entregada al
Ejército".
El secreto salió a la luz cuando el coronel Francisco Moncayo,
entonces jefe del Gabinete Ministerial del Ministerio de Defensa,
el 26 de enero de 1988 remite al TGC, la declaración que
supuestamente hizo Consuelo Benavides a la Policía. Con ella,
asegura "la no participación de las FFAA en la materia de la
denuncia". Heinz Moeller, entonces ministro de Gobierno pidió
entonces más explicaciones. Cuatro meses después el coronel
Moncayo indicó que la única información adicional es que los
detenidos fueron entregados en custodia al mayor Byron Paredes.
Pero en septiembre de 1986 ya se había iniciado el juicio penal
militar en la Tercera Zona Naval de Esmeraldas por la muerte de
Consuelo Benavides. Dos años después, los autores cómplices y
encubridores fueron finalmente sobreseidos por el juez Zuber
Barriga. Posteriormente la Corte Militar ratificó el fallo.
ENTRA EL CONGRESO
El nuevo Congreso del período 88-89 formó una comisión para
investigar el caso. Ante ésta testimoniaron los principales
implicados en los hechos. En sus conclusiones la Comisión
responsabilizó del "arresto ilegal y arbitrario, tortura,
asesinato, falsificación de documentos y perjurio" en el caso de
Consuelo Benavides en los cuales se encuentran "implicados
directamente los miembros de la Dirección de Inteligencia Naval
con sede en Quito".
El Congreso no se convenció de la versión de la entrega a la
Policía. Ya que si la Policía hubiera tenido evidencia de que
Consuelo Benavides pertenecía a AVC ¿por qué habría de liberarla
de la noche a la mañana y no ponerla a órdenes de los jueces?
¿Por qué los únicos que disponen los documentos supuestamente
elaborados por la Policía son los de Inteligencia Naval? ¿Qué
funcionario y que dependencia policial se los proporcionó? ¿Por
qué si Serapio Ordoñez quedó en manos de la Policía fue liberado
por los mismos agentes de Inteligencia Naval que lo llevaron de
Esmeraldas a Quito junto a Consuelo Benavides? Son las preguntas
que hizo la comisión del Congreso y que no obtuvieron respuesta.
LOS JUANES EN EL ESTERO
Estero de Plátano es una comarca campesina ubicada al sur de
Quinindé. Por lo general ahí casi nuca había maestros, así que
Serapio Ordóñez se puso contento de recibir a Julia Acosta. El la
recogió de una pensión de Quinindé y, tras siete horas de viaje,
llegaron a su casa. Quince días después de empezar a dar clases,
Julia Acosta vio que unos jóvenes, a quienes se les conocía por
el lugar como "los Juanes" llegaron, al caserío a jugar fútbol.
Las visitas se repitieron durante varios fines de semana y la
relación de ellos con la comunidad se acrecentó porque ayudaron a
construir la escuela, a sembrar y, claro, también tomaban
traguitos y hacían fiestas.
Pero un día escucharon en la radio que un grupo, con las
características de algunos miembros de "los Juanes" había sido
detenido tras un asalto en Ibarra. Entonces Consuelo Benavides
comprendió que eran miembros de AVC y que ella estaba en peligro
de ser involucrada.
Lo mismo habría estado pensado Inteligencia Naval porque el 4 de
diciembre ocho marinos al mando del Teniente Oswaldo Campaña
llegaron a Plátano. Detuvieron a Serapio Ordóñez y a Julia
Acosta, quienes fueron trasladados a la Capitanía del Puerto y
encerrados en un calabozo. Los marinos interrogaron a Serapio
Ordóñez sobre los tales "Juanes" y sus actividades en la zona.
Luego de interrogar también a Julia Acosta, el oficial al mando,
capitán Gracían Villota, estaba a punto de ponerla en libertad,
por cuanto no hallaba vinculación de esa maestra menuda con los
subversivos que buscaban. Antes de pedirle disculpas observó
detenidamente su cédula de identidad. Por rutina profesional o
simple coincidencia raspó la foto...y esta se levantó. Consuelo
Benavides había sido descubierta.
CADENA SIN FIN
Doce abogados han pasado por el caso de Consuelo Benavides. Ya
sea por temor, falta de pago o incompetencia profesional, lo
cierto es que se han ido "abriendo" del caso.
"Es incuantificable el dinero y el tiempo que hemos gastado entre
papeleos, despachos y gestiones para conseguir justicia", dice la
hermana de Consuelo, Nelly Benavides. Ella es sicóloga industrial
y afronta ahora al defensa en representación de su familia.
Los Benavides han tenido que deshacerse de una propiedad en
Cañar. Están vendiendo una casa en Tulcán. Han adquirido una
deuda de siete millones de sucres por la curación de Rosa, su
madre, quien ya no puede soportar los kafkianos laberintos
judiciales.
"Es una situación desesperada, porque nosotros intuimos que se
intenta dilatar el juicio hasta que la causa prescriba por el
tiempo", dice Nelly Benavides. Y, en verdad, se la ve cansada,
transmitiendo una sensación de impotencia.
"Hemos hecho de todo para agilitar el proceso, pero se trata de
una cadena sin final", relata. "Hay, sí, apoyo internacional.
Cada vez llegan cartas desde el exterior, especialmente
promovidas por Amnistía Internacional, hacia las autoridades".
Pero "no puede haber resignación porque mi hermana existió, fue
una profesional muy capaz y de una increíble condición
humanitaria", dice, aunque le preocupa la "agonía permanente de
su madre" a quien, a sus años, le ha tocado dejar sus días de
reposo vital para este vía crucis.
"MORALES FUE EL ASESINO"
Los Benavides exigen justicia. Piden una sanción ejemplar para
quienes asesinaron a Consuelo, especialmente para el capitán
Fausto Morales Villota quién, ellos están convencidos, "fue el
asesino de Consuelo Benavides".
Nelly aclara que no están en contra de la institución armada.
"Esa sería una generalización absurda", dice. Pide, sin embargo,
que la Marina se depure de "esos elementos" que actuaron a nombre
de las FFAA.
La etapa sumarial en el juicio por la muerte de Consuelo
Benavides ha durado ocho años. El Fiscal General de la Nación,
Fernando Casares, le dice en su informe al presidente de la Corte
Suprema de Justicia que "juicios largos y procesos interminables
desprestigian a la justicia ante los ojos del ciudadano,
despiertan y sublevan el espíritu del litigante". Pero el informe
del Fiscal está hecho y acusa a los agentes Walter Prías y Pedro
Sagnay, teniente Fausto Morales, capitán Gracián Villota y a los
oficiales de Marina Humberto Romero y Oswaldo Campaña de haber
"sometido a tormento y detención ilegal arbitraria a Consuelo
Benavides y Serapio Ordóñez.
Como autores del asesinato de Consuelo Benavides acusa al
teniente Fausto Morales Villota y al contraalmirante (r)
Francisco Ramón Viteri.
Como encubridores acusa a los ex-ministros de Defensa, generales
Luis Piñeiros y Medardo Salazar.
El presidente de la Corte Suprema deberá llamar a etapa plenaria
para dictar sentencia. La sentencia puede ser apelada y se
reabriría el sumario. La causa por el asesinato de Consuelo
Benavides prescribe dentro de un año y medio. (Revista Blanco y
Negro, N. 15, PP. 4 y 5)
Más en el