Quito. 1 abr 98. El gobierno interino ha cambiado las mochilas
de Bucaram por aulas prefabricadas, en un contrato que tampoco
es justo para el país

Por Juan Carlos Calderón V.

Hasta terminar su mandato, el presidente interino pretende
entregar 2.235 aulas escolares nuevas en todo el país. A razón
de cuatro al día.

Esta febril maratón será llamada "aula rápida".

Estas aulas son el resultado de la re- negociación del
contrato de la mochila escolar, que por 40 millones de dólares
firmó en noviembre de 1996 la ex ministra de Educación Sandra
Correa con un consorcio de empresas colombianas, avaladas por
el Gobierno de ese país. Por las presuntas irregularidades de
esa contratación, hay un juicio penal contra la ex Ministra,
el ex presidente Abdalá Bucaram y Miguel Salem, ex secretario
de la Administración.

Pero, al parecer, el Estado ecuatoriano terminó perdiendo
definitivamente en el trato. La renegociación del contrato
significó que el país recibiría la tercera parte del millón
200 mil mochilas escolares que se comprometió en un principio.
A cambio, comprará a la firma colombiana Manilit, 2.235 aulas
escolares, de 35 metros cuadrados, a 7.450 dólares cada una
-36 millones de sucres. Lo que significa que cada metro
cuadrado sale costando un millón de sucres, aproximadamente.

Estas aulas nunca fueron cotizadas en el mercado ecuatoriano.
La idea de cambiar aulas por mochilas partió del propio
presidente de la República, por que la destrucción de aulas
gracias a El Niño lo hacía necesario. Pero, nuevamente una
emergencia ha servido de escudo para otorgar a dedo una
adquisición que supera los 16 millones de dólares. ¿Por qué,
si la empresa colombiana estaba dispuesta a llegar a un
acuerdo, y por convenir a los intereses del país, no se logró
que esas aulas sean construidas en el mercado ecuatoriano? El
argumento del ministro de Educación, Mario Jaramillo, fue que
el sistema de construcción no existía en el país. Pero, el
presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, el
arquitecto Patricio Aguilar, dijo a Vistazo que "el cambiar
aulas por mochilas sigue siendo nocivo para el país, pues el
precio de cada aula resulta demasiado elevado frente a lo que
podría ofertar cualquier constructor nacional a través de una
licitación transparente". Los constructores ecuatorianos
hablaron con números: las aulas de doble panel de
fibrocemento, con material aislante de 35 metros cuadrados no
pueden costar más de 18 millones de sucres, considerando un
costo de 400 mil sucres por metro cuadrado de construcción,
incluida la mano de obra, agregada una utilidad y gastos
administrativos del 25%, y un millón 250 mil sucres por el
contrapiso. También hubo una objeción técnica: "El
fibrocemento es de baja calidad, susceptible de rajaduras y no
ofrece durabilidad de acuerdo al uso intenso que tiene un aula
escolar".

Las aulas que vendrán de Colombia deben ser armadas por el
Ecuador. La empresa colombiana se ha comprometido a instalar
13 aulas en el país, a modo de instrucción y entregar a las
aduanas de Quito y Tulcán las aulas empacadas y su respectiva
caja de herramientas. Eso aumentará su costo a 41 millones por
cada una, pero, en los beneficios económicos la parte del león
se la llevan los constructores colombianos.

Las aulas "made in Colombia" sí se hacen en el país, el
sistema no es nada del otro mundo y salen costando la mitad si
lo hicieran los ecuatorianos, fue la postura de la Cámara.

Al parecer, como con la mochila anterior, hubo un aparente
desprecio de la capacidad nacional. Pero también razones más
profundas: "El Gobierno de Colombia insistió frecuentemente
ante la Presidencia y ante el Procurador para que se llegue a
un acuerdo. Era un problema para el Ecuador, porque el
préstamo del gobierno de Colombia a través de Bancoldex, de 54
millones de dólares para la reconstrucción de las carreteras,
estaba condicionado a que se arregle el contrato de la mochila
escolar", dijo el ministro de Educación a Vistazo.

Aunque el Ministro reconoció que aulas de las mismas
características se pueden conseguir en el Ecuador a menor
precio, "la transacción tenía que hacerse con Colombia y con
la empresa que hizo el contrato. Los precios pueden ser
superiores al mercado local, pero no podemos hacer una
licitación con capitales ecuatorianos, sino con Colombia".

Lo extraño del caso es que para los otros materiales del
contrato global, esto es: mochilas, textos escolares, unidades
médicas móviles y comedores escolares, sí se realizaron
cotizaciones. Dos delegadas del Estado ecuatoriano y uno de la
empresa Promotora de Intercambio conformaron el 14 de agosto
de 1997 una comisión tripartita para solicitar cotizaciones
sobre los bienes del contrato de la mochila escolar, en los
mercados de Ecuador y Colombia. La comisión usó la lista de
proveedores calificados por el ministerio de Educación y el
directorio de Industrias y Comercio del Ecuador, y de
Colombia. Y resolvieron obtener al menos dos cotizaciones por
cada grupo de materiales, tanto de Ecuador como de Colombia.
Entre el 15 y el 30 de agosto cotizaron en 21 empresas
ecuatorianas y ocho colombianas.

La comisión dijo en su informe que Ecuador "no cuenta con
empresas, industrias o comercios que puedan cotizar todos los
bienes del paquete de la mochila, sea individualmente o por
paquetes". Varias de las firmas ecuatorianas ni siquiera
respondieron, incluidas las empresas estatales DINACE y
SNALME, para los restaurantes escolares y libros, "a pesar de
los múltiples requerimientos".

Pero, al menos se obtuvo un resultado concreto: "...en los
textos escolares se registraba un sobreprecio", le informó el
procurador del Estado, Milton Álava, al presidente de la
República. Por lo que el precio de los libros se redujo en
casi un millón de dólares del contrato original a favor del
Estado ecuatoriano.

Si bien la decisión de transar aulas escolares por mochilas
fue tomada posteriormente por el presidente de la República,
¿por qué no se realizó el mismo procedimiento, de pedir
cotizaciones sobre aulas escolares en el Ecuador? Las
autoridades que llevaron adelante la transacción tienen una
explicación: la empresa Manilit, de Colombia, "es la única
empresa en Colombia que produce los materiales que requiere el
Ministerio de Educación, para la instalación inmediata de
restaurantes escolares y aulas". A los constructores
ecuatorianos ni siquiera les preguntaron. Pues al parecer no
se confía en los empresarios ecuatorianos: "Por la pica que
tienen con los colombianos y porque no hay una licitación,
ellos pueden poner cualquier precio a sus ofertas".

¿QUÉ GANAMOS?

Fue la empresa colombiana, Promotora de Intercambio la que
pidió conversar con el Ecuador, y se allanó a las condiciones
que impuso el Estado para renegociar el contrato. Se previó
inicialmente que el monto renegociado sería el 50% del monto
inicial del contrato, es decir, 20 millones de dólares, que
pagaban los bienes que ya estaban en la aduana. Y punto. El
país se ahorraba 20 millones.

La otra opción era renegociar por los 40 millones de dólares
con un total replanteamiento de los bienes a ser adquiridos.
Las dos fórmulas fueron presen- tadas al presidente Alarcón,
que se decidió por la segunda: aulas por mochilas. Y era la
que deseaba Colombia.

A criterio de varios abogados y financistas consultados
resultó la más onerosa para el país: mantener el monto
original, contratar las aulas a dedo y, según la Cámara de la
Construcción de Pichincha, en términos más caros que los del
mercado ecuatoriano. ¿Cuál fue el beneficio para el país?

El Procurador: "Fue una mala transacción. Yo prefiero una mala
transacción a un buen juicio. Fue lo mejor que pudimos hacer
ante un contrato oneroso y lesivo. Lo único que lamento es
haber tenido que comprar 500 mil mochilas, pero Colombia
insistió en ese número".

Como siempre, la cuerda se rompió por el lado más débil. Y el
señor Presidente ya tiene aulas escolares para terminar con
fanfarria su mandato.

Aulas por planta de harina

Las primeras damas de Ecuador y Colombia se han hecho buenas
amigas. Tanto que en una de sus reuniones para tratar el
estado de la desnutrición infantil en ambos países, la señora
Lucía Peña de Alarcón, aceptó la propuesta colombiana de
instalar en Quito una planta industrial para fabricar harina
enriquecida con nutrientes. Ésta se llama bienestarina, y es
una revolución alimenticia en Colombia para niños menores de
cinco años y madres gestantes.

La planta colombiana costaba algo más de cuatro millones de
dólares, y pasaría al INNFA luego de su instalación. Su
contratación formaba parte de la transacción del contrato de
la mochila escolar, y así se incluyó en la primera minuta.
Pero, meses más tarde, el Gobierno desechó la planta y aumentó
en su lugar el número de aulas: de 1.600 a 2.200. Esto a pesar
de la oposición de la Primera Dama, que no habría dudado en
presionar al ministro de Educación para que se contrate esa
planta.

¿Por qué se la desechó? Porque el Ministerio de Educación ya
tiene una planta productora de harina que funciona poco y mal
pero es perfectible, y por tanto se estaba duplicando este
tipo de fábrica. Y porque una corta investigación de parte del
diputado Álvaro Pérez detectó que plantas similares se podían
conseguir a precios inferiores en otros países de América
Latina. Ante un posible escándalo, el Procurador resolvió
parar la adquisición de la planta.

Procurador vs. Contralor

A propósito de la transacción del contrato de la mochila
escolar, ahora aula rápida, surgió una polémica entre el
contralor, Benjamín Terán, y el Procurador. Según este último,
abogado del Estado, "doctrinariamente, la transacción tiene el
carácter de un contrato vinculado al que ha sido causa de
esta, y es por ello que se requiere, por el monto de la
transacción y de acuerdo al Art. 304 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, -LOAFIC-, del informe
favorable del Contralor General del Estado, que también se
agregará como documento habilitante".

Así que el Procurador pidió informe al Contralor por dos
ocasiones. A la primera petición el doctor Benjamín Terán
contestó que, como el presidente de la República ya había
emitido y publicado el Decreto en el que autorizaba al
Procurador y al ministro de Educación firmar el contrato, no
procedía ya a la Contraloría emitir el informe.

A la segunda insistencia, el doctor Terán replicó, también con
insistencia, que la autorización ya había sido dada por el
presidente de la República.

Y el nuevo contrato de la mochila escolar no recibió el visto
bueno del Contralor. (Texto tomado de La revista Vistazo #734)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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