La tendencia crece: alrededor del 70% de las mujeres detenidas en la cárcel de El Inca, en Quito, están acusadas o sentenciadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En menor proporción, en las prisiones para varones ocurre un hecho parecido. Un estudio de un equipo de
investigación de la Flacso muestra la corriente de este fenómeno en el Ecuador y las connotaciones sociales de una política punitiva.
¿Cárceles se llenan de narcos?
La composición carcelaria está mostrando un fenómeno de la realidad socioeconómica de América Latina y el fuerte influjo de ciertas corrientes políticas en el establecimiento de correctivos penales.
En el Ecuador, en 1980, existían 4 797 personas encarceladas; en 2004, la cifra subió a 9 886. A principios de los ochenta, los detenidos por la categoría estupefacientes, representaba el 17% de la población penitenciaria. Actualmente, el 30% de hombres y el 77% de mujeres están en prisión por delitos relacionados con drogas ilegales.
En los ochenta, el 67% de los internos era de origen rural, tenía entre 20 y 29 años, el 59% contaba con instrucción primaria y el 20% era analfabeto. A principios de este siglo, la mayoría de gente encarcelada es de origen urbano; la edad oscila entre 18 y 28 años, y casi el 60% tiene formación secundaria y superior.
A esas cifras llegó un estudio de un equipo de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que aquí se detalla.
El Ecuador no produce drogas ilegales, es un punto de tránsito en los circuitos de tráfico internacional. En el país, el comercio doméstico a pequeña escala es una modalidad laboral inscrita en la economía informal para satisfacer la reducida demanda local.
El consumo de drogas ilegales afecta a una minoría de la población ecuatoriana, mientras el alcohol lo consumen con regularidad las tres cuartas partes de la sociedad.
Así, se entiende que la población penitenciaria en América Latina haya aumentado de forma acelerada durante los noventa. Por lo menos es más creíble que considerar el aparecimiento de una epidemia delincuencial generalizada que afecta a extensas capas sociales, haciendo de ellas personas más inmorales o con tendencias criminales innatas.
El problema no es que el Estado tenga una política criminal y carcelaria, elemento básico en el llamado estado de derecho, sino que se utilice al sistema penal y penitenciario para resolver problemas sociales. En un estudio de Elías Carranza, de 2003, se demuestra que, entre 1992 y 1999, en América Latina, el crecimiento de la población penitenciaria se debe a un mayor uso de la prisión, como instrumento punitivo.
Los objetivos de la acción estatal ya no son irracionales, están sujetos a una dinámica relativamente autónoma de la realidad social presente en el país. La focalización de las políticas criminales y carcelarias hacia la economía ilegal del narcotráfico es la respuesta previsible y lógica de Estados que no tienen otra manera de legitimarse en la sociedad que ejerciendo burdamente el monopolio de la violencia, es decir, aplicando la ley y el orden.
Así, la política anticriminal y carcelaria hacia las drogas ilegales se convierte al mismo tiempo en una cesión de soberanía y una necesidad del Estado que le permite desplegarla.
El modelo carcelario hacia las drogas ilegales en el contexto neoliberal es mucho más que otro episodio en esta larga cruzada moderna. Es, por ahora, el paradigma latinoamericano, y especialmente andino, de la emergencia de un Estado policial y penal indiferente al drama social fomentado por el canibalismo del mercado. En concreto, es la causa estructural de que cada día más jóvenes desempleados pierdan su vida en una cárcel y con ello ingresen penosamente al mundo delincuencial.
Entonces, el aumento de la violencia y conflicto social obliga a incrementar el aparato policial y justifica una suerte de populismo carcelario que grita a los cuatro vientos por el aumento de las penas y la construcción de más prisiones, pero que, en realidad, lo que se enfrenta no es otra cosa que el resultado de una brutal criminalización sistemática de las clases menos favorecidas.
Las transformaciones en la composición de la población penitenciaria son solo una parte del fenómeno, la articulación del sistema de cárceles con la economía ilegal de las drogas en el marco de estos procesos de transformación del Estado ha generado efectos tanto a escala institucional como social. (JNV)
La historia
La producción de drogas ilegales aparece en la región andina durante los setenta debido a que países como Bolivia y el Perú, donde culturalmente la hoja de coca tiene usos tradicionales, se hicieron funcionales a la demanda internacional. En Colombia y México se desarrollaron sistemas de comercio ilegal hacia los EEUU y Europa. Esta situación se mantuvo hasta los noventa; luego, Colombia dejó de ser un país especializado en el tráfico y se convirtió en el mayor productor de hoja de coca del mundo en 1999 y en esa misma década ya producía 61 toneladas métricas de amapola. Es un hecho que la economía ilegal de las drogas depende de la política antinarcóticos de los EEUU en todo el mundo la llamada "guerra contra las drogas" se inició en 1982 después de una epidemia de adicción a la cocaína en ese país. Las políticas antidrogas aparecen a principios de siglo.
Hay un doble encarcelamiento
Muchas acusadas por tr´sfico ilícito de estupefacientes, en realidad, son las denominadas "mulas" que hacen su trabajo para obtener ingresos destinados a sostener la economía de sus hogares.
La aplicación de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 108) que regula y condena los delitos relacionados con el tráfico y la tenencia de drogas ha tenido un impacto particular en el perfil criminal de las mujeres en el Ecuador.
Aunque las mujeres solo representan alrededor de un 10% de la población total de detenidos en el país, este es un porcentaje alto en el contexto latinoamericano y además es un índice que ha tendido a subir a los largo de los útimos años.
Para 2003, alrededor del 76% de las mujeres recluidas en los centros de rehabilitación del país eran acusadas de delitos de drogas, mientras que, entre la población masculina, este porcentaje era tan solo de 28%, según datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
Los delitos de drogas, en los años 80, constituían la principal causa de criminalización de las mujeres mientras que, entre los hombres, predominaban los delitos contra la propiedad.
Las mujeres tienen un perfil delictivo menos violento, pues los delitos de drogas, por lo general, no implican un uso indiscriminado de la violencia, sobre todo si se considera que hay un número significativo de mujeres que se involucran en actividades de tráfico bajo la modalidad de "mulas".
En una encuesta realizada por Flacso-Ecuador y la DNRS (2005) se constató que, en la cárcel de El Inca, en Quito, el 27,5% de las internas encuestadas reportó haber participado en el narcotráfico en calidad de "mula".
Por otro lado, un 13,1% de las internas admite que se les detuvo por consumo, lo cual es un porcentaje significativo si se considera que, desde 1998, el consumo fue despenalizado en el país.
Como afirma una interna: "Prácticamente, de todos los casos que hay acá por tráfico, todas, todas son utilizadas, no son las dueñas del negocio".
Aún para el caso de aquellas personas que asumen haber cometido el delito, critican el estar sujetas a una ley "intolerante" que, de por sí, les otorga penas demasiado altas.
Sin duda, para las mujeres encarceladas, la principal preocupación, a más de las condiciones en que se vive dentro de los centros penitenciarios, es la rebaja de penas, pues de ese modo se intenta paliar la vida que llevan y la deseperanza de obtener una sentencia justa.
El actual endurecimiento de penas representa un golpe duro para las mujeres detenidas, si se toma en cuenta que el promedio de años de condena que recibe una persona acusada de delitos de estupefacientes es de ocho años.
En un contexto en el que las mujeres aún representan el pilar fundamental de las familias, estas condenas tienen repercusiones sociales significativas. Para aquellas que son madres, muchas veces implica la pérdida de sus vínculos familiares. Otras, se ven obligadas a vivir con sus hijos en la cárcel.
Además, el endurecimiento de penas ha exacerbado el hacinamiento en las cárceles de mujeres, agravando así la situación que viven las detenidas del país.
No son raros tampoco los casos de mujeres que han sido engañadas y sentenciadas injustamente por delitos que no cometieron. Cabe preguntarse si es posible que este sea un efecto de una política antidrogas cuya única preocupación es encontrar más "culpables". (AT)
Testimonio
En los dos años que he estado aquí, nunca había pasado esto. Fue el 7 de mayo de 2004. Se producía el traslado de una interna a otro centro, las compañeras hicieron un problema y dañaron el candado y se fueron. Cuando salieron, empezaron a gritar cosas en contra de la guía. Ella respondió: "Esta me la vengo y me la cobro". Pero se la cobró mal. Llamó a la Policía: "Por favor, vengan hay una fuga masiva en la cárcel". Los policías llegaron, ella les informó que la supuesta fuga era en los pabellones antiguos pese a que el problema fue en otro sector. Ingresaron, lanzaron cinco bombas lacrimógenas, no podíamos salir de las celdas, las puertas estaban cerradas con candado. Gritábamos y pedíamos auxilio. Somos 60 señoras y los hijos. Nos moríamos de desesperación. La representante del pabellón se armó de valor y cogió y abrió las puertas. Llegó al baño y se desmayó.
Todas estábamos en el baño, queríamos entrar en la ducha pero primero metimos a la representante, estaba más muerta que viva, y luego a los niños, tratábamos de que les cayera el chorrito de agua para mantenerlos vivos.
A mi hijastro le dio convulsiones. Yo saqué valor, lo levanté, lo metí a la ducha y revivió. El 911 llegó dos horas después, solo ahí nos sacaron. Los policías se dieron cuenta de que nosotras no fuimos las revoltosas, se querían llevar las bombas, alcanzamos a cogerlas y se las entregamos a los derechos humanos.
Una interna de la cárcel de mujeres de El Inca, en Quito.
El motín, única vía de reclamo
En las protestas carcelarias se agudizan las formas de demandas: huelgas de hambre, mutilizaciones, crucifixiones, enterramientos y hasta retención de autoridades se repiten con frecuencia
María está más de un año en la cárcel de El Inca, en Quito. La apresaron en un operativo en el cual capturaron a muchas personas de su barrio. Ella afirma que no tiene nada que ver con el expendio de drogas que realizaba su vecina. Sin embargo, fue llevada a los calabozos de la Policía Judicial, por vivir en la misma casa.
Ahora, sus tres hijos no tienen quien los cuide. El mayor es de 10 años. María tampoco puede pagar un abogado, pero tiene fe en Dios y probablemente el juez crea en su inocencia. En el tiempo que lleva en la cárcel ha aprendido que la justicia no se mueve sin dinero. Cada trámite sobrepasa los $10, para que los amanuences hagan su trabajo.
En 2002, el Congreso aprobó la detención en firme, una ley que mantiene cautivos a ciudadanos bajo sospecha, que se encuentran en esta situación sin un debido proceso y sin un juicio que compruebe su culpabilidad.
A decir de algunos juristas, esta ley viola la Constitución Política del Estado, así como convenios internacionales de presunción de la inocencia.
No obstante, los ciudadanos presos por más de un año estarían en derecho de exigir su libertad; no se trata de una liberación indiscriminada, sino del reclamo del cumplimiento de la ley.
En el encierro, es casi imposible la gestión de su propia libertad, pues los procesos legales son extremadamente burocratizados y corruptos, además de los altos costos de los abogados, como denuncian los detenidos. Muchos no saben en que instancia están sus procesos, algunos no conocen a cuántos años han sido condenados, de lo que son acusados o si han sido absueltos. Incluso, hay casos de varias personas que cumplieron ya su pena y no se enteraron.
Para los estudiosos, la emergencia de las prisiones tiene que ver con percepciones de justicia poco imaginativas que buscan el endurecimiento de penas y la creación de más cárceles, pero que no proponen alternativas sociales como servicios a la comunidad.
Así, tampoco se toma en cuenta que la prisión fomenta la delincuencia. Entre más años de encierro, mayor aislamiento e inadaptación a la sociedad. De ahí que, si se busca la paz social, la petición de la rebaja de condenas por buen comportamiento es uno de los derechos humanos básicos de las internas.
A pesar de la supuesta ola delictiva, la mayoría de prisioneros no están relacionados con el ejercicio de la violencia, sino con procesos de marginación social como desempleo, migración, pobreza extrema.
Por eso se explican los recurrentes motines. Frente a la ineficacia de los procesos de justicia, las protestas carcelarias son la búsqueda del ejercicio de los derechos, pero también la apelación a la sensibilidad pública y al manejo adecuado de los imaginarios sociales comúnmente propagados por algunos medios de comunicación, que exacerban la cara de la delincuencia.
Las crucifixiones, enterramientos, huelgas de hambre, mutilaciones, entre otras, son las nuevas expresiones simbólicas que buscan exponer al mundo cómo es vivir en prisión.
Dentro de las cárceles, el 70% de su población son ciudadanos sin juicio y presumiblemente inocentes. (LC)
El equipo de la FLACSO que produjo este informe
Proyecto de investigación: "La cárcel en Ecuador: vida cotidiana, relaciones de poder y políticas públicas".
Desarrollado por: Programas de Estudios de la Ciudad de Flacso- Sede Ecuador.
Auspiciado por: Fundación Esquel, Municipio de Quito, Dirección Nacional de Rehabilitación Social.
Equipo de Investigación: Fernando Carrión (coordinador del programa), Jorge Núñez Vega (coordinador del proyecto), Ana María Goerschel, Alion Vásconez, Carla Calero, Andeina Torres, Jenny Pontón, Juan Carlos Pacheco, Paco García, Daniel Pontón, Claudio Gallardo y Mateo Herrera y François Laso (Blanco y Negro)
investigación de la Flacso muestra la corriente de este fenómeno en el Ecuador y las connotaciones sociales de una política punitiva.
¿Cárceles se llenan de narcos?
La composición carcelaria está mostrando un fenómeno de la realidad socioeconómica de América Latina y el fuerte influjo de ciertas corrientes políticas en el establecimiento de correctivos penales.
En el Ecuador, en 1980, existían 4 797 personas encarceladas; en 2004, la cifra subió a 9 886. A principios de los ochenta, los detenidos por la categoría estupefacientes, representaba el 17% de la población penitenciaria. Actualmente, el 30% de hombres y el 77% de mujeres están en prisión por delitos relacionados con drogas ilegales.
En los ochenta, el 67% de los internos era de origen rural, tenía entre 20 y 29 años, el 59% contaba con instrucción primaria y el 20% era analfabeto. A principios de este siglo, la mayoría de gente encarcelada es de origen urbano; la edad oscila entre 18 y 28 años, y casi el 60% tiene formación secundaria y superior.
A esas cifras llegó un estudio de un equipo de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que aquí se detalla.
El Ecuador no produce drogas ilegales, es un punto de tránsito en los circuitos de tráfico internacional. En el país, el comercio doméstico a pequeña escala es una modalidad laboral inscrita en la economía informal para satisfacer la reducida demanda local.
El consumo de drogas ilegales afecta a una minoría de la población ecuatoriana, mientras el alcohol lo consumen con regularidad las tres cuartas partes de la sociedad.
Así, se entiende que la población penitenciaria en América Latina haya aumentado de forma acelerada durante los noventa. Por lo menos es más creíble que considerar el aparecimiento de una epidemia delincuencial generalizada que afecta a extensas capas sociales, haciendo de ellas personas más inmorales o con tendencias criminales innatas.
El problema no es que el Estado tenga una política criminal y carcelaria, elemento básico en el llamado estado de derecho, sino que se utilice al sistema penal y penitenciario para resolver problemas sociales. En un estudio de Elías Carranza, de 2003, se demuestra que, entre 1992 y 1999, en América Latina, el crecimiento de la población penitenciaria se debe a un mayor uso de la prisión, como instrumento punitivo.
Los objetivos de la acción estatal ya no son irracionales, están sujetos a una dinámica relativamente autónoma de la realidad social presente en el país. La focalización de las políticas criminales y carcelarias hacia la economía ilegal del narcotráfico es la respuesta previsible y lógica de Estados que no tienen otra manera de legitimarse en la sociedad que ejerciendo burdamente el monopolio de la violencia, es decir, aplicando la ley y el orden.
Así, la política anticriminal y carcelaria hacia las drogas ilegales se convierte al mismo tiempo en una cesión de soberanía y una necesidad del Estado que le permite desplegarla.
El modelo carcelario hacia las drogas ilegales en el contexto neoliberal es mucho más que otro episodio en esta larga cruzada moderna. Es, por ahora, el paradigma latinoamericano, y especialmente andino, de la emergencia de un Estado policial y penal indiferente al drama social fomentado por el canibalismo del mercado. En concreto, es la causa estructural de que cada día más jóvenes desempleados pierdan su vida en una cárcel y con ello ingresen penosamente al mundo delincuencial.
Entonces, el aumento de la violencia y conflicto social obliga a incrementar el aparato policial y justifica una suerte de populismo carcelario que grita a los cuatro vientos por el aumento de las penas y la construcción de más prisiones, pero que, en realidad, lo que se enfrenta no es otra cosa que el resultado de una brutal criminalización sistemática de las clases menos favorecidas.
Las transformaciones en la composición de la población penitenciaria son solo una parte del fenómeno, la articulación del sistema de cárceles con la economía ilegal de las drogas en el marco de estos procesos de transformación del Estado ha generado efectos tanto a escala institucional como social. (JNV)
La historia
La producción de drogas ilegales aparece en la región andina durante los setenta debido a que países como Bolivia y el Perú, donde culturalmente la hoja de coca tiene usos tradicionales, se hicieron funcionales a la demanda internacional. En Colombia y México se desarrollaron sistemas de comercio ilegal hacia los EEUU y Europa. Esta situación se mantuvo hasta los noventa; luego, Colombia dejó de ser un país especializado en el tráfico y se convirtió en el mayor productor de hoja de coca del mundo en 1999 y en esa misma década ya producía 61 toneladas métricas de amapola. Es un hecho que la economía ilegal de las drogas depende de la política antinarcóticos de los EEUU en todo el mundo la llamada "guerra contra las drogas" se inició en 1982 después de una epidemia de adicción a la cocaína en ese país. Las políticas antidrogas aparecen a principios de siglo.
Hay un doble encarcelamiento
Muchas acusadas por tr´sfico ilícito de estupefacientes, en realidad, son las denominadas "mulas" que hacen su trabajo para obtener ingresos destinados a sostener la economía de sus hogares.
La aplicación de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 108) que regula y condena los delitos relacionados con el tráfico y la tenencia de drogas ha tenido un impacto particular en el perfil criminal de las mujeres en el Ecuador.
Aunque las mujeres solo representan alrededor de un 10% de la población total de detenidos en el país, este es un porcentaje alto en el contexto latinoamericano y además es un índice que ha tendido a subir a los largo de los útimos años.
Para 2003, alrededor del 76% de las mujeres recluidas en los centros de rehabilitación del país eran acusadas de delitos de drogas, mientras que, entre la población masculina, este porcentaje era tan solo de 28%, según datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
Los delitos de drogas, en los años 80, constituían la principal causa de criminalización de las mujeres mientras que, entre los hombres, predominaban los delitos contra la propiedad.
Las mujeres tienen un perfil delictivo menos violento, pues los delitos de drogas, por lo general, no implican un uso indiscriminado de la violencia, sobre todo si se considera que hay un número significativo de mujeres que se involucran en actividades de tráfico bajo la modalidad de "mulas".
En una encuesta realizada por Flacso-Ecuador y la DNRS (2005) se constató que, en la cárcel de El Inca, en Quito, el 27,5% de las internas encuestadas reportó haber participado en el narcotráfico en calidad de "mula".
Por otro lado, un 13,1% de las internas admite que se les detuvo por consumo, lo cual es un porcentaje significativo si se considera que, desde 1998, el consumo fue despenalizado en el país.
Como afirma una interna: "Prácticamente, de todos los casos que hay acá por tráfico, todas, todas son utilizadas, no son las dueñas del negocio".
Aún para el caso de aquellas personas que asumen haber cometido el delito, critican el estar sujetas a una ley "intolerante" que, de por sí, les otorga penas demasiado altas.
Sin duda, para las mujeres encarceladas, la principal preocupación, a más de las condiciones en que se vive dentro de los centros penitenciarios, es la rebaja de penas, pues de ese modo se intenta paliar la vida que llevan y la deseperanza de obtener una sentencia justa.
El actual endurecimiento de penas representa un golpe duro para las mujeres detenidas, si se toma en cuenta que el promedio de años de condena que recibe una persona acusada de delitos de estupefacientes es de ocho años.
En un contexto en el que las mujeres aún representan el pilar fundamental de las familias, estas condenas tienen repercusiones sociales significativas. Para aquellas que son madres, muchas veces implica la pérdida de sus vínculos familiares. Otras, se ven obligadas a vivir con sus hijos en la cárcel.
Además, el endurecimiento de penas ha exacerbado el hacinamiento en las cárceles de mujeres, agravando así la situación que viven las detenidas del país.
No son raros tampoco los casos de mujeres que han sido engañadas y sentenciadas injustamente por delitos que no cometieron. Cabe preguntarse si es posible que este sea un efecto de una política antidrogas cuya única preocupación es encontrar más "culpables". (AT)
Testimonio
En los dos años que he estado aquí, nunca había pasado esto. Fue el 7 de mayo de 2004. Se producía el traslado de una interna a otro centro, las compañeras hicieron un problema y dañaron el candado y se fueron. Cuando salieron, empezaron a gritar cosas en contra de la guía. Ella respondió: "Esta me la vengo y me la cobro". Pero se la cobró mal. Llamó a la Policía: "Por favor, vengan hay una fuga masiva en la cárcel". Los policías llegaron, ella les informó que la supuesta fuga era en los pabellones antiguos pese a que el problema fue en otro sector. Ingresaron, lanzaron cinco bombas lacrimógenas, no podíamos salir de las celdas, las puertas estaban cerradas con candado. Gritábamos y pedíamos auxilio. Somos 60 señoras y los hijos. Nos moríamos de desesperación. La representante del pabellón se armó de valor y cogió y abrió las puertas. Llegó al baño y se desmayó.
Todas estábamos en el baño, queríamos entrar en la ducha pero primero metimos a la representante, estaba más muerta que viva, y luego a los niños, tratábamos de que les cayera el chorrito de agua para mantenerlos vivos.
A mi hijastro le dio convulsiones. Yo saqué valor, lo levanté, lo metí a la ducha y revivió. El 911 llegó dos horas después, solo ahí nos sacaron. Los policías se dieron cuenta de que nosotras no fuimos las revoltosas, se querían llevar las bombas, alcanzamos a cogerlas y se las entregamos a los derechos humanos.
Una interna de la cárcel de mujeres de El Inca, en Quito.
El motín, única vía de reclamo
En las protestas carcelarias se agudizan las formas de demandas: huelgas de hambre, mutilizaciones, crucifixiones, enterramientos y hasta retención de autoridades se repiten con frecuencia
María está más de un año en la cárcel de El Inca, en Quito. La apresaron en un operativo en el cual capturaron a muchas personas de su barrio. Ella afirma que no tiene nada que ver con el expendio de drogas que realizaba su vecina. Sin embargo, fue llevada a los calabozos de la Policía Judicial, por vivir en la misma casa.
Ahora, sus tres hijos no tienen quien los cuide. El mayor es de 10 años. María tampoco puede pagar un abogado, pero tiene fe en Dios y probablemente el juez crea en su inocencia. En el tiempo que lleva en la cárcel ha aprendido que la justicia no se mueve sin dinero. Cada trámite sobrepasa los $10, para que los amanuences hagan su trabajo.
En 2002, el Congreso aprobó la detención en firme, una ley que mantiene cautivos a ciudadanos bajo sospecha, que se encuentran en esta situación sin un debido proceso y sin un juicio que compruebe su culpabilidad.
A decir de algunos juristas, esta ley viola la Constitución Política del Estado, así como convenios internacionales de presunción de la inocencia.
No obstante, los ciudadanos presos por más de un año estarían en derecho de exigir su libertad; no se trata de una liberación indiscriminada, sino del reclamo del cumplimiento de la ley.
En el encierro, es casi imposible la gestión de su propia libertad, pues los procesos legales son extremadamente burocratizados y corruptos, además de los altos costos de los abogados, como denuncian los detenidos. Muchos no saben en que instancia están sus procesos, algunos no conocen a cuántos años han sido condenados, de lo que son acusados o si han sido absueltos. Incluso, hay casos de varias personas que cumplieron ya su pena y no se enteraron.
Para los estudiosos, la emergencia de las prisiones tiene que ver con percepciones de justicia poco imaginativas que buscan el endurecimiento de penas y la creación de más cárceles, pero que no proponen alternativas sociales como servicios a la comunidad.
Así, tampoco se toma en cuenta que la prisión fomenta la delincuencia. Entre más años de encierro, mayor aislamiento e inadaptación a la sociedad. De ahí que, si se busca la paz social, la petición de la rebaja de condenas por buen comportamiento es uno de los derechos humanos básicos de las internas.
A pesar de la supuesta ola delictiva, la mayoría de prisioneros no están relacionados con el ejercicio de la violencia, sino con procesos de marginación social como desempleo, migración, pobreza extrema.
Por eso se explican los recurrentes motines. Frente a la ineficacia de los procesos de justicia, las protestas carcelarias son la búsqueda del ejercicio de los derechos, pero también la apelación a la sensibilidad pública y al manejo adecuado de los imaginarios sociales comúnmente propagados por algunos medios de comunicación, que exacerban la cara de la delincuencia.
Las crucifixiones, enterramientos, huelgas de hambre, mutilaciones, entre otras, son las nuevas expresiones simbólicas que buscan exponer al mundo cómo es vivir en prisión.
Dentro de las cárceles, el 70% de su población son ciudadanos sin juicio y presumiblemente inocentes. (LC)
El equipo de la FLACSO que produjo este informe
Proyecto de investigación: "La cárcel en Ecuador: vida cotidiana, relaciones de poder y políticas públicas".
Desarrollado por: Programas de Estudios de la Ciudad de Flacso- Sede Ecuador.
Auspiciado por: Fundación Esquel, Municipio de Quito, Dirección Nacional de Rehabilitación Social.
Equipo de Investigación: Fernando Carrión (coordinador del programa), Jorge Núñez Vega (coordinador del proyecto), Ana María Goerschel, Alion Vásconez, Carla Calero, Andeina Torres, Jenny Pontón, Juan Carlos Pacheco, Paco García, Daniel Pontón, Claudio Gallardo y Mateo Herrera y François Laso (Blanco y Negro)
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