Quito. 07.11.94. La compañía petrolera estadounidense MAXUS tiene
problemas en la aprobación de reformas a su Plan de Desarrollo y,
conjuntamente con Petroecuador, busca la fórmula adecuada para
permanecer en el oriente, volver rentables para el país sus
operaciones en el bloque 16 y continuar las que tiene fuera
del bloque.

El incumplimiento de su Plan de Desarrollo original y su
oferta de bajar los costos de producción, el incremento no
autorizado de sus inversiones y el precio que tendrá el barril
de petróleo cuando el bloque 16 empiece a producir, se han
sumado recientemente a las críticas internas e internacionales
que, por intervenir en un área protegida y territorio
indígena, afrontó Maxus desde que se hizo "popular" en el
país.

Ha presentado propuestas de compensación económica, y para que
Petroecuador las acepte, reclamó que se cumpla un compromiso
ilegal firmado por el ex presidente de Petroecuador, Luis
Román, de rebaja del impuesto a la renta del 44 al 36 por
ciento. Como esto ha ocurrido, no extrañaría que esté
presionando también con la paralización de la operación de los
campos Bogui-Capirón y Tivacuno que, aparentemente, sí
convienen al país.

Fuentes de Petroecuador merecedoras de toda confianza, pero
que mantienen el anonimato en virtud de una mal definida
cláusula de confidencialidad de todos los contratos y
convenios entre la empresa estatal y las petroleras, y el
gerente de Maxus, Boris Abad, fueron consultadas para esta
nota. Negaron tajantemente que Maxus esté produciendo el
petróleo más caro del mundo, a 72,78 dólares el barril -según
denunciaron la CONAIE, Acción Ecológica, ASPEC y analistas
económicos-, pero admitieron el retraso de un 50% en la
perforación de pozos.

Explorando soluciones

Hasta febrero de 1994, los costos de operación en vez de
reducirse un 20%, como lo prometió Maxus, se habían
"incrementado sustancialmente"; el monto inversiones para
hacer producir al bloque 16, previsto en el Plan de Desarrollo
original en 582 millones de dólares, había ascendido a 710 y
llegaría a 800; y Maxus había hecho "gastos adicionales" sin
autorización de Petroecuador por el 32,7% del presupuesto
aprobado para 1993. Hasta febrero del 95 Maxus deberá tener
perforados 69 pozos, lo cual es técnicamente imposible.

Abad y nuestro informante atribuyeron el retraso a la
construcción de la carretera que atraviesa el Parque Nacional
Yasuní. "El INEFAN (Instituto nacional encargado de todas las
decisiones sobre las Areas Protegidas como el Yasuní) se demoró
un año en aprobar el trazado y la construcción de la
carretera" afirmó la voz anónima que coincidió con Abad en que
sin la carretera se hubiera tenido que usar los carísimos
helicópteros para la perforación de pozos.

Abad, además, pidió recordar que "hay un escenario de precios
del crudo deprimidos". Y aseguró que "no hay motivo de alarma
por el retraso de cuatro o cinco meses en un proyecto de 20
años".

La reforma del presupuesto presentada por la compañía para
1993 y el presupuesto para el 94 no han sido aprobados por el
Consejo de Administración de Petroecuador que ha designado una
comisión para analizar todo lo inherente a Maxus, en especial
posibles recortes a las futuras inversiones y, en un plazo de
30 días que ya están transcurriendo, debe presentar un
informe.

En una comunicación del Jefe de la Unidad de Administración de
Contratos, Christian Dávalos, enviada al Presidente Ejecutivo
de Petroecuador en febrero del 94, a la que este diario tuvo
acceso, el funcionario manifiesta que la revisión del programa
y presupuesto de 1993, en los términos propuestos por la
compañía en diciembre del 93, obligaría a una reforma del Plan
de Desarrollo, "asunto que no sería conveniente para el
interés económico del Estado Ecuatoriano, por cuanto el margen
de comercialidad estaría por debajo del 10%" (el mínimo
establecido en el contrato era del 15%).

No obstante, el gobierno ha pedido a Maxus una propuesta de
reforma del Plan de Desarrollo "en la búsqueda de una solución
que beneficie al país y a la compañía". Ojalá esa propuesta
incluya la sanción que según la ley, por el gasto adicional no
aprobado, merece MAXUS: perder el derecho al reembolso y una
multa máxima de 500 salarios mínimos vitales (35 millones de
sucres).

HABLARON DE RIESGO CON RESERVAS PROBADAS

El campo Tivacuno cerca del bloque 16, de Petroecuador, con
reservas de 24,7 millones de barriles de crudo pesado, fue
entregado a Maxus para su explotación en abril del 92, por
medio de un contrato de "prestación de servicios", el mismo
que se aplica para las inversiones de riesgo. ¿Donde estuvo el
riesgo si las reservas fueron probadas por Petroecuador
previamente? Si el Estado recibió 3 millones de dólares con el
primer desembolso recién realizado por la producción de ese
campo, ¿no obtendría un mejor beneficio con otro tipo de
contrato?

Los 14.000 barriles que salen ahora son el pico a partir del
cual la producción tiene que bajar hasta el mínimo de 3 mil
barriles los últimos 5 años, para que el pozo dure los 10 años
del contrato. Sin embargo, "mientras un juez no sentencie y
ejecute la anulación de un contrato, este sigue en vigencia",
afirmó nuestra fuente anónima.

Otro problema es que el crudo del bloque 16 es más pesado aún
que el de Tivacuno, y para ser transportado necesita ser
mezclado con un crudo liviano (hasta lograr 18,5 grados API)
que Petroecuador le vende en un volumen de 30.000 barriles
diarios a un precio de venta en Shushufindi. Según denuncia de
la CONAIE y Acción Ecológica, con este cambio, el país pierde
unos 500 millones de sucres por día.

COMO SIEMPRE, HAY UNA EXCUSA PARA TODO

A pesar de su reciente cambio de administración, es difícil
creer en la ineficiencia de una empresa integrante del
consorcio que ganó el bloque 16 en la quinta ronda de
licitaciones y que recibió toda la confianza del Ministerio de
Energía al recibir en traspaso los deberes y obligaciones de
la ex líder del grupo, CONOCO.

Por eso nos inclinamos por creer que el actual contrato de
prestación de servicios entre Maxus y Petroecuador, no brinda
posibilidades al país para asumir los costos de la tecnología de
producción que está instalando Maxus, por primera vez en el país,
y de la tecnología disponible en el mercado para un manejo
ambiental de esa producción.

La carretera de bajo impacto ambiental es un ejemplo de lo
último. Su construcción considerada indispensable, puesto que
la alternativa de transporte aéreo de maquinaria y materiales
de perforación, representaba explosión de costos, resulta
también cara, 465.000 dólares el kilómetro. La razón, el
precio de los "geotextiles" supuestamente usados bajo la
superficie de arena y grava.

Por el justificalotodo del ingreso que el petróleo representa
para el presupuesto nacional, el Directorio del INEFAN
constituido en su mayoría por ministros, autorizó la carretera
en una área protegida. Pero, con el contrato vigente, son 8
años de preliminares y el país no recibe un centavo de este
contrato y tampoco recibirá beneficios inmediatos cuando el
bloque 16 empiece a producir, sino después de que la compañía
recupere la inversión. "Se debe hacer análisis del precio del
barril sobre los 20 años de contrato, no sobre los 4 o 6 años
de exploración", dijo nuestro informante en Petroecuador
cuando le increpamos que el barril de petróleo vaya a costar
72,76 dólares. (3A)
EXPLORED
en Ciudad N/D

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