El contenido de la Declaración de Chapultepec y su órgano de vigilancia, la SIP, son rechazados por los Gobiernos de algunas naciones latinoamericanas
La Declaración de Chapultepec, de cuya suscripción se celebraron ayer 15 años, se ha convertido en uno de los instrumentos obligatorios de referencia en nuestro continente en defensa de la libertad de expresión.
Mostrando algunos avances en su aplicación, el aniversario del documento muestra, sin embargo, algunos casos en los que la aplicación del decálogo no se cumple. Estos han sido denunciados constantemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el ente hemisférico encargado de velar por el cumplimiento de la libertad de expresión.
Por ejemplo, "la reducción de espacios de libertad de expresión en Nicaragua", señalada por la SIP, se ha hecho explícita por la manera cómo la Administración de Daniel Ortega hostiga a periodistas independientes y a medios de comunicación.
En su defensa, el Gobierno sandinista señala que sí existe libertad de expresión y que las acusaciones forman parte de una "campaña mediática" de la oposición. Es más, el propio Ortega calificó a los medios críticos de "voceros de la oligarquía y del imperialismo".
Otro tanto ha ocurrido en Venezuela, en donde la SIP ha acusado al Gobierno de Hugo Chávez de estar interesado en ponerle fin a los medios de comunicación independientes y de atacar la libertad de expresión a partir de agresiones directas a los periodistas. En varias ocasiones, Chávez desacreditó a la SIP por sus informes y, al tiempo que esta realizaba su asamblea, invitó a un foro paralelo contra el "terrorismo mediático" y cuestionó a los sectores que emplean los canales de televisión para "generar terror para producir violencia".
Pero un caso paradigmático es el de Cuba. Cada vez que se discute la libertad de expresión, el Gobierno de la isla ha sido objeto de severas críticas por parte de las asociaciones de prensa. Estas se reunieron en diciembre de 2008 en Nueva York para conformar el comité coordinador global de libertad de prensa. En la cita, quedó registrado que el Gobierno de la isla caribeña, desde que asumió al poder, "ha anulado la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión de las ideas y el acceso de sus ciudadanos a la información ajena al monopolio del Estado".
En la Argentina, la represión contra los medios de comunicación no oficialistas se da a partir del control de la pauta estatal como método para ejercer presión.
En tanto, México es hoy por hoy el segundo país más peligroso para la prensa, según la Federación Internacional de Periodistas. Y posiblemente los casos se multipliquen en otros escenarios y con diferente intensidad.
Mientras, Colombia, en donde los avances en materia de asesinatos y restricciones directas a la libertad de expresión son numerosos, centra sus preocupaciones ahora en la intimidación indirecta a la actividad periodística. (LAG)
LA declaración se basa en el concepto de que ninguna ley o acto de Gobierno puede limitar la libertad de expresión.
El proyecto Chapultepec, iniciado en 1994, tiene como meta principal difundir las bondades de la libertad de prensa.
El plan cuenta con la financiación de la Fundación Robert M. McKormic y realiza charlas y seminarios, entre otros eventos.
La Declaración de Chapultepec, suscrita en 1994, ha tenido una relativa aceptación en el Ecuador. Desde su vigencia, ha sido reconocida por tres mandatarios ecuatorianos. El primero en firmarla fue Jamil Mahuad, el 3 de agosto de 1999.
El sucesor de Mahuad mediante el voto popular, Lucio Gutiérrez, también se adhirió al documento el 11 de febrero de 2003. Esto, no sin antes poner reparos a los términos del decálogo que forma parte de la Declaración. También se adhirió Alfredo Palacio.
Sin embargo, el Gobierno actual es el que ha puesto mayores reparos al documento. Entre las modificaciones a la declaración que exige Correa están: que se eleve a condición de delito contra la fe pública cuando un medio de comunicación emita información falsa, que se garanticen los derechos laborables de los trabajadores en los medios de comunicación, que se incremente el control a la calidad de la información y que, a su juicio, se democratice más el acceso a la información. (LAG-NR)
La Declaración de Chapultepec, de cuya suscripción se celebraron ayer 15 años, se ha convertido en uno de los instrumentos obligatorios de referencia en nuestro continente en defensa de la libertad de expresión.Mostrando algunos avances en su aplicación, el aniversario del documento muestra, sin embargo, algunos casos en los que la aplicación del decálogo no se cumple. Estos han sido denunciados constantemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el ente hemisférico encargado de velar por el cumplimiento de la libertad de expresión.
Por ejemplo, "la reducción de espacios de libertad de expresión en Nicaragua", señalada por la SIP, se ha hecho explícita por la manera cómo la Administración de Daniel Ortega hostiga a periodistas independientes y a medios de comunicación.
En su defensa, el Gobierno sandinista señala que sí existe libertad de expresión y que las acusaciones forman parte de una "campaña mediática" de la oposición. Es más, el propio Ortega calificó a los medios críticos de "voceros de la oligarquía y del imperialismo".
Otro tanto ha ocurrido en Venezuela, en donde la SIP ha acusado al Gobierno de Hugo Chávez de estar interesado en ponerle fin a los medios de comunicación independientes y de atacar la libertad de expresión a partir de agresiones directas a los periodistas. En varias ocasiones, Chávez desacreditó a la SIP por sus informes y, al tiempo que esta realizaba su asamblea, invitó a un foro paralelo contra el "terrorismo mediático" y cuestionó a los sectores que emplean los canales de televisión para "generar terror para producir violencia".
Pero un caso paradigmático es el de Cuba. Cada vez que se discute la libertad de expresión, el Gobierno de la isla ha sido objeto de severas críticas por parte de las asociaciones de prensa. Estas se reunieron en diciembre de 2008 en Nueva York para conformar el comité coordinador global de libertad de prensa. En la cita, quedó registrado que el Gobierno de la isla caribeña, desde que asumió al poder, "ha anulado la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión de las ideas y el acceso de sus ciudadanos a la información ajena al monopolio del Estado".
En la Argentina, la represión contra los medios de comunicación no oficialistas se da a partir del control de la pauta estatal como método para ejercer presión.
En tanto, México es hoy por hoy el segundo país más peligroso para la prensa, según la Federación Internacional de Periodistas. Y posiblemente los casos se multipliquen en otros escenarios y con diferente intensidad.
Mientras, Colombia, en donde los avances en materia de asesinatos y restricciones directas a la libertad de expresión son numerosos, centra sus preocupaciones ahora en la intimidación indirecta a la actividad periodística. (LAG)
Principios
LA declaración se basa en el concepto de que ninguna ley o acto de Gobierno puede limitar la libertad de expresión.
El proyecto Chapultepec, iniciado en 1994, tiene como meta principal difundir las bondades de la libertad de prensa.
El plan cuenta con la financiación de la Fundación Robert M. McKormic y realiza charlas y seminarios, entre otros eventos.
La declaración, reconocida tres veces
La Declaración de Chapultepec, suscrita en 1994, ha tenido una relativa aceptación en el Ecuador. Desde su vigencia, ha sido reconocida por tres mandatarios ecuatorianos. El primero en firmarla fue Jamil Mahuad, el 3 de agosto de 1999.
El sucesor de Mahuad mediante el voto popular, Lucio Gutiérrez, también se adhirió al documento el 11 de febrero de 2003. Esto, no sin antes poner reparos a los términos del decálogo que forma parte de la Declaración. También se adhirió Alfredo Palacio.
Sin embargo, el Gobierno actual es el que ha puesto mayores reparos al documento. Entre las modificaciones a la declaración que exige Correa están: que se eleve a condición de delito contra la fe pública cuando un medio de comunicación emita información falsa, que se garanticen los derechos laborables de los trabajadores en los medios de comunicación, que se incremente el control a la calidad de la información y que, a su juicio, se democratice más el acceso a la información. (LAG-NR)
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