Los sondeos y los datos oficiales muestran que el incumplimiento de las reglas de acceso a la información se volvió, en un año, "un deporte nacional".
TODO ARGUMENTO VALE AL MOMENTO DE UNA "NEGATIVA"
Solo el 14% de información pedida en el "gutierrismo" se entregó inmediatamente.
Un informe de mediados de mayo de 2005 sobre un estudio exploratorio, realizado entre varias entidades del Estado, determinó que apenas el 14% de las solicitudes de acceso a información tuvieron una respuesta efectiva, mientras que el 76% se atendió con una negativa tácita, sea al excusarse por no tener permiso de alguna autoridad, al exigir más precisión, al justificarse en un traspapeleo o simplemente al pedir una extensión del plazo para dar una respuesta, más allá de los términos legales.
Entre los que se negaron, hay casos importantes por la coyuntura política. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional (TC), bajo el pretexto que el pedido requería de la autorización del secretario de la institución, no entregó la copia de la petición del ex presidente Lucio Gutiérrez para que el TC intervenga e impida que los jueces de primera instancia acepten el trámite de acciones de amparo en contra de la resolución parlamentaria 25 160 sobre la cesación de la Corte Suprema. En otra petición, los funcionarios del TC, con el mismo argumento, se negaron a dar las actas de la sesión en las que se discutió la resolución del Congreso del 2 de diciembre de 2004 sobre la reorganización del tribunal. Y la respuesta demorará mientras dure la acefalía.
Igualmente, el requerimiento de información al ex ministro Mauricio Yépez, sobre las partidas presupuestarias de gastos empleados en la consulta popular y campañas de información de la Presidencia, tuvo como respuesta que "faltaba autorización del ministro".
El monitoreo fue realizado por la Clínica de los DDHH de la Universidad Católica entre 22 instituciones que por ley están obligadas a entregar información y sobre la que se podía tener un valor agregado para la investigación sobre violaciones a los DDHH. Los pedidos se presentaron entre el 19 y el 21 de abril, fechas en las cuales seguía en el poder Lucio Gutiérrez, lo que, al parecer, abonó luego de su salida a que se justificaran las negativas, sea por falta de los titulares o porque no se conocía el trámite o se argüía algún traspapeleo (ver cuadro). (LB)
FUERA DE TIEMPO
Solo una solicitud de la Clínica de los DDHH fue atendida inmediatamente: sobre la existencia en farmacia de la pastilla Viramune (del principio activo Nevirapina), presentada a la líder de Gestión de la maternidad Isidro Ayora, Margoth Constante, el 21 de abril. Fue una de las tres peticiones atendidas.
La Procuraduría recibió un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso "Tibi", pero el 10 de mayo, fuera del plazo legal, un funcionario respondió que se atendería lo antes posible.
A los ex ministros Juan Carlos Camacho (Ambiente), Patricio Zuquilanda (RREE) y Teófilo Lalama (Salud) se les pidió información sobre medidas para proteger a las poblaciones fronterizas de las fumigaciones.
La respuesta fue la misma: que se enviará la información "cuando esté lista". (LB)
El traspapeleo siguió durante la transición
Cuando la Clínica de los Derechos Humanos pidió al ex canciller Patricio Zuquilanda los acuerdos logrados entre Ecuador y los EEUU, sobre derechos de autor en el marco del TLC-CAN, los funcionarios de la oficina del TLC-ALCA señalaron que el documento "se traspapeló, a pesar de que el departamento de documentación avalaba la existencia del mismo". Otra petición en el mismo sentido también se entregó a la ex ministra Ivonne Baki, pero la respuesta del mismo departamento fue que la información estaba en la página web y que las actas respectivas se podran encontrar en el cuarto de lectura del TLC-CAN.
Esa contradicción, sin embargo, ha sido superada a partir de la segunda versión. BLANCO Y NEGRO pudo verificar que la página actualizada tiene la información pedida.
La transición también fue un obstáculo a la hora de dar información, en donde se infiere que la responsabilidad es de los funcionarios del gutierrismo. Así, al pedido al Ministerio de Economía de información relativa a los trámites seguidos para el cumplimiento a la sentenia dictada por la Corte Interamericana de DDHH en contra del Estado, se informó que la persona encargada del trámite era la asistente del ex ministro y se desconoce qué sucedió con la respuesta. La salida sugerida fue que se repita el pedido. Y ante los pedidos al ex ministro de Bienestar Social Antonio Vargas, la actual administración señaló que desconocía todo lo sucedido durante el gutierrismo. (LB)
Pocas quejas, signo del "desconocimiento"
Apenas 25 quejas ha recibido la Defensoría del Pueblo como consecuencia de la negativa a peticiones de acceso a la información. De ellas, 19 han sido tramitadas y han tenido resultado positivo en la obtención de la información.
De ese grupo, 15 fueron atendidas dentro de los 10 días del término previsto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). Mientras, cuatro de ellas fueron atendidas en los cinco días de prórroga legalmente establecidos. Y en las otras cinco aún corre el plazo.
El único trámite que no prosperó es una petición del comité de padres de familia del colegio Consejo Provincial de Pichincha para acceder a información contable. Pese a la intervención de la Defensoría del Pueblo, el contador se ha negado a dar la información, por lo cual se ha iniciado el trámite legal de un recurso de acceso a la información, contemplado en la Ley.
Si bien la intervención de la Defensoría del Pueblo se muestra efectiva en proporción al número de quejas receptadas, desde febrero, la afluencia del público a esa dependencia aún es mínima para buscar apoyo institucional a peticiones de acceso a información oficial.
La falta de conocimiento es precisamente una de las debilidades que admite la Defensoría del Pueblo respecto al cumplimiento de la Ley. Y de manera particular, el desconocimiento que hay sobre el rol de este organismo en el patrocinio de quejas y del control el cumplimiento de esa cuerpo legal.
René Maugé, asesor institucional, reconoce que ese desconocimiento es consecuencia de la falta de promoción de la ley, en la cual la propia Defensoría está en deuda, en parte por las limitaciones de recursos, dice el vocero de la institución. (LB)
Todo el mundo "navega" en la informalidad
Apenas cuatro instituciones registran los detalles del presupuesto. La AGD especifica montos por función y viáticos.
Según un monitoreo realizado en la Internet, en mayo pasado, por la Coorporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) no se cumplía en un gran nivel.
El análisis, realizado en 38 instituciones, señaló varias deficiencias con respecto al cumplimiento del artículo 7, como la obligatoriedad señalada en el literal C para mantener información actualizada en la página web. Según el monitoreo, solo el Ministerio de Economía (MEC) cumplía con esta disposición legal.
El artículo 7 de la Ley señala que, entre otros elementos, la página web debe tener obligatoriamente información actualizada sobre la "remuneración mensual por puesto (función) y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según las disposiciones correspondientes".
Hoy, el balance aún sigue siendo incumplimiento general. BLANCO Y NEGRO navegó esta semana por 13 de los sitios indagados por la CLD: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), Andinatel, Municipio de Quito, Pacifictel, Congreso Nacional, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Defensoría del Pueblo, Superintendencias de Compañías y de Bancos, Municipio de Cotacachi y el IESS.
El resultado: únicamente el portal de la AGD registra información económica detallada. Su página web tiene una tabla con sueldos por función y también el dinero utilizado en viáticos. En el caso de la página de Andinatel, para acceder a este tipo de información, se necesita enviar un correo electrónico.
La Ley obliga también que los portales deben incluir información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y los resultados de las auditorias internas y gubernamentales.
En el estudio de CLD, solo el Ministerio de Economía, el Banco del Estado, el Fondo de Solidaridad y el Instituto del Niño y la Familia publicaban sus presupuestos. Como conclusión, se determinaba que el 75% de las páginas no cuentan con estos datos. Y, por otro lado, se observaba que la información era muy general en algunos de los portales, como en el caso del Municipio de Quito, de la información económica hasta 2002.
En el monitoreo de BLANCO Y NEGRO, de las 13 organizaciones, solo la AGD y el MEC cuentan con esa información.
La rendición de cuentas tampoco tiene limitadas referencias. Según el literal M del art. 7, las instituciones deben detallar las metas, los informes de gestión e indicadores de desempeño. El informe de la CLD concluyó que el 48% de los consultados no tenía dichos mecanismos.
En el sondeo de BLANCO Y NEGRO, los resultados no mostraron variación: solo la AGD detalla esa información, y en el caso del MEC existe el informe pero se registran problemas para su descarga.
Del sondeo se deduce que se mantiene un incumplimiento alto sobre el mando de la Ley, con respecto a los ocho ejes de información, a partir de los cuales se trabaja en un formato de portal, se relacionan con la organización interna, sueldos y beneficios, servicios, presupuesto, contratos, rendición de cuentas, responsable de información e información reservada. (PAG/LB)
Portales se abren en la web "a palo de ciego"
En febrero, se encontró que solo 43,97% de entidades tenían portal en la web. La muestra se hizo a 316 entidades, de un total de 5 000 a nivel nacional
A febrero de 2005, apenas un 43,03% de entidades habían abierto un portal en la Internet. El 56,97% no había cumplido con el mandato establecido en el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).
Ese fue el resultado del estudio de la Defensoría del Pueblo a 316 entidades clave. Pero es un pequeño segmento de la cobertura total del control, que sería de 5 000 entidades, según Cármen Rodríguez, titular de la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Dintracip).
BLANCOY NEGRO monitoreó algunas instituciones que en febrero tenían deficiencias. En el portal de la Universidad Central se constató su existencia, la última actualización fue en octubre de 2004; tiene servicios de información para los estudiantes, no tiene un organigrama y solo se enumera a las autoridades; no hay datos del manejo del presupuesto y no existe información sobre rendición de cuentas.
El portal del Banco de Fomento no especifica el presupuesto ni los sueldos y salarios para los empleados, y tiene un link donde se argumenta que la información es reservada.
Las páginas de la Función Judicial del Guayas y el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) no se abren mientras que los sitios de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres) y Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) están "en construcción". A julio, la mayoría de municipios no tenía portal, según datos de la Defensoría. Todo eso, mientras se discute el formato de las páginas web. ( PAG/LB)
Crónica de una cadena larga de imprevisiones
La defensorìa del pueblo oncentra muchas tareas, pero a la hora de la evaluación el saldo es negativo. La falta de recursos la limita
El 25 de mayo de 2005, el presidente Alfredo Palacio expidió una reforma a los artículos 4 y 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), relacionados al principio de la publicidad y al sentido de la reserva. Este instrumento incluso fue destacado en su informe presidencial de evaluación de los 100 días de Gobierno.
Con esa reforma, supuestamente, se pretendía superar el último punto de discordia entre los diversos actores y poner un punto final a una serie de trabas que se habían presentado desde la publicación de la Ley en el Registro Oficial 337, el 18 de mayo de 2004.
El primer problema se presentó con las dilaciones del Ejecutivo para emitir el Reglamento, cuya promulgación estaba prevista expedir en el mes de agosto de 2004. La demora fue justificada por la diferencia de criterios sobre el texto. El ex presidente Lucio Gutiérrez, que demoró el reconocimiento oficial de la declaración de Chapultepec, finalmente promulgó el reglamento el 19 de enero de 2005.
Pero, su propuesta provocó otra discusión, pues varios sectores objetaron que, en la misma, se haya ampliado el marco de la reserva a temas que no estaban contemplados en la Ley, como la información relativa a propiedad intelectual, aquella protegida por el sigilo bancario, comercial, industrial tecnológico o bursátil, etc. La reforma del presidente Palacio limitó esa categoría a lo que establece el art. 9 sobre la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
En el reglamento promulgado por Gutiérrez, finalmente se amplió la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo sobre el control y seguimiento de la creación de las páginas web y su permanente actualización, concentrando varias responsabilidades en una entidad que, de por sí, tiene la obligación legal de vigilar el cumplimiento de la misma y en atender las quejas y brindar el patrocinio en los recursos de acceso.
Esa amplitud ahora revela una debilidad, que es admitida por René Maugé, asesor institucional, sobre todo a la hora de evaluar las tareas encomendadas dentro del Reglamento. Un ejemplo: la propia página web de la Defensoría del Pueblo no cumple con los requisitos contemplados en el art. 7 de la Ley.
Otro punto: la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso de Información Pública, que fue creada a partir de la publicación del reglamento en enero, tiene un equipo de cuatro personas. Ellos deben vigilar el cumplimento de ley entre unas 5 000 entidades para ello cuentan con dos computadoras que han sido adecuadas en una sala pequeña de la Defensoría.
Para Maugé, las limitaciones económicas no fueron advertidas en el debate de la Ley. Y hoy se ven esos vacíos.
Esa economía de subistencia limita otros aspectos, como la capacitación y las tareas de promoción que también son responsabilidad de esta entidad. Un punto crucial, para Maugé, dentro del proceso de socialización de la Ley y la defensa de derechos que promueve. La deficiencia está a la vista: apenas el 10% de las instituciones obligadas a presentar informes anuales han cumplido con ese mandato. De las cuales, la mitad lo han hecho a cabalidad, lo que evidencia "el bajo nivel de conciencia".
Otro factor de medición sobre la falta de cultura en este campo, dice, es la idea que aún hay en las instituciones de que la información es propia y por eso existe la tendencia a no entregarla. (LB)
PUNTO DE VISTA
La conquista de la información
A pesar de que la Ley de Trasparencia y su Reglamento reformado están en plena vigencia, el camino por la transparencia informativa apenas ha comenzado.
Esto ratifica que en los procesos sociales complejos, si bien los recursos legales son fundamentales, se necesia una predisposición subjetiva de la sociedad, que debe fortalecer la conciencia de la importancia de la transparencia en la construcción de la democracia.
Este informe, precisamente, revela las múltiples dificultades que se interponen para que el derecho social a la información pública se ejerza en toda su plenitud. Indudablemente, hay un apego tradicional al secreto y la reserva, que ha alimentado pequeños o grandes poderes, y que ha sustentado privilegios de la burocracia. Por ello, la transparencia implica el fin de privilegios y la reivindicación de un derecho que no es de los medios de comunicación, sino de todos los ciudadanos.
Si hay conductas que, en los hechos, se oponen a la transparencia, en contrapartida todavía existe extendida una cultura que desconoce el derecho a la información, una ideología temerosa del poder del Estado y sus representantes, al más pequeño o al más alto nivel. En consecuencia, los ciudadanos no exigen la rendición de cuentas de sus representantes y se produce el divorcio de los electores con quienes ejercen el poder, lo cual es uno de los mayores dilemas del sistema democrático representativo que, por tanto, exige abrir la caja de los secretos de la Administración Pública y abrir la mente de los funcionarios. La reserva es la fuente de las perversiones políticas. (DCM) (Blanco y Negro)
TODO ARGUMENTO VALE AL MOMENTO DE UNA "NEGATIVA"
Solo el 14% de información pedida en el "gutierrismo" se entregó inmediatamente.
Un informe de mediados de mayo de 2005 sobre un estudio exploratorio, realizado entre varias entidades del Estado, determinó que apenas el 14% de las solicitudes de acceso a información tuvieron una respuesta efectiva, mientras que el 76% se atendió con una negativa tácita, sea al excusarse por no tener permiso de alguna autoridad, al exigir más precisión, al justificarse en un traspapeleo o simplemente al pedir una extensión del plazo para dar una respuesta, más allá de los términos legales.
Entre los que se negaron, hay casos importantes por la coyuntura política. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional (TC), bajo el pretexto que el pedido requería de la autorización del secretario de la institución, no entregó la copia de la petición del ex presidente Lucio Gutiérrez para que el TC intervenga e impida que los jueces de primera instancia acepten el trámite de acciones de amparo en contra de la resolución parlamentaria 25 160 sobre la cesación de la Corte Suprema. En otra petición, los funcionarios del TC, con el mismo argumento, se negaron a dar las actas de la sesión en las que se discutió la resolución del Congreso del 2 de diciembre de 2004 sobre la reorganización del tribunal. Y la respuesta demorará mientras dure la acefalía.
Igualmente, el requerimiento de información al ex ministro Mauricio Yépez, sobre las partidas presupuestarias de gastos empleados en la consulta popular y campañas de información de la Presidencia, tuvo como respuesta que "faltaba autorización del ministro".
El monitoreo fue realizado por la Clínica de los DDHH de la Universidad Católica entre 22 instituciones que por ley están obligadas a entregar información y sobre la que se podía tener un valor agregado para la investigación sobre violaciones a los DDHH. Los pedidos se presentaron entre el 19 y el 21 de abril, fechas en las cuales seguía en el poder Lucio Gutiérrez, lo que, al parecer, abonó luego de su salida a que se justificaran las negativas, sea por falta de los titulares o porque no se conocía el trámite o se argüía algún traspapeleo (ver cuadro). (LB)
FUERA DE TIEMPO
Solo una solicitud de la Clínica de los DDHH fue atendida inmediatamente: sobre la existencia en farmacia de la pastilla Viramune (del principio activo Nevirapina), presentada a la líder de Gestión de la maternidad Isidro Ayora, Margoth Constante, el 21 de abril. Fue una de las tres peticiones atendidas.
La Procuraduría recibió un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso "Tibi", pero el 10 de mayo, fuera del plazo legal, un funcionario respondió que se atendería lo antes posible.
A los ex ministros Juan Carlos Camacho (Ambiente), Patricio Zuquilanda (RREE) y Teófilo Lalama (Salud) se les pidió información sobre medidas para proteger a las poblaciones fronterizas de las fumigaciones.
La respuesta fue la misma: que se enviará la información "cuando esté lista". (LB)
El traspapeleo siguió durante la transición
Cuando la Clínica de los Derechos Humanos pidió al ex canciller Patricio Zuquilanda los acuerdos logrados entre Ecuador y los EEUU, sobre derechos de autor en el marco del TLC-CAN, los funcionarios de la oficina del TLC-ALCA señalaron que el documento "se traspapeló, a pesar de que el departamento de documentación avalaba la existencia del mismo". Otra petición en el mismo sentido también se entregó a la ex ministra Ivonne Baki, pero la respuesta del mismo departamento fue que la información estaba en la página web y que las actas respectivas se podran encontrar en el cuarto de lectura del TLC-CAN.
Esa contradicción, sin embargo, ha sido superada a partir de la segunda versión. BLANCO Y NEGRO pudo verificar que la página actualizada tiene la información pedida.
La transición también fue un obstáculo a la hora de dar información, en donde se infiere que la responsabilidad es de los funcionarios del gutierrismo. Así, al pedido al Ministerio de Economía de información relativa a los trámites seguidos para el cumplimiento a la sentenia dictada por la Corte Interamericana de DDHH en contra del Estado, se informó que la persona encargada del trámite era la asistente del ex ministro y se desconoce qué sucedió con la respuesta. La salida sugerida fue que se repita el pedido. Y ante los pedidos al ex ministro de Bienestar Social Antonio Vargas, la actual administración señaló que desconocía todo lo sucedido durante el gutierrismo. (LB)
Pocas quejas, signo del "desconocimiento"
Apenas 25 quejas ha recibido la Defensoría del Pueblo como consecuencia de la negativa a peticiones de acceso a la información. De ellas, 19 han sido tramitadas y han tenido resultado positivo en la obtención de la información.
De ese grupo, 15 fueron atendidas dentro de los 10 días del término previsto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). Mientras, cuatro de ellas fueron atendidas en los cinco días de prórroga legalmente establecidos. Y en las otras cinco aún corre el plazo.
El único trámite que no prosperó es una petición del comité de padres de familia del colegio Consejo Provincial de Pichincha para acceder a información contable. Pese a la intervención de la Defensoría del Pueblo, el contador se ha negado a dar la información, por lo cual se ha iniciado el trámite legal de un recurso de acceso a la información, contemplado en la Ley.
Si bien la intervención de la Defensoría del Pueblo se muestra efectiva en proporción al número de quejas receptadas, desde febrero, la afluencia del público a esa dependencia aún es mínima para buscar apoyo institucional a peticiones de acceso a información oficial.
La falta de conocimiento es precisamente una de las debilidades que admite la Defensoría del Pueblo respecto al cumplimiento de la Ley. Y de manera particular, el desconocimiento que hay sobre el rol de este organismo en el patrocinio de quejas y del control el cumplimiento de esa cuerpo legal.
René Maugé, asesor institucional, reconoce que ese desconocimiento es consecuencia de la falta de promoción de la ley, en la cual la propia Defensoría está en deuda, en parte por las limitaciones de recursos, dice el vocero de la institución. (LB)
Todo el mundo "navega" en la informalidad
Apenas cuatro instituciones registran los detalles del presupuesto. La AGD especifica montos por función y viáticos.
Según un monitoreo realizado en la Internet, en mayo pasado, por la Coorporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) no se cumplía en un gran nivel.
El análisis, realizado en 38 instituciones, señaló varias deficiencias con respecto al cumplimiento del artículo 7, como la obligatoriedad señalada en el literal C para mantener información actualizada en la página web. Según el monitoreo, solo el Ministerio de Economía (MEC) cumplía con esta disposición legal.
El artículo 7 de la Ley señala que, entre otros elementos, la página web debe tener obligatoriamente información actualizada sobre la "remuneración mensual por puesto (función) y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según las disposiciones correspondientes".
Hoy, el balance aún sigue siendo incumplimiento general. BLANCO Y NEGRO navegó esta semana por 13 de los sitios indagados por la CLD: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), Andinatel, Municipio de Quito, Pacifictel, Congreso Nacional, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Defensoría del Pueblo, Superintendencias de Compañías y de Bancos, Municipio de Cotacachi y el IESS.
El resultado: únicamente el portal de la AGD registra información económica detallada. Su página web tiene una tabla con sueldos por función y también el dinero utilizado en viáticos. En el caso de la página de Andinatel, para acceder a este tipo de información, se necesita enviar un correo electrónico.
La Ley obliga también que los portales deben incluir información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y los resultados de las auditorias internas y gubernamentales.
En el estudio de CLD, solo el Ministerio de Economía, el Banco del Estado, el Fondo de Solidaridad y el Instituto del Niño y la Familia publicaban sus presupuestos. Como conclusión, se determinaba que el 75% de las páginas no cuentan con estos datos. Y, por otro lado, se observaba que la información era muy general en algunos de los portales, como en el caso del Municipio de Quito, de la información económica hasta 2002.
En el monitoreo de BLANCO Y NEGRO, de las 13 organizaciones, solo la AGD y el MEC cuentan con esa información.
La rendición de cuentas tampoco tiene limitadas referencias. Según el literal M del art. 7, las instituciones deben detallar las metas, los informes de gestión e indicadores de desempeño. El informe de la CLD concluyó que el 48% de los consultados no tenía dichos mecanismos.
En el sondeo de BLANCO Y NEGRO, los resultados no mostraron variación: solo la AGD detalla esa información, y en el caso del MEC existe el informe pero se registran problemas para su descarga.
Del sondeo se deduce que se mantiene un incumplimiento alto sobre el mando de la Ley, con respecto a los ocho ejes de información, a partir de los cuales se trabaja en un formato de portal, se relacionan con la organización interna, sueldos y beneficios, servicios, presupuesto, contratos, rendición de cuentas, responsable de información e información reservada. (PAG/LB)
Portales se abren en la web "a palo de ciego"
En febrero, se encontró que solo 43,97% de entidades tenían portal en la web. La muestra se hizo a 316 entidades, de un total de 5 000 a nivel nacional
A febrero de 2005, apenas un 43,03% de entidades habían abierto un portal en la Internet. El 56,97% no había cumplido con el mandato establecido en el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).
Ese fue el resultado del estudio de la Defensoría del Pueblo a 316 entidades clave. Pero es un pequeño segmento de la cobertura total del control, que sería de 5 000 entidades, según Cármen Rodríguez, titular de la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Dintracip).
BLANCOY NEGRO monitoreó algunas instituciones que en febrero tenían deficiencias. En el portal de la Universidad Central se constató su existencia, la última actualización fue en octubre de 2004; tiene servicios de información para los estudiantes, no tiene un organigrama y solo se enumera a las autoridades; no hay datos del manejo del presupuesto y no existe información sobre rendición de cuentas.
El portal del Banco de Fomento no especifica el presupuesto ni los sueldos y salarios para los empleados, y tiene un link donde se argumenta que la información es reservada.
Las páginas de la Función Judicial del Guayas y el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) no se abren mientras que los sitios de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres) y Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) están "en construcción". A julio, la mayoría de municipios no tenía portal, según datos de la Defensoría. Todo eso, mientras se discute el formato de las páginas web. ( PAG/LB)
Crónica de una cadena larga de imprevisiones
La defensorìa del pueblo oncentra muchas tareas, pero a la hora de la evaluación el saldo es negativo. La falta de recursos la limita
El 25 de mayo de 2005, el presidente Alfredo Palacio expidió una reforma a los artículos 4 y 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), relacionados al principio de la publicidad y al sentido de la reserva. Este instrumento incluso fue destacado en su informe presidencial de evaluación de los 100 días de Gobierno.
Con esa reforma, supuestamente, se pretendía superar el último punto de discordia entre los diversos actores y poner un punto final a una serie de trabas que se habían presentado desde la publicación de la Ley en el Registro Oficial 337, el 18 de mayo de 2004.
El primer problema se presentó con las dilaciones del Ejecutivo para emitir el Reglamento, cuya promulgación estaba prevista expedir en el mes de agosto de 2004. La demora fue justificada por la diferencia de criterios sobre el texto. El ex presidente Lucio Gutiérrez, que demoró el reconocimiento oficial de la declaración de Chapultepec, finalmente promulgó el reglamento el 19 de enero de 2005.
Pero, su propuesta provocó otra discusión, pues varios sectores objetaron que, en la misma, se haya ampliado el marco de la reserva a temas que no estaban contemplados en la Ley, como la información relativa a propiedad intelectual, aquella protegida por el sigilo bancario, comercial, industrial tecnológico o bursátil, etc. La reforma del presidente Palacio limitó esa categoría a lo que establece el art. 9 sobre la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
En el reglamento promulgado por Gutiérrez, finalmente se amplió la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo sobre el control y seguimiento de la creación de las páginas web y su permanente actualización, concentrando varias responsabilidades en una entidad que, de por sí, tiene la obligación legal de vigilar el cumplimiento de la misma y en atender las quejas y brindar el patrocinio en los recursos de acceso.
Esa amplitud ahora revela una debilidad, que es admitida por René Maugé, asesor institucional, sobre todo a la hora de evaluar las tareas encomendadas dentro del Reglamento. Un ejemplo: la propia página web de la Defensoría del Pueblo no cumple con los requisitos contemplados en el art. 7 de la Ley.
Otro punto: la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso de Información Pública, que fue creada a partir de la publicación del reglamento en enero, tiene un equipo de cuatro personas. Ellos deben vigilar el cumplimento de ley entre unas 5 000 entidades para ello cuentan con dos computadoras que han sido adecuadas en una sala pequeña de la Defensoría.
Para Maugé, las limitaciones económicas no fueron advertidas en el debate de la Ley. Y hoy se ven esos vacíos.
Esa economía de subistencia limita otros aspectos, como la capacitación y las tareas de promoción que también son responsabilidad de esta entidad. Un punto crucial, para Maugé, dentro del proceso de socialización de la Ley y la defensa de derechos que promueve. La deficiencia está a la vista: apenas el 10% de las instituciones obligadas a presentar informes anuales han cumplido con ese mandato. De las cuales, la mitad lo han hecho a cabalidad, lo que evidencia "el bajo nivel de conciencia".
Otro factor de medición sobre la falta de cultura en este campo, dice, es la idea que aún hay en las instituciones de que la información es propia y por eso existe la tendencia a no entregarla. (LB)
PUNTO DE VISTA
La conquista de la información
A pesar de que la Ley de Trasparencia y su Reglamento reformado están en plena vigencia, el camino por la transparencia informativa apenas ha comenzado.
Esto ratifica que en los procesos sociales complejos, si bien los recursos legales son fundamentales, se necesia una predisposición subjetiva de la sociedad, que debe fortalecer la conciencia de la importancia de la transparencia en la construcción de la democracia.
Este informe, precisamente, revela las múltiples dificultades que se interponen para que el derecho social a la información pública se ejerza en toda su plenitud. Indudablemente, hay un apego tradicional al secreto y la reserva, que ha alimentado pequeños o grandes poderes, y que ha sustentado privilegios de la burocracia. Por ello, la transparencia implica el fin de privilegios y la reivindicación de un derecho que no es de los medios de comunicación, sino de todos los ciudadanos.
Si hay conductas que, en los hechos, se oponen a la transparencia, en contrapartida todavía existe extendida una cultura que desconoce el derecho a la información, una ideología temerosa del poder del Estado y sus representantes, al más pequeño o al más alto nivel. En consecuencia, los ciudadanos no exigen la rendición de cuentas de sus representantes y se produce el divorcio de los electores con quienes ejercen el poder, lo cual es uno de los mayores dilemas del sistema democrático representativo que, por tanto, exige abrir la caja de los secretos de la Administración Pública y abrir la mente de los funcionarios. La reserva es la fuente de las perversiones políticas. (DCM) (Blanco y Negro)
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