"La ley de León es un riesgo para la banca y el sector productivo del país"


Publicado el 18/Septiembre/2005 | 00:00

El objetivo de la ley es que la banca otorgue créditos a los grandes deudores morosos de la AGD, que propiciaron, junto con algunos banqueros, la quiebra del sistema financiero en 1999, según fuentes financieras consultadas por HOY.
El proyecto de Febres Cordero señala que "es obligación de la banca nacional cumplir con su rol de promotor del desarrollo y crecimiento nacional, priorizando el crédito a los sectores productivos".
La banca sostiene que eso es correcto, pero en la medida en que los sectores productivos, receptores del crédito, cumplan con los estándares mínimos de solvencia y buenos gobiernos corporativos, que garanticen seriedad, honestidad y transparencia en la información, ya que el dinero que reciben de los intermediarios financieros (bancos), es plata de los depositantes.
Las cifras de la AGD, sobre cartera vencida, revelan que hay muchos empresarios que pondrían a la economía y al propio sistema financiero en serio riesgo. (MA)


Estatización del sistema bancario El proyecto se sintoniza con la Venezuela bolivariana

La clave es la fijación del precio del dinero, la subordinación de la banca al BCE y la abolición de la competencia para dar los créditos

"La economía nacional se halla en una etapa de crecimiento, precisamente por el crédito"


El proyecto de Ley para la Rehabilitación de la Producción Nacional, presentado por el diputado León Febres Cordero y aprobado en primer debate por el Congreso, alarma a la banca privada. Esta ley argumenta que "la gran mayoría de los sectores de la economía se encuentra imposibilitada de trabajar y desarrollarse por la falta de líneas de crédito que viabilice su supervivencia".
Ante este argumento, el sistema financiero responde que las líneas de crédito dependen de la estabilidad económica y jurídica en la cual las empresas desarrollan sus negocios, así como de la idoneidad de los potenciales sujetos de crédito en cuanto a su propia solvencia y la posibilidad de honrar las obligaciones que adquieran.
De hecho, la estabilidad económica del Ecuador, en los últimos cinco años, está reflejada en el incremento mayor al 25% anual en el volumen de créditos otorgados por las instituciones financieras. Esto ha significado $1 444 millones adicionales en el último año, a tal punto que, en julio de 2005, las colocaciones llegaron a $7 009 millones y beneficiaron a 1,9 millones de clientes en todo el país.
Los bancos afirman que si alguna persona natural o jurídica no ha tenido acceso a crédito, es porque, probablemente, no han presentado proyectos viables que garanticen el uso y el repago de los créditos solicitados, como requisito fundamental para la protección de las entidades financieras, "para que no ocurra lo que en 1999, que los depósitos del público, confiados a ellas, fueron a parar en saco roto".
Por lo tanto, la argumentación del proyecto de ley de que "la gran mayoría de los sectores de la economía nacional se encuentra imposibilitada de trabajar" es inexacta, si se analiza el comportamiento de las microfinanzas en los últimos meses, cuyo crecimiento es bueno, según la banca privada.
El proyecto de ley hace hincapié en que "es necesario adoptar políticas que permitan el crecimiento del sector productivo y, consecuentemente, una baja del índice de desempleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente".
Las cifras desmienten estas afirmaciones, dice la banca, pues en 2004, según el Banco Central, el crecimiento económico fue del 6,9%, la ocupación adecuada creció 1,2% y el desempleo aumentó solo en 0,6%.
Tampoco se puede afirmar que las condiciones de vida se hayan deteriorado en el Ecuador, pues según la Cepal y el INEC, la pobreza en el área urbana se redujo del 49%, en 2002, al 42%, en 2004.
Esto significa que en los dos últimos años, el sistema financiero ha jugado un rol importante en el financiamiento de las microfinanzas del país, pues el crecimiento de la cartera del microcrédito, a julio de 2005, es del 114%, según datos de los bancos privados.
El proyecto también plantea un mecanismo para obligar el retorno de capitales de los agentes económicos y de personas naturales que se encuentran en el exterior y que ascienden a unos $12 000 millones.
Los bancos hacen notar que esta cifra es 13 veces más de lo que las entidades financieras mantienen depositado en el exterior, lo que es una garantía, precisamente, para los depositantes y también para el país.
A julio de 2005, se registraron depósitos de los bancos en el exterior, por la cifra de $896 millones, lo cual ha permitido canalizar recursos externos hacia la economía ecuatoriana por unos $1 139 millones, sin que necesariamente estos recursos se encuentren garantizando las líneas de crédito del exterior.
No olvidemos que, de acuerdo con las entidades multilaterales, caso del BID, el Ecuador está considerado como uno de los países con menor seguridad jurídica para la protección de los derechos de los acreedores y la recuperación de las acreencias a su favor, por lo que la banca le está haciendo un bien al país con esta medida.
Al analizar este proyecto de ley, los diputados deben tomar en cuenta que, al regular el flujo de los recursos que administra el sistema financiero del país, en calidad de depositario de los mismos, se está metiendo mano en los ahorros de unos 4,5 millones de depositantes ecuatorianos que merecen un especial cuidado y atención del Estado, según los expertos.
Es obvio que no serían los accionistas ni los directivos de los bancos los más afectados, sino la gente que ha confiado en el sistema financiero la que resulte seriamente perjudicada por la aprobación de una ley contraria a los principios de libertad de empresa y de flujo de capitales, insisten.
La intervención legal en el mercado crediticio implicaría que se limiten las líneas de crédito no utilizadas y disponibles por la banca y que, a julio de 2005, llegan a $416 millones.
Otro efecto negativo sería la salida de capitales extranjeros, lo cual afectaría seriamente al país, pues, solo en la banca, las inversiones extranjeras son de $97 millones. (MA)



El ecuador daría paso en falso. Todos los países van hacia una economía de mercado

El proyecto provocará una pérdida estimada anual de $76 millones, por la reducción de la tasa de interés máxima convencional

"Desaparecerá el microcrédito y alrededor de 2,5 millones de personas se irían a las calles"

La ley de Febres Cordero tendrá un costo social y económico enorme. Un representante de la Red Financiera Rural que la integran las ONG, las cooperativas de ahorro y algunos bancos señaló que este proyecto es "nefasto para los segmentos pobres de la población".
La fuente, que prefirió no ser identificada, asegura que "la ley de León" impedirá que sigan otorgando crédito a más de unos 500 mil microempresarios, que antes estaban en la usura y ahora tienen acceso a préstamos formales.
Además, de cada microempresario dependen cinco personas, es decir que se afectaría a más de 2,5 millones de ecuatorianos, quienes al no poder conseguir créditos volverán a la usura, donde les cobran tasas de interés del 150% anual.
Para dar un crédito de microfinanzas hay dos componentes: el uno es la tasa de interés, que está en el 12% y, el otro es que los operadores que dan dicho crédito otorgan servicios de asistencia técnica a los microempresarios para enseñarles a manejar su empresa con herramientas financieras.
Así, el cliente aprende a administrar el negocio técnicamente, se educa, lleva contabilidad y paga una comisión.
Al cortar el microcrédito, los operadores (cooperativas y bancos) tendrían que volver a dar créditos por altos montos y a bajo costo, lo que hará que el crédito se concentre en pocas manos, es decir, que se entregue a los que tienen grandes garantías y patrimonios.
No hay que olvidar que la concentración del crédito propició la quiebra del sistema en 1999 y esta "Ley de León" obligaría a la banca a dar crédito a los deudores morosos de la AGD, afirma la fuente.
Otro tema grave es que hay más de $100 millones del exterior canalizados en microcréditos, con interés social; capitales que se retirarían inmediatamente del país, con graves consecuencias sociales y económicas. Experiencias de otros países de América Latina indican que la gente que no tiene acceso al crédito pierde su fuente de empleo, se empobrece más y cae en manos de los usureros.
En la usura, por un capital de $1 000 cobran $1 500 anuales de interés, mientras en la Red Financiera Rural pagan un promedio de $120 por año, es decir, que ahorran $1 380 anuales, dinero con el que pueden apuntalar sus microempresas y sus pequeños negocios.
Por otro lado, el proyecto implicaría una pérdida estimada anual de $76 millones por la reducción de la tasa de interés máxima convencional y por la determinación de la tasa pasiva en función de la activa.
Adicionalmente, se perderán líneas de crédito por la falta de confianza en el sistema financiero nacional, lo cual conlleva un posible cierre o encarecimiento de las líneas de crédito no utilizadas y disponibles, las cuales superan en la actualidad los $416 millones.
También provocará la salida de capitales externos y de depósitos nacionales, en la medida en que su rentabilidad tienda a disminuir.
El proyecto implica una nacionalización del sistema financiero nacional, lo cual es contrapruducente en una economía globalizada y en un país que está a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con los EEUU, según analistas.
Además, la dolarización requiere imprescindiblemente de un sistema financiero sano, pero el proyecto del diputado Febres Cordero afecta directamente a la solidez y a la sanidad del sistema, por lo que pone en riesgo a la dolarización, recalcan.
La fijación arbitraria de las tasas de interés que pretende la "Ley de León" contrapone los principios de una economía de mercado, contradice los estándares de la globalización, promueve la inmediata creación de mercados negros y va en contra de la salud del sistema financiero, dicen, por su parte, las fuentes de la banca privada.
Los representantes de la banca afirman que es falso asumir que la "rehabilitación de la producción" depende de los montos de crédito, pues sin estabilidad, sin financiamiento sobre créditos seguros y abriendo indiscriminadamente los préstamos directamente y de forma inmediata, se afectará a los propios sectores que se pretende proteger y estimular. El proyecto también reduce la autonomía y la independencia de la Junta Bancaria, atentando, de esta forma, contra el fortalecimiento de las entidades nacionales de supervisión y control.
De aprobarse esta ley, "representaría un retroceso importante en términos de modernización de la economía, pues es conocido por la literatura económica actual, que a mayor bancarización hay mejores niveles de crecimiento".
El proyecto también iría contra los principios establecidos por la OMC, en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, bajo cuyo marco avanzan los procesos de negociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y con la Comunidad Sudamericana. (MA)


La mayoría legislativa para segundo debate es incierta

Los bloques legislativos de Pachacutik, ID y Prian aún no definen su posición

Aunque en una primera instancia hubo criterios a favor, por el sentido manifiesto de la reactivación productiva, que la mayoría congresil apoya, el proyecto del ex presidente León Febres Cordero, diputado del Guayas por el PSC, ahora enfrenta una serie de dudas y reparos frente a los riesgos señalados por el sector financiero.
La duda mayor se cierne sobre el destino de los supuestos beneficios. Así, el diputado Luis Villacís (MPD) lo califica como un "nuevo asalto bancario", porque considera que los créditos servirán a los mismos sectores de poder que se beneficiaron en la crisis financiera de 1999 a través de la AGD.
A su juicio, el proyecto alimenta un proceso especulativo peligroso cuando se obliga a conceder los créditos a los sectores económicos que no cumplieron sus obligaciones crediticias.
Este criterio fue intensamente debatido esta semana, tras la controversia surgida entre el diputado Febres Cordero y el editorialista de El Universo, Emilio Palacio, quien calificó a la propuesta del ex mandatario de "criminal", con similares argumentos esgrimidos por el diputado Villacís.
El legislador socialcristiano defendió su planteamiento al afirmar que su afán fue "lograr una reactivación, desde hace más de un año, racionalizando la distorsionada estructura de las tasas de interés para impedir que la banca mantenga esterilizados, fuera del país, ingentes capitales". Pese a esa aclaración, aún quedaron dudas.
El diputado Diego Monsalve (ID) dice que el proyecto tiene un fin positivo, pero que el contenido adolece de algunas falencias, como no incorporar sustentos técnicos de la fijación de ese 75% del ahorro para el crédito o al anclaje entre tasa pasiva y tasa activa.
"¿Qué pasa si un banco no recibe suficientes solicitudes de crédito productivo que cubran el 75%?", se pregunta.
El legislador advierte una debacle del sistema financiero si no se determinan técnicamente ese límite y ese diferencial, o si no se fijan reglas en la concesión de créditos, sobre la base de una justificación de los proyectos productivos, pues "hasta ahora, se trabaja solo bajo hipótesis".
Incluso, entre quienes han manifestado sus simpatías se mantienen dudas. Aunque no hay una posición oficial del bloque, Vicente Taíano, del Prian, señala, por ejemplo, que deben aclararse las reglas en la concesión y el manejo de créditos y también generar en la discusión los límites.
Jorge Guamán expone otra duda en Pachakutik: que solo se beneficie a los mismos círculos económicos de poder y no, por ejemplo, a otros actores que no tienen influencia para lograr ese beneficio, como son la microempresa o la empresa comunitaria.
Esta es una observación que se incluirá como exigencia en la discusión legislativa para el segundo debate, que se espera que sea en octubre.
La suerte del proyecto aún no está definida, más allá de las observaciones a favor, en el primer debate, del PRE, de la ID o del Prian. Estos bloques no han tomado una decisión oficial aún, como tampoco lo ha hecho Pachakutik. Hay sectores que han señalado otros riesgos directos para los depositantes, en momentos en que algunos beneficiarios de los créditos no paguen sus deudas, afirmó el independiente Rafael Dávila. (LB)




Las tasas de interés activas cayeron del 15,9% al 8,2%

El mayor costo de producción de las empresas está en los servicios públicos

El proyecto de Ley para la Rehabilitación de la Producción Nacional también sostiene que "la estructura de las tasas de interés constituye un real obstáculo para el desarrollo del país".
Ante este argumento, fuentes de la banca privada señalan que ningún inversionista se sentiría seguro sabiendo que, como plantea el proyecto de ley, el Banco Central sería el que determine bajo qué condiciones y a qué tasa de interés va a prestar su dinero, sin responder a las leyes del mercado y atendiendo, probablemente, a condiciones de carácter político y no a los criterios de seguridad, cautela y confianza con que se debe administrar la plata del público, confiada al sistema financiero, según lo estipulado en las normas de Basilea I y II. Otro elemento es que, en la actualidad, el riesgo país del Ecuador es uno de los más altos de América Latina y es determinante para el nivel de las tasas de interés. Por lo tanto, no se pueden exigir tasas menores y peor aún establecerlas.
Tampoco es cierto, como afirma el proyecto, que "la tasa de interés constituye uno de los componentes más altos de los costos de producción nacional", sostienen en la banca. En estos momentos, las empresas pagan aproximadamente $2 500 millones anuales en planillas de energía eléctrica, telefonía y agua potable, mientras que por el pago de intereses, a julio de 2005, solo han pagado $373 millones.
Esto demuestra, según ese criterio, que no es la tasa de interés el mayor costo de producción, sino los servicios provistos por empresas estatales monopólicas e ineficientes que deben ser modernizadas.
El proyecto también señala que "existe un inaceptable margen entre las tasas pasiva y activa". Pero, las fuentes de la banca aclaran que no se toma en cuenta la cantidad de gravámenes sobre el sistema financiero, como los aportes a la AGD, que desde 1998 hasta la fecha le han costado unos $154 millones que han servido para pagar a los depositantes de los bancos cerrados, como consecuencia de que los deudores de esos bancos, en manos del Estado, no han cancelado sus deudas.
Sin embargo, el margen de intermediación mantiene una clara y sostenida tendencia a la baja, toda vez que ha pasado del 11% en enero de 2002 al 5,3% a julio de 2005, según el último informe de la Asociación de Bancos Privados.
Se cree que el sistema financiero prefiere tasas de interés altas, lo cual no es cierto, según los bancos, pues las tasas altas conllevan a un problema de selección adversa, lo que implica que se otorgarán créditos a actividades más riesgosas, lo que puede provocar serios problemas a la propia banca.
Además, como en toda economía de mercado, la tasa de interés en el Ecuador es fijada por la oferta y la demanda, producto de lo cual, en los últimos años, las tasas de interés han declinado a valores históricamente bajos, pues de una tasa activa del 15,9% en marzo de 2000, ha caído al 8,2% a julio de 2005.
Todo esto en un ambiente de significativo crecimiento de las colocaciones, es decir, de una demanda creciente de recursos, a tal punto que a julio de 2005, el monto de los créditos ha llegado a $3 750 millones, según la Asociación de Bancos. (MA)


El proyecto pretende convertir al directorio del Banco central en un títere

Obligar a los bancos a prestar el 75% de sus depósitos "al sector productivo", implica debilitarlos, pues se les estaría privando del único mecanismo de defensa que tienen ante las fluctuaciones económicas o los pánicos bancarios.
La propuesta implicaría ignorar los conceptos básicos del riesgo relativo y absoluto en la asignación de créditos. Al asignar el crédito por sectores económicos, se excluiría a las personas naturales, lo que es una incoherencia grave de la ley.


La discrecionalidad, al fijarse porcentajes, podría causar, por ejemplo, la tentación de cuando el Gobierno tenga un déficit, el Banco Central aumente el porcentaje de créditos que debe concederse al sector de "Administración Pública y Defensa".
Los sectores en crisis, que representan un mayor riesgo para los bancos, podrían presionar al Gobierno y al BCE para que se aumente su cupo de préstamos. Con esto se aumentaría el riesgo al que están expuestos los bancos.


Desde la dolarización, los bancos en el Ecuador carecen de un "prestamista de última instancia". Ese rol lo desempeñó el Banco Central hasta que perdió su capacidad de emitir sucres. Desde enero de 2003, la proporción de los depósitos que prestan los bancos ha variado entre el 72% y el 84%. Lo que no se prestó, se colocó afuera, como un "colchón" para amortiguar cualquier crisis, dado que no pueden recurrir a un prestamista como el BCEl; así que es muy sano tener $900 millones afuera, dicen fuentes financieras.


Actualmente, el proceso de obtención de un crédito es un problema privado, en el que los conflictos entre el prestamista y el deudor se resuelven entre los dos. Con esta ley, al menos una parte del problema se estaría estatizando. El Estado se estaría "comprando" problemas ajenos. Con esta potestad, el Directorio del BCE se convertiría en el ente más poderoso del país, pudiendo ordenar a dónde deben destinarse más de $7 000 millones. El BCE tendría en sus manos recursos (ajenos) para distribuir.


Presumiblemente, según el proyecto de "Ley de León", el BCE realizaría el análisis de riesgo sectorial. Pero, ¿qué hace pensar que el BCE, por más capacitados que sean muchos de sus técnicos, puedan hacerlo mejor que los analistas de riesgo del sector bancario que reciben los depósitos de la gente?
Como reza el proyecto, además, el riesgo no es un factor de decisión, sino la reactivación productiva y el empleo. Esto haría que todo el sistema se vuelva muy vulnerable.


En estos momentos, la tasa de interés es 1,5 veces el interés promedio al que prestan los bancos. Al darle total libertad al BCE para fijarla, se estaría creando un gran incentivo para que los grupos de poder presionen a esta institución en su beneficio privado.
Cuando se limita la tasa máxima, los primeros afectados suelen ser las pequeñas y medianas empresas, a las que se les suele cobrar una tasa más alta, dado que no presentan ni las garantías ni las economías de escala que presentan las grandes empresas.


Los depósitos colocados afuera ganan tasas de interés bajas (entre el 1% y el 2%). Si se colocan en el Banco Central, no serán remunerados y los bancos ecuatorianos dejarán de recibir unos $33 millones. Si los bancos optan por no prestar el dinero debido a sus propios análisis de riesgos, el Banco Central empezaría a acumular grandes cantidades de fondos. El BCE tendría serias limitaciones para movilizar el dinero y podría surgir presión política para gastar esa plata, como se ha hecho con otros fondos y ahorros.


El proyecto propone invertir la dirección de la fijación de las tasas de interés. Hoy las fija el mercado, el BCE calcula y publica las tasas referenciales. Con el proyecto, el BCE fijaría la tasa máxima, la cual determinaría las tasas que regirían en el mercado.
Plantea relacionar la tasa máxima con la pasiva referencial, fijando que esta última no esté más de tres puntos porcentuales por debajo de la máxima. A su vez, la pasiva referencial sería el 60% de la activa referencial.


No existe ninguna razón para suponer que el Banco Central del Ecuador (BCE) sea más eficiente que los bancos privados en la definición del destino de los créditos. Más bien, lo más probable es que sería menos eficiente debido a su distante situación con los sectores productivos.
Por otro lado, el BCE, al fijar estos porcentajes, podría hacerlo en función de presiones de grupos de interés y afectar al bienestar común, pues la banca se debe a la gente.


A lo anterior se suma la limitación que impone el proyecto de ley de limitar las comisiones, especialmente prohibiendo estas en las operaciones de crédito. El sistema generaría pérdidas inmediatamente y algunos bancos podrían quebrar.
Para evitarlo, los bancos tendrían que reducir costos considerablemente. Y esto lo harían eliminando las operaciones "costosas", es decir a los pequeños cuenta habientes, mediante límites muy altos para abrir y mantener cuentas bancarias.


Las actividades productivas son: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; explotación de minas y canteras; industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo); fabricación de productos de la refinación de petróleo; suministros de electricidad y agua; construcción; comercio al por mayor y al por menor; hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler; administración pública y defensa, entre las principales.


De acuerdo con el proyecto de ley de Febres Cordero, al controlar las tasas, los consumidores se beneficiarían de la reducción de la tasa de interés, pero lo que no se ha dicho es que el crédito al consumo se restringirá drásticamente y muchos de los que hoy tienen acceso al crédito serían expulsados hacia el mercado informal. Los bancos tendrían que clasificar los créditos de acuerdo a Cuentas Nacionales, pues el BCE establecerá, trimestralmente, los lineamientos y los porcentajes del crédito productivo.

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